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  • «Todo se pagaba pero nada se cumplía»: la Fiscalía comenzó su alegato en el juicio a los hermanos Schoklender y De Vido por el programa «Sueños Compartidos»

    «Todo se pagaba pero nada se cumplía»: la Fiscalía comenzó su alegato en el juicio a los hermanos Schoklender y De Vido por el programa «Sueños Compartidos»

    «Todo se pagaba pero nada se cumplía»: la Fiscalía comenzó su alegato en el juicio a los hermanos Schoklender y De Vido por el programa «Sueños Compartidos»

    El fiscal federal Diego Velasco afirmó este miércoles que existió un “esquema criminal” entre el gobierno nacional de Cristina Kirchner y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, mediante el cual se desviaron fondos destinados a la construcción de viviendas sociales en todo el país. Muchas de estas viviendas no se terminaron y se ejecutaron con “concesiones escandalosas e ilegales”.

    Velasco dio inicio a los alegatos en el juicio oral que juzga el programa “Sueños Compartidos” de las Madres y anunció que solicitará condenas para todos los acusados, entre ellos los hermanos Sergio y Pablo Schoklender —apoderados del programa—, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.
    El fiscal explicó que “se ha demostrado cómo, a través de un esquema criminal pergeñado y organizado desde el Estado nacional en connivencia con los responsables del proyecto ‘Misión Sueños Compartidos’ de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tanto Sergio como Pablo Schoklender, en su calidad de apoderados, se adjudicaron mediante contrataciones directas obras públicas para la construcción de viviendas sociales y hospitales en diversas provincias afines al gobierno nacional de aquella época”, al comenzar su exposición ante el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py.
    Velasco señaló que los Schoklender “convirtieron de la noche a la mañana a la fundación en una de las empresas de construcción más importantes del país” y a ellos en empresarios del ramo. “Esto sucedió enmascarando sus fines bajo un supuesto propósito noble: la pretendida inversión en una política de vivienda”, agregó.
    El fiscal detalló que, entre 2008 y 2011, las Madres de Plaza de Mayo recibieron 900 millones de pesos para la construcción, de los cuales 200 millones fueron desviados debido a obras inconclusas y, en los casos en que finalizaron, “se otorgaron concesiones escandalosas e ilegales, extensiones de plazo, modificaciones en las obras y falta de controles”.
    “Nada era gratis, todo se pagaba, todos obtenían grandes ganancias. Pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, sostuvo Velasco, quien destacó que el gobierno nacional de entonces obtenía como beneficio “el apoyo de una organización prestigiosa” en la defensa de los derechos humanos, como era Madres de Plaza de Mayo.
    El alegato, que se extenderá durante toda la jornada, describirá el circuito de contrataciones, el desvío de fondos y las responsabilidades de cada uno de los acusados. Muy cerca escuchaban los hermanos Schoklender, presentes en la sala de audiencias, mientras que De Vido y López siguieron la exposición por videoconferencia desde sus lugares de detención: el ex ministro cumplía arresto domiciliario y el ex secretario estaba en la cárcel de Ezeiza. Ambos cumplen condenas por otros casos de corrupción.
    Velasco adelantó que pedirá sentencia condenatoria para todos los imputados: los hermanos Schoklender, De Vido, López; el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; el ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero, Daniel Nasif; la ex funcionaria de la Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero, Silvia Nasif; y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.
    **El caso**
    El caso se inició hace 15 años y se juzga una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional ocurrida entre marzo de 2008 y junio de 2011. Durante ese periodo, las Madres de Plaza de Mayo recibieron cerca de 900 millones de pesos del gobierno de Cristina Kirchner para la construcción de viviendas sociales en todo el país.
    El programa Sueños Compartidos construyó viviendas en la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y en los municipios de Almirante Brown, Tigre, Ezeiza, Bariloche y Rosario. En la causa fueron indagados ex gobernadores e intendentes de esas localidades, quienes fueron sobreseídos al determinarse que desde el gobierno nacional les ordenaban realizar las obras con las Madres de Plaza de Mayo.
    La acusación, ratificada por la Fiscalía este miércoles, sostiene que se desviaron 206 millones de pesos. Además, el caso tiene una segunda etapa por un presunto lavado de dinero a través de empresas vinculadas a los Schoklender, que se resolverá en un juicio posterior.
    El programa Sueños Compartidos generó controversia desde su inicio por la participación de los hermanos Schoklender, condenados en 1981 a prisión perpetua por el parricidio de sus padres. Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, defendió su intervención. Bonafini, referente emblemático en la lucha por los derechos humanos durante la última dictadura militar, fue procesada y enviada a juicio oral en esta causa y falleció en noviembre de 2022.
    **El juicio oral**
    En marzo pasado, el Tribunal Oral inició el juicio con la presión del riesgo de prescripción previsto para septiembre. Durante el proceso declararon numerosos dirigentes políticos, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Economía Sergio Massa, quienes estuvieron al frente de la ciudad de Buenos Aires y el municipio de Tigre, respectivamente, donde las Madres de Plaza de Mayo ejecutaron construcciones.
    Con los alegatos de la Fiscalía, el juicio entra en su etapa final. En próximas audiencias presentarán sus alegatos la Unidad de Información Financiera, querellante en la causa, y luego las defensas. El veredicto estará a cargo de los jueces Adriana Palliotti

  • Un alegato de justicia frente al vaciamiento del Estado

    Un alegato de justicia frente al vaciamiento del Estado

    «Un alegato de justicia frente al vaciamiento del Estado»

    La Fiscalía pidió 20 años de prisión para los imputados. Cuestionan a la directora del Registro Unico de la Verdad.
     
    «En una jornada marcada por la contundencia de los hechos, la fiscal federal Josefina Minatta solicitó 20 años de prisión e inhabilitación absoluta para los ex gendarmes Roberto Caserotto y Néstor Gómez del Junco. El alegato reconstruyó el horror de los operativos de 1977 y 1978, destacando no solo el ensañamiento contra militantes del PC, sino también las prácticas aterrorizantes contra las infancias. Ante el retiro de los profesionales de Nación y Provincia, es la Municipalidad a través de su Dirección de Derechos Humanos la que ha tenido que garantizar el dispositivo de acompañamiento y actuar como notificadora de las víctimas por orden del Tribunal»,señalaron desde la Dirección de Derechos Humanos de la  Municipalidad de Concepción del Uruguay.
    «Durante más de dos horas, la fiscal federal Josefina Minatta contextualizó la ‘histórica persecución’ a los miembros del Partido Comunista en nuestro país y puso de relieve que durante la última dictadura «los integrantes del PC local fueron brutalmente perseguidos, cesanteados, encarcelados y severamente torturados, como en otras localidades de nuestro país’», agregaron
    Y siguieron: «En tal sentido, recordó a Chilo y Neco Zaragoza, Miguel Ángel Rousseaux, Manuel Liberoff y Elvio Ángel Bel uruguayenses víctimas del terrorismo de Estado».
    «También enmarcó el accionar de los gendarmes Caserotto y Gómez del Junco dentro del esquema represivo instaurado por la dictadura y aportó las pruebas que combinan testimonios y documentos para confirmar la represión sistemática. La coherencia histórica de los relatos de las víctimas se posiciona como prueba fundamental debido al carácter clandestino de los delitos, mientras que los registros de la Unidad Penal 4 y las órdenes militares de liberación corroboran oficialmente las fechas, la intervención de Gendarmería y la subordinación de los detenidos al mando del Área 224», describieron.
    «Sin embargo, el avance de la justicia federal se produce en un contexto de soledad institucional. El pedido de la fiscal para que, una vez firme la sentencia, se notifique a la Dirección Nacional de Sitios, al Registro Unico de la Verdad (RUV) y a la Dirección municipal de Derechos Humanos para la señalización de cuatro sitios de memoria (el Escuadrón 6, la Unidad Penal N°4, una casa en las afueras y el Balneario Banco Pelay), expone una contradicción que no se puede disimular. Ante el retiro de los profesionales de Nación y Provincia, es la Municipalidad a través de su Dirección de Derechos Humanos la que ha tenido que garantizar el dispositivo de acompañamiento y actuar como notificadora de las víctimas por orden del Tribunal», lamentaron.
    El RUV y una participación lejos de las víctimas
    «Párrafo aparte merece la participación de la actual gestión del Registro Unico de la Verdad, como amicus curiae. Como sostiene quien fuera abogado querellante y ex director del organismo, Marcelo Boeykens: ‘Bargaña no aportó verdad, no aportó justicia ni reparación; sólo aportó estigmatización y sospecha al volver a interrogar las identidades políticas de las víctimas en vez de concentrarse en los crímenes del terrorismo de Estado’. Las referencias de la Directora se limitaron a describir la balanza comercial con la ex URSS, una narrativa que banaliza el proceso y se aleja del rol de investigar y aportar pruebas», comentaron.
    «Este juicio deja al descubierto que el gobierno de Entre Ríos carece de compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, alineándose con una política nacional que ha pasado del negacionismo a la reivindicación del terrorismo de Estado. De existir tal compromiso, se condenarían las visitas a genocidas organizadas por el diputado de su propio espacio, Beltrán Benedit. El silencio ante estos hechos confirma que el vaciamiento no es solo presupuestario, sino ideológico y la inacción ante represores y el desmantelamiento de equipos de acompañamiento son hoy la política de Derechos Humanos compartida entre Nación y Provincia», cerraron el informe.

     
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