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  • Vuelven las picadas al autódromo local – El Miércoles Digital

    Vuelven las picadas al autódromo local – El Miércoles Digital

    Vuelven las picadas al autódromo local – El Miércoles Digital

    Este domingo 17 de mayo desde las 9 regresan las picadas al autódromo de Concepción del Uruguay.

    250 A Fondo replicará nuevamente laactuación  de una de las plazas mas convocantes para las picadas en Entre Ríos.

    Se esperan autos y motos de todo tipo.

    Con la entrada se participa del sorteo de una TV de 32″.

    Valor de ingresos: Generales $10000, menores de 10 años sin cargo, estacionamiento en Boxes: $5000

     
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  • Aumento de trenes en mayo: en cuánto queda el boleto con Tarifa Social

    Aumento de trenes en mayo: en cuánto queda el boleto con Tarifa Social

    Aumento de trenes en mayo: en cuánto queda el boleto con Tarifa Social

    El Gobierno oficializó un nuevo esquema de aumentos para las tarifas de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que contempla subas escalonadas entre mayo y septiembre de 2026. La medida impactará tanto en quienes pagan la tarifa general con tarjeta SUBE registrada como en los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social, que otorga un descuento del 55% en el transporte público.

    Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir del lunes 18 de mayo, una vez finalizada la consulta pública impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Según la Resolución 26/2026 publicada en el Boletín Oficial, el esquema de aumentos contempla cinco incrementos: 18% en mayo, 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.
    Con este nuevo esquema, el boleto de tren sufrirá un incremento del 18% desde el 18 de mayo en las líneas metropolitanas. Así, el pasaje mínimo para viajar con SUBE registrada pasará de $280 a $330 en la primera sección; de $360 a $429 en la segunda; y de $450 a $528 en la tercera.
    En cuanto a los beneficiarios de la Tarifa Social, también verán modificados los valores de sus pasajes, aunque conservarán el descuento sobre la tarifa plena. En la primera sección, el pasaje mínimo aumentará de $126 a $148,50, lo que representa un incremento del 17,86%. En la segunda sección, el valor ascenderá de $162 a $185,25, equivalente a un aumento del 14,35%, mientras que en la tercera sección subirá de $202,50 a $227,25, un 12,23% más.
    Según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), pueden acceder a la Tarifa Social jubilados y pensionados, incluyendo titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos.
    También están habilitados los beneficiarios de las siguientes asignaciones: Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Beca Progresar, personal de casas particulares, Monotributo Social y prestación por desempleo.
    Para acceder a la Tarifa Social en el transporte público, es necesario pertenecer a alguno de los grupos mencionados y contar con una cuenta registrada en SUBE. El trámite requiere generar un PIN y asociarlo a la tarjeta SUBE ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, luego en la sección “Programas y beneficios” seleccionar la opción “Generar PIN SUBE”.
    Una vez obtenido el PIN, la Tarifa Social debe activarse apoyando la tarjeta en una terminal automática SUBE. También es posible realizar el trámite de manera presencial, sin turno previo, presentando DNI y tarjeta SUBE en una oficina de ANSeS o en un Centro de Atención SUBE.

  • Caseros: sigue la muestra transitoria “Entre Picasso y Van Gogh” – El Miércoles Digital

    Caseros: sigue la muestra transitoria “Entre Picasso y Van Gogh” – El Miércoles Digital

    Caseros: sigue la muestra transitoria “Entre Picasso y Van Gogh” – El Miércoles Digital

    En el Museo de la Estación Caseros se puede visitar la muestra transitoria “Entre Picasso y Van Gogh”, la cual presenta trabajos de los alumnos de los Talleres Municipales “Recicleteando”, a cargo de Sonia Bouvet, y “Arte y Pintura”, a cargo de Rocío Fleitas.
    La muestra se puede visitar en los siguientes días y horarios:
    – Miércoles 13 y viernes 15 de mayo: de 8 a 12.
    – Jueves 14 de mayo: de 17 a 21.
    – Sábado 16 de mayo: desde las 17.

     
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  • Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    La ex socia y pareja del abogado Franco Bindi, Giselle Robles, reveló cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron en el llamado «Operativo Puf», una maniobra destinada a perjudicar la causa de los Cuadernos de las Coimas, con el fin de desplazar al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. Además, Robles confirmó que el diputado kirchnerista Eduardo Valdés se reunió con el camarista Juan Ramos Padilla para que su hijo, Alejo Ramos Padilla —entonces juez federal de Dolores—, se alineara con esta operación.

    En un escrito presentado de manera espontánea ante el juez Julián Ercolini y la fiscal Alejandra Mángano, Robles reveló que el gobierno chavista brindó apoyo a ella, a Bindi, y a Pedro Etchebest con su esposa para viajar en octubre de 2019 a Caracas, con el propósito de evitar ser detenidos por una eventual orden del juez Bonadio. En paralelo, sostuvo que Cristina Kirchner llevó a su hija a Cuba y se quedó allí para evadir una posible prisión preventiva por obstrucción a la causa de los Cuadernos, versión que contrasta con la oficial, que alega que el viaje se debió a la enfermedad de Florencia Kirchner.
    ### El rol de Valdés y Bindi en la maniobra contra la causa
    Bajo juramento y consciente de las consecuencias legales en caso de mentir, Robles detalló numerosas reuniones entre Bindi y Valdés para «direccionar» un intento de extorsión protagonizado por el falso abogado Marcelo D’Alessio contra Etchebest, y así involucrar a Bonadio, Stornelli y a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros. Robles prometió ampliar sus revelaciones al ratificar la denuncia.
    El testimonio, adelantado por el periodista Camilo Cagnacci en el portal Boga.ar, describe la maniobra bautizada como «Operativo Puf», nombre surgido de una llamada entre Valdés y el ex secretario de Transporte kirchnerista Juan Pablo Schiavi, en la que decían: “Stornelli, puf; Bonadio, puf”. Robles se presentó en una causa que investiga esta maniobra, bloqueada por el kirchnerismo durante años.
    Robles explicó que Pedro Etchebest, falso “productor agropecuario jubilado”, fue presentado ante la justicia con Bindi como su abogado. Etchebest contó que recibía llamadas extorsivas de D’Alessio y, tras aconsejarle grabar dichas conversaciones, tanto Bindi como Robles analizaron esas grabaciones que Etchebest enviaba por Telegram para definir cómo proceder.
    Mientras Robles estaba de vacaciones en el Partido de la Costa, Bindi la mantenía informada sobre el contenido de las llamadas extorsivas hacia Etchebest y compartía las grabaciones para evaluar acciones. Según Robles, Bindi indicaba que sectores políticos “estaban enloquecidos” porque las grabaciones mostraban que tanto Stornelli como Patricia Bullrich parecían partícipes de las maniobras extorsivas.
    Luego de contactar a operadores judiciales vinculados a Cristina Kirchner, Bindi comentó que analizaban dónde y cómo interponer la denuncia, cuyo objetivo principal era perjudicar al fiscal Stornelli. Señaló que Bindi actuaba en coordinación telefónica con el diputado Valdés, sin contacto directo con Cristina Kirchner.
    Robles relató que en enero de 2019 se organizó una reunión en Pinamar entre Etchebest y Stornelli, que ella misma verificó personalmente y donde constató que no hubo contacto directo entre ambos, desmintiendo así la versión que pretendía involucrar al fiscal en la extorsión. Etchebest continuó registrando las conversaciones y Bindi instruyó sus preguntas para manipular la información hacia Stornelli y otros funcionarios.
    Posteriormente, Bindi calificó como un “golazo” la reunión en Pinamar, que permitió habilitar la Justicia Federal de Dolores para tramitar la denuncia. Según Robles, el diputado Valdés tenía acceso directo al padre de Alejo Ramos Padilla, facilitando que la causa se radicara en Dolores, alejándola así de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia formal, presentada entre el 27 y 28 de enero de 2019, fue entregada por Etchebest con el acompañamiento de Bindi.
    ### La alineación de Alejo Ramos Padilla con la maniobra
    Robles aseguró conocer que el diputado Valdés contactó al padre de Ramos Padilla para que su hijo se alineara con el Operativo Puf, encontrándose en varias ocasiones, una de ellas en un centro médico de Entre Ríos. En ese momento, Ramos Padilla hijo, de vacaciones, habilitó específicamente el juzgado para recibir la denuncia por intento de extorsión.
    Asimismo, Robles reveló que existieron discusiones entre Bindi y Valdés en un bar privado del diputado, donde también instruían a Natalia Salvo, abogada designada para representar a Etchebest, a quien capacitaban para evitar errores en entrevistas y procedimientos legales.
    ### Intentos de presión y ampliación de la causa
    Robles mencionó que Bindi intentó sin éxito que Juan Manuel Campillo, ex titular de la ONCCA y vinculado al expediente, se sumara a la maniobra, ya que D’Alessio lo presentaba falsamente como arrepentido dispuesto a declarar contra Etchebest. A medida que la causa avanzaba, se buscó que varias personas mencionadas se acercaran al juzgado para declarar, mientras algunos medios cercanos al kirchnerismo amplificaban la falsa denuncia contra Stornelli.
    Bindi también traslad

  • Información de Villa Elisa

    Información de Villa Elisa

    Información de Villa Elisa

    A buen ritmo, avanzan las propuestas educativas del Museo_ La Estancia Museo El Porvenir continúa desarrollando las distintas propuestas educativas destinadas a instituciones escolares de Villa Elisa y la región, en el marco de su programa anual.

    Estas actividades buscan fortalecer el vínculo entre el museo y la comunidad educativa, promoviendo aprendizajes significativos a través de experiencias innovadoras, lúdicas y participativas.
    Entre las iniciativas ya concretadas se destaca la experiencia nocturna realizada junto a estudiantes de la Escuela N° 2 “Libertad”, quienes participaron de un recorrido especial. A través de estaciones preparadas especialmente, los alumnos pudieron descubrir la historia local mediante dinámicas sensoriales que transformaron la visita.
    También se llevó adelante la propuesta “Pasaporte Inmigrante Escolar – Historia de Villa Elisa”, una actividad que invita a los estudiantes a convertirse en protagonistas de un recorrido por la historia de la ciudad y el legado de los primeros colonos. En esta experiencia participaron alumnos de la Escuela N° 20 y de la Escuela Normal, quienes realizaron actividades vinculadas a la inmigración, la vida cotidiana y la construcción de la identidad local.
    Otra de las temáticas desarrolladas fue la vinculada a los medios de comunicación y el periodismo, donde los estudiantes pudieron conocer objetos históricos, formas de comunicación de otras épocas y reflexionar sobre la evolución de los medios a lo largo del tiempo. De esta propuesta participaron el Colegio N° 111 y la Escuela N° 40.
    Asimismo, comenzó a desarrollarse la experiencia “La Casa del Hornero”, destinada especialmente a los más pequeños, donde los niños aprenden sobre las aves, el ambiente y el patrimonio natural a través de actividades lúdicas y de observación. Hasta el momento participó 1° grado de la Escuela N° 20.
    Además, se desarrolló la propuesta “Observadores de Aves del Museo”, una experiencia educativa realizada en conjunto con el Área de Ambiente, donde los estudiantes participaron de actividades de observación, reconocimiento y valoración de las aves presentes en el predio de la estancia. La iniciativa contó con la participación de los 4° grados de la Escuela Normal
    Desde el museo destacaron el entusiasmo de docentes y alumnos que ya forman parte de estas iniciativas, señalando que cada propuesta busca no solo transmitir contenidos, sino también generar emociones, curiosidad y sentido de pertenencia.
    Las instituciones educativas interesadas en conocer las diferentes experiencias pueden comunicarse con el museo para consultar el catálogo de propuestas educativas 2026, donde se detallan las actividades disponibles para los distintos niveles educativos.
    Atención gratuita de Enfermería en Villa Elisa: En el marco del Día Internacional de la Enfermería, desde el Municipio se recuerda a la comunidad que tanto en la Unidad Móvil de Atención Primaria de la Salud como en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) se brinda atención gratuita de enfermería.
    En la Unidad Móvil de Salud, ubicada en el Centro Comunitario Evita, se atiende los días jueves de 13:00 a 18:00 horas.
    Por su parte, en el CAPS, la enfermera Miriam Schroeder brinda atención de lunes a miércoles y los viernes, en el horario de 8:00 a 14:00 horas.
    Ambos espacios tienen como objetivo ampliar y fortalecer la atención médica básica destinada a la comunidad, complementando el trabajo diario que se desarrolla desde el Hospital local.
    Cabe destacar que la atención es gratuita para los pacientes, priorizando a aquellas personas que no cuentan con cobertura médica.

  • Concepción del Uruguay dijo

    Concepción del Uruguay dijo

    Concepción del Uruguay dijo

    Una multitudinaria movilización de la comunidad de universitarios y sus organizaciones se apersonaron en los alrededores de la Plaza Francisco Ramírez para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo se replicó en todo el país. El documento leído en la explanada del Centro Cívico.
     
    REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES
    Fotos y videos: EL MIÉRCOLES (CLARA CHAUVÍN, MARIO ROVINA y J.R.D)
    Gentileza: FRCdelU de la UTN
     
    Este martes 12 de mayo la ciudad universitaria uruguayense salió a las calles para expresar sus rechazos a las políticas de ahustes constantes que realiza el Gobierno nacional. Fueron varias cuadras embanderadas y con carteles,  todas con consignas claras y concretas. La convocatorio local estuvo a cargo de la Mesa Universitaria local.

    En sus misivas se encontraban varios de los puntos que se leyeron en el documento. Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

    El documento final- leído por: una estudiante, dos personas no docentes y una intérprete en lenguas de señas- exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte. Exigen la recomposición presupuestaria ante el ajuste que lleva adelante el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre del 2023. Hasta la fecha, el Consejo Interuniversitario Nacional denuncia un recorte del 45.6% sobre los recursos.

     
    EL DOCUMENTO
     
    CUARTA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA
    Concepción del Uruguay, martes 12 de mayo de 2026
     
    El 21 de agosto de 2025 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, coronando en el terreno legislativo un largo y sostenido proceso de diálogo y búsqueda de consensos para lograr una norma que contribuya a mitigar el dramático escenario que atraviesan actualmente las universidades nacionales. Aquella conquista, claro está, no habría sido posible sin la fuerza arrolladora de las comunidades universitarias que, junto a la sociedad argentina, salieron masivamente a las calles en todo el país durante las históricas marchas federales del 23 de abril y el 2 de octubre de 2024.
    Tal y como había ocurrido con el primer proyecto, el Poder Ejecutivo volvió a vetar la ley de manera infame y esgrimiendo una vez más argumentos falaces, los cuales no hacían más que dejar en evidencia el desprecio manifiesto del gobierno por la educación pública. Sin embargo, gracias a la imponente muestra de apoyo expresada en la tercera marcha federal del 17 de septiembre de 2025, en esta oportunidad logramos que las y los legisladores de ambas cámaras insistan con la ley, alcanzando la mayoría especial necesaria para rechazar el veto presidencial. Fue entonces que el gobierno redobló su apuesta y suspendió la Ley de Financiamiento Universitario, por decreto y en forma unilateral, burlándose nuevamente de las instituciones republicanas.

    Al día de hoy, y con una medida cautelar que ordenaba la inmediata ejecución de los artículos más importantes de la ley, aquellos relacionados con los salarios y las becas, el gobierno de Javier Milei lleva exactamente 203 días incumpliendo una ley de la nación, violentando el estado de derecho y negando la voluntad popular. Incluso ayer mismo, mientras preparábamos esta movilización, nos enteramos de que el Poder Ejecutivo volvió a aplicar un recorte presupuestario sobre la educación y el sistema universitario.
    Desde que asumió la presidencia, no ha dejado de profundizar su feroz plan de ajuste, vaciamiento y ataque sistemático contra la educación pública, la ciencia, la tecnología y el conjunto de las instituciones estatales abocadas a garantizar derechos para las grandes mayorías. Hoy volvemos a señalar que el conflicto se agrava más y más con cada día que transcurre sin que se cumpla la ley. La situación presupuestaria de las universidades públicas es dramática y la realidad material de sus trabajadores se ha tornado desesperante. Desde diciembre de 2023, el presupuesto de las universidades nacionales sufrió una reducción cercana al 45% y los gastos de funcionamiento cayeron más de un 57%, mientras que el poder adquisitivo de las y los trabajadores docentes y no docentes acumula una pérdida real en torno al 43%, llevando los salarios universitarios a uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia.
    Debemos decirlo sin eufemismos ni rodeos: hoy la enorme mayoría de quienes sostenemos diariamente las universidades públicas, y tenemos además la responsabilidad de formar a cientos de miles de profesionales para el país, debemos subsistir con salarios por debajo de la línea pobreza, cuando no directamente de indigencia. Esta realidad no sólo menoscaba nuestras condiciones materiales de existencia: también expulsa a miles de docentes e investigadores de las universidades, multiplica la sobrecarga y el pluriempleo, afecta nuestra salud mental y contribuye a deteriorar aún más el derecho social a la educación.

    Asistimos también al desmantelamiento de políticas fundamentales para garantizar el acceso y la permanencia estudiantil. Mientras se recortaron cientos de miles de becas, el monto permanece congelado desde hace más de un año en cifras absolutamente insuficientes frente al creciente costo de vida. En un contexto social cada vez más desigual, miles de jóvenes ven amenazada la posibilidad concreta de continuar estudiando, problema que se ve agravado por los recortes en el transporte público y su impacto sobre el boleto estudiantil, imprescindible para que los sectores más vulnerables puedan trasladarse diariamente a las instituciones educativas.
    Pero hoy estamos defendiendo mucho más que salarios, becas y partidas presupuestarias. Nuestra pelea también es por el presente y futuro de un sistema universitario que es emblema de la Argentina en todo el mundo, que conjuga la excelencia académica con la inclusión social y que a lo largo de nuestra historia se ha consolidado como una poderosa herramienta de movilidad social ascendente, la cual permite a los hijos e hijas de la clase trabajadora formarse y obtener un título sin importar su origen. Por eso, esta pelea excede largamente a la comunidad universitaria, porque la crisis del sistema educativo repercute sobre toda la sociedad, afecta la producción, debilita la soberanía nacional y condiciona las posibilidades de desarrollo económico y cultural de nuestra patria.

    Todo esto ocurre mientras el gobierno pretende instalar discursos de odio, desprestigio y persecución contra las universidades. Mienten cuando intentan acusar a nuestras instituciones de adoctrinamiento y cuando hablan de privilegios, buscando de este modo enfrentar a la sociedad con instituciones que son verdaderos espacios democráticos y plurales en los que conviven a diario diversas ideas y concepciones. La universidad pública enseña, investiga y genera lazos de cooperación con la comunidad; desarrolla vacunas y satélites, analiza y protege el vasto ambiente natural; estudia y comprende las relaciones sociales y culturales de la población; aporta a la economía y al desarrollo productivo; forma a trabajadoras y trabajadores calificados que educan a nuestros gurises en las escuelas y nos brindan atención en los hospitales; construyen puentes, puertos y viviendas; democratizan a diario la información y el conocimiento.
    Desde Concepción del Uruguay, ciudad universitaria y polo educativo de referencia para toda la región, denunciamos también la absoluta complicidad del gobierno entrerriano, encabezado por Rogelio Frigerio, cuyas políticas de ajuste y empobrecimiento hacia la clase trabajadora se expresan cada vez con más crudeza sobre la educación pública. Hoy la universidad provincial y sus trabajadores viven en un estado de precariedad edilicia, presupuestaria y salarial verdaderamente agobiante, albergando a miles de estudiantes que llevan años exigiendo edificios propios para cursar sus carreras, así como docentes y no docentes que deben ejercer su tarea bajo condiciones inadmisibles de precariedad laboral e incertidumbre económica. Todo ello es responsabilidad de un gobierno provincial enfermo, aliado incondicional del gobierno nacional en su plan de destrucción del Estado que es patrimonio de todos y todas.
    Nuestra ciudad sabe muy bien lo que representa la educación pública. Lo sabe porque sus aulas recibieron históricamente a generaciones de jóvenes de toda la región, porque gran parte de su identidad cultural, social y económica está profundamente ligada a la presencia de las universidades y de las instituciones educativas. Y lo sabe también porque cada familia trabajadora entiende que sin educación pública el futuro se vuelve un privilegio reservado para unos pocos. ¡Por eso hoy también están presentes numerosas familias, vecinas y vecinos que vinieron hasta acá para defender sus derechos!

    Marchamos junto a otros sectores que también sufren las consecuencias de este modelo de ajuste, hambre, entrega y exclusión. Marchamos junto a las y los jubilados que deben elegir entre comer o comprar medicamentos, junto a las personas con discapacidad cuyos derechos son vulnerados, junto a quienes sostienen y defienden el sistema de salud, la ciencia nacional, los medios públicos, la cultura, el trabajo y la producción argentina. Marchamos junto a las y los trabajadores despedidos del Estado nacional, el CONICET, el INTI, el INTA, el SENASA, el Servicio Meteorológico Nacional y de tantos organismos estratégicos para nuestro país. Lo hacemos también junto a docentes de todos los niveles educativos, porque desde el primer momento esta lucha ha sido por la educación en su más amplia extensión, desde el jardín hasta la universidad. Y marchamos junto a pequeños productores, cooperativistas, monotributistas, trabajadores informales y pequeños comerciantes que padecen las consecuencias devastadoras de un modelo económico que destruye empleo, producción y soberanía. Del mismo modo, volvemos a denunciar las consecuencias de una reforma laboral que profundiza la precariedad y facilita los despidos, acumulando cientos de miles de trabajadores del sector privado que han perdido su empleo, trabajadores cuyos hijos e hijas también forman parte de la apuesta por la educación y la universidad pública.
    Porque la lucha es una sola y la unidad es nuestra mejor defensa para resistir el embate de aquellos que nos quieren humillados, silenciados y subordinados a los intereses del gran capital explotador y extranjerizante.
    Defender la universidad pública es defender también un proyecto de país con justicia social, igualdad, libertad y democracia; es decirle no a la resignación, al individualismo y a la crueldad como política de Estado.

    Por todo esto, hoy volvemos a alzar nuestras voces en un grito unificado, con convicción y con esperanza:
    Por el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.Por salarios que permitan a las y los trabajadores docentes y no docentes universitarios salir de la pobreza.Por un presupuesto acorde sostener las funciones de docencia, investigación y extensión.Por la urgente actualización y ampliación de las becas estudiantiles y el acceso pleno al boleto estudiantil.Por la promoción de la ciencia, la tecnología y la soberanía nacional.Por la defensa irrestricta de la educación pública en todos sus niveles, desde el jardín hasta la universidad.Por el respeto a las instituciones democráticas y al mandato popular.Por la unidad de todas las luchas frente al ajuste, la exclusión y los discursos de odio.Por una universidad pública, gratuita, científica, democrática, inclusiva, feminista, crítica y popular, siempre al servicio del pueblo argentino.
    Porque los destinos de la universidad pública están estrechamente ligados con los intereses de nuestro pueblo, hoy el pueblo vuelve a salir a la calle para defenderla y gritar fuerte:
     
    ¡UNIVERSIDAD PÚBLICA, SIEMPRE!
    MESA INTERUNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
    Asociación Gremial de Docentes Universitarios | AGDUAsociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos | AGMERAsociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos | APUNERAsociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional | APUTNAsociación de Trabajadores del Estado | ATEAsociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | FAGDUTCentro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales | CEFHAyCSSindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | SIDUT
     
     

     
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  • Comienza ciclo de cine, los jueves en la Biblioteca La Buena Lectura

    Comienza ciclo de cine, los jueves en la Biblioteca La Buena Lectura

    Comienza ciclo de cine, los jueves en la Biblioteca La Buena Lectura

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    Tres tiempos para la memoria, es el título de la nueva programación de la habitual propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER) que llega a la ciudad mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Biblioteca “La buena lectura”. Serán tres proyecciones los días jueves de por medio.

    El Cineclub Noble es un espacio surgido desde el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, y llega a la ciudad con el objetivo de articular políticas audiovisuales y culturales en la zona.Esta nueva sede del Cineclub Noble está coordinada por la oficina de la Comisión de Filmaciones ubicada en Concepción del Uruguay y que funciona desde mayo de 2025, mediante un convenio de trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el IAAER.

    La primera función será este jueves 14 de mayo, a las 20hs en la Biblioteca “La buena lectura”, San Martín 760 de nuestra ciudad, con la proyección de “La larga noche de Francisco Sanctis” (2016, Argentina), de los directores Andrea Testa y Francisco Márquez. Con acceso libre y gratuito.

    La larga noche de Francisco Sanctis, es un drama argentino dirigido por Andrea Testa y Francisco Márquez, basado en la novela de Humberto Costantini. Ambientada en la última dictadura de 1976, narra la decisión ética de un civil apolítico (encarnado por el actor Diego Velázquez) que, al recibir información sobre un secuestro inminente, debe arriesgar su vida.

    El ciclo continuará el jueves 28 a las 20hs. con la película Tiempo de Revancha (Argentina,1981), del recientemente fallecido Adolfo Aristarain. En la Biblioteca “La buena lectura” (San Martín 760) también con acceso libre y gratuito. La película que completa la programación será LS83 (Argentina, 2025), del director Herman Szwarcbart, que se proyectará el jueves 11 de junio también a las 20hs en la Biblioteca “La buena lectura” con acceso libre y gratuito.

  • 203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción

    203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción

    203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción
    Una multitud de estudiantes, trabajadores, docentes, nodocentes y gente de a pie participó de la 4° Marcha Federal Universitaria que se realizó en Concepción del Uruguay y en todo el país, reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue sancionada por el Congreso hace siete meses, pero que el Ejecutivo se resiste a aplicar.0Encabezados por el gran cartel de la Mesa Universitaria local, las consignas de UNER, UADER y UTN se entremezclaban en la columna de marchantes, apenas inferior a aquella primera e histórica marcha. Además, contó con el apoyo de diferentes gremios y agrupaciones de izquierda, la CGT, AGMER, ATE y CTA, exigiendo la recomposición salarial para docentes y no docentes, y la aplicación del presupuesto para el funcionamiento de las universidades. Se reivindicó la educación pública, gratuita y federal, a la que la dura política implementada desde el gobierno nacional expulsa cualquier esperanza, destrozando sueños y futuros de cientos de gurises a lo largo de todo el país.De acuerdo con medios capitalinos más cercanos al poder, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que “el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto”. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que, en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes, fue considerada “una bicoca”.Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6 %: en ese período la inflación fue del 293 %, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160 %.De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6 %, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12 % en tres cuotas, con la última recién en septiembre.
    CUARTA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

    Concepción del Uruguay, martes 12 de mayo de 2026
    El 21 de agosto de 2025 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, coronando en el terreno legislativo un largo y sostenido proceso de diálogo y búsqueda de consensos para lograr una norma que contribuya a mitigar el dramático escenario que atraviesan actualmente las universidades nacionales. Aquella conquista, claro está, no habría sido posible sin la fuerza arrolladora de las comunidades universitarias que, junto a la sociedad argentina, salieron masivamente a las calles en todo el país durante las históricas marchas federales del 23 de abril y el 2 de octubre de 2024.
    Tal y como había ocurrido con el primer proyecto, el Poder Ejecutivo volvió a vetar la ley de manera infame y esgrimiendo una vez más argumentos falaces, los cuales no hacían más que dejar en evidencia el desprecio manifiesto del gobierno por la educación pública. Sin embargo, gracias a la imponente muestra de apoyo expresada en la tercera marcha federal del 17 de septiembre de 2025, en esta oportunidad logramos que las y los legisladores de ambas cámaras insistan con la ley, alcanzando la mayoría especial necesaria para rechazar el veto presidencial. Fue entonces que el gobierno redobló su apuesta y suspendió la Ley de Financiamiento Universitario, por decreto y en forma unilateral, burlándose nuevamente de las instituciones republicanas.
    Al día de hoy, y con una medida cautelar que ordenaba la inmediata ejecución de los artículos más importantes de la ley, aquellos relacionados con los salarios y las becas, el gobierno de Javier Milei lleva exactamente 203 días incumpliendo una ley de la nación, violentando el estado de derecho y negando la voluntad popular. Incluso ayer mismo, mientras preparábamos esta movilización, nos enteramos de que el Poder Ejecutivo volvió a aplicar un recorte presupuestario sobre la educación y el sistema universitario.
    Desde que asumió la presidencia, no ha dejado de profundizar su feroz plan de ajuste, vaciamiento y ataque sistemático contra la educación pública, la ciencia, la tecnología y el conjunto de las instituciones estatales abocadas a garantizar derechos para las grandes mayorías. Hoy volvemos a señalar que el conflicto se agrava más y más con cada día que transcurre sin que se cumpla la ley. La situación presupuestaria de las universidades públicas es dramática y la realidad material de sus trabajadores se ha tornado desesperante. Desde diciembre de 2023, el presupuesto de las universidades nacionales sufrió una reducción cercana al 45% y los gastos de funcionamiento cayeron más de un 57%, mientras que el poder adquisitivo de las y los trabajadores docentes y no docentes acumula una pérdida real en torno al 43%, llevando los salarios universitarios a uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia.
    Debemos decirlo sin eufemismos ni rodeos: hoy la enorme mayoría de quienes sostenemos diariamente las universidades públicas, y tenemos además la responsabilidad de formar a cientos de miles de profesionales para el país, debemos subsistir con salarios por debajo de la línea pobreza, cuando no directamente de indigencia. Esta realidad no sólo menoscaba nuestras condiciones materiales de existencia: también expulsa a miles de docentes e investigadores de las universidades, multiplica la sobrecarga y el pluriempleo, afecta nuestra salud mental y contribuye a deteriorar aún más el derecho social a la educación.
    Asistimos también al desmantelamiento de políticas fundamentales para garantizar el acceso y la permanencia estudiantil. Mientras se recortaron cientos de miles de becas, el monto permanece congelado desde hace más de un año en cifras absolutamente insuficientes frente al creciente costo de vida. En un contexto social cada vez más desigual, miles de jóvenes ven amenazada la posibilidad concreta de continuar estudiando, problema que se ve agravado por los recortes en el transporte público y su impacto sobre el boleto estudiantil, imprescindible para que los sectores más vulnerables puedan trasladarse diariamente a las instituciones educativas.
    Pero hoy estamos defendiendo mucho más que salarios, becas y partidas presupuestarias. Nuestra pelea también es por el presente y futuro de un sistema universitario que es emblema de la Argentina en todo el mundo, que conjuga la excelencia académica con la inclusión social y que a lo largo de nuestra historia se ha consolidado como una poderosa herramienta de movilidad social ascendente, la cual permite a los hijos e hijas de la clase trabajadora formarse y obtener un título sin importar su origen. Por eso, esta pelea excede largamente a la comunidad universitaria, porque la crisis del sistema educativo repercute sobre toda la sociedad, afecta la producción, debilita la soberanía nacional y condiciona las posibilidades de desarrollo económico y cultural de nuestra patria.
    Todo esto ocurre mientras el gobierno pretende instalar discursos de odio, desprestigio y persecución contra las universidades. Mienten cuando intentan acusar a nuestras instituciones de adoctrinamiento y cuando hablan de privilegios, buscando de este modo enfrentar a la sociedad con instituciones que son verdaderos espacios democráticos y plurales en los que conviven a diario diversas ideas y concepciones. La universidad pública enseña, investiga y genera lazos de cooperación con la comunidad; desarrolla vacunas y satélites, analiza y protege el vasto ambiente natural; estudia y comprende las relaciones sociales y culturales de la población; aporta a la economía y al desarrollo productivo; forma a trabajadoras y trabajadores calificados que educan a nuestros gurises en las escuelas y nos brindan atención en los hospitales; construyen puentes, puertos y viviendas; democratizan a diario la información y el conocimiento.
    Desde Concepción del Uruguay, ciudad universitaria y polo educativo de referencia para toda la región, denunciamos también la absoluta complicidad del gobierno entrerriano, encabezado por Rogelio Frigerio, cuyas políticas de ajuste y empobrecimiento hacia la clase trabajadora se expresan cada vez con más crudeza sobre la educación pública. Hoy la universidad provincial y sus trabajadores viven en un estado de precariedad edilicia, presupuestaria y salarial verdaderamente agobiante, albergando a miles de estudiantes que llevan años exigiendo edificios propios para cursar sus carreras, así como docentes y no docentes que deben ejercer su tarea bajo condiciones inadmisibles de precariedad laboral e incertidumbre económica. Todo ello es responsabilidad de un gobierno provincial enfermo, aliado incondicional del gobierno nacional en su plan de destrucción del Estado que es patrimonio de todos y todas.
    Nuestra ciudad sabe muy bien lo que representa la educación pública. Lo sabe porque sus aulas recibieron históricamente a generaciones de jóvenes de toda la región, porque gran parte de su identidad cultural, social y económica está profundamente ligada a la presencia de las universidades y de las instituciones educativas. Y lo sabe también porque cada familia trabajadora entiende que sin educación pública el futuro se vuelve un privilegio reservado para unos pocos. ¡Por eso hoy también están presentes numerosas familias, vecinas y vecinos que vinieron hasta acá para defender sus derechos!
    Marchamos junto a otros sectores que también sufren las consecuencias de este modelo de ajuste, hambre, entrega y exclusión. Marchamos junto a las y los jubilados que deben elegir entre comer o comprar medicamentos, junto a las personas con discapacidad cuyos derechos son vulnerados, junto a quienes sostienen y defienden el sistema de salud, la ciencia nacional, los medios públicos, la cultura, el trabajo y la producción argentina. Marchamos junto a las y los trabajadores despedidos del Estado nacional, el CONICET, el INTI, el INTA, el SENASA, el Servicio Meteorológico Nacional y de tantos organismos estratégicos para nuestro país. Lo hacemos también junto a docentes de todos los niveles educativos, porque desde el primer momento esta lucha ha sido por la educación en su más amplia extensión, desde el jardín hasta la universidad. Y marchamos junto a pequeños productores, cooperativistas, monotributistas, trabajadores informales y pequeños comerciantes que padecen las consecuencias devastadoras de un modelo económico que destruye empleo, producción y soberanía. Del mismo modo, volvemos a denunciar las consecuencias de una reforma laboral que profundiza la precariedad y facilita los despidos, acumulando cientos de miles de trabajadores del sector privado que han perdido su empleo, trabajadores cuyos hijos e hijas también forman parte de la apuesta por la educación y la universidad pública.
    Porque la lucha es una sola y la unidad es nuestra mejor defensa para resistir el embate de aquellos que nos quieren humillados, silenciados y subordinados a los intereses del gran capital explotador y extranjerizante.
    Defender la universidad pública es defender también un proyecto de país con justicia social, igualdad, libertad y democracia; es decirle no a la resignación, al individualismo y a la crueldad como política de Estado.
    Por todo esto, hoy volvemos a alzar nuestras voces en un grito unificado, con convicción y con esperanza:

    Por el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
    Por salarios que permitan a las y los trabajadores docentes y no docentes universitarios salir de la pobreza.
    Por un presupuesto acorde sostener las funciones de docencia, investigación y extensión.
    Por la urgente actualización y ampliación de las becas estudiantiles y el acceso pleno al boleto estudiantil.
    Por la promoción de la ciencia, la tecnología y la soberanía nacional.
    Por la defensa irrestricta de la educación pública en todos sus niveles, desde el jardín hasta la universidad.
    Por el respeto a las instituciones democráticas y al mandato popular.
    Por la unidad de todas las luchas frente al ajuste, la exclusión y los discursos de odio.
    Por una universidad pública, gratuita, científica, democrática, inclusiva, feminista, crítica y popular, siempre al servicio del pueblo argentino.

    Porque los destinos de la universidad pública están estrechamente ligados con los intereses de nuestro pueblo, hoy el pueblo vuelve a salir a la calle para defenderla y gritar fuerte:
    ¡UNIVERSIDAD PÚBLICA, SIEMPRE!
    MESA INTERUNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

    Asociación Gremial de Docentes Universitarios | AGDU
    Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos | AGMER
    Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos | APUNER
    Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional | APUTN
    Asociación de Trabajadores del Estado | ATE
    Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | FAGDUT
    Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales | CEFHAyCS
    Sindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | SIDUT

    Fotos y video gentileza UTN

  • El Superior Tribunal de Justicia cerró la última vía recursiva y dejó a Urribarri al borde del juicio oral – El Miércoles Digital

    El Superior Tribunal de Justicia cerró la última vía recursiva y dejó a Urribarri al borde del juicio oral – El Miércoles Digital

    El Superior Tribunal de Justicia cerró la última vía recursiva y dejó a Urribarri al borde del juicio oral – El Miércoles Digital

    La Sala Penal Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó por mayoría los recursos de queja presentados por las defensas del ex gobernador Sergio Urribarri, del empresario Diego Cardona Herreros y del exfuncionario Carlos Marcelo Haidar, y dejó así expedito el camino hacia el juicio oral en una de las investigaciones por corrupción más relevantes de la historia institucional de la provincia.
    La resolución, firmada el 8 de mayo de 2026, confirmó que no habrá una nueva revisión extraordinaria sobre los planteos defensivos vinculados a nulidades, exclusiones probatorias y pedidos de sobreseimiento formulados durante la etapa intermedia del proceso.
    La decisión fue adoptada por mayoría de dos votos contra uno. Los jueces Miguel Ángel Giorgio y Susana Medina rechazaron las quejas, mientras que Daniel Omar Carubia votó en disidencia y sostuvo que las impugnaciones debían ser admitidas.
    Un fallo clave antes del juicio
    La resolución del máximo tribunal provincial no ingresa en el fondo de las acusaciones de corrupción, pero sí tiene un efecto procesal decisivo: clausura la discusión sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios planteados por las defensas y habilita la continuidad del expediente hacia el debate oral.
    El eje de la disputa jurídica giró en torno a si las defensas podían seguir cuestionando, antes del juicio, la validez de determinadas pruebas, nulidades del requerimiento fiscal y rechazos de sobreseimiento dictados durante la audiencia de remisión a juicio celebrada en junio de 2025.
    Los abogados de los imputados sostuvieron que la evidencia incorporada en la investigación era ilegal y que permitir su utilización en el debate oral implicaría un “vicio de origen” capaz de anular eventualmente todo el juicio.
    También denunciaron que los distintos tribunales inferiores habían rechazado sistemáticamente sus recursos utilizando argumentos formales para evitar revisar el contenido de sus planteos.
    El voto de Giorgio: “La centralidad del juicio oral”
    El voto rector fue redactado por Giorgio, quien construyó una defensa cerrada del modelo acusatorio y de las limitaciones recursivas en la etapa preparatoria del proceso penal.
    El magistrado consideró que las defensas intentaron abrir “un iter recursivo excesivo y dispendioso” mediante una cadena sucesiva de apelaciones, casaciones y quejas destinadas a revisar decisiones que no constituyen “sentencia definitiva”.
    Para Giorgio, el principal obstáculo jurídico era precisamente la ausencia de definitividad, requisito indispensable para habilitar la impugnación extraordinaria local y federal.
    “El ámbito idóneo de discusión y alegación de las tesis en pugna” —sostuvo— es el juicio oral, público y contradictorio, y no la etapa preparatoria.
    El juez desarrolló además una fuerte defensa conceptual del sistema acusatorio. Señaló que, a diferencia del viejo esquema mixto, el nuevo modelo busca restringir los recursos durante la investigación para evitar dilaciones y asegurar que los conflictos se resuelvan en el debate oral.
    En uno de los tramos más relevantes del fallo, advirtió que una apertura excesiva de instancias recursivas “frustra la centralidad del debate” y afecta la celeridad del proceso penal.
    También citó doctrina procesal para sostener que, cuando una queja es rechazada, queda cerrada la posibilidad de seguir intentando reabrir la discusión sobre el mismo recurso denegado.
    El magistrado incluso reforzó la postura de la Cámara de Casación respecto de que las cuestiones vinculadas a admisibilidad de recursos son, por regla general, ajenas al control extraordinario.
    En definitiva, Giorgio concluyó que las defensas pretendían revisar cuestiones procesales no equiparables a sentencia definitiva y que no existía un gravamen irreparable que justificara la apertura excepcional de la instancia.
    La disidencia de Carubia: crítica al “exceso ritual”
    La posición minoritaria de Carubia fue la más favorable a las defensas y representó una fuerte crítica al modo en que los tribunales inferiores habían cerrado sucesivamente los recursos.
    El vocal entendió que las presentaciones defensivas no constituían una simple discrepancia formal, sino que involucraban “concretas afectaciones” al derecho de defensa y al debido proceso.
    Carubia advirtió que los planteos sobre nulidades y exclusiones probatorias difícilmente podrían reeditarse después del cierre de la investigación penal preparatoria.
    Por eso consideró “quimérico e inconcebible” sostener que existiría otra oportunidad procesal adecuada para discutir esos agravios.
    A diferencia de Giorgio, el juez entendió que los recurrentes sí habían logrado demostrar un posible perjuicio irreparable.
    Incluso subrayó la “innegable trascendencia social, política y mediática” de la causa y afirmó que, precisamente por esa relevancia institucional, correspondía una revisión “escrupulosa” de la evidencia que llegaría eventualmente al juicio oral.
    En otro tramo central de su voto, cuestionó el uso de argumentos meramente formales para rechazar recursos sin ingresar al análisis profundo de los agravios.
    Carubia sostuvo que debía evitarse “un ilegítimo exceso de rigor ritual” y concluyó que las impugnaciones extraordinarias habían sido mal denegadas.
    Por eso propuso admitir las quejas y habilitar la revisión extraordinaria ante la propia Sala Penal del STJ.
    Medina acompañó el rechazo y habló de “recurso ad infinitum”
    La jueza Susana Medina acompañó el criterio de Giorgio y profundizó la crítica hacia la estrategia recursiva desplegada por las defensas.
    En su voto sostuvo que los planteos ya habían sido rechazados reiteradamente en las instancias anteriores y remarcó que el ámbito adecuado para discutir esas cuestiones era el juicio oral.
    Pero además avanzó sobre un concepto particularmente severo: definió el recorrido procesal impulsado por los imputados como un caso de “recurso ad infinitum”.
    Citando doctrina, Medina describió esa figura como la utilización sucesiva de recursos “notoriamente improcedentes” con el objetivo de dilatar indefinidamente el trámite principal.
    La magistrada incluso vinculó esa conducta con la noción de abuso del derecho procesal y sostuvo que existía “un notorio exceso en el ejercicio de la facultad recursiva”.
    En esa línea, afirmó que las presentaciones defensivas perseguían “una injustificada extensión del trámite judicial”.
    Medina también reivindicó la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la imposibilidad de revisar cuestiones procesales locales vinculadas a admisibilidad de recursos.
    Qué implica la decisión
    La sentencia no define culpabilidades ni resuelve todavía las acusaciones de corrupción, pero sí consolida procesalmente el expediente y deja prácticamente agotadas las vías provinciales para cuestionar la remisión a juicio.
    Las defensas habían denunciado que la negativa a revisar nulidades y exclusiones probatorias convertía las garantías constitucionales en “meros enunciados teóricos”.
    También argumentaban que permitir que el juicio avance con prueba supuestamente ilegal podía afectar de manera irreversible el derecho de defensa.
    Sin embargo, la mayoría del STJ entendió que esos cuestionamientos no habilitan una revisión extraordinaria en esta etapa y que deberán ser eventualmente discutidos durante el debate oral.
    El fallo exhibe además una tensión jurídica de fondo sobre el alcance del sistema acusatorio: mientras la mayoría privilegió la celeridad y la centralidad del juicio oral, la minoría sostuvo que no puede sacrificarse el control judicial de garantías en nombre de la simplificación procesal.
    Con esta resolución, la causa queda más cerca de ingresar en la etapa de juicio oral y público, en un expediente que concentra una enorme expectativa política e institucional en Entre Ríos y que involucra a uno de los dirigentes más poderosos que tuvo la provincia en las últimas décadas.

     
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  • Concepción y Victoria avanzan en una agenda conjunta de cooperación y desarrollo

    Concepción y Victoria avanzan en una agenda conjunta de cooperación y desarrollo

    Concepción y Victoria avanzan en una agenda conjunta de cooperación y desarrollo

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    El intendente de José Eduardo Lauritto recibió este lunes a la presidenta municipal de Victoria, Isa Castagnino, en el marco de una reunión institucional en la que ambos municipios firmaron un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Institucional destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre ambas ciudades entrerrianas.

    La mandataria victoriense estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Social, Sabina Etchart, y el secretario de Hacienda, Nicolás Mathieu. Por parte de Concepción del Uruguay participaron además la viceintendenta Rossana Sosa Zitto, concejales y la totalidad del gabinete municipal. También estuvo presente en el encuentro, la Diputada Nacional Marianela Marclay.

    El acuerdo suscripto establece un marco general de cooperación recíproca entre ambas gestiones, con el objetivo de promover acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento institucional, la modernización del Estado y el desarrollo local. En este sentido, el convenio prevé la articulación en áreas administrativas, técnicas, sociales, culturales, económicas, ambientales, educativas, turísticas y de infraestructura pública.

    Durante el encuentro, los representantes de ambos municipios coincidieron en la importancia de profundizar los vínculos entre gobiernos locales, entendiendo que la cooperación intermunicipal constituye una herramienta clave para optimizar recursos, compartir experiencias de gestión y generar políticas públicas más eficientes para las comunidades.

    El convenio también contempla la posibilidad de avanzar en acuerdos específicos y actas complementarias para la ejecución de proyectos concretos, incluyendo intercambio de recursos técnicos y humanos, capacitación de personal municipal, coordinación de programas sociales y turísticos, acciones ambientales, desarrollo sustentable y modernización de la gestión pública.

    Asimismo, se destacó la intención de trabajar de manera coordinada en la búsqueda de financiamiento provincial, nacional e internacional para iniciativas de interés común, fortaleciendo así las capacidades institucionales y el desarrollo regional.

    El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con prórroga automática, y reafirma el compromiso de ambas administraciones de sostener una agenda conjunta basada en la colaboración, el intercambio y la planificación compartida.