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  • Mansión de Pilar: la Fiscalía apelará a la Corte Suprema que se transforma en un tribunal clave para la AFA

    Mansión de Pilar: la Fiscalía apelará a la Corte Suprema que se transforma en un tribunal clave para la AFA

    El fiscal general Mario Villar apelará en los próximos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo que ordenó que la causa que investiga la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se tramite en la justicia federal de Campana.

    Fuentes judiciales informaron a Clarín que Villar objetará la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de que el máximo tribunal revoque dicho fallo. El fiscal tiene plazo hasta fin de mes para presentar el recurso.
    De esta manera, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti serán determinantes para el futuro judicial de la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, no solo en esta causa sino también en otras dos en trámite.
    La Corte Suprema ya debe resolver otro planteo sobre la jurisdicción para investigar a la empresa TourProdEnter LLC, vinculada con el manejo de fondos en el exterior de la AFA, y también espera recibir la causa relacionada con la mudanza de la sede de la entidad a Pilar.
    Estas tres decisiones serán definitivas para la AFA, ya que no admiten más apelaciones. Además, los jueces del máximo tribunal son conscientes de que sus resoluciones tendrán tanto alcance jurídico como implicancias políticas.
    ### Las causas en juego
    Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña —quien fue presidente hasta diciembre pasado del tribunal de Ética de la AFA— y Mariano Borinsky resolvieron la semana pasada que la causa por la mansión debe tramitar en Campana, dado que esa es la jurisdicción que comprende Pilar, lugar donde se encuentra la propiedad.
    Esta decisión fue requerida por los acusados, Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quienes no poseen capacidad económica declarada para adquirir ese inmueble de 105 mil metros cuadrados, valuado en 20 millones de dólares. Se sospecha que son testaferros de Toviggino, ya que en la mansión se encontraron objetos pertenecientes al tesorero y Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA para abonar el telepase de vehículos manejados por familiares de Toviggino.
    El caso investiga un presunto lavado de dinero, y la Cámara afirmó que se trata de un delito bajo la competencia de la justicia federal y no del fuero Penal Económico, donde inicialmente tramita la causa. Todos los fiscales que intervinieron manifestaron que no corresponde que intervenga el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
    Villar mantuvo esta postura durante el proceso y ahora presentará un recurso extraordinario para que la Corte Suprema intervenga. Insistirá en que el fuero Penal Económico puede investigar el caso, y en caso de corresponder la justicia federal, esta debe ser la de la ciudad de Buenos Aires, ya que la maniobra delictiva es más amplia y no se restringe a la casa de Pilar: se sospecha que para su adquisición se desviaron fondos de la AFA mediante sociedades con sede en la capital.
    La Cámara de Casación debe decidir si acepta la apelación para que el expediente llegue a la Corte. En caso de rechazo, Villar presentará un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal. Fuentes judiciales indican que la Corte no suele intervenir en este tipo de conflictos y, si mantiene esa postura, la causa permanecerá en Campana.
    El máximo tribunal también enfrenta otra disputa judicial sobre la jurisdicción para investigar diversas causas vinculadas a la AFA, en una de las cuales Claudio Tapia y Pablo Toviggino están procesados por retención indebida de impuestos. Ese expediente fue iniciado por el empresario Guillermo Tofoni en la justicia nacional de instrucción, por presunta administración fraudulenta en el manejo de TourProdEnter LLC, empresa propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, relacionada con los fondos de la AFA en el exterior.
    El juez federal de Campana solicitó esa causa para unificarla con una similar en trámite, por lo que la magistrada nacional Paula Petazzi se la remitió. Sin embargo, la Cámara del Crimen rechazó ese pedido y, ante la disputa entre un juzgado federal y otro nacional, envió el expediente a la Corte Suprema para que defina la competencia.
    El tercer expediente que estará bajo la lupa de la Corte, aún no ingresó pero se prevé que lo haga en breve. Se trata de un punto fundamental para la estrategia de la AFA: la ubicación legal de su sede.
    Claudio “Chiqui” Tapia busca trasladar la sede de su histórica sede en la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, a Pilar, donde también se encuentra la mansión vinculada a Toviggino. Este cambio implicaría que la entidad quede bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, en lugar de la órbita nacional. Este traslado genera una disputa con el gobierno de Javier Milei.
    La Cámara Civil aprobó el traslado a Pilar, pero el gobierno, a través de la Inspección General de Justicia, apeló ese fallo para que intervenga la Corte Suprema. La Cámara tiene pendiente la resolución de dicha apelación, y si no la acepta, el gobierno podría recurrir al máximo tribunal por otra vía.

  • El Gobierno busca que la Corte frene la mudanza de la AFA al predio vacío de Pilar

    El Gobierno busca que la Corte frene la mudanza de la AFA al predio vacío de Pilar

    La Sala D de la Cámara Nacional en lo Civil debe resolver en los próximos días si permite que la disputa judicial sobre la mudanza de la sede social de la AFA a un predio baldío en Pilar llegue a la Corte Suprema. El Gobierno nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Procuración del Tesoro de la Nación, cuestiona esta relocalización, que impacta contra los intereses del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

    En un recurso extraordinario de 37 páginas, firmado por la apoderada de la IGJ, representantes del Ministerio de Justicia y el procurador Sebastián Amerio —colaborador cercano del asesor presidencial Santiago Caputo—, se sostiene que la decisión de la Cámara “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instaurando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora mediante la relocalización de domicilios ficticios”.
    Desde la representación del Estado Nacional se argumenta que la justicia civil validó equivocadamente un cambio de domicilio dispuesto unilateralmente por la AFA, con el objetivo de eludir el control societario de la IGJ. Esta había detectado importantes irregularidades en la documentación de la entidad deportiva, así como falta de información administrativa y financiera clave en varios balances, algunos de los cuales no se presentaron, a pesar de ser de cumplimiento legal obligatorio.
    Los apoderados solicitan a la Corte que intervenga sobre la base de cinco agravios federales que, a su juicio, justifican su participación en el expediente. Entre ellos, destacan la “arbitrariedad” de la sentencia de la Cámara Civil que avaló la mudanza de la AFA.
    Por su parte, la AFA argumentó que “no existe cuestión federal alguna que habilite la competencia excepcional de la Corte” y agregó que la sentencia de los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset “no negó las facultades legales de la IGJ, ni declaró la invalidez de las normas que las establecen, ni privó al organismo de ninguna de sus atribuciones”, sino que simplemente evaluó “si, en las circunstancias concretamente comprobadas en la causa, dichas facultades fueron ejercidas dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico”.
    Precisamente, ese es el planteo del Gobierno: que Tapia y su equipo manipularon un supuesto cambio de sede para eludir los controles de la IGJ.
    La controversia central gira en torno al traslado de la entidad desde su histórica sede en la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, hacia un predio en Pilar. Se habla de predio más que de inmueble, ya que en la dirección señalada como nueva sede de la AFA sólo hay un cartel clavado en medio del pasto, reflejo de la rapidez con la que se buscó, presuntamente, evadir la supervisión nacional.
    El traslado fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General de la AFA el 17 de octubre de 2024 y luego inscripto por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. La Cámara Nacional en lo Civil consideró que el control sobre la legalidad de la Asociación pasó a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la IGJ no convalidó esta decisión, dado que su aprobación —mediante la validación de todos los balances y documentación— es requisito indispensable para que la transferencia de jurisdicción no sea considerada fraudulenta.
    El Estado nacional argumentó que el fallo que respaldó la mudanza “convalidó un domicilio provincial por encima de la realidad fáctica constatada por los inspectores del Estado” y cuestionó que se haya aceptado el traslado pese a la “inexistencia de oficinas reales de administración de la AFA en Pilar al momento de la fiscalización”.
    En respuesta, la AFA afirmó que la acusación carece de fundamento y sostuvo que, una vez inscrito el cambio de jurisdicción por la autoridad bonaerense, el control permanente sobre la entidad “quedó radicado en la provincia de Buenos Aires y ya no en la órbita nacional”.
    Además de solicitar que no se conceda el recurso extraordinario, la AFA advirtió que, en caso de que la Cámara habilite la instancia federal, pedirá a la Corte Suprema que confirme el fallo que anuló la Resolución Particular 140/26 de la IGJ, así como la resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que había designado veedores en la AFA por un plazo de 180 días.

  • Corrupción en la AFA: ya pasaron 14 jueces por la causa de la Mansión de Pilar y no hubo ninguna definición de fondo

    Corrupción en la AFA: ya pasaron 14 jueces por la causa de la Mansión de Pilar y no hubo ninguna definición de fondo

    Desde el inicio de la causa por la compra de la mansión de Pilar, en diciembre pasado, han intervenido 14 jueces distintos, entre quienes investigaron el expediente y quienes resolvieron sobre la competencia jurisdiccional. Tras múltiples idas y vueltas, apelaciones y cambios de tribunal, hasta ahora no se ha logrado una definición sobre los responsables ni se ha determinado si existió lavado de dinero.

    A lo largo del proceso se realizaron allanamientos, declaraciones testimoniales y un peritaje contable en curso para establecer si la propiedad pertenece efectivamente a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Paralelamente, se libró una prolongada discusión judicial acerca de qué juzgado debía encargarse del caso. Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que la causa vuelva al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
    El expediente se abrió tras la denuncia presentada en diciembre pasado por la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, que solicitó investigar la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, que cuenta con 105 metros cuadrados, helipuerto, cancha de pádel, pileta, varios galpones y un depósito para autos.
    La propiedad figura a nombre de Real Central, empresa vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, jubilada, quienes no tendrían capacidad económica para adquirirla. Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown.
    El caso inicialmente quedó a cargo del juez federal de Comodoro Py Daniel Rafecas, quien remitió la causa al fuero Penal Económico por el tipo de delito investigado. Sin embargo, Javier López Biscayart, a cargo del juzgado 10 Penal Económico, rechazó ese criterio y devolvió el expediente a Rafecas. Posteriormente, Rafecas allanó la propiedad, donde encontró un bolso con identificación de la AFA y una placa del club Barracas Central a nombre de Toviggino. Además, en el galpón había 54 vehículos de lujo y de colección con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero.
    La controversia sobre la competencia fue resuelta por Leopoldo Bruglia, juez de la Cámara Federal, quien determinó que la causa debía seguir en el fuero Penal Económico, retornando al juzgado 10, donde ya se desempeñaba Marcelo Aguinsky. Este juez planteó la hipótesis de que la mansión podría haber sido adquirida con fondos de la AFA provenientes de una gestión fraudulenta. En su investigación determinó que Pantano disponía de una tarjeta corporativa de la AFA con la que realizaba gastos mensuales por 50 millones de pesos, incluyendo pagos de peajes de los autos vinculados a la mansión, pese a no ser empleado de la asociación.
    En enero, la defensa de Pantano y Conte solicitó al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, hacerse cargo del expediente, argumentando que Pilar es su jurisdicción. González Charvay solicitó el expediente a Aguinsky, quien se negó a cederlo. La Cámara Federal de San Martín respaldó a González Charvay, basándose, entre otros argumentos, en que la sede de la AFA, aunque trasladada a Pilar, aún permanecía en un terreno baldío.
    El juez González Charvay realizó un allanamiento en la AFA para obtener documentación y ordenó alrededor de treinta medidas probatorias, incluyendo un peritaje contable para analizar los fondos de la AFA desde 2019 y determinar si se usaron para la compra de la mansión. Sin embargo, los fiscales del caso apelaron esta resolución para que la causa vuelva al fuero Penal Económico. La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Ángela Ledesma y Javier Carbajo, decidió que esa determinación debía ser tomada por la Cámara Penal Económico. Esta última, con los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, ordenó en junio que la investigación retornara al juzgado 10, ahora bajo la magistratura de Verónica Straccia, quien delegó la pesquisa en el fiscal Claudio Navas Rial.
    La defensa de Pantano y Conte apeló nuevamente para que el expediente regresara a Campana. El fiscal Mario Villar sostuvo que la causa debía continuar en el fuero Penal Económico. La discusión central sigue siendo qué tribunal es competente para investigar un supuesto lavado de dinero.
    Este viernes, la Cámara Federal de Casación Penal intervino nuevamente. Los jueces Diego Barroetaveña —quien fue presidente del tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre, cuando se inició la causa—, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar resolvieron, por mayoría, que el caso debe volver al juzgado de Campana. Slokar votó en disidencia al considerar que no correspondía tratar la apelación.
    Con esta decisión, el expediente tendrá un nuevo regreso a Campana, aunque no necesariamente será definitivo, ya que el fallo de Casación puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que podría sumar tres jueces más al tratamiento del caso.
    Este complejo entramado judicial refleja las dificultades y dilaciones que enfrenta la investigación, atrapada en un laberinto institucional que, en múltiples ocasiones, ha impedido avanzar hacia una resolución de fondo.

  • Confirman que la Justicia de EE.UU. investiga giros sospechosos de la AFA que podrían ser encuadrados como lavado, evasión o fraude bancario

    Confirman que la Justicia de EE.UU. investiga giros sospechosos de la AFA que podrían ser encuadrados como lavado, evasión o fraude bancario

    Confirman que la Justicia de EE.UU. investiga giros sospechosos de la AFA que podrían ser encuadrados como lavado, evasión o fraude bancario

    El empresario Guillermo Tofoni confirmó la existencia de una investigación preliminar del FBI y de tres fiscales de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y fraude bancario relacionados con los millonarios movimientos financieros entre la empresa TourProdEnter, radicada en Miami y dirigida por Javier Faroni, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

    Hasta ahora, fuentes bajo estricta reserva habían ratificado la existencia del expediente, pero fue el propio Tofoni quien, en una entrevista para el programa “¿La Ves?” conducido por Jonatan Viale en TN, afirmó que “sí existe una investigación que es confidencial. Negarlo es como querer esconder un elefante en una cristalería”.
    Por razones de confidencialidad, Tofoni evitó confirmar si la semana pasada fue entrevistado en Miami por agentes del FBI y el fiscal federal de ese distrito, Michael Berger. Solo señaló que viajó a Estados Unidos para participar en un seminario del Interamerican Institute for Democracy. “El tema es serio y lo hemos tratado con muchísima responsabilidad. Para mí representa una responsabilidad inmensa. Creo que hay que tener cuidado porque, de lo contrario, no se podría haber llegado hasta acá. Sé perfectamente dónde estoy parado”, sostuvo. Según se informó, los agentes del FBI ya trabajan en una lista de posibles testigos antes de abrir una causa formal.
    Tofoni, quien obtuvo el discovery en la Justicia estadounidense que demostraría el desvío de unos 40 millones de dólares de más de 300 millones recaudados por TourProdEnter —documentación que sustenta las investigaciones abiertas en Argentina y Estados Unidos— explicó que “lo que nosotros vimos tiene toda la trazabilidad financiera. Por eso insisto con esa palabra: trazabilidad, porque todo se puede rastrear. Se puede seguir día, hora y recorrido de los movimientos financieros sospechosos”.
    El empresario logró acceder a ese discovery tras abrir una causa por fraude contra la AFA por la rescisión de un contrato para organizar partidos amistosos de la selección argentina, que tenía vigencia hasta 2030.
    Por su parte, María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), estimó a Clarín que los giros y desvíos de dinero desde TourProdEnter hacia distintos destinos, luego de recibir pagos de Adidas y Warner, podrían encuadrarse en figuras como lavado de dinero, evasión impositiva o fraude bancario.
    El diario Miami Herald informó que, debido a que “las transacciones involucraron bancos estadounidenses y entidades registradas en Florida, el caso ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses”. Adidas y otros patrocinadores de la selección argentina depositaron fondos en cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, Synovus Bank, JPMorgan Chase Bank y Citibank. Posteriormente, aproximadamente 40 millones de dólares habrían sido desviados hacia sociedades vinculadas como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
    El Herald añadió que “los investigadores del Departamento de Justicia y del FBI están examinando si se violó alguna ley federal, incluidas las vinculadas con el lavado de dinero o la información financiera, mientras continúa la cooperación transfronteriza entre agencias estadounidenses y argentinas”.
    Ante la consulta del diario, la oficina del FBI en Miami declinó hacer comentarios sobre la investigación o incluso sobre su existencia. En el lenguaje habitual de las agencias federales de Estados Unidos, esta negativa suele interpretarse como una confirmación indirecta de que existe algún tipo de investigación en curso.
    La pesquisa en Estados Unidos comenzó a gestarse en 2025 a partir de la intervención de tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington D.C., y Michael Berger, en el Distrito Sur de Florida. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y ha participado en investigaciones relacionadas con delitos financieros transnacionales. Berger, por su parte, condujo el caso que terminó con la condena en Miami del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Pólit Faggioni por lavado de activos, entre otros expedientes de relevancia internacional.
    El ex vicepresidente de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici, explicó por qué, hasta ahora, salvo en la causa por presunta retención ilegal de impuestos que instruye el juez Diego Amarante, Claudio Tapia y Pablo Toviggino permanecen sin avances significativos en las distintas investigaciones abiertas en Argentina.
    “El fútbol argentino concentra una enorme cantidad de recursos económicos, capacidad de movilización social, influencia política y prestigio simbólico. Es lógico que el poder quiera acercarse al fútbol. Lo preocupante es cuando el fútbol también comienza a necesitar del poder para garantizar su propia supervivencia”, afirmó.
    “En ese momento, la relación deja de ser institucional y comienza a organizarse alrededor de favores, influencias y conveniencias recíprocas. Y ahí aparece la corrupción”, agregó.
    Federici, especialista en prevención del lavado de dinero, sostuvo que “muchas veces imaginamos la corrupción como un funcionario recibiendo dinero en un sobre. Esa imagen existe, pero representa apenas una parte del problema. La corrupción más dañina es mucho menos visible”.
    “Es aquella que consigue condicionar a las instituciones llamadas a controlarla. Es la que busca influir sobre los organismos de investigación, neutralizar los mecanismos de rendición de cuentas, debilitar los controles internos o generar incentivos para que determinadas investigaciones nunca avancen. La corrupción necesita dinero. Pero necesita todavía más impunidad. Y la impunidad no aparece sola. La impunidad se construye”, remarcó.
    “Por eso creo que el fútbol termina siendo un espejo extraordinario de nuestra realidad en Argentina. Porque allí aparecen todos los dilemas que hoy atraviesan al país: concentración

  • Toviggino ahora le pidió a la Justicia que borren de X a uno de los denunciantes de la corrupción en AFA que destapó la lujosa mansión de Pilar

    Toviggino ahora le pidió a la Justicia que borren de X a uno de los denunciantes de la corrupción en AFA que destapó la lujosa mansión de Pilar

    Toviggino ahora le pidió a la Justicia que borren de X a uno de los denunciantes de la corrupción en AFA que destapó la lujosa mansión de Pilar

    Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, investigado por la Justicia en varias causas por presuntas irregularidades en el manejo del dinero del fútbol argentino, solicitó judicialmente que se elimine de la red social X la cuenta de uno de sus denunciantes, el legislador porteño Facundo Del Gaiso, para impedir que lo mencione nuevamente en esa plataforma.

    A través de un escrito presentado por su abogado defensor, Gregorio Dalbón, Toviggino requirió “la suspensión y/o desactivación de la cuenta identificada como @FacundoDelGaiso en la plataforma X (https://x.com/FacundoDelGaiso)”. En otras palabras, pidió que desconecten al legislador de la red social, antes conocida como Twitter, donde Del Gaiso expone minuto a minuto sus hallazgos sobre manejos irregulares en la conducción del fútbol argentino.
    Dalbón también solicitó la prórroga de la medida cautelar dictada por el Juzgado Criminal y Correccional N°13 el 9 de abril pasado, que impone por tres meses una fuerte restricción de contacto de Del Gaiso con Toviggino. El fallo, firmado por el juez Diego Slupski, prohibió al legislador comunicarse con el tesorero de AFA “por cualquier medio, ya sea telefónico, digital, redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro formato que permita la interacción directa o indirecta”. Asimismo, incluye la prohibición de contacto digital o tecnológico, incluso la captación y reproducción de imágenes del domicilio, vehículos, actividades o vida cotidiana de cualquier miembro de la familia de Toviggino.
    La sentencia también impuso una prohibición de acercamiento al domicilio familiar de la mano derecha de Tapia, ubicado en Pilar, a pocos kilómetros de la lujosa mansión en Villa Rosa que es el epicentro de la primera denuncia presentada por Del Gaiso, Elisa Carrió y Matías Yofe, dirigentes de la Coalición Cívica, instrumento que puso bajo la lupa judicial a la AFA.
    La restricción incluye también los lugares de trabajo de Toviggino, lo que impide que el legislador se acerque a menos de 500 metros de las oficinas de la entidad.
    El origen de la causa se remonta a diciembre de 2025, cuando Del Gaiso, Carrió y Yofe denunciaron ante la Justicia que Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, un monotributista y una jubilada, figuran como propietarios de una imponente propiedad en Villa Rosa, Pilar, que cuenta con helipuerto, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, un garaje con autos de colección e instalaciones deportivas múltiples.
    En la denuncia, plantearon dudas sobre el verdadero rol de Pantano y su madre, solicitando que se investigue si actúan como presuntos testaferros de las autoridades de la AFA. Como parte de las pruebas, aportaron un mensaje en X de Carlos Tévez que señalaba a Pablo Toviggino y vinculaba al dirigente con la mansión: “Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, Toviggino. Además de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Baba”, escribió el ícono xeneize el 5 de marzo de 2024.
    La Justicia vinculó estos hechos y comprobó que Tévez adquirió el terreno en julio de 2017 sin construir nada; en 2023 le vendió el predio a la empresa Malte, con nexos societarios y directivos relacionados con el emporio de Toviggino; y que Malte luego vendió la propiedad a Real Central SRL, firma de Pantano y su madre, el 30 de mayo de 2024.
    El avance de la investigación y la aparición de nuevas pruebas llevaron a Del Gaiso y Yofe a ampliar su denuncia, incorporando a Toviggino. A partir de ello, el tesorero, a través de Dalbón, apuntó contra los dirigentes de la Coalición Cívica y varios periodistas, y solicitó medidas cautelares para que no se lo mencione más.
    En abril, logró una cautelar que estableció un “bozal legal” para silenciar a Del Gaiso, medida que fue cuestionada por vulnerar la libertad de expresión al configurar una censura previa. El juez argumentó que “la prohibición de contacto digital o tecnológico no puede interpretarse de manera extensiva como una censura previa ni como una limitación autónoma a la libertad de expresión, pues su alcance se encuentra estrictamente circunscripto a evitar interacciones -directas o indirectas- respecto de las personas protegidas por la medida”.
    Paralelamente, junto con Tapia, consiguieron una medida cautelar otorgada en mayo por el juez Walter Saettone, titular del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, que impuso prohibición de contacto a Del Gaiso, Yofe y media docena de periodistas, todos denunciados por supuesta extorsión agravada.
    En medio del Mundial 2026, días antes del partido en que Argentina remontó y derrotó 3-2 a Egipto, Dalbón reforzó el pedido de prórroga de la primera cautelar y, además, solicitó judicialmente que se elimine la cuenta de Del Gaiso en X, para impedir que siga hablando de Toviggino en esa red social.
    Este reclamo

  • En otro polémico fallo, la Cámara Civil avaló el cambio de domicilio de la AFA a Provincia y anuló los veedores

    En otro polémico fallo, la Cámara Civil avaló el cambio de domicilio de la AFA a Provincia y anuló los veedores

    En otro polémico fallo, la Cámara Civil avaló el cambio de domicilio de la AFA a Provincia y anuló los veedores

    La Cámara Nacional en lo Civil avaló este jueves el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y anuló una resolución del Ministerio de Justicia que había designado veedores en la entidad madre del fútbol argentino.

    El tribunal sostuvo que, tras la modificación del domicilio social de la AFA a Pilar, Provincia de Buenos Aires, resuelta en Asamblea en 2024 y registrada en esa jurisdicción, el control de la legalidad y las facultades de fiscalización corresponden ahora a la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense. Así lo resolvieron los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset.
    La controversia se originó luego de que la Asamblea General de la AFA aprobara por unanimidad el cambio de domicilio social a la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la inscripción de esta reforma estatutaria y la baja de la matrícula de la entidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, impulsó medidas de fiscalización y ordenó la veeduría sobre la asociación ante supuestas irregularidades en su funcionamiento.
    Ante estas decisiones, la Cámara admitió las quejas presentadas por la AFA, presidida por Claudio Tapia, y declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el inspector general de Justicia el 18 de febrero de 2026. En consecuencia, canceló la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ. Asimismo, anuló la resolución RESOL-2026-128-APN-MJ dictada el 16 de marzo de 2026 por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, que había designado veedores por 180 días hábiles.
    La Cámara consideró que la IGJ excedió sus facultades al revisar decisiones ya convalidadas por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, organismo que autorizó el cambio de domicilio. Los magistrados indicaron que, una vez aceptada la radicación de la AFA en la Provincia de Buenos Aires, la fiscalización y el control de legalidad quedaron bajo la órbita bonaerense, por lo que la IGJ carecía de competencia para cuestionar el nuevo domicilio o realizar inspecciones para verificar la sede declarada.
    En el fallo, los jueces afirmaron que “la IGJ se erigió por encima de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, desatendiendo no solo un acto administrativo válido, sino también ejercitando facultades revisoras y fiscalizadoras sobre su par”. Además, advirtieron que admitir la postura de la IGJ implicaría someter a la misma entidad al control simultáneo de dos organismos estatales distintos, lo cual consideraron incompatible con el sistema federal y con los principios del derecho administrativo.
    Respecto de la veeduría instaurada en marzo de 2026, la Cámara determinó que era inválida, ya que se apoyaba en la resolución previamente anulada de la IGJ. En ese sentido, subrayó que, con el registro de la AFA en la Provincia de Buenos Aires, la IGJ perdió competencia para fiscalizarla, y por ende el Ministerio de Justicia carecía de autoridad para disponer la intervención.
    Cabe recordar que en abril el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ratificó la designación de los veedores, aunque uno de los abogados designados para acompañar la veeduría, Agustín Ortiz de Marco, renunció poco después de su nombramiento.
    La veeduría, dispuesta originalmente por 180 días, tenía como objetivo revisar aspectos claves del funcionamiento institucional de la AFA, incluyendo las cuentas, las transferencias y el proyecto fallido de la universidad vinculada a la entidad.
    En conclusión, para la Cámara Nacional en lo Civil, la AFA debe estar bajo la supervisión exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires, y no bajo el control simultáneo de la IGJ y el Ministerio de Justicia, confirmando así el cambio de domicilio de la entidad y dejando sin efecto las medidas de fiscalización impuestas por la IGJ y el Ministerio.

  • Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca

    Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca

    Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca

    Los peritajes contables y de tasación ordenados por el juez de Zárate, Adrián González Charvay, revelaron hallazgos clave en la causa principal por corrupción en la AFA, entre ellos tres departamentos en la Ciudad de Buenos Aires y la casa que Carlos Tevez le vendió a Claudio “Chiqui” Tapia en el barrio Sofitel. A estos se suman la mansión de Pilar, dos viviendas en el barrio privado Ayres Plaza y una colección de 51 vehículos de alta gama y autos de colección.

    Mientras la Cámara en lo Penal Económico define qué juez quedará a cargo de la causa relacionada con la mansión valuada en 17 millones de dólares, atribuida al tesorero de la AFA, fuentes judiciales informaron a Clarín que González Charvay ya dispone de informes financieros detallados sobre Tapia, Pablo Toviggino y las empresas satélite vinculadas al tesorero. Por primera vez, un juez incorporó a Lucas Juan Labbad, ex gerente general de Boca Juniors, a la investigación.
    La tasación solicitada a peritos de la Corte abarca una valuación a precio de mercado de todos los bienes inhibidos, incluida la mansión de Pilar y los objetos hallados en su interior —como esculturas y pinturas— correspondientes al período 2019-2026.
    El magistrado también requirió a los peritos contadores de la Corte una experticia especializada que, a partir de la documentación reunida, detalle las personas físicas y jurídicas que participaron en cada operación.
    La hipótesis judicial sostiene que las empresas relacionadas con Toviggino no habrían generado recursos lícitos suficientes para justificar el patrimonio acumulado, y que los fondos habrían sido desviados de la AFA, según las fuentes consultadas.
    El juez busca recopilar pruebas del delito precedente al lavado de dinero, específicamente una presunta administración infiel de la AFA, para avanzar posteriormente en la investigación sobre el supuesto blanqueo de esos fondos.
    Los inmuebles incluidos en los peritajes son:
    – Dos casas en el barrio privado Ayres Plaza, adquiridas por Real Central SRL el 5 de septiembre de 2024 a la empresa Wicca SAS. Según la causa, el presunto testaferro Luciano Pantano utilizaba una tarjeta de la AFA para cubrir gastos.
    – El terreno donde se construyó la mansión de Pilar, adquirido por Central Park Drinks SRL —hoy Real Central SRL— a Malter SRL el 30 de mayo de 2024.
    – Otro terreno en Pilar comprado por Real Central el 4 de agosto de 2025 a Transur SA.
    – La parcela 3 de Estación Río Luján, en Campana —barrio cerrado Diciembre SA—, adquirida por Claudio Fabián Tapia a Carlos Alberto Tevez el 11 de febrero de 2019.
    – La parcela 74 de Estación Río Luján, en Campana, adquirida por Tapia el 20 de agosto de 2020.
    – Tres departamentos en el edificio ubicado en Pampa al 1900, esquina Tres de Febrero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquiridos por Real Central SRL el 28 de agosto de 2024.
    Además, el juez solicitó a todos los escribanos intervinientes copias de las escrituras y los consultó sobre la realización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
    Respecto a la conocida tarjeta American Express emitida a nombre de Pantano, la Justicia ya posee los registros completos de sus gastos, considerados fundamentales para determinar la presunta administración infiel. Esa tarjeta habría financiado expensas de las casas en Ayres Plaza, seguros de vehículos y otros gastos personales no vinculados a la AFA.
    Pantano figura como titular de la mansión de Pilar, aunque para los investigadores es un allegado de Toviggino sin capacidad económica para afrontar tal inversión. Su madre, Ana Conte —otra socia de Real Central—, es una jubilada y ex empleada doméstica, en condiciones económicas similares, según fuentes judiciales.
    La tarjeta American Express constituye una de las primeras evidencias del presunto fraude contra la entidad madre del fútbol argentino. A ella se suman facturas apócrifas emitidas por la AFA por servicios supuestamente inexistentes, una maniobra denunciada por ARCA.
    El fiscal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, solicitó además la incorporación de informes de la PROCELAC y requirió a las municipalidades de Pilar y Campana el historial de pagos de tasas de esos inmuebles.
    La investigación también busca establecer si hubo robo o extravío de balances y documentación respaldatoria de ingresos y egresos de la AFA, tras un allanamiento en la sede histórica de Viamonte 1366, con el objetivo de reunir más pruebas sobre la presunta administración infiel.
    Con demoras, González Charvay espera los peritajes solicitados a expertos de la Corte para decidir si cita a indagatoria a Luciano Pantano, Toviggino y Tapia, aunque ya habría detectado inconsistencias significativas. Los retrasos se deben a que el juez amplió su pedido original incluyendo más inmuebles y bienes, según fuentes judiciales.
    Esta estrategia permitió que los imputados llegaran hasta el inicio del Mundial, previsto para el 11 de junio en Estados Unidos, sin recibir citaciones a indagatoria, en contraste con la postura del juez Marcelo Aguinsky, que avanzaba con un ritmo más acelerado y analizando las pruebas individualmente.
    La causa, que pasó al juzgado de Zárate-Campana el 20 de enero pasado, permanece allí a la espera

  • Verón, Di Carlo y ahora Diego Milito: el detrás de escena de la declaración de guerra contra la AFA de Chiqui Tapia y ¿un lanzamiento político?

    Verón, Di Carlo y ahora Diego Milito: el detrás de escena de la declaración de guerra contra la AFA de Chiqui Tapia y ¿un lanzamiento político?

    Verón, Di Carlo y ahora Diego Milito: el detrás de escena de la declaración de guerra contra la AFA de Chiqui Tapia y ¿un lanzamiento político?

    Diego Alberto Milito estalló en el palco de la delegación visitante en el Gigante de Arroyito. Tras la eliminación de Racing frente a Rosario Central, bajó al vestuario y se plantó frente a Gustavo Costas y los futbolistas, comunicándoles con determinación: “Hablo yo”. Sus colegas de la Comisión Directiva ya anticipaban lo que ocurriría: romper con la AFA y declarar la guerra a Claudio “Chiqui” Tapia.

    Cada vez más dirigentes se animan a cuestionar a Tapia, quien enfrenta complicaciones judiciales mientras se ocupa de preparar a la Selección argentina de cara al próximo Mundial. “El fútbol argentino está roto. Tenemos que empezar a hablar. A mí me miran de reojo porque no soy del ambiente, más allá de venir del fútbol. Pero invito a los dirigentes y a los jugadores a reconstruir nuestro fútbol”, afirmó Milito en un duro comunicado difundido por el club en sus redes sociales.
    Milito aseguró: “Hay que empezar a decir las cosas: hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente. Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un…”.
    Los hinchas de Racing venían reclamándole a Milito que diera la cara, ya que se sintieron perjudicados a lo largo del semestre y el presidente nunca se había pronunciado públicamente. Esa noche en Rosario marcó un quiebre.
    Se especulaba que Milito estaba alineado con Juan Sebastián Verón, el primero en enfrentar a Tapia tras el “espaldazo” de Estudiantes a Rosario Central, y con Stefano Di Carlo, presidente de River, quien decidió que su club no participe más en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA. Ese sería el próximo paso que podría tomar Racing.
    Verón expresó a Clarín el año pasado: “Tapia y Toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas”. Su bronca está dirigida al sistema del fútbol argentino. Señaló también que dejaron de asistir a las reuniones del Comité porque no observaban mejoras en el fútbol nacional, a pesar de la disolución de la Liga Profesional.
    “No sé si estamos solos, posiblemente haya algunos más que consideren lo mismo y a otros les quede cómodo”, había advertido Verón en noviembre de 2025, una reflexión que el tiempo validó con la postura de River.
    En marzo último, la dirigencia de River emitió un comunicado en el que anunció que no seguiría participando en las reuniones del Comité Ejecutivo, debido a su desacuerdo con los procedimientos y mecanismos en la toma de decisiones sobre el fútbol argentino.
    El texto explicaba: “Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva”.
    Di Carlo aclaró después: “No lo vivimos como una guerra con nadie. Nosotros estamos a favor de las sociedades civiles sin fines de lucro y así lo hemos dicho siempre. El oficialismo va a velar siempre por ello. Por lo cual es muy importante que esto no se enmarque en otras peleas de otro tipo con otros sectores que a nosotros no nos interesa”.
    De esta manera, se perfila un eje conformado por Estudiantes, River y Racing, con Verón, Milito y Di Carlo como principales referentes de la oposición a la AFA. Se espera que este bloque sirva como escudo para dirigentes dispuestos a plantarse frente a “Chiqui” Tapia. Una nueva etapa conflictiva comienza en el fútbol argentino, cuyo próximo capítulo podría incluir una defensa en redes sociales de Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia, quien también debe responder ante la Justicia.

  • Evasión impositiva en la AFA: Tapia y Toviggino apelaron sus procesamientos y se empieza a definir si van a juicio oral

    Evasión impositiva en la AFA: Tapia y Toviggino apelaron sus procesamientos y se empieza a definir si van a juicio oral

    Evasión impositiva en la AFA: Tapia y Toviggino apelaron sus procesamientos y se empieza a definir si van a juicio oral

    El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, apelaron sus procesamientos en la causa por la retención indebida de impuestos y aportes previsionales que les dictó el juez en lo Penal Económico Diego Amarante.Los jefes de la AFA y los otros tres dirigentes procesados buscarán mejor suerte en la Cámara Penal Económico a donde llevarán sus procesamientos para que sean revisados. Y así la causa entrará en una nueva etapa y que será clave: si la Cámara ratifica los procesamientos, Tapia y Toviggino quedarán en condiciones de ser enviados a juicio oral.Junto con Tapia y Toviggino también apelaron el gerente general de la AFA, Gustavo Álvarez, el secretario general, Cristina Malaspina, y el ex secretario general Víctor Blanco. Los cinco fueron procesados la semana pasada por el juez Amarante por delitos de apropiación indebida de tributos agravado y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado. En el caso de Tapia y Toviggino fue por 34 hechos de apropiación de tributos y 17 de aportes de la seguridad social. Además, el magistrado les ratificó la prohibición de salida del país y le dictó un embargo de 350 millones de pesos.»Se encuentra acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la participación dolosa de Claudio Fabián Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Gustavo Roberto Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Ariel Malaspina -estos dos últimos, según el período de intervención que en cada caso se encuentra acreditado en autos- en los hechos investigados», sostuvo el magistrado en su resolución de 140 páginas.Concretamente, los dirigentes no pagaron en plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y retención de aportes desde marzo de 2024 a septiembre de 2025 cuando la AFA contaba con fondos suficientes para hacerlo. En el caso de Tapia, el juez destacó que  como presidente de la entidad es el titular de las cuentas bancarias y quien tiene la clave fiscal de la AFA.La defensa de los dirigentes es que esa deuda está regularizada porque parte ya se abono, inclusive con intereses, y otra está en un plan de pagos. También que hasta mitad de año hay vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación que impiden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles como la AFA y por si no se pueden ejecutar, tampoco reclamar.Las apelaciones serán revisadas por la Cámara en lo Penal Económico, un tribunal de seis jueces en el que hoy hay solo dos. Son Roberto Hornos y Carolina Robigilio. El gobierno de Javier Milei busca cubrir otros dos cargos y envió al Senado los pliegos de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway. Dependiendo los tiempos del Senado en el tratamiento de sus nominaciones, podrían intervenir en el caso.Pero en principio la decisión será de Hornos y Robiglio, quienes la semana pasada tomaron una primera decisión en la causa. Ratificaron la prohibición de salida del país de Tapia y Toviggino que calificaron de “razonable” con un procesamiento dictado.Lo que resuelva la Cámara será fundamental. Si ratifican los procesamientos de los dirigentes la causa quedará en condiciones de ser enviada a juicio oral y público si el juez de primera instancia entiende que no queda más por investigar. Las defensas igual pueden apelar para que intervenga la Cámara Federal de Casación Penal.El tribunal tiene otras cuestiones por resolver. Una de ellas es un planteo de los acusados para ser sobreseídos porque sostienen que no cometieron delito.

  • Corrupción en la AFA: la empresa de Javier Faroni es la dueña del avión de lujo que usó el «Chiqui» Tapia

    Corrupción en la AFA: la empresa de Javier Faroni es la dueña del avión de lujo que usó el «Chiqui» Tapia

    Corrupción en la AFA: la empresa de Javier Faroni es la dueña del avión de lujo que usó el «Chiqui» Tapia

    Hasta ahora, continuaba el misterio acerca de quién es el dueño del Gulfstream G400, modelo GLF4, matrícula T7-SUE, MSN (número de serie, por sus siglas en inglés): 1522, de 2003, registrado en San Marino, que usó casi exclusivamente el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia y, también, Pablo Ariel Toviggino, mano derecha y tesorero de la organización.El avión fue inscripto en 2023 en uno de los cinco países sin aeropuerto y, más importante aún, sin registros públicos. A esto hay que sumarle que solicitaron el bloqueo del seguimiento en las aplicaciones de rastreo como, por ejemplo, FlightRadar24 y AirNav Radar. Lo llamativo es que se tomaron el trabajo de contactar a más de siete empresas que brindan el servicio. La aeronave era casi indetectable.De acuerdo con la investigación de Clarín, que fue publicada a mediados de diciembre, entre agosto de 2023 y febrero de 2025, el avión registrado en San Marino voló a requerimiento del presidente de la AFA.Pero hasta el secreto más alto termina por tocar tierra. La aeronave Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, modelo 2003, que estuvo registrada anteriormente en Estados Unidos como N251DV, N522GA, N854SD, N232ZK y N973LL fue comprada por TourProdEnter LLC, de Javier Horacio Faroni y su esposa, Erica Gabriela Gillette, por USD 6 millones, en agosto de 2023, y registrada en San Marino, con la matrícula T7-SUE.A través de fuentes aeronáuticas y documentales, Clarín reconstruyó cómo Faroni y su esposa, Gillette, compraron el avión de lujo, lo registraron en San Marino y pusieron a una empresa de Paraguay como operador de la aeronave.Cómo TourProdEnter LLC adquirió el aviónEn el mundo de la aeronáutica privada, especialmente en Estados Unidos y Europa, una llamada cuenta escrow es prácticamente obligatoria. Adquirir un avión, nuevo o usado, no es como comprar un automóvil; los montos ascienden a varios millones de dólares, la regulación es internacional y hay muchas potenciales “trampas” legales que sortear. En otras palabras, el agente escrow actúa como el corazón de la operación.El comprador, TourProdEnter LLC, presentó una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés), que es la oferta formal. En esta se detalló el precio propuesto, el monto del depósito en garantía y las condiciones principales de la venta. Como ambas partes estuvieron de acuerdo, se firmó un contrato en el que, entre otras cuestiones, se estableció un periodo de exclusividad para avanzar con la operación.TourProdEnter LLC y el vendedor eligieron a Insured Aircraft Title Service (IATS), una de las firmas más antiguas y grandes del mundo, que se dedica específicamente a la gestión de títulos de propiedad y servicios escrow para la industria de la aviación. La compañía fue fundada en 1963 y tiene su sede en la ciudad de Oklahoma -cerca del registro de aeronaves de la Federal Aviation Administration (FAA)-, capital del estado homónimo.Insured Aircraft Title Service (IATS) es una empresa líder a nivel mundial en servicios de titularidad de aeronaves y depósitos en garantía, con más de 60 años de experiencia. No se dedican a otra cosa.Desde hace 63 años, IATS se especializa en brindar seguridad jurídica y financiera a la industria de la aviación. Su objeto principal es actuar como un tercero neutral y profesional para facilitar la compra, venta y financiación de aeronaves en todo el mundo. Gracias a su trayectoria y ubicación estratégica la empresa garantiza que la transferencia de títulos y el registro de documentos se realicen de manera ágil y de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales.Sus servicios abarcan la gestión integral de cuentas de escrow (depósito en garantía) para el resguardo de fondos y documentos, la realización de búsquedas de títulos para asegurar que las aeronaves estén libres de gravámenes, y la presentación oficial de documentos ante autoridades como la FAA u otros organismos registrales internacionales.Todos los servicios que brinda Insured Aircraft Title Service (IATS) giran en torno a la compra y venta de aeronaves.A continuación, IATS abrió una cuenta de “depósito en garantía (escrow)”. Faroni y Gillette, dueños de la empresa compradora, tuvieron que realizar un depósito que, usualmente oscila entre el 5% y el 10% del valor total de la operación, que quedó bajo custodia de IATS, hasta el cierre de la transacción. Esta se realizó el 24 de febrero de 2023, cuando TourProdEnter LLC realizó la primera transferencia, por medio millón de dólares.Luego, IATS llevó a cabo una investigación exhaustiva en los registros de la FAA y en el registro internacional (si aplica), para verificar que el avión no tuviera embargos, deudas pendientes o problemas legales que impidiesen la transferencia.Después, la aeronave fue trasladada a un centro de mantenimiento independiente, para una revisión técnica detallada, denomina Inspección de Pre-compra (PPI, por sus siglas en inglés). En esta se evaluó el estado del fuselaje, motores, aviónica y se revisaron meticulosamente los libros de registro (logbooks, en inglés), para confirmar que se cumplió con todas las directivas de aeronavegabilidad. Si se hubieran descubierto fallas mecánicas no declaradas, Faroni y Gillette pudieron renegociar o retirarse con su dinero intacto; pero eso no sucedió.Tras la inspección, y en caso de haber encontrado discrepancias, las partes negociaron quién se hacía cargo. Una vez resuelto, se firmó la Aceptación Técnica y Contrato de Compraventa (Aircraft Purchase Agreement, en inglés), que es el contrato definitivo, que obligó legalmente al comprador y vendedor a completar la venta.Para proceder al cierre y registro del avión, TourProdEnter LLC tuvo que depositar el saldo restante en la cuenta escrow, creada por IATS y en donde la sociedad de Faroni y Gillette enviaron el medio millón de dólares, el 24 de febrero de 2023.El remanente se canceló en siete transferencias: 4 y 5 de abril de 2023 enviaron US$ 1.000.000 y US$ 500.000, respectivamente. El 8 de junio, depositaron otro millón de dólares. En julio, más precisamente el 21, 26 y 31, transfirieron US$ 1.000.000 en cada ocasión. El último giro se produjo el 7 de agosto de 2023, por US$ 6.000. En total US$ 6.006.000.Algunas de las transferencias de TourProdEnter LLC a IATS, por la compra de la aeronave.La prueba quedó registrada en cinco de los ocho comprobantes de las transferencias bancarias que TourProdEnter LLC efectuó, desde su cuenta en el Synovus Bank, a IATS.En el documento, en el campo denominado OBI se completó: “GULFTREAM G40 N973LL” y “G400N973LL”. El OBI significa Información del Emisor al Beneficiario (Originator-to-Beneficiary Information, en inglés). Este espacio de texto es utilizado en transferencias electrónicas (Wires, en inglés) y permite al emisor incluir un mensaje o referencia para que el receptor sepa exactamente por qué recibe ese dinero.Comprobante de una de las transferencias de TourProdEnter LLC a IATS, donde se adjunto la referencia del avión.El documento es parte de los registros confidenciales que fueron obtenidos de cinco bancos a los que la Justicia de Estados Unidos les impuso un “discovery”, es decir, la entrega obligatoria de información que de otro modo se mantendría reservada y secreta por pedido del empresario Guillermo Tofoni.Por su parte, el vendedor le envió los documentos de la aeronave a IATS, quien se aseguró que los fondos solo se liberen cuando el título de propiedad se haya transferido legalmente y sin gravámenes.Una vez confirmada la recepción de los fondos y documentos, IATS procedió a enviar electrónicamente el formulario de factura de venta (bill of sale, en inglés) y, si hubiera correspondido, la solicitud de registro a la FAA. Sin embargo, se dio de baja la matrícula N973LL de los registros de la FAA, porque fue inscripta en San Marino, donde obtuvo la matrícula T7-SUE. En el mismo instante que fue suscrita, IATS le transfirió los fondos al vendedor.El T7-SUE a punto de despegar del Aeropuerto de Saint-Etienne Loire, Francia, el 15 de julio de 2024.Los registros públicos de la FAA muestran que, en 2023, la aeronave matriculada N973LL era un Gulfstream G400, modelo GLF4, modelo 2003 y MSN 1522. Mismo número de serie que el T7-SUE registrado posteriormente en San Marino. En otras palabras, el mismo avión.Registro del archivo de la FAA del Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, de 2003, cuando estuvo matriculado como N973LL.En la operación, IATS funcionó como una “notaría y gestoría especializada”, un tercero neutral -algo así como una combinación de bróker y gestor-, que también actuó como un mecanismo de seguridad financiera, ya que custodió los fondos de la transacción, hasta que se cumplieron todas las condiciones acordadas entre TourProdEnter LLC y el vendedor.Generalmente, el costo del agente de escrow, en este caso IATS, se divide en partes iguales entre el comprador y el vendedor; ya que ambos se benefician de la seguridad que brinda.De acuerdo con varias fuentes aeronáuticas nacionales e internacionales, “para un Gulfstream G400, modelo GLF4, de 2003, hay que presupuestar entre US$ 80 y 150 mil en gastos profesionales. Esto incluye bróker, escrow, trámites legales e inspección”, explicó una de las fuentes consultadas. “Los costos son variables, porque depende del monto de la operación, o sea, de la aeronave, la empresa que haga de intermediaria, entre otros factores. Pero, en general, rondan esos valores”, especificó un especialista, quien trabaja en el mercado de aeronaves en Estados Unidos.Un poco más de dos semanas después, más precisamente el 23 de agosto de 2023, se registró a la compañía Paraguay Logistic Services SA como el operador del Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, modelo 2003, pero ahora con matrícula T7-SUE.El operador, los costos y los vuelos del T7-SUEComo reveló Clarín en enero, en varios registros consultados, el T7-SUE figuraba administrado por la empresa Paraguay Logistic Services SA, con oficinas en Asunción, Paraguay y, de acuerdo con su sitio web, con una filial en Argentina.Leopoldo Pablo Perrier Musis es el presidente de Paraguay Logistic Services SA, empresa que operaba el avión matriculado en San Marino y que se trasladó a requerimiento de Tapia y en el que también viajó Toviggino.Leopoldo Pablo Perrier Musis, presidente de Paraguay Logistic Services SA, la empresa que operó el T7-SUE, desde su compra, hasta julio de 2025.Ahora se entienden mejor las transferencias de TourProdEnter LLC a las sociedades vinculadas a Perrier Musis (Paraguay Logistic Services SA, PLS Logistic LLC, Lusain LLC y Sport Business Invest LLC) que, entre todas, recibieron un total de US$ 12.015.506, en 36 transferencias, algunas de ellas el mismo día, entre el 26 de septiembre de 2023 y el 28 de noviembre de 2025, un poco más de dos años.Documento público del estado de Florida, Estados Unidos, donde se registró a Perrier Musis como Manager de PLS Logistic LLC.No obstante, resultó muy llamativo que Paraguay Logistic Services SA, una compañía que declara ser “especializada en la exportación de aceites y otros productos agroindustriales derivados de fuentes vegetales y animales», realizara tres transferencias a TourProdEnter LLC: el 18 de abril de 2023, por US$ 2.835.000 y el 10 y 19 de mayo de 2023, por US$ 1.350.000; un total de US$ 5.535.000.Paraguay Logistic Services SA, la exportadora de aceites, que operó el T7-SUE.A esto hay que sumarle que TourProdEnter LLC efectuó dos giros a Gulfstream Aerospace Corp, el 9 y 10 de noviembre de 2023, ambos por US$ 195.893 (un total de US$ 391.786). De acuerdo con un especialista del sector de vuelos ejecutivos, ese monto correspondería al mantenimiento anual completo o repuestos del avión. “Casi seguro que son repuestos. Lo llamativo es que lo desglosaron en dos facturas, que se abonaron con un día de diferencia”, puntualizó otra fuente consultada.Y TourProdEnter LLC realizó varios pagos a empresas vinculadas a la operatoria aérea, como por ejemplo: Jet Support Services (US$ 944.615), Banyan Air Services (US$ 778.618) y Pratt & Wittney (US$ 463.727); entre otros. Varios de estos pudieron ser para el Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, matrícula T7-SUE.Faroni y Gillette no solo compraron el avión, sino que realizaron envíos al operador y, también, a varias empresas vinculadas al presidente de esa compañía que, muy posiblemente, se utilizaron para costear parte de los mantenimientos, costos y vuelos de la aeronave en los que, en la gran mayoría de las oportunidades estuvo Tapia a bordo. Sin embargo, no fue el único.Con respecto a los vuelos, por ejemplo, un poco menos de un mes después de que TourProdEnter LLC adquirió la aeronave, el 20 de septiembre de 2023, Tapia viajó en el T7-SUE a Sevilla, España, donde recibió una distinción por el compromiso de la AFA con la lucha de la equidad de género y el desarrollo del fútbol femenino en Argentina, en el marco de la séptima edición de la World Football Summit Europe (WFS Europe).Además, el T7-SUE realizó varios vuelos a España, desde Argentina a Madrid, Ibiza y Málaga (aeropuerto de destino para quienes van a Marbella), por mencionar dos ejemplos. Recordemos que TourProdEnter LLC pagó US$ 76.000 para rentar una villa en Ibiza, donde también desembolsó US$ 60.000 para el alquiler de un yate.El T7-SUE en Barajas, Madrid, el 12 de septiembre de 2024.Otro ejemplo. El 28 de noviembre de 2025, TourProdEnter LLC le realizó dos transferencias a PLS Logistic LLC, sociedad vinculada a Perrier Musis. En una de ellas, por US$ 275.000, se dejó consignada la referencia: “Vuelo 10 de febrero EE.UU.”.Por otra parte, Toviggino lo utilizó en 9 oportunidades, según reveló Clarín a mediados de enero. La primera vez fue el 13 de septiembre de 2023, cuando salió del país con destino a Cabo Verde. Ese año también visitó Uruguay en la aeronave. En 2024, el tesorero de la AFA dispuso del T7-SUE para viajar a Antigua y Barbuda, Holanda y México.En junio de 2025, trasladaron la aeronave al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, Estados Unidos. Permaneció inactivo entre el 29 de junio y el 12 de agosto, cuando partió con destino al Aeropuerto Internacional de San Fernando y, luego, para Aruba, la pequeña isla del Caribe holandés frente a las costas de Venezuela. Dos días después, continuó hasta el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, seguido de un tramo hasta el Aeropuerto Regional de Grand Junction, en el condado de Mesa, en Colorado, Estados Unidos.En julio de 2025, el T7-SUE, fue rematriculado en el país como LV-SYG y, desde entonces, es operado por “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA”, más conocida como “Flyzar”; la empresa de Gustavo Fernando Carmona. La misma compañía que administra el helicóptero Bell 429 GlobalRanger, matrícula LV-FKY, que realizó, por lo menos, unos 60 viajes a la mansión de Villa Rosa, Pilar, entre mayo y noviembre de 2025.El avión de lujo T7-SUE fue adquirido con el dinero de la AFA, a través de TourProdEnter LLC, el agente de cobro, y puesto a disposición, casi exclusiva, del “Chiqui” Tapia y también utilizado por su mano derecha, Toviggino. Otra muestra más del uso de recursos de la organización, para sostener un esquema de lujo privado que, cada día que pasa, tiene menos lugares donde esconderse.