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Etiqueta: asesinato

  • Avanza la organización de las actividades por el 25 aniversario del asesinato de «Pocho» Lepratti

    Avanza la organización de las actividades por el 25 aniversario del asesinato de «Pocho» Lepratti

    Avanza la organización de las actividades por el 25 aniversario del asesinato de «Pocho» Lepratti

    Con una importantísima participación de la comunidad, se llevó a cabo este jueves 23 de julio la primera reunión de la comisión organizadora para la realización de actividades en homenaje a Claudio “Pocho” Lepratti, militante social asesinado por la policía durante la crisis del 2001.

    La jornada contó con la presencia y el aporte de representantes de la Coordinación de Cultura, la Dirección de Derechos Humanos de la ciudad y el Honorable Concejo Deliberante. Asimismo, formaron parte de la reunión familiares y amigos, miembros de la Comunidad Salesiana, agrupaciones políticas, representantes de la comunidad educativa y personalidades destacadas de la música y el teatro local, quienes sumaron propuestas e ideas para visibilizar la figura de Pocho en su ciudad natal.
    Si bien cada 19 de diciembre se realiza un acto conmemorativo, la comisión organizadora propone este año una agenda de actividades previas al 25° aniversario, con el objetivo de difundir su historia y transmitir su legado solidario.
    Para continuar coordinando iniciativas e incorporar nuevos proyectos, se invita a toda la comunidad a participar de la segunda reunión organizativa, que se llevará a cabo el próximo 6 de agosto a las 19hs en la seccional AGMER Uruguay, ubicada en Almafuerte 729. La convocatoria es abierta a todas las instituciones, colectivos culturales, estudiantes y vecinos/as que deseen sumarse a la construcción de esta agenda colectiva.

  • Condenaron a perpetua a tres acusados por el asesinato del empresario Gabriel Izzo en Padua

    Condenaron a perpetua a tres acusados por el asesinato del empresario Gabriel Izzo en Padua

    Condenaron a perpetua a tres acusados por el asesinato del empresario Gabriel Izzo en Padua

    Tres años después del asalto en San Antonio de Padua que terminó con la vida del empresario Gabriel Izzo y dejó gravemente herida a su esposa, Silvana Petinari, la Justicia dictó prisión perpetua para tres integrantes de la banda criminal por el delito de homicidio criminis causa.

    Este martes, los jueces del Tribunal en lo Criminal número 6 de Morón, Andrea Bearzi, Alejandro Rodríguez Rey y Cristian Toto, condenaron a la máxima pena a Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza, Jonathan Ricardo González (alias «Monarca») y Brígido Achucarro González (alias «El Paraguayo»).
    El trío fue declarado culpable como coautor de robo agravado por el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y homicidio criminis causa.
    Por otro lado, Walter Rodríguez Sierra, conocido como «El Uruguayo» y primer detenido por ser titular del automóvil Volkswagen Gol gris utilizado en la fuga, fue absuelto tras demostrarse que no participó en el hecho.
    El crimen ocurrió el 9 de junio de 2023, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda de la familia durante la madrugada. Gabriel Izzo intentó repeler el ataque con sus armas, pero recibió cuatro disparos y heridas de arma blanca que le provocaron la muerte en el lugar.
    Su esposa también sufrió el ataque: fue apuñalada, golpeada y recibió disparos que le produjeron la pérdida de un ojo, pero sobrevivió.
    La detención de los responsables se desarrolló de forma escalonada durante la investigación de los fiscales Patricio Pagani y Claudio Oviedo. Brígido Achucarro González y Jonathan Ricardo González fueron apresados a mediados de noviembre de 2023; Achucarro fue señalado como el presunto autor material de los disparos fatales.
    Fernández Galarza fue el último en ser capturado, permaneciendo prófugo durante buena parte del proceso inicial. En tanto, Diego Eduardo Correa, arrestado en diciembre de 2023 tras una persecución en San Martín, será juzgado en un proceso separado debido a un problema de salud de su defensa que impidió su participación en las audiencias actuales.
    Además, Gustavo Mac Dougall, señalado como chofer de la banda, falleció en 2025 mientras cumplía prisión preventiva por neumonía y fue sobreseído post mortem.
    Gabriel Izzo era un empresario reconocido en San Antonio de Padua y otras zonas de la provincia de Buenos Aires, dedicado al rubro maderero con una carpintería especializada en la venta de maderas de pino. Estaba vinculado a una familia industrial destacada, ya que era yerno del fallecido Pedro Petinari, importante empresario del sector de fabricación de acoplados.
    Izzo llevaba 32 años de casado con Silvana Petinari y residían en una vivienda en la calle Italia al 1000, cerca de la estación de trenes de Padua. Además, era usuario legítimo de armas, poseyendo una pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38, que utilizó para defender su hogar y familia durante el ataque.

  • Vendía kits para quitarse la vida en decenas de países: un canadiense se declaró culpable de 14 muertes y evitó el juicio por asesinato

    Vendía kits para quitarse la vida en decenas de países: un canadiense se declaró culpable de 14 muertes y evitó el juicio por asesinato

    Vendía kits para quitarse la vida en decenas de países: un canadiense se declaró culpable de 14 muertes y evitó el juicio por asesinato

    Kenneth Law, un excocinero canadiense de 60 años, se declaró culpable este viernes de 14 cargos de ayuda para quitarse la vida ante un tribunal al norte de Toronto. El acuerdo alcanzado con la fiscalía implica que los cargos de asesinato serán retirados, una decisión que causó indignación entre las familias de las víctimas y reavivó el debate sobre los vacíos legales que rodean al caso.

    Law fue detenido en 2023 acusado de vender un compuesto químico cuya fórmula, con concentraciones letales, estaba disponible en sus sitios web. Sus clientes eran personas en estado de angustia que consultaban foros en línea sobre métodos para acabar con sus vidas. Según la declaración de hechos aceptada por la justicia, el acusado participaba activamente en esos espacios bajo el seudónimo «Greenberg» y dirigía a los interesados hacia sus plataformas de venta.
    Su operación tuvo alcance global: se estima que envió paquetes a cientos de personas en decenas de países y fue investigado por autoridades de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Australia y Nueva Zelanda. En el Reino Unido, unas cien muertes autoinfligidas están potencialmente vinculadas a los foros en los que participaba, según reportó AFP.
    La decisión de no llevar a Law a juicio por asesinato responde a un problema jurídico específico. Robert Currie, profesor de derecho en la Universidad Dalhousie, explicó que los fiscales que buscaban esa condena enfrentaron un vacío legal en el sistema canadiense. La legislación no establece con claridad si el asesinato es una infracción distinta de la incitación al suicidio o si una misma conducta puede constituir ambas ilegalidades simultáneamente.
    “Los magistrados de la Corte Suprema de Canadá, quienes podrían haber aclarado este punto, optaron por no hacerlo”, señaló Currie en diálogo con AFP. Sin esa definición jurisprudencial, los fiscales no encontraron una base sólida para sostener los cargos de homicidio.
    La conducta de Law fue proactiva. Según la declaración de hechos, buscaba activamente clientes y les brindaba instrucciones precisas sobre el uso del producto. En la audiencia, la fiscalía presentó la grabación de una llamada entre Law y un periodista del Times of London que simuló ser un comprador. Cuando el reportero le preguntó si su negocio era legal, Law sugirió que, en caso de ser interrogado por la policía, podría argumentar que el polvo servía para mejorar la capacidad pulmonar de los nadadores.
    La sentencia se conocerá en una audiencia programada para septiembre, cuando el tribunal también escuchará los testimonios de las familias afectadas. Expertos legales consultados por AFP estiman que la pena podría oscilar entre 10 y 20 años de prisión por los cargos de asistencia al suicidio.
    Las familias de las víctimas manifestaron su decepción ante el acuerdo. David Parfett, cuyo hijo Thomas tenía 22 años cuando murió en 2021 con materiales supuestamente suministrados por Law, consideró que la justicia canadiense perdió la oportunidad de reconocer la gravedad real del caso. “Si Kenneth Law no hubiera dado instrucciones detalladas sobre cómo quitarse la vida, mi hijo probablemente estaría vivo, para mí esto es un asesinato”, declaró a AFP.
    Thomas Parfett, originario del Reino Unido, no forma parte de los 14 casos canadienses por los que Law se declaró culpable. Su padre se ha convertido en un referente en la lucha por una legislación más rigurosa para controlar espacios en línea que incitan a las personas a autoinfligirse daño.
    Leonardo Bedoya, cuyo hija Jeshennia Bedoya López falleció en 2022 a los 18 años con presunta participación de Law, tampoco está incluido en esos 14 casos. “Es un asesino. Un asesino serial. Deberían tratarlo como tal”, afirmó en declaraciones a la cadena canadiense CTV.
    El caso no concluye con este acuerdo, ya que Law podría enfrentar procesos judiciales en otros países donde se produjeron víctimas por sus presuntos envíos, aunque hasta ahora no se han formalizado cargos en ninguna de las naciones que investigan el caso.

  • Israel legaliza la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista, una medida que apunta a los palestinos

    Israel legaliza la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista, una medida que apunta a los palestinos

    Israel legaliza la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista, una medida que apunta a los palestinos

    El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga -salvo excepciones sin definir- a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua.El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv.»La ley es populista, inmoral, no igualitaria», condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor ‘Yesh Atid’ (Hay Futuro) Matti Sarfatti, calificándola de «claramente inconstitucional».Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto.Palestinos: tribunales militaresEn Cisjordania, los palestinos acusados por asesinato terrorista son juzgados por tribunales militares israelíes, ya que el Ejército israelí controla este territorio ocupado.La nueva ley obliga a dichos tribunales a imponer en esos casos la pena capital, salvo «circunstancias especiales» -que no detalla- que podrían justificar aplicar en su lugar la cadena perpetua.Esta cuasi obligatoriedad ha sido criticada por ONG y la ONU, que denuncian que este tipo de tribunales no tienen suficientes garantías, así como que imponer la pena por defecto atenta contra el derecho a la vida y niega a los jueces evaluar circunstancias individuales.Además, tras la reforma el tribunal militar puede imponer la pena capital aunque no la haya solicitado la Fiscalía -órgano que en Israel actúa a menudo como contrapeso del Gobierno- y las sentencias pueden ser decididas por mayoría simple de la corte -en lugar de unanimidad como se suele exigir a la justicia militar-, sin que los jueces tengan que ostentar un alto rango militar.En la práctica, las autoridades israelíes utilizan la calificación de ‘terrorista’ para referirse a palestinos que atacan a sus soldados -solo por acciones como lanzar piedras- o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.Israelíes: tribunales ordinariosLos ciudadanos israelíes, tanto dentro de territorio israelí como en Cisjordania (colonos ilegales), son juzgados por tribunales penales ordinarios. En este caso, la reforma añade una nueva condición para condenar a pena de muerte, además de que sea un asesinato terrorista: si se prueba que actuó con la finalidad de «dañar al Estado de Israel».»Esto es algo extraordinario en la ley israelí», explica a EFE la abogada Miriam Azem, coordinadora del centro legal palestino Adalah, quien explica que ello dificulta extremadamente que se aplique a un judío israelí.Además, el tribunal penal ordinario tendrá la opción de elegir entre la pena capital o la cadena perpetua.Plazos, ejecución y corredor de la muerteAunque durante la tramitación de la ley se llegó a plantear que fuera retroactiva, finalmente no lo será. Según la reforma aprobada, la sentencia a muerte se aplicará por ahorcamiento, en un plazo de 90 días desde la sentencia firme y se ocultará la identidad de los verdugos.El condenado se mantendrá separado del resto de prisioneros y en su ejecución deberán estar presentes el director de la prisión, un juez, un clérigo, un médico y un representante de las familias de las víctimas.Los sentenciados podrán apelar, pero los tribunales militares que juzgan a los palestinos de Cisjordania presentan una tasa de condena que supera el 99 %, según datos del Ejército recogidos por el diario Haaretz.Los palestinos condenados por la justicia militar no podrán además recibir una conmutación de la pena ni un indulto por parte del comandante del Ejército israelí, y la reforma legal solo deja una ventana abierta a posponer la ejecución si el primer ministro lo pidiera por «razones especiales».Un centenar de muertos en prisionesSi bien esta ley no se aplicará a los detenidos en relación a la masacre del 7 de octubre de 2023, se espera que la Knéset apruebe otro proyecto, conocido como ‘Ley sobre el enjuiciamiento de los participantes en los sucesos del 7 de octubre’, por el que un tribunal militar especial podrá sentenciarlos también a la pena de muerte.La reforma legal aprobada supone la culminación de una política impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Ben Gvir, denunciada por ONG y organismos internacionales por la detención masiva de palestinos sin garantías y los abusos en las prisiones israelíes.Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, cerca de 100 detenidos palestinos han muerto entre rejas, según datos obtenidos por la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI), una cifra récord y no actualizada hace meses.En muchos casos, fallecieron aparentemente como consecuencia de torturas, negligencia médica y privación de alimentos, en lo que diversas ONG describen como un sistema que ha convertido los centros de detención y prisiones en «campos de tortura».