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  • Tras la designación de la jueza Michelli, el ministro de Justicia advirtió que Milei no está obligado a firmar el nombramiento

    Tras la designación de la jueza Michelli, el ministro de Justicia advirtió que Milei no está obligado a firmar el nombramiento

    Tras la designación de la jueza Michelli, el ministro de Justicia advirtió que Milei no está obligado a firmar el nombramiento

    En medio de la polémica por la aprobación en el Senado del pliego de la jueza María Verónica Michelli —quien había sido vetada por el presidente Javier Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon—, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, aseguró que Milei no está obligado a firmar el decreto que oficialice su nombramiento.

    «Yo le recomiendo al presidente cuáles y en qué momento se deben firmar los decretos. Cuando se considere que sea el momento oportuno para garantizar la seguridad y el servicio de justicia, se firmará. Ya el Senado lo habilitó, pero no obligó al presidente a firmar el decreto», afirmó Mahiques.
    El pliego de Michelli obtuvo 44 votos a favor, provenientes del peronismo, el PRO, la UCR, bloques provinciales y el libertario Francisco Paoltroni. Por su parte, 18 senadores de La Libertad Avanza rechazaron la nominación y hubo dos abstenciones, correspondientes a Patricia Bullrich y la chaqueña Silvana Schneider (UCR).
    En declaraciones a Radio Mitre, el ministro destacó que «el cargo de la doctora Michelli corresponde a un tribunal que aún no está habilitado», al igual que otros dos postulantes. Mahiques precisó que «es un juzgado que todavía debe crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, proveer mobiliario y tecnología. Es un proceso largo: varios tribunales y juzgados llevan tiempo sin estar habilitados».
    Consultado sobre la controversia generada en torno a la aprobación del pliego, Mahiques minimizó el hecho: «Para mí no es un escándalo, es un pliego más que se aprobó. No entiendo por qué debería serlo».
    En relación con las versiones que atribuyen la decisión de Milei a la relación familiar de Michelli con un periodista de *La Nación*, el ministro descartó que ese haya sido el motivo y recordó que se trata de una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. «En ningún momento se explicó el motivo. El presidente de la Nación, sea quien sea, tiene la facultad no solo de elegir a un candidato de la terna y enviarlo sin dar explicaciones, sino también de retirarlo», subrayó.
    Además, indicó que «todos los presidentes, desde el regreso de la democracia hasta ahora, retiraron pliegos. Cientos de pliegos fueron retirados y no se conocieron los motivos».
    En ese sentido, Mahiques recordó un caso personal: «Al repasar algunos pliegos retirados, uno fue el de mi hermano, Ignacio Mahiques. Tenía el acuerdo de la comisión y la audiencia en el Senado para ser propuesto como juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego». Al ser consultado sobre si ese retiro se debió a su vínculo familiar, respondió: «No lo sé, pero lo retiró y no hubo ninguna tapa de diarios ni manifestación al respecto».
    Respecto de la reciente votación en el Senado, donde se aprobaron 74 pliegos, el ministro manifestó que se trató de «una deuda con la justicia, con el sistema judicial y con la ciudadanía» y detalló: «La vacancia en el Poder Judicial llegó a niveles históricos, aproximadamente un 37%, lo que generó una crisis institucional sin precedentes».
    «Esta es una forma de saldar esa deuda y cumplir los objetivos que nos propusimos al asumir: generar una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos. Para eso es necesario contar con magistrados», concluyó.
    Finalmente, Mahiques se refirió a las investigaciones vinculadas a dirigentes de la AFA y rechazó las versiones que sostienen que los expedientes judiciales se paralizaron durante su gestión. «A los implicados se los citó, procesó, inhibió y se les prohibió salir del país. En otras jurisdicciones incluso se solicitó la detención. Es absurdo sostener que las causas se frenaron», finalizó.

  • Bahl defendió el trabajo entrerriano y advirtió sobre la crisis que atraviesa el sector productivo

    Bahl defendió el trabajo entrerriano y advirtió sobre la crisis que atraviesa el sector productivo

    Bahl defendió el trabajo entrerriano y advirtió sobre la crisis que atraviesa el sector productivo

    Durante su intervención, Bahl tomó como punto de partida la crisis de Granja Tres Arroyos y el cierre por tiempo indeterminado de su planta en Concepción del Uruguay, que dejó a 950 trabajadores entrerrianos en una situación de incertidumbre laboral. Sin embargo, aclaró que el problema excede a una empresa en particular y refleja las dificultades que enfrentan numerosos sectores productivos del país.

    «No vengo a defender una empresa. Vengo a defender a los trabajadores entrerrianos, a las pymes, a las industrias del interior y a toda una cadena de valor que hoy está siendo puesta contra las cuerdas», sostuvo.
    El legislador nacional señaló que la combinación de altas tasas de interés, atraso cambiario, apertura de importaciones, caída del consumo interno, pérdida de mercados externos y presión fiscal configura una «tormenta perfecta» para quienes producen y generan empleo. «Una industria no se sostiene con Excel financiero. Se sostiene con crédito razonable, planificación, mercado, exportaciones y reglas estables», afirmó.
    Además, Bahl remarcó que la situación de la avicultura es un ejemplo de las dificultades que atraviesa el entramado productivo nacional y sostuvo que el problema no radica en la falta de competitividad de los trabajadores o empresarios argentinos, sino en las condiciones económicas en las que deben desenvolverse.
    «Nuestros industriales, nuestros trabajadores y nuestros productores son competitivos. Lo que no es competitivo es el marco económico que se les impone», expresó.
    En ese sentido, cuestionó la falta de resultados de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto que la recesión está teniendo en las economías regionales. «Este gobierno ya tiene las herramientas que pidió. Entonces la pregunta es simple: ¿dónde están los resultados?».
    El senador también hizo referencia al cierre reciente de industrias históricas de Paraná, como son metalúrgica Mengui y Valentinuz Hnos.; y recordó que, según datos oficiales, Entre Ríos ya perdió más de 9.000 empleos registrados, cifra que supera los 10.000 puestos de trabajo afectados si se consideran los trabajadores vinculados a la situación de Granja Tres Arroyos.
    «Lo que estamos viendo no son inversiones: son pymes cerrando, trabajadores en la calle y sectores productivos enteros pidiendo auxilio», señaló.
    Finalmente, Bahl convocó a defender el entramado productivo del interior del país y reclamó políticas que permitan sostener el empleo y la producción. «Entre Ríos no pide privilegios. Pide condiciones razonables para producir. No se puede construir un país federal si las industrias del interior quedan abandonadas», concluyó.

  • Conflicto en Tres Arroyos: el sindicato advirtió que la planta «La China» permanecería cerrada y analiza medidas de fuerza

    Conflicto en Tres Arroyos: el sindicato advirtió que la planta «La China» permanecería cerrada y analiza medidas de fuerza

    Conflicto en Tres Arroyos: el sindicato advirtió que la planta «La China» permanecería cerrada y analiza medidas de fuerza

    Tras la ausencia de la empresa GTA S.A. en una audiencia clave programada para este lunes, el gremio alertó sobre la parálisis de la actividad para este martes. Convocan a los trabajadores a presentarse en sus horarios habituales y preparan una asamblea soberana.

    CONCEPCIÓN DEL URUGUAY— Un escenario de profunda incertidumbre y tensión laboral se desató en las últimas horas en torno a la planta avícola “La China”, perteneciente a la firma Granja Tres Arroyos (GTA S.A.). A través de un comunicado oficial, la comisión directiva del sindicato del sector informó que la empresa no se presentó a una audiencia clave prevista para este lunes, lo que encendió las alarmas de la representación gremial.
    Ante este panorama de falta de diálogo, el sindicato anticipó que, «según todos los indicios», la planta industrial ubicada en Concepción del Uruguay permanecerá cerrada durante la jornada de este martes. No obstante, desde el gremio aclararon que todavía reina el hermetismo y no existen precisiones oficiales sobre cuánto tiempo podría extenderse esta situación de parálisis.
    Convocatoria a las plantas y resguardo legal
    Frente a la posibilidad de un cierre patronal o una suspensión imprevista de las actividades, la conducción sindical emitió una directiva clara para el personal de producción: solicitó a todos los trabajadores presentarse igualmente en las instalaciones en sus horarios habituales de turno. Esta medida busca evitar que la empresa alegue «abandono de trabajo» o inasistencias injustificadas.
    En el mismo mensaje, remarcaron que la dirección del gremio ya se encuentra elaborando e instrumentando “los mecanismos técnicos y legales necesarios” para blindar y resguardar los derechos laborales y salariales de la totalidad de los empleados afectados por el conflicto. Estas herramientas legales serán comunicadas formalmente a las bases “en tiempo y forma”.
    Asamblea soberana para definir el plan de lucha
    La falta de respuestas por parte de la patronal aceleró los tiempos gremiales. Desde el sindicato adelantaron que en los próximos días convocarán de urgencia a una “asamblea soberana” con el conjunto de los operarios.
    El objetivo del encuentro será debatir la situación de la firma GTA S.A. y definir, de manera democrática y consensuada, las medidas de fuerza o los pasos sindicales a seguir para destrabar el conflicto y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo en la histórica planta uruguayense.

  • El FEF advirtió que el allanamiento a Bordet «responde a un claro propósito de desgaste político»

    El FEF advirtió que el allanamiento a Bordet «responde a un claro propósito de desgaste político»

    El FEF advirtió que el allanamiento a Bordet «responde a un claro propósito de desgaste político»

    Ante los hechos de público conocimiento, el Frente Entrerriano Federal manifiesta su firme convicción de que la salud democrática de nuestra provincia exige el más absoluto respeto por las garantías constitucionales y la independencia de poderes.

    No es novedad para nadie que conoce la vida política de Entre Ríos que Gustavo Bordet ha sido, y es, un dirigente que construyó su carrera con apego a la institucionalidad y plena disposición ante la Justicia. Así lo ha demostrado a lo largo de toda su vida pública. Por eso mismo, cuando observamos la celeridad con la que ciertos operadores judiciales se ocupan de instalar mediáticamente una medida de investigación que no conlleva imputación alguna, la pregunta que corresponde hacerse no es sobre el dirigente, sino sobre quienes actúan con esa llamativa urgencia comunicacional.
     
    El exgobernador y actual diputado nacional no tiene cargos en su contra. Hay una investigación en curso, como las hay en infinidad de causas, y él ha colaborado con ella sin poner obstáculo alguno. Ese es el cuadro real de la situación. Lo demás es construcción de relato.
     
    Es de una gravedad extrema que se difundan detalles de un procedimiento —como el ocurrido en el domicilio de la hija del exgobernador— antes incluso de que la medida haya finalizado, dejando en evidencia una marcada animosidad y un objetivo que nada tiene que ver con la justicia, sino con el daño reputacional a su familia
     
    Desde el Frente Entrerriano Federal entendemos que la ciudadanía entrerriana tiene la madurez suficiente para distinguir entre una acción judicial legítima y la utilización de los andamios institucionales con fines de desgaste político. El ensañamiento mediático sobre una persona que vive abiertamente en su ciudad, que transita la provincia sin ningún tipo de evasión y que ha demostrado siempre buena fe ante los tribunales no tiene otra explicación que el propósito de erosionar una figura de alta valoración pública en Entre Ríos.
     
    Solicitamos al fiscal interviniente que ajuste su actuación a los principios de prudencia, reserva y proporcionalidad que el proceso penal exige, y que tenga en cuenta que el uso político de los expedientes judiciales —como sucedió con la lamentable experiencia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo del delator de la dictadura, Oscar Mario Rovira en el último gobierno de Sergio Montiel— no queda impune ante la memoria colectiva de los entrerrianos.