Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital
Un amplio bloque transversal de organizaciones de la sociedad civil presentó un documento ante el Senado de la Nación advirtiendo sobre la gravedad de los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el «Súper RIGI».
Las entidades denuncian que no se trata de iniciativas independientes, sino de «dos llaves de la misma cerradura» que operan de forma complementaria para desarticular la soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país.
Las ONG denuncian que este esquema configura un «traje a medida» para crear enclaves, apuntando especialmente a la Patagonia por sus reservas de agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío, elementos clave para la infraestructura de los gigantes tecnológicos e inteligencia artificial que el Súper RIGI busca atraer.
A su vez, advierten a los legisladores sobre el enorme costo político y federal de aprobar este paquete, ya que implica una renuncia estructural de las provincias a sus ingresos impositivos (Ingresos Brutos y Sellos) y desfinancia el sistema previsional, sin generar compensaciones ni fuentes de trabajo masivas.
En este sentido, Micaela Sánchez Malcolm de la organización Géneras, declaró que “la imagen es precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una arquitectura diseñada para el saqueo».
Por su parte, Luciana Ghiotto (Transnational Institute) sostuvo que «el senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación inconstitucional. Las Provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI”.
En tanto, Lucas Micheloud (AAdeAA) consideró que la “la reforma a la ley de tierras forma parte de un programa de remate de la Argentina, junto al Súper RIGI, la modificación a la Ley de Sociedades y el resto de las iniciativas de desregulación diseñadas para remover los límites que protegen nuestros territorios y allanar el camino a los nuevos poderes globales: grandes fondos de inversión, corporaciones extractivas y magnates tecnológicos como Peter Thiel o Elon Musk. En plena crisis climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI”.
Ernesto Alonso Secretario de DDHH del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata manifestó: «Existe una contradicción insalvable, no podemos defender la soberanía de los territorios usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio continental. Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos mirando con la ñata contra el vidrio como se desintegra el territorio nacional. La justicia nos dio la razón, es inconstitucional. La soberanía es un bien tutelable».
Florencia Gomez, del CEPPAS, dijo: “La derogación de la Ley de Tierras es una pieza vital del engranaje normativo que impulsa el gobierno, basado en quita de derechos y pérdida de soberanía. Derogarla además, implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre activos estratégicos y favorecer la opacidad de las operaciones financieras sobre la tierra. Reniegan de cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia”.
Las organizaciones convocaron a la ciudadanía a sumarse a la movilización nacional frente al Congreso el próximo 6 de agosto, día en que se tratará el proyecto, y exigen a los senadores el rechazo de plano y en todos sus términos tanto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como del Súper RIGI. «Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos», concluye el documento.
De cara al tratamiento en el recinto previsto para el próximo 6 de agosto, las organizaciones revelan que el paquete impulsado por el Gobierno funciona con una mecánica secuencial de tres pasos para facilitar la apropiación de territorios:
1. La Inviolabilidad saca el techo: Al vaciar de contenido la actual Ley de Tierras Rurales, el proyecto elimina el tope del 15% a la extranjerización, los límites de hectáreas y la prohibición fundamental de adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua permanentes (como lagos y ríos).
2. La Ley de Sociedades borra el rastro: En paralelo, la reforma societaria permite que los territorios se adquieran a través de corporaciones opacas o extranjeras sin requerir información contable, ocultando quién es el titular real detrás de las compras.
3. El Súper RIGI blinda y neutraliza: Finalmente, este régimen protege dichas inversiones otorgando 30 años de estabilidad fiscal y aduanera, impidiendo el control estatal y habilitando a las empresas a litigar contra el país en tribunales de arbitraje internacional.
Entre las organizaciones firmantes figuran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), la Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, el Centro de Estudios para la Ciudad, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Greenpeace Argentina, el Equipo Transiciones, Encuentro Verde por Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Civil Géneras, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Iciudad, Jóvenes por el Clima, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), PACHAS – Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir, Salus Terrae, el Taller Ecologista, La Iniciativa Common y el Transnational Institute (TNI).
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