Un proyecto de ley impulsa la figura de vandalismo rural y endurece las penas en el Congreso, con apoyo de entidades agropecuarias y distintos bloques políticos.
La iniciativa propone penas de 1 a 12 meses por intrusión rural en predios delimitados y contempla daño agravado con prisión de 2 a 8 años y multas de 3 a 12 veces el valor del daño, incluyendo bienes como sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados.