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  • El STJ revisa la pena de Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la ruta 39. El condenado no estuvo presente en la audiencia. – Arriba Noticias

    El STJ revisa la pena de Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la ruta 39. El condenado no estuvo presente en la audiencia. – Arriba Noticias

    El STJ revisa la pena de Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la ruta 39. El condenado no estuvo presente en la audiencia. – Arriba Noticias

    La audiencia se realizó este miércoles ante los vocales Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia. La defensa de Ruiz Orrico está representada por los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez. El ex funcionario no estuvo presente en la sala.

    El siniestro ocurrió el 20 de junio de 2024 sobre la ruta provincial 39, en el departamento Uruguay. Como consecuencia del impacto murieron Brian y Lucas Izaguirre, Axel Rossi y Leonardo Almada, quienes viajaban en el otro vehículo involucrado.

    La discusión se concentra en el monto de la condena

    El abogado querellante Mario Arcusin, representante de familiares de las víctimas, explicó que la defensa no cuestionó en esta instancia la responsabilidad penal de Ruiz Orrico, sino la determinación de la pena.

    El letrado sostuvo que el tribunal debe establecer si los cinco años y ocho meses de prisión resultan adecuados teniendo en cuenta las circunstancias particulares del hecho. En ese análisis, la querella defendió el criterio utilizado por los magistrados que intervinieron previamente.

    Entre los elementos considerados en las instancias anteriores, Arcusin mencionó la utilización de un vehículo oficial para fines privados, la condición de funcionario público de Ruiz Orrico y la conducción bajo los efectos del alcohol.

    Según planteó el abogado, estos aspectos se encuentran contemplados dentro de las circunstancias agravantes previstas por el artículo 84 bis del Código Penal para los homicidios culposos cometidos mediante la conducción de un vehículo.

    La querella cuestionó un cálculo proporcional de la pena

    Durante la audiencia, Arcusin rechazó que la determinación de la condena pueda resolverse mediante una operación matemática vinculada con la cantidad de víctimas.

    El representante de las familias sostuvo que corresponde analizar la gravedad concreta del hecho y las circunstancias que lo rodearon, en lugar de establecer una proporción entre el número de personas fallecidas y el máximo de pena previsto por la legislación.

    La postura de la querella apunta, de esta manera, a sostener la condena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva que ya fue dictada y posteriormente revisada en las instancias correspondientes.

    La intervención del Ministerio Público Fiscal

    Durante la audiencia también expuso el procurador general Jorge Amílcar García.

    Al finalizar, Lorena Dubini, madre de Lucas y Brian Izaguirre, destacó ante Arriba Noticias algunos de los conceptos expresados por el funcionario judicial. En particular, mencionó que García señaló que Ruiz Orrico reconoció lo ocurrido durante una segunda audiencia, cuando ya se habían incorporado las pruebas en su contra. Dubini resaltó que el Procurador lo hizo como respuesta a la defensa del ex funcionario provincial, que como atenuante a la pena, expresó que su patrocinado reconoció su responsabilidad en lo sucedido.

    La familia también cuestionó el tiempo que lleva el proceso. Dubini expresó que regresaba a Basavilbaso con la expectativa de que se haga justicia, pero también con la sensación de que los plazos se extienden y de que las familias deben atravesar nuevas demoras.

    Las familias de las víctimas reclaman justicia, que se mantenga la pena y Orrico quede detenido.
    Cuándo se conocerá el fallo

    De acuerdo con lo informado tras la audiencia, el pronunciamiento podría conocerse en un plazo estimado de entre 10 y 20 días. Las familias de las víctimas esperan que la resolución sea comunicada antes de ese período.

    El fallo definirá si se mantiene la condena de cinco años y ocho meses de prisión o si el monto de la pena es modificado. La resolución del Superior Tribunal agotará, en principio, la instancia judicial provincial, sin perjuicio de las vías que eventualmente pueda utilizar la defensa ante la Justicia federal.

    El pedido de cumplimiento efectivo

    La querella anticipó que, si se mantiene la pena de prisión efectiva, solicitará que se concrete su cumplimiento y que se comunique la resolución al Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

    Arcusin señaló que hasta el momento la defensa no había solicitado una modalidad alternativa de cumplimiento, como el arresto domiciliario. La eventual ejecución de la condena y los efectos de una posible presentación ante la Corte Suprema dependerán de las decisiones que adopte el tribunal y de los planteos posteriores que puedan formular las partes.

    Ruiz Orrico fue condenado por el delito de homicidio culposo agravado a raíz del choque de la ruta provincial 39. La sentencia también estableció una inhabilitación para conducir.

    Ahora, la Sala Penal del STJ deberá resolver la impugnación extraordinaria y determinar si confirma la pena impuesta o si corresponde modificarla.

  • El STJ revisa la pena de Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la ruta 39. El condenado no estuvo presente en la audiencia. – Arriba Noticias

    Caso Orrico: Las familias piden acompañamiento de los vecinos en la audiencia por el pedido de impugnación extraordinaria de Orrico – Arriba Noticias

    Caso Orrico: Las familias piden acompañamiento de los vecinos en la audiencia por el pedido de impugnación extraordinaria de Orrico – Arriba Noticias

    Recordamos que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) realizará el próximo miércoles, a las 9.30, en el salón Oyamphé de los tribunales de Paraná, una audiencia en el marco del expediente Nº 5912, caratulado “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/ Homicidio culposo agravado – Impugnación Extraordinaria”. Será transmitida en vivo por el Canal de You Tube del Servicio de información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial.
    El Tribunal estará conformado, por la vocal Claudia Mizawak y los vocales Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia.La impugnación extraordinaria fue presentada por los defensores técnicos de Juan Enrique Ruiz Orrico, Leopoldo L. F. Lambruschini y Félix A. Pérez.
    En representación de los querellantes particulares intervienen Mario Arcusin, como apoderado de Héctor M. Izaguirre, Nélida L. Dubini -progenitores de Brian y Lucas Izaguirre-; Roberto Rossi y María de los Ángeles Benítez -progenitores de Axel Rossi-, y Ramón D. Almada y María C. Jaime -progenitores de Leonardo Almada-. También intervendrá Leandro Rosatti, como coapoderado de María de los Ángeles Benítez y Nélida L. Dubini. Por el Ministerio Público Fiscal participará el procurador Jorge Amílcar Luciano García.La instancia permitirá a las partes exponer sus respectivos argumentos en relación con el recurso planteado. Luego, el Tribunal analizará las cuestiones sometidas a su consideración conforme a las normas procesales aplicables.
    AntecedentesFinalizado el juicio oral y público realizado en los tribunales de Concepción del Uruguay, el 9 de marzo de 2025, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, aplicó a Juan Ruiz Orrico la pena de 5 años y 8 meses de cárcel de cumplimiento efectivo, por considerarlo autor material y responsable del delito de homicidio culposo por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en el departamento Uruguay.El 27 de julio de este año la Cámara de Casación con asiento en Concordia concedió la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del STJ .
    Qué va a pasar el miércoles en Paraná:No es un nuevo juicio. Es una audiencia donde:
    La defensa expone por qué la condena debe ser anulada o reducida.Los querellantes – los padres de Brian, Lucas, Axel y Leonardo – a través de Arcusin, Rossi, Almada, etc., van a pedir que se confirme la condena.El Procurador García, por la Fiscalía, también va a dictaminar.
    Después de eso, los 3 vocales – Mizawak, Giorgio y Carubia – no dan la sentencia en el momento. Se van a deliberar y luego dictan resolución.Pueden:Rechazar la impugnación y dejar firme la condena de 5 años y 8 meses.Hacer lugar y anular la condena, o bajar la pena, o mandar a hacer un nuevo juicio.Si el STJ rechaza, a Orrico solo le quedaría el Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de la Nación, que se concede en muy pocos casos.En resumen: es el intento final de la defensa dentro de la justicia provincial para evitar la cárcel efectiva

  • Urribarri será trasladado a Paraná para una audiencia en la que su defensa planteará su situación en la UP9 – Arriba Noticias

    Urribarri será trasladado a Paraná para una audiencia en la que su defensa planteará su situación en la UP9 – Arriba Noticias

    Urribarri será trasladado a Paraná para una audiencia en la que su defensa planteará su situación en la UP9 – Arriba Noticias

    l exgobernador entrerriano Sergio Urribarri, actualmente alojado en la Unidad Penal N° 9 “El Potrero” de Gualeguaychú, será trasladado a Paraná en los próximos días para participar de una audiencia de conocimiento ante la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora.
    De acuerdo con las últimas informaciones judiciales, la audiencia fue fijada para el jueves 24 de septiembre. Inicialmente se había mencionado el 28 de septiembre como posible fecha, pero esa jornada coincide con el feriado provincial por San Miguel Arcángel.
    La audiencia constituye una instancia de control dentro del proceso de ejecución de la condena y permitirá a la magistrada conocer de manera directa las condiciones en las que Urribarri está cumpliendo la pena, además de relevar aspectos personales, familiares, sanitarios y vinculados con su adaptación al régimen penitenciario.
    La seguridad, en el centro del planteo
    Se especula que uno de los principales puntos que llevaría la defensa será la situación de seguridad del exgobernador dentro de la UP9.
    Los abogados Miguel Cullen y Leopoldo Cappa plantearían ante la jueza las situaciones registradas desde el ingreso de Urribarri al establecimiento y solicitarían que se evalúen las condiciones en las que desarrolla el cumplimiento de la condena. E objetivo no sería obtener un régimen de privilegio sino evitar que las condiciones de alojamiento impliquen un agravamiento de la situación de detención.
    En las últimas horas también trascendió que la defensa analiza plantear episodios de hostigamiento o situaciones que habrían generado preocupación por la integridad física del exmandatario. Estos hechos deberán ser expuestos formalmente y evaluados por la Justicia, por lo que no existen hasta el momento precisiones oficiales sobre su alcance.
    El propio director de la Unidad Penal 9, Lucas Dufour, había señalado que el caso de Urribarri requiere una consideración particular por tratarse de un exgobernador y que el Servicio Penitenciario debe contemplar tanto su seguridad como la del resto de los internos.
    Alojado junto a Báez y Aguilera
    Urribarri ingresó a la Unidad Penal 9 el 11 de septiembre, procedente de la Unidad Penal N° 1 de Paraná, junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados en la denominada Megacausa. Los tres fueron ubicados, luego de las entrevistas profesionales correspondientes, en un pabellón destinado a adultos mayores.
    Según explicó Dufour, ese sector cuenta con 13 habitaciones, baños, un pasillo central y un patio, y alberga a más de 20 internos, en su mayoría mayores de 60 años. Algunas habitaciones son individuales y otras compartidas.
    La particular situación de Urribarri llevó además a que, al menos durante esta etapa inicial, se extremaran las medidas de observación. El director de la unidad había advertido que los eventuales cruces con otros internos podían constituir un factor de riesgo.
    Informaciones difundidas en las últimas horas señalan que Urribarri permanece con una circulación limitada dentro del establecimiento y que la cuestión de su seguridad será uno de los aspectos que su defensa buscará incorporar a la audiencia del próximo jueves.
    Un primer control sobre el cumplimiento de la condena
    Urribarri cumple una condena de ocho años de prisión que quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso presentado contra la sentencia. El cómputo de pena establece que su detención se extendería hasta mediados de 2034.
    La audiencia ante Bértora será, por lo tanto, una de las primeras instancias formales para evaluar cómo comenzó el cumplimiento efectivo de la pena en la UP9 y qué condiciones deberá afrontar el exgobernador durante su permanencia en el establecimiento.
    R2820

  • Causa Orrico: Audiencia por una impugnación extraordinaria en causa por homicidio culposo agravado

    Causa Orrico: Audiencia por una impugnación extraordinaria en causa por homicidio culposo agravado

    Causa Orrico: Audiencia por una impugnación extraordinaria en causa por homicidio culposo agravado

    La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) realizará el próximo miércoles, a las 9.30, en el salón Oyamphé de los tribunales de Paraná, una audiencia en el marco del expediente Nº 5912, caratulado “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/ Homicidio culposo agravado – Impugnación Extraordinaria”. Será transmitida en vivo por el Canal de You Tube del Servicio de información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial.

    El Tribunal estará conformado, por la vocal Claudia Mizawak y los vocales Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia.
    La impugnación extraordinaria fue presentada por los defensores técnicos de Juan Enrique Ruiz Orrico, Leopoldo L. F. Lambruschini y Félix A. Pérez.
    En representación de los querellantes particulares intervienen Mario Arcusin, como apoderado de Héctor M. Izaguirre, Nélida L. Dubini -progenitores de Brian y Lucas Izaguirre-; Roberto Rossi y María de los Ángeles Benítez -progenitores de Axel Rossi-, y Ramón D. Almada y María C. Jaime -progenitores de Leonardo Almada-. También intervendrá Leandro Rosatti, como coapoderado de María de los Ángeles Benítez y Nélida L. Dubini. Por el Ministerio Público Fiscal participará el procurador Jorge Amílcar Luciano García.
    La instancia permitirá a las partes exponer sus respectivos argumentos en relación con el recurso planteado. Luego, el Tribunal analizará las cuestiones sometidas a su consideración conforme a las normas procesales aplicables.
    Antecedentes
    Finalizado el juicio oral y público realizado en los tribunales de Concepción del Uruguay, el 9 de marzo de 2025, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, aplicó a Juan Ruiz Orrico la pena de 5 años y 8 meses de cárcel de cumplimiento efectivo, por considerarlo autor material y responsable del delito de homicidio culposo por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en el departamento Uruguay.
    El 27 de julio de este año la Cámara de Casación con asiento en Concordia concedió la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del STJ .

  • Caso Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia fijó audiencia para tratar el recurso presentado por la Defensa del exfuncionario

    Caso Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia fijó audiencia para tratar el recurso presentado por la Defensa del exfuncionario

    La Sala Penal del máximo tribunal provincial analizará el planteo de la defensa el próximo 23 de septiembre a las 10:00 horas. Los abogados del condenado buscan reducir la pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva por la tragedia de la Ruta 39.

    La causa judicial contra el exfuncionario provincial Juan Ruiz Orrico, condenado por el trágico siniestro vial en el que perdieron la vida cuatro jóvenes oriundos de Basavilbaso, entra en una fase decisiva. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) convocó a una audiencia clave para el próximo 23 de septiembre a las 10:00 horas, a fin de debatir el recurso extraordinario interpuesto por su defensa técnica.
    La representación legal del imputado, ejercida por los abogados Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini, fundamentó la presentación no con el objetivo de revertir el fallo de culpabilidad, sino con el propósito de morigerar el monto de la condena fijada en primera y segunda instancia.
    Harán el último intento?
    En caso de que el dictamen del STJ resulte adverso a las pretensiones de la defensa, y que la sentencia adquiera firmeza definitiva, la última vía recursiva disponible para la representación del exfuncionario será acudir mediante recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo que ya se hace muy complicado.
    La condena y el hecho
    Ruiz Orrico fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado, recibiendo una pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva, sumada a 9 años de inhabilitación especial para la conducción de vehículos automotores. Actualmente, el condenado transita el proceso bajo una medida de libertad morigerada con restricciones.
    El trágico suceso ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, en el tramo comprendido entre las localidades de Caseros y Herrera. De acuerdo con las pericias avaladas en el juicio:

    Conducción e intoxicación: Ruiz Orrico guiaba un vehículo oficial perteneciente al Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) con 1,59 gramos de alcohol por litro en sangre.

    Mecánica del siniestro: El rodado oficial invadió el carril contrario e impactó de frente contra el automóvil en el que se desplazaban los trabajadores.

    Víctimas fatales: A causa de la colisión fallecieron Brian Izaguirre (32), Lucas Izaguirre (26), Leonardo Almada (33) y Axel Rossi (23), quienes viajaban desde Basavilbaso hacia su jornada laboral en una planta avícola de Pronunciamiento.

    La fijación de la audiencia ante el máximo órgano judicial de la provincia genera profunda expectativa tanto en los familiares de las víctimas como en la comunidad de la región, a la espera de la resolución sobre la firmeza de la pena de prisión efectiva.

  • Fernando Cerimedo llegó con chaleco antibalas a la audiencia y la justicia de Bolivia define si ordena su prisión preventiva por intentar asesinar a su pareja

    Fernando Cerimedo llegó con chaleco antibalas a la audiencia y la justicia de Bolivia define si ordena su prisión preventiva por intentar asesinar a su pareja

    El consultor político Fernando Cerimedo aguarda este viernes la decisión de un juez penal sobre la posible prisión preventiva que deberá cumplir en Bolivia, mientras se investiga su presunta responsabilidad en un intento de asesinato contra su pareja, la abogada Nadia Beller. La mujer denunció que fue atacada a balazos el pasado lunes en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.

    Cerimedo arribó al juzgado de instrucción penal de Wilson Espada custodiado por la policía, vistiendo barbijo, gorra y chaleco antibalas, minutos después de las 13 horas. Allí participó en una audiencia de medidas cautelares en la que se le notificaron formalmente las imputaciones en su contra, conforme a lo solicitado por la Fiscalía que investiga el caso.
    La audiencia se inició puntualmente a las 14:30, hora local de Bolivia (15:30 en Argentina), con la presencia de todas las partes involucradas. Según fuentes judiciales consultadas por Clarín en Bolivia, la defensa de Cerimedo, encabezada por Ernesto Giraldes y Margarita Arce, planteó varios recursos de nulidad que estaban siendo analizados por el fiscal y el magistrado a cargo.
    Los abogados defensores argumentaron que la detención de Cerimedo, ocurrida la noche del miércoles cuando llegaba al aeropuerto para visitar a su pareja internada, fue irregular. Denunciaron además que la policía demoró más de lo previsto en presentarlo ante la justicia con la acusación formal y cuestionaron la tipificación preventiva del delito imputado.
    Tras una hora y media de audiencia, el abogado Giraldes abandonó el juzgado 20, aparentemente amonestado por maniobras dilatorias, según indicaron medios locales.
    Mientras tanto, Beller participó de la audiencia de manera virtual desde la clínica donde continúa internada tras haber sido operada. La abogada publicó en sus redes sociales fotografías que evidencian las heridas que sufrió en los brazos y la clavícula, acompañadas del mensaje: «Que Dios te perdone, Fernando Cerimedo», en respuesta a versiones que negaban la existencia de lesiones.
    Asistida por el abogado Jerjes Justiniano —quien llegó a la audiencia en reemplazo de la sesión postergada el jueves por demoras y la descompensación de Cerimedo—, la víctima mantiene pendiente una valoración médica que determinará su alta de la clínica.
    Paralelamente, un canal de televisión boliviano difundió un informe del Ministerio Público Fiscal que incluye todas las llamadas y comunicaciones de WhatsApp registradas en el teléfono celular de Cerimedo, entregado tras su detención. Estas pruebas coinciden con registros publicados previamente en la página de Facebook de Beller, pocas horas antes del inicio de la audiencia.
    Cerimedo, ex asesor de Javier Milei, rompió en llanto al ser abordado por periodistas y manifestó un único deseo: «Quiero ver a mis hijos». Se refería a los niños que tuvo con Natalia Basil, ex directora de Discapacidades en la Andis, quienes viven con su madre en Buenos Aires.
    Durante la audiencia, esposado y con chaleco antibalas, respondió con un gesto afirmativo cuando se le preguntó si era inocente y negó que el ataque estuviera planificado o que él hubiese citado a Beller al hotel donde fue atacada por dos sicarios disfrazados de repartidores de comida.

  • La audiencia por el cierre de Granja Tres Arroyos terminó sin acuerdo y pasó a cuarto intermedio

    La audiencia por el cierre de Granja Tres Arroyos terminó sin acuerdo y pasó a cuarto intermedio

    La audiencia por el cierre de Granja Tres Arroyos terminó sin acuerdo y pasó a cuarto intermedio

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    La empresa y los gremios de la Carne y de la Alimentación se reunieron en la Secretaría de Trabajo de la Provincia pero no hubo avances. La planta está cerrada y casi 1.000 puestos de trabajo en vilo.

    La audiencia de conciliación convocada este jueves por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos para intentar destrabar el conflicto en la planta La China de Granja Tres Arroyos pasó a un cuarto intermedio. La negociación continuará la semana que viene en Paraná.

    Según surge del acta del encuentro, que se desarrolló este jueves a las 10 encabezado por el delegado de la Secretaría de Trabajo en Concepción del Uruguay, Marcos Ayerbe, hubo participación de representantes de la empresa y de los sindicatos.

    Estuvieron los secretarios Generales del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Julio Chamorro, y de la Carne, Sergio Vereda. De parte de Tres Arroyos asistió Leylén Irungaray como gestora Procesal de la compañía.

    La cumbre terminó sin ningún avance para el conflicto. “Tras el intercambio de posiciones, las partes manifiestan formalmente que no hay acuerdo en esta instancia para destrabar el conflicto salarial y cierre de los accesos a la planta”, consta en el documento.

    En un escueto comunicado, los sindicatos informaron que “no logrando un acuerdo que satisfaga a las partes se pasó a cuarto intermedio”.

    También precisaron que “a la brevedad se fijará fecha a fin de reanudar las negociaciones en sede central de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ubicada en la ciudad de Paraná”. Sería la semana que viene, con día y hora a confirmar.

    La audiencia había sido convocada de oficio por el Gobierno provincial en medio de la crisis que atraviesa la firma avícola y el cierre por tiempo indeterminado de la planta ubicada en Concepción del Uruguay, situación que puso en riesgo más de 900 de puestos de trabajo.

  • El viernes 15 será la audiencia pública por el Plan de Uso Público del Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay

    El viernes 15 será la audiencia pública por el Plan de Uso Público del Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay

    El viernes 15 será la audiencia pública por el Plan de Uso Público del Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay

    El viernes 15 de mayo a las 16 en el Salón de Usos Múltiples de Colonia Elía -ubicado en la esquina de Calle N°10 y Calle N°7- se realizará una Audiencia Pública abierta a la comunidad, para presentar el Plan de Uso Público del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.

    La iniciativa tiene como objetivo definir la organización y regulación de actividades recreativas, turísticas y educativas que se podrán desarrollar dentro del Parque, a la vez que promueve su disfrute y garantiza la conservación del ecosistema.
    El Plan de Uso Público que se presentará fue elaborado considerando las opiniones y sugerencias que aportó la comunidad en la instancia de Consulta Pública realizada durante los primeros días de mayo. Es un documento que define la planificación y el ordenamiento de las actividades que los vecinos y visitantes pueden realizar dentro del Parque, como el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el senderismo y el trekking, el campamentismo y la recreación, los deportes no motorizados -como el kayakismo y los náuticos, el ciclismo, la natación y el pedestrismo-, la educación ambiental, los voluntariados y la interpretación del patrimonio natural y cultural. El uso público debe ser de bajo impacto ambiental, en línea con los objetivos y valores de conservación del área, para prevenir impactos negativos y asegurar la integridad ecológica del territorio.
    Esta Audiencia Pública es convocada por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos; la coordinación del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay; y la Municipalidad de Colonia Elía como representantes de la Comisión Ejecutiva de Manejo del área protegida; y por las organizaciones WCS Argentina y Banco de Bosques, como integrantes de su Comisión Asesora Local.
    Para asistir a la Audiencia Públicamente solamente tenés que inscribirte
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczay-IUz_DK5kjwAOuwxLgh2v_Wjq97AAmY8qNoF_sBD1mFw/viewform

  • Se demora el arranque del juicio por el caso Hotesur: recién en septiembre habrá una audiencia para ver cómo se hace

    Se demora el arranque del juicio por el caso Hotesur: recién en septiembre habrá una audiencia para ver cómo se hace

    Se demora el arranque del juicio por el caso Hotesur: recién en septiembre habrá una audiencia para ver cómo se hace

    El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) rechazó nuevamente el pedido del fiscal general Diego Velasco para acelerar el inicio del juicio que sentará en el banquillo a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros acusados por lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas en los casos unificados Hotesur-Los Sauces. No obstante, los jueces convocaron a una audiencia preliminar para el 4 de septiembre, con el fin de definir los detalles organizativos del debate, cuyo comienzo podría postergarse hasta finales de este año o incluso 2027.

    Desde diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por Cristina Kirchner y otros imputados, Velasco reclamó reiteradamente al TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti, que fije una fecha para el inicio del juicio por hechos de corrupción vinculados a la exmandataria. El fiscal sostiene que, aunque se espera la finalización de una pericia contable sobre una de las empresas familiares investigadas, el proceso podría comenzar sin esa prueba aún pendiente. Ante el rechazo inicial del tribunal, Velasco apeló, pero su planteo fue denegado.
    En el decreto, el TOF 5 citó a todos los imputados a una audiencia ordenatoria el 4 de septiembre a las 10:00 horas. En esta reunión, las partes —fiscalía, querellas y defensas— deberán acordar aspectos fundamentales del juicio, como la cantidad de testigos, número de audiencias por semana y horarios, entre otros. Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, hay unas 400 personas solicitadas como testigos, y el tribunal definirá cuáles deberán ser citados desde el inicio del juicio.
    En su primer rechazo al pedido del fiscal, el presidente del TOF 5, José Michilini, sostuvo que los argumentos de la fiscalía “no constituyen razones suficientes para alterar las condiciones legales requeridas para la fijación del debate”, especialmente cuando el código procesal busca proteger el derecho a la defensa en juicio. Señaló que las medidas pendientes “pueden influir y determinar la estrategia de defensa, sobre todo en la etapa inicial, cuando se plantean cuestiones preliminares y se realizan las indagatorias”.
    Además, Michilini advirtió que la notoriedad pública del caso, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, “no debe condicionar el proceso decisorio, menoscabando las garantías procesales aplicables”. Acceder al pedido del fiscal “sería contrario a las normas procesales vigentes y podría atentar contra la validez de las actuaciones, exponiéndolas a múltiples impugnaciones de las defensas”, remarcó. Por su parte, el juez Fernando Machado Pelloni, con su voto, enfatizó que la prioridad es el “control estricto de la legalidad del procedimiento”, velando por el cumplimiento riguroso de las formas y garantías previstas.
    El Tribunal decidió esperar la finalización de las medidas de prueba preliminares, tal como ordenó la Corte Suprema a finales de 2024 al disponer la realización del juicio contra los 16 imputados.
    El caso se centra en las empresas familiares Hotesur, dedicada al sector hotelero, y Los Sauces, inmobiliaria, ambas investigaciones por el presunto lavado de 120 millones de pesos entre 2008 y 2015, mediante simulaciones de contratos de alquiler en esos rubros, según explicó el Ministerio Público Fiscal al solicitar el juicio. Estas compañías nunca operaron con sedes comerciales reales. Un denominador común fue la figura de Lázaro Báez, quien actuó como inquilino en Los Sauces y gestionó la explotación de los hoteles.
    La acusación vincula a Báez como un operador esencial para “devolver” a los exmandatarios parte del dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas adjudicadas a sus empresas en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde Cristina Kirchner y el dueño del Grupo Austral tienen condenas firmes. Asimismo, los imputados están acusados de recibir dádivas, dado que Cristina, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo, mantuvo más de veinte operaciones comerciales con Báez, empresario contratista del Estado durante el período investigado.
    Aunque en la instrucción los casos fueron investigados por separado, se unificaron al elevar las causas a juicio oral, organismo que estará a cargo del TOF 5. Se solicitaron dos pericias contables; la primera, ya entregada, concluyó que Hotesur funcionaba exclusivamente para recibir fondos de Lázaro Báez, quien explotaba la firma hotelera con Valle Mitre. Esta última recibía dinero únicamente de Austral Construcciones, a su vez financiada por obras públicas viales del gobierno kirchnerista. La segunda pericia, centrada en la inmobiliaria Los Sauces, aún no fue concluida.

  • Audiencia por la Ley de Glaciares: denunciarán a una senadora salteña por vínculos con una minera – El Miércoles Digital

    Audiencia por la Ley de Glaciares: denunciarán a una senadora salteña por vínculos con una minera – El Miércoles Digital
    Enrique Viale, presidente de Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó que está es «la audiencia pública más loca del mundo». Nombró a Vicuña, Glencore y Barrick Gold como las «principales beneficiadas» de la modificación de la Ley de Glaciares. La respuesta de la senadora salteña Flavia Royón.
    Después de venir cuestionando públicamente el método de inscripción a la audiencia pública, el abogado ambientalista Enrique Viale acusó a la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, de “tener una consultora que asesora a Río Tinto”. Luego, anunció que este jueves 26 irá a denunciarla penalmente bajo la acusación de “incompatibilidad en la función pública para que se investigue el cohecho”. Viale hizo referencia al vinculo de la salteña con la firma Zalandez, donde incluso aparece en la página web como parte del equipo de trabajo en una publicación del 2024.
    El letrado es el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y hace unos días participó del Observatorio junto a legisladores de la oposición. Desde hace varios días viene cuestionando el mecanismo de intervención en las audiencias públicas por la modificación a la Ley de Glaciares: “En esta farsa de audiencia pública tuve siete controles para llegar hasta acá y solo participa el 0,3% de los inscriptos”.
    Reiteró que se trata de “la audiencia pública más loca del mundo” y trajo a colación una serie de argumentos que según Viale fueron explicados en varios obras literarias redactadas por ambientalistas: “Esto erosiona la democracia, pero el extractivismo es así porque a más extractivismo, menos democracia”. Luego, volvió a repetir que “101 mil personas quedaron afuera”.
    En medio de cruces fuera de micrófono con la bancada libertaria, Viale ironizó: “No les pedimos que se ‘deslomen’, pero estírenla quince días porque podrían haber ido a las provincias a escuchar a la gente”. Luego, agregó que “lo peor de todo es que nos plantean que esta ley viene a impulsar la minería… pero la Ley de Glaciares tiene un inventario hecho por la ciencia que es lo que quieren destruir”.
    Para Viale, el marco normativo que lanzó el Consejo de Mayo y avaló el Gobierno nacional , establece que las decisiones respecto a los glaciares y las zonas periglaciares las define “un funcionario de tercer nivel para poder ser destruido”. “El IANIGLA cubre el 0,21% del territorio continental argentino y esta reforma esta hecha a medida de grandes trasnacionales mineras”, acusó.
    Enumeró también que -señalando a los diputados de La Libertad Avanza- que “ustedes están trabajando para Vicuña quien se reunió dos veces con el presidente (Javier Milei) y que es de BHP, la que hizo el desastre en Brasil donde se rompió el dique y arrasó un pueblo entero”. Mientras continuaba su exposición en el Anexo C de la Cámara baja, reiteró que “Vicuña consume dos litros por segundo durante 30 años”.
    Enumeró también que -señalando a los diputados de La Libertad Avanza- que “ustedes están trabajando para Vicuña quien se reunió dos veces con el presidente (Javier Milei) y que es de BHP, la que hizo el desastre en Brasil donde se rompió el dique y arrasó un pueblo entero”. Mientras continuaba su exposición en el Anexo C de la Cámara baja, reiteró que “Vicuña consume dos litros por segundo durante 30 años”.
    También mencionó a Glencore, BlackRock (Estados Unidos), el Proyecto Mara y Río Tinto. A partir de esto, lanzó las acusaciones contra la legisladora que responde a la Gobernación de Salta: “Ustedes saben que hay una senadora de Salta que representa a las mineras, Flavia Royón”. Y cargó: “Tiene una consultora que asesora a Río Tinto que es una de las principales beneficiadas por esto”. Agregó por ello que “mañana la estamos denunciado penalmente por  incompatibilidad en la función pública y que se investigue el cohecho”.
    En el final, señaló a José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y le consultó: “¿Usted tiene relación con proveedores mineros?”. Agregó que “esto tiene nombre y apellido”; reiteró que irá a la justicia; y cerró: “la Ley de Glaciares no se toca”.
    Las explicaciones de Royón
    Según Parlamentario, Royón prestó servicios en Zalandez pero renunció el 9 de diciembre del 2025, antes de ocupar la banca en la Cámara alta.

    Zelandez se presenta como “una empresa autosuficiente, rentable y con infinito potencial”. Además, está el boletín informativo en la web que presentó a la actual senadora en julio del 2024 luego de pasar por la Secretaría de Energía -durante el gobierno del Frente de Todos- y de Minería en el primer año de Milei. En el portal la presentaban como una funcionaria con “ conocimiento del sector minero de litio argentino  conocimiento del sector minero de litio argentino”.
    La senadora salteña responde al gobernador Gustavo Sáenz y ha conformado el monobloque «Primero los Salteños». Es vocal de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles; y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, entre varias más.
    Minutos después, la senadora nacional hizo referencias al anticipo de Enrique Viale y deslizó: «Las afirmaciones respecto a una supuesta asesoría a Río Tinto carecen de sustento probatorio. La senadora no posee vínculo alguno con dicha empresa». Y concluyó: «Si el doctor Viale cuenta con pruebas, que las presente».
    Fuente: Parlamentario.