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  • Adopción en Entre Ríos: bajó la cantidad de aspirantes y 95 chicos esperan una familia – Arriba Noticias

    Adopción en Entre Ríos: bajó la cantidad de aspirantes y 95 chicos esperan una familia – Arriba Noticias

    Adopción en Entre Ríos: bajó la cantidad de aspirantes y 95 chicos esperan una familia – Arriba Noticias

    La adopción en Entre Ríos presentaba un escenario marcado por alrededor de 95 niños, niñas y adolescentes declarados en situación de adoptabilidad para quienes se buscaba una familia, mientras se registraba una disminución en la cantidad de personas dispuestas a iniciar el proceso. Así lo explicó a Elonce María Spais, titular del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER).
    La funcionaria indicó que la mayoría de los chicos que esperaban una familia tenía más de ocho años, una característica que se mantenía desde hacía tiempo dentro del sistema. A su vez, advirtió que había aumentado la cantidad de niños y adolescentes con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
    Esta situación llevó al organismo a impulsar distintas convocatorias públicas destinadas a encontrar familias. Spais destacó, en ese sentido, la importancia de la difusión para ampliar las posibilidades de vinculación y acercar estas búsquedas a la comunidad.
    María Spais, titular de RUAER (Elonce)
    Una caída en las inscripciones desde 2020
    Otro de los aspectos señalados por la titular del RUAER fue la disminución de aspirantes. Según explicó, desde 2020 se observó un descenso aproximado del 50% anual en la cantidad de personas que se inscribían con intención de adoptar.

    Spais consideró que el fenómeno respondía a múltiples factores y señaló que las condiciones socioeconómicas y las crisis atravesadas por las familias podían tener incidencia. «Sin duda influyen las condiciones socioeconómicas y las crisis que las familias viven actualmente», expresó.
    En el marco del Día Nacional y Provincial de la Adopción, recordó además que el eje del sistema estaba puesto en garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. La fecha conmemoró la sanción de la primera ley de adopción de Argentina, ocurrida en 1948.
    Una jornada abierta para reflexionar sobre la adopción
    Como parte de las actividades de sensibilización, el RUAER anunció una jornada para el martes 22 de septiembre, a las 17 horas, junto con la editorial La Hendija. La propuesta abordará la temática desde «el deseo de los adultos y el derecho de los niños, niñas y adolescentes».
    Participarán el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez; Laura Martin Sic, madre por adopción y referente de la editorial; y Natividad Martínez Laca, quien fue adoptada y aportará su experiencia personal.
    La actividad será presencial en Paraná, en calle Gualeguaychú 171, y también se transmitirá por el canal de YouTube de La Hendija. No requerirá inscripción previa y estará destinada al público general, personas interesadas en adoptar, profesionales y operadores vinculados con la temática.
    con Elonce

  • “El Niño” ya está en el océano: qué puede pasar en cada región y por qué el Litoral está bajo mayor vigilancia – El Miércoles Digital

    “El Niño” ya está en el océano: qué puede pasar en cada región y por qué el Litoral está bajo mayor vigilancia – El Miércoles Digital

    “El Niño” ya está en el océano: qué puede pasar en cada región y por qué el Litoral está bajo mayor vigilancia – El Miércoles Digital

    El fenómeno comenzó a modificar la circulación atmosférica sobre el sudeste de Sudamérica. Los antecedentes indican que ocho de cada diez episodios de El Niño dejaron precipitaciones superiores a lo normal en esa región, mientras que algunas de las grandes crecidas del río Paraná coincidieron con eventos intensos, como los registrados en 1982/83 y 1997/98.
    Sin embargo, la intensidad prevista no implica que esos antecedentes vayan a repetirse. El Niño modifica las probabilidades de determinados escenarios meteorológicos e hidrológicos, pero no permite anticipar con precisión cuánto lloverá, qué altura alcanzará un río o qué ocurrirá en una localidad determinada.
    El Litoral, la región con la señal más marcada
    Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa aparecen entre las provincias donde la influencia de El Niño resulta más clara. Para el período comprendido principalmente entre noviembre y marzo aumenta la probabilidad de precipitaciones por encima de los valores habituales.
    Esto no significa que vaya a llover de manera permanente. El escenario plantea una mayor posibilidad de episodios de precipitaciones abundantes que, dependiendo de dónde y cómo ocurran, podrían generar anegamientos y respuestas hidrológicas importantes en la cuenca del Plata.
    La atención también estará puesta sobre los ríos Paraná y Uruguay. Ambos responden de manera diferente: el Uruguay suele experimentar crecidas más rápidas, con aumentos que pueden producirse en períodos breves, mientras que el Paraná presenta procesos generalmente más lentos, extensos y previsibles.
    Por qué El Niño no significa automáticamente inundaciones
    Los antecedentes muestran que no todas las grandes crecidas estuvieron relacionadas con este fenómeno climático. La importante creciente del Paraná registrada en 2014, por ejemplo, ocurrió bajo condiciones neutrales del Pacífico.
    Del mismo modo, las inundaciones urbanas más graves de las últimas décadas en Argentina no estuvieron necesariamente asociadas con El Niño. Varias se produjeron durante períodos neutrales, lo que demuestra que la vulnerabilidad de las ciudades, el drenaje, la intensidad de las precipitaciones y las características del territorio también resultan determinantes.
    Toda ciudad debería basar su estrategia de gestión del riesgo en al menos dos escenarios de riesgo y con tres niveles de información.
    Por eso, los especialistas desaconsejan extrapolar directamente lo ocurrido durante El Niño de 1982/83 o 1997/98. Tampoco existe sustento para anticipar alturas específicas del Paraná únicamente a partir de aquellos antecedentes.
    Qué puede ocurrir en Cuyo y la región pampeana
    Fuera del Litoral y el NEA, las señales son menos contundentes. Los pronósticos trimestrales contemplan probabilidades de precipitaciones superiores a lo habitual en sectores del oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste patagónico, aunque la relación con El Niño resulta menos marcada, publicó Meteored.
    En estas regiones, asociar directamente un episodio de El Niño con inundaciones puede conducir a conclusiones equivocadas. La cantidad de humedad disponible, la topografía, las condiciones previas del suelo y la infraestructura de drenaje pueden hacer que dos localidades cercanas tengan consecuencias muy diferentes frente a una misma tormenta.
    En buena parte del país, uno de los factores a seguir será la posible ocurrencia de tormentas intensas, lluvias abundantes y fuertes ráfagas durante la temporada de tiempo severo, que estadísticamente se extiende desde la primavera hasta la primera mitad del otoño. A ello se suma el contexto generado por el calentamiento global.
    Entre el escenario mínimo y el más extremo
    Un evento de El Niño muy fuerte aumenta determinadas probabilidades, pero no garantiza una mayor cantidad de tormentas ni inundaciones. Por eso, la recomendación es interpretar los pronósticos estacionales como escenarios posibles y no como predicciones puntuales.
    Para el Litoral y el NEA, un escenario de menor impacto podría traducirse en una temporada más lluviosa de lo habitual, con crecidas moderadas de cursos de agua y anegamientos puntuales en sectores bajos. En el extremo opuesto aparece la posibilidad, mucho menos predecible, de episodios comparables con temporadas históricas de grandes excesos hídricos.
    Uno de los antecedentes más recordados es El Niño de 1997/98. Aquel episodio estuvo asociado a graves inundaciones en el Litoral argentino, con alrededor de 32.800 evacuados y casi 290.000 afectados. Sin embargo, ese registro histórico constituye una referencia y no un pronóstico para 2026/27.
    Qué hay detrás de los pronósticos más alarmantes
    La posibilidad de un evento excepcionalmente intenso volvió a impulsar en redes sociales y grupos de mensajería referencias a un eventual “Super Niño”, acompañadas en algunos casos por pronósticos de inundaciones catastróficas o alturas específicas para los ríos.
    El problema de esas afirmaciones es que la intensidad de El Niño constituye solamente uno de los componentes que determinan las condiciones meteorológicas. El fenómeno altera el contexto climático y aumenta o disminuye probabilidades, pero no establece de antemano cuánto lloverá sobre una cuenca específica.
    Por ese motivo, la pregunta central para la gestión del riesgo no pasa solamente por determinar cuántos milímetros podrían acumularse. También resulta necesario analizar dónde caerá esa precipitación, cuál es la capacidad de respuesta del territorio y cuánto tiempo habrá disponible para actuar.
    La importancia de los sistemas de alerta temprana
    Ante una temporada con mayor riesgo potencial, los sistemas de alerta temprana adquieren especial relevancia. Estos mecanismos no se limitan a instalar sensores o emitir avisos cuando aumenta el nivel de un río.
    Su funcionamiento requiere conocimiento previo del riesgo; detección, observación, vigilancia y pronóstico; mecanismos adecuados para comunicar las alertas; y una capacidad de preparación y respuesta que haya sido previamente organizada y ensayada.
    Un Sistema de Alerta Temprana Multirriesgo consta de cuatro pilares que deben funcionar de manera coordinada y efectiva para salvar vidas y reducir pérdidas.
    La participación de las comunidades también constituye una pieza fundamental. El conocimiento de las marcas de antiguas crecidas, la identificación de zonas vulnerables y los simulacros permiten comprobar si una advertencia puede convertirse efectivamente en una acción preventiva.
    Prepararse sin anticipar un desastre
    Una red de monitoreo técnicamente avanzada puede resultar insuficiente si una alerta no llega a quienes viven en sectores vulnerables, si el mensaje no se comprende o si la población desconoce cómo actuar frente a esa información.
    Por esa razón, la gestión del riesgo debe contemplar diferentes escenarios. Prepararse solamente para la alternativa más probable podría resultar insuficiente ante un episodio extraordinario, mientras que concentrar todos los recursos exclusivamente en el peor escenario podría generar una utilización ineficiente de las capacidades disponibles.
    El Niño 2026, en consecuencia, no anticipa un desastre inevitable, pero sí modifica el escenario climático y obliga a incrementar la vigilancia, especialmente en el Litoral y el NEA. La evolución de las precipitaciones, las cuencas y los pronósticos de corto y mediano plazo será determinante para establecer qué impacto tendrá finalmente el fenómeno en Argentina.

  • Pity Álvarez se descompensó en medio del juicio: «Le bajó la presión»

    Pity Álvarez se descompensó en medio del juicio: «Le bajó la presión»

    «Si hace falta, llamamos al SAME», advirtió el presidente del tribunal que lleva adelante el juicio contra el músico Cristian Gabriel «Pity» Álvarez Congiú. El exlíder de Viejas Locas había pedido permiso para ir al baño y no regresaba, momento en que sus abogados informaron que se encontraba descompensado en el hall de ingreso del edificio.

    De inmediato, todas las partes salieron de la sala y encontraron a Álvarez acompañado por su hermana Silvina y su asistente «Pachi». «Le faltaba el aire», señalaron mientras lo resguardaban en un patio interno para que pudiera tomar oxígeno.
    En la audiencia, el músico estaba vestido con una remera y llevaba una linterna roja en la frente. Desde el tribunal solicitaron la presencia de una ambulancia para asistirlo. «Le bajó la presión», explicó a Clarín Sebastián Queijeiro, uno de los defensores de Álvarez. Posteriormente aclararon que sufre hiperglucemia —es decir, un aumento de azúcar en sangre— debido a su cuadro de diabetes, y que en realidad presentó una elevación de la presión arterial, con valores máximos de 20 y mínimos de 12.
    En las inmediaciones, un grupo de fanáticos del exguitarrista aguardaba novedades hasta que llegó un médico para atenderlo. Cerca de las 13 horas, Álvarez fue trasladado en ambulancia al Hospital Fernández. Lo hicieron en silla de ruedas, con la capucha puesta y la linterna aún encendida.
    Álvarez, de 54 años, está siendo juzgado como único imputado por el homicidio de Cristian Maximiliano «Gringo» Díaz, de 36 años, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, Villa Lugano. El músico le disparó cuatro veces y luego se dirigió a un boliche.
    Sus defensores sostienen que no está en condiciones de afrontar el juicio, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes asumieron la defensa durante el debate en curso en reemplazo del defensor oficial, presentaron cuatro planteos para solicitar la nulidad o la suspensión del proceso, pero fueron rechazados por los jueces.

  • El agua bajó, pero el ingreso a balnearios sigue cerrado por precauc­ión

    El agua bajó, pero el ingreso a balnearios sigue cerrado por precauc­ión

    Ante la reciente bajante del Río Uruguay, que luego de más de un mes por encima de los 4 metros llegó hoy a los 3,60, desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay se recuerda a los vecinos que el ingreso a Banco Pelay y Paso Vera se encuentra cerrado, pese a que el agua liberó el camino.

    “Recordamos a los vecinos que el agua bajó, pero no está permitido el ingreso a Banco Pelay ni Paso Vera, ya que hay mucho barro y restos de ramas que dejó la inundación, es peligroso circular en esos sectores, lo mismo en el Balneario Itapé”, señaló la Directora de Turismo María Laura Saad.
    Como ya se informó anteriormente, ante el avance del agua, desde el día 24 de julio se procedió al retiro y resguardo de distintos elementos de las instalaciones sanitarias y de los bungalows, incluyendo artefactos lumínicos, revestimientos y otros componentes como bachas, que podían resultar afectados por el agua o quedar expuestos a posibles sustracciones. Estas tareas forman parte de las acciones preventivas implementadas a partir de la creciente, cuando la altura del río Uruguay llega a los 3.70 metros y comienza a afectar el camino a Pelay.
    La situación del predio dificultó durante más de un mes el acceso terrestre. El personal municipal continuó ingresando diariamente al sector mediante embarcación, manteniendo presencia y realizando las tareas necesarias de control y seguimiento.
    En este momento se mantiene custodia policial en la zona, como medida preventiva y para resguardar a quienes se acerquen al sector. Las autoridades continúan monitoreando la evolución del río y los pronósticos para las próximas semanas, teniendo en cuenta el Fenómeno de El Niño en el que nos encontramos.

  • La Justicia Federal desmiente los dichos del presidente uruguayo y señaló que «Bajo ningún punto de vista la denuncia se cerró»

    La Justicia Federal desmiente los dichos del presidente uruguayo y señaló que «Bajo ningún punto de vista la denuncia se cerró»

    Tras conocerse los dichos del presidente uruguayo sobre el final de la causa penal en el marco de HIF Global, la fiscal federal Josefina Minatta, quien investiga en la denuncia, desmintió al mandatario del Uruguay, señalando que «Bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado».

    Luego de que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijera a medios de su país que Argentina había retirado la denuncia penal por la instalación de HIF Global, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, doctora Josefina Minatta, autora de la presentación, desmintió al mandatario del vecino país. “Ha dado una información que no es verídica. El presidente Orsi ha dado una información que no es verídica”, sostuvo.Orsi había dicho este viernes que el proyecto de instalar la planta en Paysandú continuaba. En este marco aseguró que Argentina “retiró la denuncia penal” por el lugar donde iba a estar instalada la planta.
    La denuncia por contaminación
    “Hasta que no tengamos algunas certezas, la causa va a continuar en trámite”, ratificó Minatta. Luego, advirtió que “no hay ninguna información cierta” sobre la relocalización y, en su caso, explicó que si un eventual nuevo emplazamiento es también sobre el río Uruguay “el riesgo de contaminación persiste”.
    Cabe recordar que la fiscal realizó la denuncia penal en febrero ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por presunto daño ambiental contra el proyecto que la empresa HIF pretendía instalar en la localidad de Paysandú, enfrente de la ciudad entrerriana de Colón.
    Por otro lado, los legisladores Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay dieron cuenta de las medidas que la Justicia Federal viene llevando a cabo en el marco de la acción preventiva de daño ambiental contra HIF Global y el Estado uruguayo, por la instalación de la planta de combustibles en lo que es una causa civil.
    En el caso penal se constituyeron como “amicus curiae”, junto a su abogado Dr. Valodia Nichajew. El “amicus curiae” (o «amigo de la corte») es una figura jurídica donde un tercero ajeno a un juicio —que puede ser un abogado, una ONG o un experto— se presenta de forma voluntaria para aportar una opinión legal, datos técnicos o argumentos para ayudar al juez a resolver un caso complejo o de interés público).

  • Pese a que el agua bajó el ingreso a los balnearios sigue cerrado por precauc­ión – El Miércoles Digital

    Pese a que el agua bajó el ingreso a los balnearios sigue cerrado por precauc­ión – El Miércoles Digital

    Ante la reciente bajante del Río Uruguay, que luego de más de un mes por encima de los 4 metros llegó hoy a los 3,60, desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay se recuerda a los vecinos que el ingreso a Banco Pelay y Paso Vera se encuentra cerrado, pese a que el agua liberó el camino.
    “Recordamos a los vecinos que el agua bajó, pero no está permitido el ingreso a Banco Pelay ni Paso Vera, ya que hay mucho barro y restos de ramas que dejó la inundación, es peligroso circular en esos sectores, lo mismo en el Balneario Itapé”, señaló la Directora de Turismo María Laura Saad.
    Como ya se informó anteriormente, ante el avance del agua, desde el día 24 de julio se procedió al retiro y resguardo de distintos elementos de las instalaciones sanitarias y de los bungalows, incluyendo artefactos lumínicos, revestimientos y otros componentes como bachas, que podían resultar afectados por el agua o quedar expuestos a posibles sustracciones. Estas tareas forman parte de las acciones preventivas implementadas a partir de la creciente, cuando la altura del río Uruguay llega a los 3.70 metros y comienza a afectar el camino a Pelay.
    La situación del predio dificultó durante más de un mes el acceso terrestre. El personal municipal continuó ingresando diariamente al sector mediante embarcación, manteniendo presencia y realizando las tareas necesarias de control y seguimiento.
    En este momento se mantiene custodia policial en la zona, como medida preventiva y para resguardar a quienes se acerquen al sector. Las autoridades continúan monitoreando la evolución del río y los pronósticos para las próximas semanas, teniendo en cuenta el Fenómeno de El Niño en el que nos encontramos.

     
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  • Diputados bajo la lupa: gasto, planta, dietas y contrataciones – El Miércoles Digital

    Diputados bajo la lupa: gasto, planta, dietas y contrataciones – El Miércoles Digital

    La dieta de los legisladores de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se multiplicó por 6,4 veces entre diciembre de 2023 y julio de 2026, según reveló la propia conducción del cuerpo legislativo.
    Hoy perciben más de 11 millones de pesos mensuales. No obstante, el gasto real de la Cámara cayó 57,2% en el mismo período. En tanto, el sistema de módulos de contratación pasó a ser la segunda erogación más importante del cuerpo, con $4.522 millones ejecutados en 2025, pero el informe oficial no incluye nómina pública de contratados, pese a que existe un parámetro de referencia de $5.000.000 por legislador y a que sí se identifica proveedor por proveedor en el resto de las partidas. Además, el personal adscripto -agentes prestados por otros organismos- cayó de 133 a 25 entre 2023 y 2026, pero la proporción de adscriptos del bloque oficialista de cada momento se mantuvo estable en torno al 55-60% en toda la serie, publicó Análisis.
    La Presidencia de la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado en el marco de la Ley Nº 11.191, correspondiente al Expediente Administrativo Nº 1506 – 147º Período Legislativo. La contestación, firmada por el presidente del cuerpo, Gustavo R. Hein, con fecha 28 de agosto de 2026, acompaña un informe consolidado de 234 páginas que aborda los once puntos requeridos: presupuesto y ejecución, planta de personal, sistema de módulos para contrataciones, composición de la dieta, personal adscripto, viáticos y combustible, gastos protocolares y reservados, contrataciones de bienes y servicios, subsidios y aportes a terceros, y el funcionamiento de comisiones, proyectos y sesiones.
    En la nota de remisión, la Cámara sostiene que la respuesta fue elaborada «procurando brindar la información con el mayor grado posible de integridad, claridad y trazabilidad», y aclara que en los puntos referidos a información publicada en el sitio oficial se incorporan los enlaces correspondientes en lugar de reproducir la totalidad de los datos. También informa que, dado el volumen de la documentación, el material fue remitido a través de la casilla personal de la Secretaría de Cámara.
    El informe advierte, además, que en los puntos referidos a información de períodos anteriores, los datos se suministran «conforme al estado, grado de sistematización y modalidad de registración» en que la documentación fue encontrada, lo que -según la propia Cámara- explica eventuales diferencias de formato o de nivel de detalle entre un ejercicio y otro dentro de un mismo punto.
    El informe incluye el detalle de presupuesto asignado y ejecutado por partida para los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026 (este último con ejecución al 31 de julio). A partir de esa información, la propia Cámara construyó un cuadro de «caída del gasto total y por inciso» en el que afirma que, medido en términos reales, el gasto total del cuerpo se redujo 57,2% entre 2023 y 2026: de cada $100 ejecutados en 2023, en 2026 se ejecutan apenas alrededor de $43 de poder de compra equivalente.
    La baja no fue pareja en el tiempo: el gasto real cayó 23,0% en 2024 respecto de 2023, otro 35,1% en 2025 y 14,3% adicional en 2026. Por inciso, la reducción acumulada 2023-2026 fue de 93,3% en Transferencias (subsidios), 70,6% en Servicios no Personales, 66,2% en Bienes de Uso, 50,4% en Gastos en Personal y 34,9% en Bienes de Consumo. El propio informe remarca que «ningún componente del gasto quedó al margen del esfuerzo de racionalización».
    Puesto en pesos corrientes, el detalle por partida muestra que la principal erogación de la Cámara sigue siendo la masa salarial: solo el rubro «Retribuciones del Cargo – Escalafón Legislativo» pasó de $3.854.884.498 asignados y ejecutados en 2023 a $9.182.675.142 asignados en 2025 (con igual monto ejecutado) y $6.475.103.000 asignados para 2026, de los cuales se llevaban ejecutados $5.374.233.188 al 31 de julio. La segunda partida en magnitud es la 3.4.9 –Servicios Técnicos y Profesionales– Otros N.E.P., que financia el sistema de módulos de contratación: pasó de $2.665.705.000 asignados en 2023 (con $2.016.341.502 ejecutados) a $4.608.086.381 asignados en 2025 (con $4.522.044.746 ejecutados), y a $4.480.000.000 asignados para 2026, con $2.602.821.749 ejecutados al 31 de julio.
    Otras partidas menores también crecieron por encima de la inflación en algunos tramos: Alquileres y Derechos – Otros N.E.P. (3.2.9) pasó de $39.000.000 asignados en 2023 a $220.888.000 en 2024, aunque cayó abruptamente a $1.900.000 en 2025 y $4.000.000 en 2026; y Repuestos y Accesorios (2.9.6) fue de $4.029.000 en 2023 a $15.000.000 asignados en 2026.
    Personal y planta
    La composición de la planta muestra la siguiente evolución: 191 agentes al 10 de diciembre de 2023 (169 de planta permanente, 16 con contrato de locación de servicios y 13 funcionarios fuera de escalafón), 159 al 10 de diciembre de 2024 (132 permanentes), 172 al 10 de diciembre de 2025 (143 permanentes) y 169 al 28 de agosto de 2026 (140 permanentes, 16 contratados y 13 fuera de escalafón).
    El informe explica esa evolución como resultado de «un proceso de revisión, ordenamiento y regularización»: al inicio de la gestión se dispuso la revocación de 36 designaciones realizadas hacia el final de la gestión anterior, por no reunir las condiciones para su consolidación como ingresos regulares a la planta permanente. En paralelo se avanzó en concursos públicos y en una «racionalización de la estructura» que incluyó la transferencia de cuatro cargos a la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y cinco cargos al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.
    En cuanto a la distribución por bloque legislativo, al 10 de diciembre de 2023 el bloque Frente Creer Entre Ríos (el oficialismo de la gestión saliente) concentraba 34 de los 43 agentes asignados a bloques. Tras el recambio legislativo, al 10 de diciembre de 2024 el bloque Unión por la Patria–Más para Entre Ríos pasó a concentrar 37 de 41 agentes, proporción que se mantiene en 2025 (39 de 45) y 2026 (38 de 44), mientras que Juntos por Entre Ríos cuenta con apenas 6 agentes asignados en ambos períodos, y La Libertad Avanza y Fe y Libertad no registran personal asignado. Esta distribución de la planta orgánica de la Cámara -a diferencia de la de adscriptos, que se detalla en el Punto 5- corresponde a personal presupuestado directamente por la Legislatura, no a agentes prestados por otros organismos.
    La Cámara explica que las contrataciones de asistencia técnica, legislativa y administrativa para los diputados -los llamados «módulos»- se instrumentan mediante contratos de locación de obra por hasta seis meses. El informe revela que existe «un parámetro general de referencia de pesos cinco millones ($5.000.000) por legislador» para este tipo de contrataciones, aclarando que no se trata de una asignación automática ni rígida sino de una referencia sujeta a disponibilidad presupuestaria. Cada legislador propone las personas y los servicios a contratar, y los honorarios se pagan exclusivamente por transferencia bancaria a nombre del contratado, previa certificación mensual de tareas.
    Un dato saliente: pese a que esta partida es la segunda de mayor magnitud del presupuesto de la Cámara -con una ejecución cercana a los $4.522 millones en 2025-, el informe no incluye, en el detalle de contrataciones por partida, la nómina de personas contratadas bajo este sistema de módulos, algo que sí se hace para prácticamente todas las demás partidas de bienes y servicios. La respuesta remite únicamente a «los enlaces que se acompañan» para conocer la cantidad de contratados.
    Una buena dieta
    El informe detalla mes a mes los haberes brutos y netos de los legisladores desde enero de 2023 hasta julio de 2026. El haber bruto pasó de $1.767.211,25 en enero de 2023 a $3.928.485,87 en diciembre de ese año; a $9.228.317,15 en diciembre de 2024; se estabilizó en $10.680.517,67 durante gran parte de 2025 y los primeros meses de 2026; y llegó a $11.385.965,86 en julio de 2026. En términos netos, el haber pasó de $800.721,88 en enero de 2023 a $7.331.339,55 en julio de 2026.
    La Cámara aclara que el haber bruto se compone de sueldo básico más gastos de representación, y que el neto surge de descontar los aportes de ley (jubilatorios, obra social y seguro de vida) y la retención del Impuesto a las Ganancias–Cuarta Categoría cuando corresponde, en los términos de la Ley 20.628. El informe señala además que en diciembre de 2025 el descuento de ley correspondiente a la obra social (OSER) aumentó de 3% a 4%.
    La Cámara acompañó la nómina completa de agentes adscriptos -es decir, personal que mantiene su relación de dependencia con otro organismo público pero presta funciones en despachos de diputados o bloques- para los años 2023, 2024, 2025 y 2026. La cantidad de adscriptos cayó de manera pronunciada: 133 en 2023, 43 en 2024, 24 en 2025 y 25 en 2026.
    El listado de 2023 muestra una fuerte concentración en el bloque Creer Entre Ríos (oficialismo de la gestión saliente): 104 de los 132 adscriptos identificados con bloque pertenecían a ese espacio, contra 17 de la UCR, 10 del Pro y apenas 1 del Movimiento Social Entrerriano. Tras el recambio legislativo, en 2024 el reparto quedó en 25 adscriptos para Unión por la Patria-Más para Entre Ríos y 18 para la Alianza Juntos por Entre Ríos; en 2025, 13 y 12 respectivamente; y en 2026, 15 y 10. Es decir que, más allá de la reducción general en la cantidad de adscriptos, la proporción entre el bloque oficialista de cada momento y el resto se mantuvo relativamente estable en todo el período.
    El organismo de origen más recurrente en toda la serie es, con amplia diferencia, el Consejo General de Educación, seguido por la Municipalidad de Paraná y la Cámara de Senadores de Entre Ríos. También aparecen adscriptos provenientes de ENERSA, el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el Tribunal Electoral de Entre Ríos, la Fiscalía de Estado, la Dirección General del Servicio Penitenciario, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, y distintas Municipalidades del interior provincial (San Benito, San José de Feliciano, Federal, Conscripto Bernardi), entre otros organismos.
    Viáticos y vuelos
    Según el informe, no se asignaron viáticos a legisladores ni autoridades en 2023 ni en 2024. Recién en 2025 aparecen registros: cinco erogaciones entre septiembre y noviembre de ese año, todas caratuladas como «Actos Oficiales» y con destino a localidades de la provincia (Federal, Concepción del Uruguay, Basavilbaso), pagadas mediante vehículo particular afectado o vehículo oficial, por montos de entre $17.898,54 y $187.099,68.
    En 2026 se registran tres viáticos: dos correspondientes a la Coordinación General de Presidencia, por «articulación de actividades con legislador nacional» con destino a Buenos Aires y pagados en avión (transporte público) por $369.157,42 (30 de enero) y $67.119,53 (8 de abril), y uno de Prosecretaría por $17.898,54 con destino a Valle María, en vehículo particular afectado. En los ocho registros de viáticos informados para 2025 y 2026, la modalidad «particular afectado» -es decir, el uso de un vehículo propio del legislador o funcionario, reconocido por la Cámara a los fines del viático- aparece en la mayoría de los casos dentro de la provincia, mientras que los viajes a Buenos Aires se realizaron en avión bajo la modalidad de transporte público.
    En total, los ocho viáticos informados entre 2025 y lo que va de 2026 suman $1.024.888,92.
    En cuanto a los gastos protocolares y de representación, el informe remite a la ejecución de la partida Servicios de Ceremonial. La serie completa muestra $13.000.000 asignados y $12.257.823 ejecutados en 2023; $107.000.000 asignados y $72.620.309 ejecutados en 2024; $102.190.478 asignados y $101.400.125 ejecutados en 2025 -prácticamente el 100% del crédito-; y, para 2026, dos líneas presupuestarias combinadas que suman $145.301.621 asignados con $11.836.390 ejecutados al 31 de julio. En materia de contrataciones, esta partida registró 121 operaciones en 2023, 155 en 2024, 118 en 2025 y 31 en lo que va de 2026, es decir 425 contrataciones en total en el período relevado.
    La partida que concentra, con enorme diferencia, la mayor cantidad de contrataciones es Publicidad y Propaganda, con 3.615 operaciones en el período: 1.339 en 2023, 995 en 2024, 1.045 en 2025 y 236 hasta julio de 2026. Le siguen, muy por detrás, la partida Servicios básicos (808 contrataciones en el período), Mantenimiento de edificios y locales, Alquileres y derechos, Servicios de ceremonial (425) y Alquiler de edificios y locales. En el rubro de bienes de consumo se destacan Otros bienes de consumo (428 operaciones), Repuestos y accesorios (308) y Alimentos para personas (327), esta última con proveedores que se repiten mes a mes durante todo el período, como Coffee SAS y Pérez María de los Milagros.
    La cantidad de subsidios otorgados por la Cámara muestra una caída abrupta: 823 en 2023, 51 en 2024, 46 en 2025 y 12 en 2026, con un total de 930 subsidios en todo el período. El informe no detalla montos ni beneficiarios en el propio documento, sino que remite al sitio de Transparencia Parlamentaria para conocer el detalle completo de cada subsidio otorgado.

     
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  • Vendían antibióticos y medicamentos de compra bajo receta en una conocida feria del Conurbano: nueve imputados

    Vendían antibióticos y medicamentos de compra bajo receta en una conocida feria del Conurbano: nueve imputados

    Un grupo de personas vendía medicamentos en puestos de una reconocida feria del Conurbano bonaerense, utilizando incluso contenedores especiales para transportar la mercadería. Sin embargo, esta venta ilegal no se realizaba en una farmacia, sino en la feria «Calderón de la Barca», ubicada en González Catán. La denuncia de un representante de una droguería derivó en un operativo policial que terminó con la imputación de nueve personas.

    Los imputados están acusados de comercializar ilegalmente medicamentos, entre ellos cremas, analgésicos y antibióticos, productos que requieren receta médica para su venta. La investigación se inició luego de que la droguería y distribuidora de insumos médicos detectara una gran cantidad de cubetas plásticas rojas en uno de los puestos. Estos recipientes son de uso exclusivo de la empresa para el transporte y almacenamiento de sus productos, lo que llamó la atención y motivó la denuncia.
    El Ministerio de Seguridad de la Nación intervino a través del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, que llevó a cabo vigilancias encubiertas y un operativo en la zona. Se constató que la venta ilegal no se limitaba a un solo puesto, sino que múltiples casillas dentro de la feria ofrecían medicamentos bajo receta de forma irregular. Además, la investigación vinculó cuatro domicilios en González Catán, Libertad y Virrey del Pino con la causa.
    Con la información recopilada, el Juzgado Federal de Morón Nº 1, a cargo del juez Martín Alejandro Ramos, ordenó una serie de allanamientos que derivaron en el secuestro de cientos de cajas y blisters de cremas, analgésicos y antibióticos, entre otros medicamentos, cuyo valor total asciende a 18 millones de pesos.
    Como resultado del operativo, fueron identificadas seis mujeres y tres hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quienes quedaron a disposición del juez y fueron imputados por infracción al artículo 204 del Código Penal.
    En la investigación participaron las divisiones Homicidios, Delitos Contra el Automotor e Investigación del Robo Organizado, así como las brigadas del Departamento de Investigaciones Nacionales y la Unidad Judicial Móvil de la División Comisaría de Intervenciones Judiciales de la Policía Federal.

  • Los fondos fiduciarios bajo la lupa: la oposición dice que Economía acumuló más de US$ 3 mil millones para uso discrecional

    Los fondos fiduciarios bajo la lupa: la oposición dice que Economía acumuló más de US$ 3 mil millones para uso discrecional

    En los últimos días, el fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial), financiado por un impuesto a los combustibles líquidos, captó la atención pública. El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, fue denunciado ante la Justicia por presuntamente no destinar esos fondos al arreglo de rutas, su objetivo original, sino para financiar al Tesoro. Este fondo es uno de los aproximadamente 27 fideicomisos que, según Javier Milei, quien afirmó en 2024 que eliminaría estas “cajas de la política”, continúan vigentes y que la oposición afirma son utilizados de forma discrecional por el Ministerio de Economía.

    Los fondos fiduciarios son mecanismos estatales con recursos asignados a un propósito específico —como la reparación de rutas o el subsidio a tarifas de gas— y son administrados mediante fideicomisos gestionados por organismos del Gobierno. Actualmente, todos están supervisados por el Palacio de Hacienda.
    Según el decreto N° 215/2024, la cartera económica fue designada como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos que integren total o parcialmente bienes o fondos estatales, ejerciendo la dirección de dichos fideicomisos. Entre estos se encuentra el fondo fueguino FAMP, que hasta fines de junio estaba bajo la tutela de una delegada de Santiago Caputo, Noelia Ruiz.
    Aunque en su momento el FAMP manejó un presupuesto cercano a 150 millones de dólares, el Ejecutivo ahora busca vaciarlo: a principios de este año redujo a cero el aporte de las ensambladoras de la isla que lo financian desde su creación en 2021. Sin embargo, permanecen activos proyectos aprobados por el anterior directorio, como la construcción de un puerto en Río Grande y hoteles. La mesa directiva a cargo del FAMP renunció hace poco más de un mes, ya que “Economía no renovó sus cargos”, según una fuente consultada.
    No obstante, el fondo fueguino no figura en el listado de 20 fideicomisos «en disolución» del último informe de la Secretaría de Hacienda, a diferencia de otros, como el destinado a la “Asistencia Directa a Víctimas de Trata” o el FISU, creado para urbanizar villas de emergencia y que en un comienzo fue administrado por Sebastián Pareja, delegado de Karina Milei en la provincia.
    Entre los fondos fiduciarios que continúan operativos están el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el destinado a la Infraestructura Hídrica y el de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Desde la oposición advierten que la mayoría se concentran bajo la supervisión directa del Palacio de Hacienda, cuando anteriormente estaban distribuidos entre diferentes ministerios.
    De acuerdo con registros del Instituto Consenso Federal, dirigido por el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, el Gobierno acumularía más de 3.000 millones de dólares en estos fondos hasta 2025, con una proyección de alcanzar 4.000 millones para fines de 2026. Rodríguez aportó una estimación para todo 2026, unos 956 millones de dólares, basada en datos oficiales que indican que el resultado financiero acumulado de los fideicomisos en el primer trimestre del año fue de 239 millones de dólares, calculados al valor dólar promedio.
    El uso discrecional de los fondos fiduciarios cobró mayor relevancia tras un informe de La Nación, que reveló que el SisVial no destinaba la mayor parte de su patrimonio al arreglo de rutas. Según la denuncia de la diputada Victoria Tolosa Paz, al 31 de mayo de 2026 el SisVial mantenía más de $1,001 billones colocados en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos, y otros $37.761 millones inmovilizados en la cuenta corriente. En total, más de $1,038 billones permanecían sin aplicarse en obras viales.
    La denuncia, presentada ante la justicia federal, señala que durante los dos años y medio analizados la recaudación asignada al SisVial alcanzó $1,503 billones, pero solo se aplicaron $394.406 millones a su destino específico, lo que implica una subejecución del 73,8%. Además, alerta que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente a la cuenta fiduciaria, por lo que solicita a la Justicia investigar el circuito y destino de esos recursos.

  • Dos muertes en pocos meses: la violencia pone bajo la lupa la seguridad y custodia penitenciaria

    Dos muertes en pocos meses: la violencia pone bajo la lupa la seguridad y custodia penitenciaria

    El homicidio ocurrido este martes en la Unidad Penal N.º 1 de Paraná no es un episodio aislado. En marzo, Martín Luciano Siegfried, de 26 años, también murió luego de sufrir múltiples heridas de arma blanca dentro del mismo establecimiento. Dos muertes en pocos meses vuelven a abrir interrogantes sobre la violencia intramuros, los controles penitenciarios y el deber de cuidado que tiene el Estado sobre las personas privadas de su libertad. La cárcel no puede convertirse en un territorio donde la violencia sea considerada inevitable. El Estado puede privar de libertad a una persona por orden judicial, pero no puede desentenderse de su vida, su integridad ni su seguridad mientras permanece bajo custodia.

    La muerte de Esteban Bernal, de 24 años, ocurrida luego de un enfrentamiento dentro de la Unidad Penal N.º 1 de Paraná, vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad y convivencia dentro del principal establecimiento penitenciario de la capital entrerriana.
    Según los primeros elementos de la investigación, Bernal habría protagonizado una pelea con otro interno, identificado como Quiroga, de 25 años, luego de salir de la escuela que funciona dentro de la unidad. En medio del enfrentamiento, recibió una herida en el tórax provocada por un elemento punzante.
    El joven fue asistido inicialmente en el área de sanidad del establecimiento y posteriormente trasladado al Hospital San Martín, donde murió pese a los esfuerzos de los profesionales para reanimarlo.
    La Justicia deberá determinar qué originó la pelea, cómo se desarrolló el ataque y, especialmente, cuál fue el origen del elemento utilizado para provocar la herida mortal.
    Un antecedente ocurrido apenas meses atrás
    El caso Bernal adquiere una dimensión todavía más preocupante si se lo observa junto con otro homicidio ocurrido en la misma unidad penitenciaria durante marzo de este año. Justiciay crimen
    El 6 de marzo, Martín Luciano Siegfried, de 26 años, murió después de ser atacado con armas blancas dentro del pabellón N.º 6 de la Unidad Penal N.º 1. Inicialmente se informó que el episodio había ocurrido en el marco de una reyerta entre internos. Posteriormente, la investigación judicial avanzó sobre la hipótesis de un ataque dirigido y fueron imputados los hermanos Raúl Miguel Ángel y Luis Rafael Miño.
    De acuerdo con la información difundida durante la investigación, Siegfried recibió múltiples heridas provocadas con elementos cortopunzantes de fabricación casera, descriptos como chuzas o facas. La Fiscalía investigó además la posibilidad de que el ataque se hubiera producido mientras la víctima dormía.
    La familia de Siegfried cuestionó públicamente la primera versión de los hechos y reclamó el acceso a las cámaras de seguridad del establecimiento para conocer qué había ocurrido dentro del pabellón.
    La muerte también provocó una protesta de familiares y allegados frente a la Unidad Penal N.º 1, donde reclamaron explicaciones y el esclarecimiento del hecho.
    Dos homicidios, una misma pregunta La sucesión de ambos episodios obliga a formular una pregunta que excede la investigación penal de cada caso: ¿qué está ocurriendo dentro de la Unidad Penal N.º 1 para que dos personas privadas de su libertad hayan muerto violentamente en un período de apenas cinco meses? Justiciay crimen
    No se trata de anticipar responsabilidades ni de atribuir a funcionarios o agentes penitenciarios una conducta que todavía no haya sido determinada judicialmente.
    Pero sí corresponde señalar que la privación de la libertad coloca a las personas detenidas bajo una situación de especial dependencia respecto del Estado. El interno no puede abandonar el establecimiento, elegir dónde vivir, trasladarse por sus propios medios ni procurarse por sí mismo determinadas condiciones de seguridad.
    Por esa razón, el Estado no solamente tiene la obligación de ejecutar las penas conforme a la ley: también tiene un deber de guarda, custodia, vigilancia y protección de la integridad física de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad.
    El origen de las armas, otro interrogante central
    En ambos episodios aparece, además, un elemento que merece especial atención: la presencia de armas blancas o elementos punzantes dentro de un establecimiento penitenciario.
    En el caso Siegfried, la investigación permitió secuestrar elementos cortopunzantes y avanzar sobre la hipótesis de armas de fabricación casera. En el nuevo homicidio, uno de los puntos que deberá esclarecerse es precisamente cómo llegó el elemento utilizado hasta el lugar del enfrentamiento.
    La pregunta resulta inevitable: ¿cómo ingresan, circulan o permanecen dentro de una cárcel elementos capaces de provocar una muerte?
    La respuesta no puede limitarse únicamente a identificar al interno que utilizó el arma. También debe permitir conocer si existieron fallas en los controles, deficiencias en las requisas, problemas de infraestructura, falta de personal o cualquier otra circunstancia que pudiera haber favorecido la circulación de estos elementos.
    La violencia carcelaria no puede naturalizarse Una cárcel es, por definición, un lugar de encierro y conflictividad. Allí conviven personas con diferentes historias, condenas, conflictos y niveles de peligrosidad.
    Pero esa realidad no puede llevar a naturalizar que una pelea, una disputa interna o un ataque termine con la muerte de una persona.
    Quien se encuentra privado de su libertad pierde su libertad ambulatoria como consecuencia de una decisión judicial, pero no pierde su derecho a la vida ni a la integridad física.
    Por el contrario, el encierro aumenta la responsabilidad estatal porque la persona queda sometida a un sistema de custodia que debe contar con mecanismos adecuados para prevenir, detectar y controlar situaciones de violencia. Diccionariosy enciclopedias
    Investigar no solamente quién mató, sino también por qué pudo ocurrir
    La investigación por la muerte de Bernal deberá determinar quién fue el autor de la agresión y cuál fue el motivo del enfrentamiento.
    Pero el análisis institucional debería ir un paso más allá.
    Será necesario determinar si existían antecedentes de conflictos entre los internos, si las autoridades habían recibido advertencias previas, qué controles se realizaron antes y después de la salida de la escuela, cómo se encontraba distribuido el personal penitenciario y qué protocolos se aplicaron ante el inicio de la pelea.
    También deberá establecerse cómo fue detectada la agresión, cuánto tiempo transcurrió hasta la intervención del personal, qué atención recibió inicialmente la víctima y si el traslado sanitario se produjo con la rapidez necesaria.
    Son preguntas que no buscan prejuzgar, sino establecer si el sistema de prevención y custodia funcionó como debía.
    Una responsabilidad que no termina con la investigación penal
    La Justicia deberá establecer las responsabilidades penales individuales que correspondan. Pero, paralelamente, las autoridades penitenciarias tienen la obligación institucional de revisar qué ocurrió y qué medidas pueden adoptarse para evitar que vuelva a suceder.
    Dos homicidios dentro de una misma unidad penitenciaria en pocos meses constituyen una señal que no debería ser ignorada.
    Porque detrás de cada expediente hay una persona que murió mientras se encontraba bajo custodia estatal y una familia que reclama respuestas.
    Por eso, además de encontrar al responsable directo de cada muerte, la sociedad tiene derecho a conocer si los mecanismos de prevención y control funcionaron, ¿qué falló si algo fallo? y qué medidas se adoptarán para que una nueva pelea dentro de la Unidad Penal N.º 1 no vuelva a terminar en otra muerte. Fuente Maxima