Cristina Fernández fue condenada por administración fraudulenta y la sentencia quedó firme en 2025, por lo que busca vías internacionales para revisar el caso.
Pero su acceso a instancias de la OEA está limitado por plazos y requisitos, y la Corte Interamericana no sería una opción directa. En la práctica, solo le quedaría recurrir a comités de la ONU u otras alternativas disponibles.