La Defensoría del Pueblo se presentó en el amparo por el cambio dispuesto por la Provincia en los comedores – El Miércoles Digital
La institución representada por el Defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, se sumó a la convocatoria pública abierta por la Justicia ante la implementación de una nueva modalidad con impacto directo en la calidad nutricional de los desayunos y meriendas escolares. La presentación se enmarca en la figura jurídica del Amicus Curiae y aporta fundamentos técnicos y de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo de Paraná se presentó ante la Justicia este jueves y fue admitida, en el marco de la causa Padres, Agmer y Fundación Cauce c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otros s/ Acción de Amparo Colectivo, en calidad de Amicus Curiae, con el fin de ofrecer argumentos técnicos, científicos y de derechos humanos que colaboren a dictar una sentencia definitiva, justa e ilustrada, orientada a la protección del Interés Superior del Niño.
En el documento se advierte que el nuevo sistema centralizado de desayunos y meriendas escolares, implementado por el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos a través de la empresa privada Teknofood SA, tendría un impacto directo en la calidad de los alimentos al reemplazar los productos frescos por insumos industrializados. Esta medida redundaría en una afectación concreta de los derechos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
En su rol de Amicus Curiae -o amigo del tribunal-, el Defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, invoca la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable y se detiene especialmente en el artículo 12, que establece de manera taxativa que “las escuelas deben ser entornos protegidos” frente a la agresiva industria de los productos ultraprocesados. Señala que esta norma no fue pensada como una simple regla de etiquetado comercial para las góndolas de un supermercado, sino como un verdadero imperativo ético del Estado. El documento sostiene, en ese sentido, que el Estado no puede actuar de manera contradictoria: si a través de su máxima autoridad sanitaria nacional determina —mediante los octógonos de advertencia— que un producto contiene excesos perjudiciales de azúcares, sodio o grasas saturadas, ese mismo Estado, en su esfera provincial, no puede convertirse en comprador y proveedor masivo de esos mismos perjuicios para la niñez que asiste, de manera cautiva, al sistema educativo público.
La presentación se apoya también en el aporte de organismos técnico-científicos de la provincia. Se citan informes elaborados por el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (Conuer) y por la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que dan cuenta de que la industrialización uniforme de la alimentación escolar daña la salud de niñas y niños.
El escrito recuerda, además, disposiciones de la Dirección de Comedores Escolares —plasmadas en distintas circulares— que prohíben la adquisición de determinados productos, entre ellos los ultraprocesados, y se pregunta por su vigencia y su efectivo cumplimiento. También plantea interrogantes sobre los resultados de un programa anunciado en abril de 2025 por el Estado provincial junto a la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), destinado a evaluar la situación nutricional de las niñas y los niños que asisten a comedores escolares en la provincia.
Por último, el Defensor del Pueblo plantea que la Administración Provincial debería ofrecer una explicación razonable sobre por qué se modifica el desayuno y la merienda de las niñas y los niños entrerrianos, transitando desde un sistema de productos frescos y caseros hacia productos envasados y ultraprocesados. Pregunta también en qué estudios científicos se fundamentó esta medida administrativa y por qué motivos se avanzó en la contratación de la empresa Teknofood sin dar participación, en la toma de decisiones, a los especialistas en nutrición de la provincia, ni al Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, ni a las tres facultades que dictan esa carrera en Entre Ríos.
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