Fiscales federales apelaron ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que benefició a los dueños de «La Salada».
La Cámara de Apelaciones de La Plata había anulado los procesamientos y embargos al considerar que el juez de Lomas de Zamora confundió una actividad lícita con una “empresa criminal”.
Ahora, Incardona e Iglesias sostienen que la investigación (desde 2015) reunió decenas de pruebas y que existió una presunta asociación ilícita con protección política, además de delitos como evasión fiscal, lavado de activos y comercio de mercadería apócrifa.