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  • Granja Tres Arroyos pidió concurso de acreedores: deudas millonarias y miles de cheques rechazados – Arriba Noticias

    Granja Tres Arroyos pidió concurso de acreedores: deudas millonarias y miles de cheques rechazados – Arriba Noticias

    Granja Tres Arroyos pidió concurso de acreedores: deudas millonarias y miles de cheques rechazados – Arriba Noticias

    Granja Tres Arroyos pidió la apertura de un concurso de acreedores en medio de la profunda crisis económica, financiera y productiva que atraviesa el principal grupo avícola del país. La presentación correspondió a Granja Tres Arroyos SA, la compañía de mayor tamaño dentro del entramado empresarial controlado por la familia De Grazia.

    De acuerdo con lo informado, el proceso quedó registrado bajo el expediente COM 018558/2026 y recayó en el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, de la Justicia Nacional en lo Comercial. La decisión se produjo pocos días después de que WADE, ex Cresta Roja y también integrante del grupo, avanzara por el mismo camino.

    De acuerdo con registros del Banco Central citados en la información conocida sobre la situación empresarial, Granja Tres Arroyos SA acumula 6.702 cheques rechazados por $114.425 millones y deudas bancarias por otros $41.827 millones. En conjunto, ambos conceptos superan los $156.000 millones.

    Una crisis con impacto en Entre Ríos

    La presentación judicial se produjo después de más de un año de dificultades para sostener la actividad y ante la imposibilidad de reestructurar los compromisos con los acreedores. Estimaciones sobre el pasivo global del grupo lo ubican por encima de los USD$350 millones.

    La crisis también repercutió sobre el empleo. Distintas plantas permanecieron paralizadas o funcionaron por debajo de su capacidad, mientras el grupo avanzó con una reducción de personal. La compañía contaba originalmente con alrededor de 6.500 trabajadores.

    Entre las desvinculaciones informadas se encuentran unas 480 correspondientes a trabajadores de Concepción del Uruguay, además de 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.

    En la provincia de Buenos Aires continuaba vigente una conciliación obligatoria que había dispuesto la reincorporación de 1.200 trabajadores. La medida vencía este jueves, cuando estaba prevista una nueva audiencia entre representantes gubernamentales, sindicatos y la empresa, aunque existía la posibilidad de extenderla otros cinco días.

    Las razones que argumentó la compañía

    En el marco del conflicto laboral, la empresa había atribuido su situación a una «grave disminución de trabajo» provocada, según sostuvo, por circunstancias extraordinarias que afectaron el normal funcionamiento de la actividad.

    Entre las causas mencionó la gripe aviar y el cierre de exportaciones, la sobreoferta en el mercado interno, la caída de los precios de comercialización y el incremento de los costos. Según la compañía, esa combinación generó un profundo deterioro económico, financiero y productivo.

    También señaló que sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos incidieron sobre la producción y los niveles de faena. La firma aseguró que adoptó medidas para intentar preservar la explotación y la mayor cantidad posible de puestos laborales, aunque consideró que resultaron insuficientes.

    El pedido de concurso preventivo busca ahora ordenar el pasivo y negociar judicialmente con los acreedores, mientras permanece abierta la incertidumbre sobre el futuro productivo del grupo y sus trabajadores, incluidos los afectados en Concepción del Uruguay.

  • Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo de acreedores

    Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo de acreedores

    Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo de acreedores

    Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, pidió este miércoles la apertura de su concurso preventivo, una herramienta judicial que utilizará para reorganizar sus pasivos, según pudo confirmar Infobae con más de una fuente al tanto de las negociaciones de la compañía.

    La medida formaliza ante el ámbito judicial una reestructuración que la avícola lleva meses intentando resolver en forma privada. La compañía arrastra una deuda estimada en USD 350,9 millones y venía negociando con sus acreedores con la asistencia del banco de inversión VALO un esquema que contemplaba quitas de hasta el 75% del capital adeudado y plazos de pago de hasta siete años, además de la venta de activos no estratégicos. Sin embargo, la sucesión de cierres, suspensiones y despidos en sus plantas evidenció que la situación operativa continuó deteriorándose mientras esas conversaciones avanzaban.

    La empresa acumula cerca de 1.730 despidos desde el inicio del conflicto

    Desde que comenzó la crisis, a fines de 2024, el total de trabajadores desvinculados en las distintas plantas del grupo se acerca a los 1.730 casos, aunque la cifra todavía no está cerrada porque resta consolidar el detalle por establecimiento, según fuentes cercanas a las compañías.

    La crisis se profundizó a fines de agosto con la paralización de la planta de Capitán Sarmiento, una de las instalaciones históricas del grupo y el corazón productivo de una ciudad bonaerense de apenas 15.000 habitantes. La empresa comunicó al personal que las operaciones quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso” y pidió a los trabajadores que no concurrieran a sus puestos. En los días siguientes llegaron más de 700 telegramas de despido: 554 correspondieron a empleados de Capitán Sarmiento y otros 150 a trabajadores de localidades aledañas.

    La empresa atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor”. Muchos de los despedidos llevaban más de 20 años en la compañía.

    El alcance de los últimos despidos también abarcó a 50 empleados de la planta de Pilar y a 450 de la planta de Esteban Echeverría. Otras plantas del grupo habían sido alcanzadas previamente: en julio, la planta Avex en Río Cuarto, Córdoba, dejó de operar con unos 350 trabajadores involucrados; en agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal; y en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se produjeron alrededor de 250 despidos adicionales.

    Ante el avance de los despidos, el Ministerio de Trabajo bonaerense dispuso la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y ordenó la reincorporación de los 1.200 trabajadores desvinculados en los últimos tramos del conflicto. La medida, que puede extenderse por otros cinco días, busca abrir una instancia de diálogo entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Steapba). Sin embargo, Granja Tres Arroyos no acató la conciliación.

    En la audiencia participaron representantes de las compañías, del gremio y de las autoridades provinciales, junto con el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría. Las partes acordaron la entrega de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un pago a cuenta para la semana siguiente.

    En Capitán Sarmiento, el impacto social del conflicto es difícil de dimensionar. Uno de cada diez empleos en la ciudad dependía de la planta avícola, cuyos salarios —en promedio, unos $3 millones mensuales— generaban un fuerte derrame en comercios y servicios de la zona. Con los despidos masivos, decenas de familias enfrentan dificultades para pagar el alquiler o los servicios básicos. Trabajadores que habían llegado de otras ciudades a emplearse en la planta planean ahora su partida, y algunos chicos deberán cambiar de escuela siguiendo a sus padres en busca de trabajo.

    La comunidad, sin embargo, respondió con una ola de solidaridad. El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) lleva meses entregando mercadería a quienes no cobraban sus salarios en tiempo y forma; desde el lunes comenzó además a realizar ollas populares nocturnas en su sede. Los clubes de la ciudad organizaron jornadas deportivas para recolectar alimentos, y hasta un salón de fiestas privado abrió sus puertas para recibir a cualquiera que necesite un plato de comida.
    “Nos vamos a poner a disposición con todos los recursos hasta donde podamos. Estamos ayudando a la gente asistiendo con alimentos, y con la luz y el agua”, afirmó Astorino en declaraciones a Infobae. La intendenta, que responde a La Libertad Avanza, indicó que el municipio gestiona también que no se corten los servicios a quienes no pueden pagarlos y que la farmacia del hospital asista con medicación a los despedidos.

    El ingreso al concurso preventivo y la posterior convocatoria de acreedores es el mecanismo por el cual una compañía con dificultades para cumplir sus compromisos busca reorganizar su situación financiera y evitar la quiebra. Para los trabajadores, la principal incógnita continúa siendo el futuro de los puestos de trabajo y el cobro de los salarios, aguinaldos e indemnizaciones pendientes —que, en algunos casos, superan los dos meses y medio de atraso—.

    El proceso tiene antecedentes: en diciembre de 2024, Granja Tres Arroyos había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, trámite que no llegó a formalizarse en el plano nacional. Desde entonces, la empresa adoptó sucesivas medidas de reducción en sus establecimientos, entre ellas el cierre de la planta de Tristán Suárez, con 200 desvinculaciones, y el cierre definitivo de la planta Becar en Concepción del Uruguay, publica Infobae.

  • En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    Los dueños de Frigorífico General Pico S.A., reconocida en la industria nacional por haber sido parte de la fundación de la icónica marca de hamburguesas Paty, confirmaron el inició del proceso de concurso preventivo de acreedores luego de que fracasaran las negociaciones para la venta o alquiler de la compañía.El frigorífico, situado en Trenel, La Pampa, tenía un plantel de 450 empleados, pero a mitad de febrero avanzó con el despido de cerca de 200 trabajadores. A esto se suma una delicada situación financiera, con deudas que ascienden a unos $24.000 millones, además de compromisos con proveedores. En ese marco, tiene 1152 cheques rechazados en los registros de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que asciende a $15.800 millones.A través de una nota firmada por el presidente Ernesto “Tito” Lowenstein y el vicepresidente Alan Lowenstein, la empresa comunicó que las tratativas con un grupo inversor europeo no lograron avanzar hacia un acuerdo que permitiera sostener la operación.En este sentido, los directivos apuntaron directamente a un grupo financiero que actúa como accionista y acreedor, al que acusaron de haber obstaculizado de manera reiterada distintas alternativas para garantizar la continuidad del frigorífico.Según explicaron, entre las opciones presentadas hubo propuestas de terceros con esquemas de explotación a largo plazo, incluida una alternativa cercana a los US$ 40 millones mediante un leasing a ocho años, además de ofertas de pago inmediato. Sin embargo, ninguna fue aceptada, y el grupo cuestionado tampoco acercó propuestas superadoras.“Esto fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial”, sostuvieron los empresarios, quienes remarcaron que dicho acreedor contaba con acceso pleno a la información financiera y participó del análisis de las distintas alternativas.Ante este escenario, indicaron que el concurso preventivo busca “ordenar las obligaciones de la empresa” y generar un marco institucional que permita evaluar nuevas opciones para reactivar la actividad.Desde la compañía destacaron además que se trata de una empresa familiar y que sus socios acompañaron el desarrollo con inversiones propias, particularmente en la planta de Trenel, considerada el principal activo productivo.Pese a la crisis, aseguraron que continuarán trabajando para reactivar la operación en el corto plazo, con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo y sostener el impacto económico y social que la actividad genera en la región.