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  • Alerta por el aumento de crisis de salud mental en Concepción del Uruguay

    Alerta por el aumento de crisis de salud mental en Concepción del Uruguay

    Alerta por el aumento de crisis de salud mental en Concepción del Uruguay

    El Hospital J. J. de Urquiza de Concepción del Uruguay advirtió sobre un crecimiento sostenido de las consultas por salud mental y de los casos de intentos de suicidio registrados en la guardia del nosocomio, una problemática que preocupa a los equipos de atención pública y que refleja una situación crítica a nivel social.

    Según informó la Licenciada en Psicología María Juliana Arca, jefa del Servicio de Salud Mental del hospital, desde el año 2020 se observa un incremento constante de la demanda de atención en guardia por crisis vinculadas al sufrimiento psíquico, angustia extrema e ideación suicida.
    “Las crisis de salud mental no son algo que las personas deban atravesar en soledad. Muchas veces se deja pasar el tiempo pensando que el malestar va a desaparecer, pero pedir ayuda a tiempo puede evitar situaciones extremas”, señaló la profesional.
    Los datos estadísticos del hospital correspondientes al año 2025 muestran la magnitud del problema: se registraron 187 casos de intentos de suicidio dentro de un amplio universo de consultas por salud mental. Del total, el 86,1% de las personas —161 pacientes— recibieron atención especializada inmediata por parte del Servicio de Salud Mental, mientras que el resto necesitó internación debido a su estado clínico.
    Para Arca, estas cifras “muestran con claridad que las crisis de salud mental son una realidad urgente que afecta a personas de todas las edades y géneros”.
    La especialista explicó además que desde 2024 comenzó a implementarse la notificación obligatoria de los intentos de suicidio al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA), una herramienta nacional que permite dimensionar la problemática en cada provincia y localidad del país.
    “El objetivo es poder contar con estadísticas reales y desarrollar políticas públicas concretas para abordar esta situación”, indicó.
    Desde el Hospital Urquiza remarcaron que el sistema público de salud dispone de herramientas gratuitas y accesibles para acompañar a quienes atraviesan malestar psíquico que pueden manifestarse en agustia o trizteza que prevalece.
    “No es necesario esperar a tocar fondo para buscar ayuda. Contar con un espacio terapéutico regular puede ser fundamental para procesar el sufrimiento de manera segura”, subrayó la jefa del Servicio de Salud Mental.
    Dónde pedir ayuda
    Ante situaciones de angustia profunda, ideación suicida o crisis emocionales, se recomienda acudir a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de cada barrio o al Servicio de Salud Mental del Hospital Urquiza.
    Las admisiones en Salud Mental se realizan los lunes desde las 6 de la mañana y también se puede solicitar asesoramiento al teléfono 3442-602749.
    Además, funciona las 24 horas la Línea Provincial de Asistencia al Sujeto en Situación de Crisis de Salud Mental: 0800-777-2100, gratuita y confidencial.
    Centros de Salud disponibles en Concepción del Uruguay
    * CAPS Dr. Bartolomé Giacomotti — Urquiza 900 — Tel: 3442-422464 / 3442-556685* CAPS Bajada Grande — Alberdi 2081 — Tel: 3442-441450* Centro de Salud La Concepción — Malvar y Pinto y 21 de Noviembre — Tel: 3442-587011* CIC — Allais 1953 — Tel: 3442-443921 / 3442-586017* Centro de Salud Rocamora — Artusi 1736 — Tel: 3442-586015* Centro de Salud Amanda Ledesma — Enrique de Vedia 199 — Tel: 3442-421159* Centro de Salud Minatta — Granillo Posse 842 — Tel: 3442-586016* Centro de Salud Villa Las Lomas Norte — Estrada 2767

  • La inflación se disparó en Estados Unidos al nivel más alto en tres años por el aumento del petróleo

    La inflación se disparó en Estados Unidos al nivel más alto en tres años por el aumento del petróleo

    La inflación se disparó en Estados Unidos al nivel más alto en tres años por el aumento del petróleo

    El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos registró en mayo un incremento interanual del 4,2%, alcanzando su nivel más alto desde abril de 2023 y alineándose con las previsiones del mercado. Este aumento responde principalmente al encarecimiento de la energía, impulsado por la guerra en Irán. En abril, el índice había sido del 3,8% interanual.

    La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, también subió en mayo, alcanzando un 2,9%, una décima más que en abril, según informó este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).
    Estos datos representan un desafío para la Reserva Federal (Fed) y un posible problema político para la administración de Donald Trump, especialmente ante la proximidad de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que los republicanos podrían perder la ajustada mayoría en el Senado.
    El precio de la gasolina aumentó en mayo debido al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, que ha afectado aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Según la Administración de Información Energética, el precio promedio en las estaciones de servicio pasó de 4,04 dólares a mediados de abril a 4,49 dólares a mediados de mayo. Posteriormente, los precios han retrocedido a un promedio de 4,16 dólares a nivel nacional, lo que podría moderar la inflación en junio.
    El alza de la inflación ha generado descontento entre los estadounidenses, ya que el aumento en los costos del combustible, alimentos y otros productos básicos afecta gravemente la situación financiera de muchas familias. El encarecimiento del diésel ha elevado los costos de transporte, motivando a empresas como UPS y FedEx a imponer recargos por combustible en los últimos dos meses, lo que probablemente impulsará al alza los precios de los alimentos, que en abril subieron un 0,7% y son un 2,9% más caros que hace un año.
    Antes de que Trump impusiera aranceles generalizados en abril de 2025, que elevaron el precio de numerosos productos, la inflación se había moderado. Desde entonces, el aumento en los precios del petróleo y el gas debido al conflicto con Irán ha convertido la asequibilidad en un tema político central. La incógnita principal es si la inflación disminuirá una vez finalizada la guerra, con un posible descenso en los precios energéticos, o si se mantendrá incluso después del conflicto.
    La situación ha modificado el debate dentro de la Reserva Federal. A comienzos de año, varios funcionarios se inclinaban por reducir dos veces la tasa de interés clave durante el año, pero ahora muchos anticipan que el siguiente paso será un aumento. Un incremento en la tasa de referencia normalmente implica mayores costos de endeudamiento para hipotecas, préstamos de automóviles y créditos empresariales. Los inversionistas en Wall Street prevén una subida de tasas para diciembre, según los futuros monitoreados por CME FedWatch.
    A pesar del repunte inflacionario, el mercado laboral muestra señales de fortaleza, con un ritmo saludable de contratación en mayo, y la economía continúa creciendo. Estos indicadores sugieren que el banco central no necesita bajar las tasas para estimular la economía, aunque algunos funcionarios consideran necesario enfriar el crecimiento para reducir la inflación.
    Las tasas de interés de los bonos del Tesoro a dos y diez años han aumentado desde que el informe de empleo reportó una aceleración en la contratación, reflejando la expectativa de los inversionistas de que la alta inflación requerirá incrementos en las tasas de interés.
    Este escenario pone en una posición compleja al nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien fue designado por Trump para reemplazar a Jerome Powell, tras las críticas presidenciales por la lentitud en la reducción de tasas. Aunque Warsh había abogado por recortes el año pasado, actualmente tanto él como funcionarios de la Casa Blanca sostienen que no es necesario aumentar las tasas, pero tampoco exigen nuevas disminuciones.
    Algunos economistas atribuyen el incremento de ciertos precios, como el de la ropa, que subió un 0,6% en abril y acumula un alza anual del 4,2%, a los aranceles vigentes. Además, el encarecimiento del combustible podría haber provocado un aumento en las tarifas aéreas, lo que impactaría también en la inflación subyacente.
    Fuente: AP.

  • El Gobierno y las Universidades, cerca de un acuerdo con un aumento salarial de 24,3%

    El Gobierno y las Universidades, cerca de un acuerdo con un aumento salarial de 24,3%

    El Gobierno y las Universidades, cerca de un acuerdo con un aumento salarial de 24,3%

    Si no surge un contratiempo de último momento, el Gobierno y las universidades nacionales podrían cerrar en los próximos días un acuerdo salarial junto con la transferencia de fondos para becas y hospitales universitarios, dando inicio a una solución al conflicto universitario que se prolonga desde hace más de dos años.

    Mientras los gremios universitarios convocaron un nuevo paro nacional para el período del 16 al 20 de junio, las negociaciones discretas entre un grupo de rectores y funcionarios gubernamentales continuaron avanzando. El principal obstáculo estaría superado: las universidades no retirarán la demanda judicial que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo expediente, con trámite favorable para las casas de estudio, se encuentra en análisis mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
    Según fuentes universitarias, este martes podría firmarse el acuerdo entre las autoridades del Ministerio de Capital Humano y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), liderados por su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Posteriormente, el miércoles se prevé la firma con los gremios representativos del sector.
    El acuerdo, presentado como una “solución intermedia” frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento, contempla una recomposición salarial del 24,3% (21,3% a partir de julio y un 3% en octubre), además de fondos destinados a becas estudiantiles y hospitales universitarios.
    No obstante, la incertidumbre persiste hasta último momento en una situación que fuentes califican como “delicada y compleja”. En juego están los intereses de rectores, docentes y personal no docente involucrados. Además, la oferta oficial es inferior a lo que establece la normativa vigente, cuya aplicación el Gobierno ha postergado.
    La comunidad universitaria, cuya capacidad adquisitiva ha caído hasta un 50%, demanda una mejora urgente. Mientras tanto, sobre el Gobierno pesa la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema, que debe decidir si acepta o no el caso planteado. Al tratarse de una medida cautelar, se supone que no debería intervenir, lo que abriría el camino a la ejecución de la sentencia que obliga a transferir fondos por aproximadamente 2,8 billones de pesos a las universidades.
    El acuerdo que se firmaría implicaría la transferencia de cerca de 800 mil millones de pesos y la creación de una “comisión técnica” junto con paritarias trimestrales, otra demanda de universidades y gremios, para avanzar en la resolución de los aspectos pendientes.
    La recomposición salarial del 24,3% se distribuiría en un 7% a cuenta de lo perdido en 2024; un 12,6% correspondiente a 2025; y la actualización salarial hasta mayo de 2026, según las fuentes consultadas. Los salarios actuales, en su mayoría, se encuentran muy por debajo del nivel necesario para mantener a una familia en la clase media.
    Las negociaciones estuvieron a cargo del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dependiente del Ministerio de Capital Humano, junto con las máximas autoridades del CIN, su presidente Franco Bartolacci, y Anselmo Torres, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
    En medio de este proceso, el rol de la Corte Suprema es crucial pero incierto, ya que aún no se ha pronunciado sobre el recurso extraordinario presentado por el Gobierno tras haber perdido en primera instancia y ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. El viernes pasado, la Corte rechazó la recusación planteada por el Ejecutivo contra sus miembros, quienes son docentes universitarios, y que se basaba en un supuesto conflicto de intereses.
    Se estima que la Corte mantiene la espera, confiando en que las partes logren una solución negociada. Se prevé un desenlace en las próximas horas. Mientras tanto, la Federación Universitaria Argentina (FUA) intentará presionar a los supremos con una “clase pública” convocada para este martes a las 11 frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle.
    Para los rectores, este acuerdo representaría un alivio imprescindible para la crítica situación presupuestaria, ya que alrededor del 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios docentes y no docentes. Sin renunciar al reclamo por el cumplimiento pleno de la ley sancionada por el Congreso y ratificada pese al veto del presidente Javier Milei, las autoridades aseguran que con este acuerdo la normativa comenzaría a aplicarse efectivamente.

  • Agmer se declaró en estado de conflicto tras la decisión del gobierno de pagar el aumento por decreto – El Miércoles Digital

    Agmer se declaró en estado de conflicto tras la decisión del gobierno de pagar el aumento por decreto – El Miércoles Digital

    Agmer se declaró en estado de conflicto tras la decisión del gobierno de pagar el aumento por decreto – El Miércoles Digital

    El secretario general de Agmer, Abel Antiveros, confirmó que el sindicato docente se declaró “en situación de conflicto” luego de que el gobierno provincial decidiera otorgar por decreto el aumento salarial del 3,5 por ciento para mayo, sin acuerdo paritario.
    El dirigente gremial cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que “el gobierno termina bastardeando el ámbito paritario porque no hubo acuerdo” con los sindicatos docentes.
    Según explicó, la administración provincial notificó al gremio durante este lunes que mantendrá abierto formalmente el ámbito de negociación, aunque resolvió liquidar igualmente el incremento salarial mediante resolución administrativa.
    “La decisión fue notificarnos que ese 3,5 por ciento que había ofrecido en la audiencia anterior lo va a dar por resolución”, indicó Antiveros en declaraciones al programa Puro Cuento, de Radio Plaza.
    El dirigente remarcó que desde AGMER esperaban “por lo menos el gesto” de que el gobierno concurriera a la audiencia prevista para continuar la discusión salarial y ratificara allí formalmente la oferta.
    “Es la segunda vez en el año que se dispone un aumento por decreto y no se cierra la paritaria como debía cerrarse”, cuestionó.
    Antiveros sostuvo además que el Ejecutivo provincial “no está validando el ámbito paritario” y señaló que la negociación colectiva “tiene un espíritu democrático y de acuerdos donde las partes se sientan en igualdad de condiciones”.
    “Los docentes están al límite”
    El secretario general de AGMER advirtió sobre el deterioro salarial del sector docente y vinculó esa situación con un progresivo vaciamiento del sistema educativo.
    En ese sentido, recordó que el gremio entregó al gobierno provincial el informe elaborado por el investigador Víctor Hutt, que analiza la evolución del salario docente desde julio de 2023 hasta marzo de este año.
    “Se ve el deterioro del salario docente y cómo eso genera pluriempleo y la salida de trabajadores de la actividad buscando otros ingresos”, expresó.
    Antiveros consideró además que esa situación contradice el discurso oficial sobre el fortalecimiento educativo. “Habla de la poca intención del gobierno de fortalecer la calidad educativa”, afirmó.
    El dirigente sindical alertó que muchos trabajadores “ya están al límite de la paciencia” frente a salarios que no alcanzan para sostener la economía familiar.
    Posibles medidas de fuerza y rechazo a la reforma previsional
    Tras declararse en situación de conflicto, AGMER quedó habilitada a solicitar formalmente una nueva audiencia paritaria. Si el gobierno no responde dentro de los plazos legales, el gremio podrá avanzar con medidas de fuerza.
    Antiveros confirmó que la conducción sindical evalúa convocar a un congreso gremial durante la próxima semana para definir acciones.
    Además, indicó que el plan de lucha docente se articulará con el rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial.
    “Tenemos acciones previstas en el marco de la multisectorial para el 19 y 20 de mayo”, adelantó.
    El titular de AGMER también cuestionó la falta de reacción política frente al deterioro salarial y afirmó que existe “una preocupación de baja intensidad” en sectores de la dirigencia.
    Respecto de la reforma jubilatoria, sostuvo que el gremio mantiene dudas sobre el nivel de respaldo legislativo que tendrá el proyecto, aunque advirtió que el oficialismo podría conseguir apoyo de sectores opositores.
    Apoyo a la marcha universitaria
    Durante la entrevista, Antiveros confirmó además la participación de AGMER en la nueva Marcha Federal Universitaria realizada este lunes en distintas ciudades del país.
    “No es cuestión menor lo que está pasando con el desfinanciamiento universitario”, sostuvo, y vinculó ese escenario con el deterioro general del sistema educativo nacional y provincial.
    “El panorama es realmente preocupante porque no encontramos una puerta de salida y podemos pensar que mañana va a ser peor que hoy”, concluyó.

     
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  • Aumento de trenes en mayo: en cuánto queda el boleto con Tarifa Social

    Aumento de trenes en mayo: en cuánto queda el boleto con Tarifa Social

    Aumento de trenes en mayo: en cuánto queda el boleto con Tarifa Social

    El Gobierno oficializó un nuevo esquema de aumentos para las tarifas de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que contempla subas escalonadas entre mayo y septiembre de 2026. La medida impactará tanto en quienes pagan la tarifa general con tarjeta SUBE registrada como en los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social, que otorga un descuento del 55% en el transporte público.

    Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir del lunes 18 de mayo, una vez finalizada la consulta pública impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Según la Resolución 26/2026 publicada en el Boletín Oficial, el esquema de aumentos contempla cinco incrementos: 18% en mayo, 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.
    Con este nuevo esquema, el boleto de tren sufrirá un incremento del 18% desde el 18 de mayo en las líneas metropolitanas. Así, el pasaje mínimo para viajar con SUBE registrada pasará de $280 a $330 en la primera sección; de $360 a $429 en la segunda; y de $450 a $528 en la tercera.
    En cuanto a los beneficiarios de la Tarifa Social, también verán modificados los valores de sus pasajes, aunque conservarán el descuento sobre la tarifa plena. En la primera sección, el pasaje mínimo aumentará de $126 a $148,50, lo que representa un incremento del 17,86%. En la segunda sección, el valor ascenderá de $162 a $185,25, equivalente a un aumento del 14,35%, mientras que en la tercera sección subirá de $202,50 a $227,25, un 12,23% más.
    Según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), pueden acceder a la Tarifa Social jubilados y pensionados, incluyendo titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos.
    También están habilitados los beneficiarios de las siguientes asignaciones: Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Beca Progresar, personal de casas particulares, Monotributo Social y prestación por desempleo.
    Para acceder a la Tarifa Social en el transporte público, es necesario pertenecer a alguno de los grupos mencionados y contar con una cuenta registrada en SUBE. El trámite requiere generar un PIN y asociarlo a la tarjeta SUBE ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, luego en la sección “Programas y beneficios” seleccionar la opción “Generar PIN SUBE”.
    Una vez obtenido el PIN, la Tarifa Social debe activarse apoyando la tarjeta en una terminal automática SUBE. También es posible realizar el trámite de manera presencial, sin turno previo, presentando DNI y tarjeta SUBE en una oficina de ANSeS o en un Centro de Atención SUBE.

  • ATE: Consideran aumento insuficiente a los empleados municipales

    ATE: Consideran aumento insuficiente a los empleados municipales

    ATE: Consideran aumento insuficiente a los empleados municipales

    Desde ATE Seccional Uruguay, declararon insuficiente la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo Municipal de Concepción del Uruguay.

    «El incremento del 2% no responde a la realidad económica actual y al deterioro del poder adquisitivo de los/as trabajadores municipales.
    En un contexto de inflación sostenida, esta medida resulta claramente insatisfactoria y alejada de las necesidades reales del sector.
    Solicitamos urgente la reapertura del diálogo para avanzar en una propuesta salarial que garantice condiciones dignas y justas».

  • Aprobaron el tope por inflación para el aumento de patentes en la Ciudad: cuándo vencen y cómo pagarlas

    Aprobaron el tope por inflación para el aumento de patentes en la Ciudad: cuándo vencen y cómo pagarlas

    Aprobaron el tope por inflación para el aumento de patentes en la Ciudad: cuándo vencen y cómo pagarlas

    La Legislatura porteña aprobó el tope a los aumentos de patentes para los vehículos radicados en la Ciudad. Lo hizo a pedido del Ejecutivo, que envió el proyecto luego de que en febrero comenzaran a llegar las boletas con incrementos superiores al 100%. Aunque ya se había hecho el recálculo para la primera cuota, ahora se le dio el marco legal necesario para el resto del año.En su momento, y ante la viralización en redes sociales de usuarios que se quejaban por los aumentos, los funcionarios explicaron que se debió a un «error» que se produjo porque, hasta el año pasado, la Ciudad tomaba los valores que ofrecía la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRP); pero como ese organismo, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, no actualizó los valores en función de la evolución del mercado durante al menos los últimos tres años, al igual que otros distritos la Capital Federal decidió comenzar a usar la tabla de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).Entonces hubo cientos de modelos en los que aumentó el valor de referencia para hacer el cálculo del impuesto. Y hubo casos en los que ese monto se duplicó o incluso fue más allá. Y este factor resultó en un impacto directo sobre el impuesto.Ahora, entonces, quedó refrendado por ley el tope para que, en ningún caso, el aumento supere el 31,8% de la inflación que midió la Ciudad durante 2025.Como el período de sesiones ordinarias comenzó el 1° de marzo, y de hecho la del jueves fue la primera sesión del año, el Gobierno había adelantado el recálculo y la fecha de vencimiento de la primera cuota se fijó para el 27 de febrero.A partir de abril, con la segunda cuota, los plazos vuelven a ser los que están determinados en función de los últimos números de cada patente. Primero, y antes del 10 de abril, les toca a los dominios terminado en 0 a 3, motos y adheridos al débito automático; en segundo término, entre el 15 y el 20, a los finalizados en 4 a 6; y después del 20 son los vencimientos para los dominios terminados de 7 a 9 y grandes contribuyentes.La ley aprobada ayer también establece que, en el caso de los contribuyentes que ya habían pagado antes del tope y lo habían hecho con aumentos por encima de la inflación, no deberán realizar ningún trámite adicional. El excedente abonado se registrará como saldo a favor y se aplicará automáticamente en la próxima cuota.Si se efectuó el pago de la cuota anual anticipada, la diferencia a favor resultante de la reliquidación quedará a disposición para que el contribuyente pueda solicitar la devolución o la imputación a futuros vencimientos.El pago de la patente se calcula en función de la valuación del vehículo, a la que se le aplica una alícuota promedio. Se paga por bimestre y hay bonificaciones que puedan aplicar por el pago anticipado (10% de descuento) o si se adhieren al débito automático (8,33% de bonificación anual). También hay un 5% para los que paguen las cuotas bimestrales antes de la fecha del vencimiento.La alícuota efectiva promedio de todo el padrón es del 3,5%. Esto se debe a que el 81% (856.499) de los vehículos se ubica en los tres tramos más bajos de la escala. Las alícuotas son del 1,5% para los vehículos de menor valor y asciende hasta el 6% para los valuados en más $ 73.100.000.Desde abril, el Gobierno porteño dispuso que ya no habrá boletas de papel, ni para patentes ni para el ABL. Para hacer lo pagos hay que seguir los siguientes pasos: En la sesión del jueves también se aprobó en forma unánime una ley que establece beneficios fiscales para las personas afectadas por el derrumbe de una losa en el complejo Estación Buenos Aires. La ley aprobada incluye la condonación de las deudas por las cuotas de marzo y abril de 2026 del ABL, además de una exención total del pago desde mayo hasta diciembre de 2026. Estos beneficios alcanzan a todas las unidades funcionales y complementarias del inmueble afectado.Además, los propietarios de vehículos siniestrados durante el derrumbe se verán beneficiados con la condonación de la cuota 2 del impuesto a las Patentes y la exención de pago de las cuotas correspondientes al período entre marzo y junio de este año. Para los que ya pagaron, recibirán un reintegro. Los beneficios se suman a la ayuda económica que había dispuesto la Ciudad.

  • Aumento de 123%: los ministros y secretarios de Milei duplicaron su sueldo en los primeros meses del año – El Miércoles Digital

    Aumento de 123%: los ministros y secretarios de Milei duplicaron su sueldo en los primeros meses del año – El Miércoles Digital

    El 2 de enero de 2026 el Gobierno terminó con la política de salarios congelados para el Gabinete que arrastró desde que Javier Milei entró a la Casa Rosada.
    Solo quedaron frizados los sueldos del Presidente y su vice, Victoria Villarruel, pero el resto de la plana mayor libertaria recibió incrementos superiores al 100% en los primeros meses del año, según pudo confirmar el diario La Nación, que accedió al detalle de lo que perciben actualmente las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional. La recomposición llegó tras dos años de administración sin movimientos en los haberes y quedó por abajo del acumulado de inflación.
    Con viento político a favor tras ganar las elecciones nacionales legislativas de 2025, en medio de la flaca actividad por el arranque de la temporada de verano y con presión de los ministerios por las fugas de empleados de alto rango por los bajos salarios, Milei decretó en enero un aumento de sueldos que benefició al jefe de Gabinete, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. En el texto de la norma no se precisó ni el porcentaje exacto de incremento ni a cuánto escalarían. La política de sueldos es un tema de hipersensibilidad para el Gobierno, que levantó la bandera de la austeridad como forma de justificar el ajuste y que asimismo puso un techo a los incrementos paritarios de las ramas privadas.
    Los sueldos tanto de Milei como de Villarruel siguen inmutables. Milei cobra $4.066.018 y la vice, pese a las quejas que hizo por su bajo salario, se mantiene en $3.764.821.
    El resto del Gabinete, que sí se vio favorecido por el decreto, además hacia adelante quedó atado a los porcentajes de incremento de la administración pública nacional. La normativa (DNU 931/2025) se publicó el 2 de enero, con firmas del Presidente; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.
    Así quedaron los sueldos del Gobierno
    Los ministros, que hasta diciembre cobraban (siempre en bruto) $3.584.006, vieron cómo su salario escaló a lo largo de los últimos meses. El sueldo de enero pasó a ser de $7.129.501; el de febrero, $7.272.091; el de abril, que se percibe los primeros días de mayo, alcanzará los $7.902.331; y el de mayo ascenderá a $8.020.866, todo en base a información oficial a la que accedió este medio.
    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cobra lo mismo que un ministro, según dijeron fuentes oficiales al diario La Nación. Desde que comenzaron a sucederse las revelaciones en torno a su crecimiento patrimonial y sus viajes, los ingresos del funcionario quedaron en la mira de la Justicia.
    Por su parte, los secretarios −que hasta el sueldo de diciembre percibían $3.282.709− cobraron $6.530.145 por enero; $6.660.748, por febrero; recibirán $7.238.005 en mayo por el sueldo de abril; y pasarán a $7.346.575 el mes siguiente.
    En tanto, los subsecretarios −que en diciembre cobraban $2.981.513− recibieron $5.930.989 por enero; $6.049.609 por febrero y $6.573.902 por abril. El sueldo de mayo (que se cobra a inicios de junio) llegará a $6.672.510.
    Desde antes del aumento y solo hasta el primer cobro con la suba (enero de 2026), el incremento para estos cargos decidido por el propio gobierno para sus funcionarios fue de casi 99%.
    La comparación entre los salarios de diciembre y febrero da como resultado un aumento del 102%; entre diciembre-abril, un 120%; y entre diciembre-mayo, un 123%.
    En el Gobierno aclaran que el porcentaje de incremento después del descongelamiento de dos años sigue por debajo de la inflación acumulada, que calculan en 194%.
    En Balcarce 50, cuando el diario La Nación hizo referencia al incremento, el justificativo que se escuchó por los pasillos estuvo vinculado a la pérdida contra la inflación que derivó de que los salarios no se movieran desde el inicio de la gestión libertaria. En el desglosado, la inflación cerró en 117,8% en 2024 y en 31,5% en 2025. En enero y febrero de este año acumula 5,9%.
    Comparación con otros salarios
    Según cálculos del gremio público ATE, el promedio salarial de los trabajadores estatales nacionales es de $1.200.000, con un ingreso mínimo en los $600.000 que cobran los civiles de las Fuerzas Armadas.
    Hasta marzo, los senadores −blanco habitual del Presidente por subirse el sueldo atados a la paritaria legislativa− cobraron $11,6 millones en bruto; mientras que los diputados rondaron por ese entonces los $7 millones (con el plus de representación).
    El informe de la escala salarial vigente a partir de febrero de 2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación detalla que un juez de la Corte percibe un básico de $9.900.643.
    Bien lejos de todos esos salarios se ubica la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Social, que precisa la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores bajo relación de dependencia que fueron declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, tanto en el sector público como en el privado, que se ubicó en $1.646.344 para enero de 2026.
    Según cálculos del gremio público ATE, el promedio salarial de los trabajadores estatales nacionales es de $1.200.000, con un ingreso mínimo en los $600.000 que cobran los civiles de las Fuerzas Armadas
    Un tema político
    Desde el inicio de la gestión hasta enero, que firmó el decreto, Milei se resistió a darle aumentos a su staff como una forma de mostrar ante su electorado que, tal como había prometido en campaña, el ajuste recaería también sobre lo que decidió llamar “la casta”. Desde antes, cuando era diputado, hizo gala de sus sorteos de sueldos y parte de sus dardos al kirchnerismo se basaron en criticar el nivel de vida de los políticos y su enriquecimiento a lo largo de la función pública.
    Los ministros, en ese tiempo, le acercaron quejas al Presidente de que perdían personal de sus carteras porque los sueldos no eran competitivos en relación con los del sector privado.
    Tras ganar la elección nacional de 2025, con un batacazo que incluso llevó a LLA a posicionarse arriba en el territorio más complicado −la provincia de Buenos Aires−, el Gobierno definió otorgar este incremento salarial, consignó el diario La Nación.
    En el decreto, la Casa Rosada alegó que era necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado nacional contaran con un esquema de remuneraciones “adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.
    “Un esquema de autoridades superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas, en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado nacional”, señalaron en el decreto y añadieron: “Teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial sin comprometer la sostenibilidad fiscal”.
    Pero el clima político que vivía el Gobierno era diferente al actual. Después de las elecciones y del DNU que estableció los aumentos, la Casa Rosada pasó un verano de jolgorio porque logró aprobar todo lo que se propuso en las sesiones extraordinarias del Congreso.
    Pero, avanzado el año se sucedieron conflictos que pegaron sobre su línea de flotación discursiva. Por un lado, las revelaciones en la causa $LIBRA mostraron contactos entre el Presidente, su hermana y Santiago Caputo con Mauricio Novelli, uno de los principales implicados en la presunta estafa. El Gobierno, no obstante, se cansó de repetir que este tema no lo afecta electoralmente y negó cualquier acusación.
    Se sumó a eso la investigación judicial sobre Adorni −una de las caras más visibles de la gestión Milei− por supuesto enriquecimiento ilícito, tras conocerse sus viajes al exterior y su incremento patrimonial, que llevaron al jefe de Gabinete a tener la peor imagen desde que arrancó su carrera junto a Milei.
    En los últimos días, la administración libertaria agregó otros ruidos por los créditos del Banco Nación que obtuvieron funcionarios y diputados oficialistas, un tema que también investiga la Justicia, que intentará determinar si hubo trato preferencial o no, como jura la plana mayor del Gobierno.

     
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  • Autismo: ONGs advierten por el fuerte aumento de casos y reclaman estadísticas oficiales en Argentina

    Autismo: ONGs advierten por el fuerte aumento de casos y reclaman estadísticas oficiales en Argentina

    Autismo: ONGs advierten por el fuerte aumento de casos y reclaman estadísticas oficiales en Argentina

    En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, siete organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre el crecimiento sostenido de los casos y reclamaron la generación de estadísticas oficiales en la Argentina para poder diseñar políticas públicas adecuadas.El planteo se dio durante la jornada “Miradas que conectan”, realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde presentaron un documento conjunto con una serie de advertencias y propuestas.Según señalaron, la prevalencia del autismo a nivel internacional mostró un aumento significativo en las últimas décadas: pasó de 1 cada 150 niños en el año 2000 a 1 cada 31 en la actualidad, lo que implica un crecimiento superior al 400%.En ese contexto, remarcaron que el autismo “ya no es una realidad aislada”, sino una condición presente en la vida cotidiana que atraviesa a familias y comunidades en distintos ámbitos.Uno de los principales puntos del documento que difundieron es la falta de datos oficiales en el país. Las organizaciones sostienen que esta ausencia impide dimensionar el fenómeno, proyectar su evolución y planificar respuestas estatales.“Sin datos no hay políticas públicas posibles. Necesitamos que el autismo forme parte de las estadísticas oficiales para poder dar respuestas reales”, señalaron desde las entidades firmantes.Como medida prioritaria, propusieron incorporar de manera progresiva indicadores sobre autismo y otras neurodivergencias en relevamientos existentes, como los del INDEC, y en los sistemas de información de salud y educación.Además, plantearon la necesidad de avanzar hacia políticas públicas integrales y sostenidas en el tiempo, que garanticen el acceso a prestaciones, apoyos y derechos frente a una demanda social en crecimiento.El documento fue impulsado por organizaciones como TEActiva, Brincar, APAdeA, PANAACEA, Amigos en Movimiento y Empujando Límites, entre otras, en el marco de la Semana Azul 2026.Se trata de una iniciativa que busca visibilizar el autismo y promover una cultura basada en la convivencia, la empatía y la inclusión, en un contexto en el que -según coinciden- la sociedad ya reconoce el problema y exige respuestas concretas.

  • Nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados de la Provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar en abril

    Nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados de la Provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar en abril

    Nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados de la Provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar en abril

    El gobierno bonaerense autorizó un incremento del 6,5% promedio en los aranceles que cobran los colegios privados con subvención estatal que funcionan en la Provincia. El nuevo cuadro rige a partir de abril, por lo tanto los institutos comenzarán a enviar notificaciones a los padres, madres y responsables de los estudiantes en las próximas horas.A partir del mes que viene los colegios privados de nivel inicial y primario que tienen hasta el 100% de aportes para afrontar el sueldo de los docentes de la planta básica funcional podrán cobrar $ 32.880 por mes. Y los que reciben aportes de hasta el 40% para los sueldos docentes podrán cobrar hasta $ 148.660.En el nivel secundario el rango ira desde los $ 36.200 hasta $ 193.160 pesos. Y los institutos que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada en Arte tienen una banda de entre $ 41.790 y $ 221.070.En Buenos Aires funcionan 6.092 unidades educativas de gestión privada. Allí están matriculados 1,3 millones de niños, niñas y adolescentes. El 70% de ese universo percibe un aporte estatal, por lo tanto debe cobrar los valores que fija la Dirección General de Escuelas y Cultura y que se establecieron por resolución en las últimas horas.Significa que las familias de casi 900 mil estudiantes de todos los niveles, tendrán que abonar 6,5% más para el servicio educativo.En marzo, la Provincia había habilitado un ajuste del 3% en relación a la cuota que se abonó en diciembre. Y CABA permitió ajustar un 7%. Desde ese momento, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) había reclamado a las autoridades la actualización a partir del resultado de las paritarias que el Gobierno cerró con los gremios docentes para esta etapa del año.Es que según los cálculos que hacen en los institutos a partir de las últimas paritarias acordadas por el Gobierno bonaerense con los gremios docentes, el costo de los salarios aumentó hasta un 17% acumulado en el periodo enero/abril. El porcentaje incluye -además de la mejora al basico- los aportes no remunerativos que se acordaron en esas mesas de negociación salarial, explicaron en Aiepa.El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, explicó que «estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada. Hay muchos costos fijos que aumentaron en estos últimos meses, además de los salarios docentes de los cuales una parte se hace cargo el Estado. Pero hay otros costos que los afrontan las instituciones».Hace menos de un mes, la asociación advirtió sobre el “el excesivo aumento de las tasas que cobran algunos municipios bonaerenses a los establecimientos educativos”. Resultó un factor que se suma a la caída de la matrícula (por el descenso de los índices de natalidad) y los “desfasajes financieros».Ocurre que, en muchos casos, los colegios pagan los aumentos que dispone el gobierno sin tener autorizado los ajustes de los aranceles, explicaron en la entidad que agrupa a los institutos de todo el país.El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires, alcanza casi el 30% de la cobertura educativa y contiene a más de 1.3 millones de alumnos.La Plata. Corresponsalía