El STJ precisó que el Estado provincial debe asegurar una alimentación saludable en los comedores escolares.
La obligación incluye:
- la exclusión de productos con sellos de advertencia (según la ley nacional),
- y el cumplimiento de los estándares provinciales de alimentación saludable (Ley 10.594).
Además, aclaró que el control judicial no reemplaza al Ejecutivo en la definición de los medios técnicos para lograrlo.