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  • La Justicia avanza con el remate de los bienes de cadena de electrodomésticos y su agencia de viajes – Arriba Noticias

    La Justicia avanza con el remate de los bienes de cadena de electrodomésticos y su agencia de viajes – Arriba Noticias

    La Justicia avanza con el remate de los bienes de cadena de electrodomésticos y su agencia de viajes – Arriba Noticias

    La Justicia avanza con el remate de los bienes que quedaron de la quiebra de Garbarino y los activos remanentes de su agencia de viajes, Garbarino Viajes, luego de cuatro años de concurso, en los que fracasó la renegociación de la deuda con los acreedores y sin conseguir un comprador en el intento de salvataje, pese al interés de fondos como Inverlat, dueño de Havanna, y la sociedad Vlinder, que al final no presentó una propuesta formal de reestructuración.
    En ese sentido, se procedió al desarme de la mínima estructura que conservó la compañía, que llegó a ser la principal casa de electrodomésticos y electrónica del país, y estuvo inmersa en una crisis por, al menos, cinco años.
    Los locales que quedaban abiertos ya cerraron y se liquidó parte del stock final. Ahora, se venderá el último inventario, que incluye poco más de 1.500 unidades, de las cuales varias son “mercadería obsoleta y deteriorada con poco valor, que, por su antigüedad, es poco buscada por el público”.

    Abarca equipamiento de las ex sucursales y las oficinas del vertical de turismo que formaba parte del conglomerado de firmas que le compró el empresario Carlos Rosales en junio de 2020 –junto con las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego, y la financiera Fiden– a los hermanos Daniel y Omar Garbarino, que fundaron la empresa en 1951 y llegó a tener más de 200 locales y 4.500 empleados. En ese entonces, Rosales ya era dueño de la aseguradora Prof y protesorero del club de fútbol San Lorenzo. A los meses, sumó Radio Continental, que vendió a comienzos de 2025.
    En junio, la Justicia decretó la quiebra del patrimonio personal de Rosales, proceso que se abrió en paralelo. En este caso, los acreedores tienen tiempo hasta este viernes para verificar sus créditos y el síndico deberá presentar el informe individual el 3 de noviembre, donde detallará quiénes son los acreedores y por qué montos.
    A su vez, un grupo de casi 200 ex trabajadores de las plantas de Tierra del Fuego cuestionan un intento de unificar la masa de acreedores de las fábricas con la quiebra general de Garbarino. Su argumento es que las plantas tienen sus propios acreedores y pasivos.

    Dos remates de Garbarino
    Mientras tanto, y como parte de la disolución final de Garbarino, la transferencia de bienes pasaron temporalmente a la órbita de la sindicatura para ser liquidados y así cancelar parte de la deuda acumulada a los acreedores –bancos, proveedores comerciales y exempleados–, que hasta el 24 de junio tenían tiempo para presentar sus planteos en el marco de la definición del pasivo de la quiebra.
    Con esa intención, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, Secretaría N° 14, a cargo de Fernando D’Alessandro, lanzó dos subastas electrónicas por más de $ 22 millones, al tratarse de dos sociedades distintas con procesos de quiebra diferentes: el de la cadena se ordenó en marzo pasado, mientras que el de la agencia en julio de 2025, indica Clarín.
    El primer remate comenzará el 24 de septiembre y finalizará el 7 de octubre. Incluye siete lotes de la cadena, que salen a la venta de forma conjunta con una base de $ 9,3 millones: una Citroën Berlingo Furgón, cámaras de seguridad, dispositivos informáticos, materiales como zorras hidráulicas portapallets, racks, matafuegos, extintores, carros, detectores de humo, mangueras, cartelería contra incendios, y mobiliario como exhibidores, cajoneras, estanterías y lockers.
    En tanto, el segundo remate corresponde a Garbarino Viajes, con cinco lotes por $ 13,1 millones. Empezará el 1° de octubre y terminará el 15 de ese mes. Incluye mobiliario y artículos como monitores, teclados, y más equipamiento de oficina.
    Aún resta por definirse el futuro de la marca, que es hoy el activo más valioso, por el peso que tuvo en el sector. Al respecto, la sindicatura pidió abrir un proceso específico para preservarla y, eventualmente, lanzarla a la venta. Más allá de lo que ocurra con ella como activo intangible, por ahora, se extingue como tal la emblemática cadena.
     
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  • SanCor: autorizan la venta de las plantas y marcas, pero deberán retasar los bienes – Arriba Noticias

    SanCor: autorizan la venta de las plantas y marcas, pero deberán retasar los bienes – Arriba Noticias

    SanCor: autorizan la venta de las plantas y marcas, pero deberán retasar los bienes – Arriba Noticias

    La Justicia santafesina dispuso que avance la venta de las plantas industriales y las marcas de SanCor, en el marco del proceso de liquidación de la cooperativa quebrada. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Santa Fe, con sede en Rafaela, confirmó que los activos podrán salir al mercado, aunque introdujo cambios en las condiciones que habían sido fijadas en primera instancia.
    El tribunal sostuvo que no será necesario comenzar nuevamente todo el procedimiento. “Los bienes salen a la venta, las reglas siguen vigentes y no hay que empezar de nuevo”, señalaron los jueces Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Temea y Duilio Maximiliano Hail, aunque aclararon que deberán incorporarse distintas correcciones antes de recibir las ofertas.
    Entre las modificaciones, la Cámara habilitó que el precio pueda abonarse en pesos y no exclusivamente en dólares. También dispuso que antes de la presentación de propuestas se apruebe una grilla de evaluación que determine previamente qué puntaje recibirá cada oferta y bajo qué criterios serán comparadas.
    Deberán revisar cómo se venderán los activos
    Otro punto relevante será definir si resulta económicamente más conveniente desprenderse de SanCor como un conjunto de activos o realizar ventas separadas. El fallo exige que, al momento de adjudicar, se compare qué alternativa permite obtener el mayor monto posible para atender las deudas con los acreedores.

    La Cámara también ordenó completar las tasaciones. El profesional encargado deberá determinar un valor probable de comercialización en el mercado y considerar el impacto que tuvo el siniestro registrado en junio de 2026 en la planta de Sunchales sobre el precio de esos bienes.

    A partir de esa revisión deberá fijarse nuevamente el precio mínimo. La decisión modifica uno de los aspectos más discutidos del esquema original, ya que tanto acreedores como interesados habían planteado objeciones sobre la valuación y sobre la posibilidad de separar las fábricas de las marcas comerciales.
    Un proceso que había quedado suspendido
    La misma Cámara había dispuesto en julio la suspensión de los pliegos licitatorios y del cronograma de venta. Con el nuevo pronunciamiento, permitió continuar con la liquidación, pero bajo condiciones revisadas y con nuevas exigencias antes de adjudicar los activos.
    El proceso se abrió después de que SanCor solicitara su propia quiebra ante una situación financiera marcada por un pasivo estimado en alrededor de US$120 millones. El juez de primera instancia Marcelo Gelcich, que previamente intervenía en el concurso de acreedores, había autorizado posteriormente la venta de los bienes.
     

    El esquema inicial establecía un precio base global de US$52,1 millones. Por un lado, las seis plantas que la empresa conservaba al momento de la quiebra —tres ubicadas en Santa Fe y otras tres en Córdoba— habían sido valuadas en US$27,4 millones. Por otro, los activos intangibles tenían una base de US$24,7 millones.
    Las marcas también forman parte de la liquidación
    Dentro de esos activos intangibles, la marca principal SanCor había recibido una valuación de US$18,7 millones, mientras que otros US$6 millones correspondían a diferentes submarcas y líneas de productos, entre ellas Mendicrim, Tolem y Quesabores.
    La decisión de vender por separado las instalaciones y las marcas había generado cuestionamientos durante el proceso. Ahora la Cámara obliga a evaluar nuevamente las alternativas y a seleccionar aquella que represente un mayor recupero económico para los acreedores, en lugar de mantener de manera automática la estructura original.
    Además, el fallo plantea revisar la integración de la sindicatura y la situación particular de algunos activos, entre ellos los vinculados con Sunchales, donde existen cuestiones judicializadas sobre la titularidad. Con esas correcciones pendientes, el proceso de SanCor entra nuevamente en una etapa decisiva para concretar la venta de sus principales bienes.
     
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  • Decomisan bienes a la imprenta del cuñado de Urribarri – El Miércoles Digital

    Decomisan bienes a la imprenta del cuñado de Urribarri – El Miércoles Digital

    Decomisan bienes a la imprenta del cuñado de Urribarri – El Miércoles Digital
    Juan Pablo Aguilera y el ex gobernador Sergio Urribarri atraviesan una nueva secuela producto de la ejecución de la condena por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. Hace poco más de una semana se encuentran en prisión junto al exministro Pedro Báez, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazara los últimos recursos defensivos y de ese modo confirmara la condena dictada en abril de 2022 por un tribunal local.
    Ahora, en el marco de la ejecución se ordenó el decomiso de los bienes que permanecían inmovilizados. Se trata de los inmuebles, vehículos y dispositivos tecnológicos que constituyeron la empresa Tep SRL, una de las imprentas que tuvo Aguilera, contratada en variadas ocasiones por parte del gobierno de Entre Ríos cuando estaba a cargo de Urribarri.
    Durante el juicio oral que se desarrolló entre 2021 y 2022, que ventiló cinco investigaciones acumuladas por corrupción y se conoció como megajuicio, se confirmó que la empresa de Aguilera fue montada al calor del poder político que amasaba su cuñado Urribarri. En efecto, Aguilera consiguió en ese momento un crédito del Banco Entre Ríos, con tasas preferenciales, que le permitieron armar las instalaciones, acceder a la maquinaria y poner en funcionamiento la estructura.
    Por aquellos años, además de los buenos negocios que consiguió la imprenta con el gobierno provincial y empresarios afines a la gestión política de entonces, la firma se sirvió de la colaboración de agentes públicos que desarrollaban tareas para la empresa pero eran remunerados con sueldos del Estado. En ocasiones, las imprentas de Aguilera cobraron contratos con el gobierno y no cumplieron con los servicios abonados.
    La disposición que ordena el decomiso de los bienes salió del despacho de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial el jueves pasado y fue directo a la Fiscalía de Estado. El detalle de bienes a confiscar está contenido en el punto XXII de la sentencia fechada el 7 de abril de 2022.
    Según se lee en ese listado, se ordenó la confiscación definitiva de bienes inmuebles y muebles, titularidad de Tep SRL y de los imputados. Se trata de los galpones de calle Racedo al 400 de Paraná, el fondo de comercio, transportes, elementos informáticos, técnicos, y de comunicación que sirvieron para cometer los delitos, en el marco de la causa Nº 4385 conocida como “imprentas” o “causa de la vaca”.
    Los inmuebles quedarán para el Poder Judicial, según la sentencia de 2022; los vehículos serán para la Policía de Entre Ríos; y los elementos informáticos para el Consejo General de Educación (CGE), para ser asignados a las instituciones educativas.
    El listado
    1. Inmueble ubicado en calle Racedo 415, de Paraná, partida provincial Nº101426651, partida municipal Nº 63031, matrícula 144102;2. inmueble ubicado en calle Racedo 409,de Paraná, partida provincial Nº1015028249, partida municipal Nº14909, matrícula 144101; de los siguientes vehículos:3. motovehículo 208 IG, marca Zanella, modelo ZB 100;4. vehículo dominio EPT 951, marca Ford, modelo F4000D; y5. vehículo dominio OJZ 720, marca Citroën, modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business
    Otros muebles
    1. un CPU marca Bangkok color negro, de 4gb de memoria,2. procesadora AMD Penton II X2 545,3. procesador 360 GHZ;4. un cpu de 4 gb,5. procesador intel pentium CPG 645 290 GHZ;6. un plotter de impresión marca Bili neotitan 2504 DW2D;7. un cpu marca optiplex 390 de 8 gigabytes,8. procesador intelcore I321209. cpu 330GHZ330GHZ;10. un cpu marca data vision modelo DT 912;11. un cpu marca dell optiplex 7010 Nº0F4X5W129213428753;12. cpu marca dell optiplex 7010 Nº JF6BSW142277288689;13. un cpu marca HP proliant ML110;14. un cpu marca HP proliant ML110GT;15. un cpu marca datavision Nº de barra DT520B0011071001202;16. un cpu marca Dell NºX14397060015411413200798;17. un cpu marca datavision NºDT912030110310001182;18. un cpu marca data vision Nº DT 520B0011031001041;19. una computadora all in one modelo lite E191219365P, serie Nº0800942001001020 marcar Bangock;20. un cpu marca lenovo Nº de serie 11530552900105BK1KT;21. una computadora all in one marca Apple, pantalla plana con su correspondiente teclado y mouse de la misma marca
    Cabe señalar que el plotter de impresión se encuentra en la casa de Luciana Almada, ex pareja de Juan Pablo Aguilera. Almada deberá entregarlo a quien designe la Fiscalía de Estado.
    Las condenas por el megajuicio alcanzaron al exgobernador Urribarri con 8 años de prisión. En 2022, después de largos meses de debate y cuando el Tribunal de Juicio que en ese momento fue integrado por los vocales Carolina Castagno, Elvio Garzón y José María Chemez (jubilado) emitió la sentencia, Urribarri debió dejar el cargo de embajador argentino en Israel y Chipre, un rol que le asignó el gobierno de Alberto Fernández apenas asumió. Fue el mismo gobierno, en la persona del excanciller Santiago Cafiero, que le exigió la renuncia a Urribarri cuando se conoció la condena.
    En el mismo pronunciamiento del tribunal se sentenció a Báez y Aguilera. Ambos recibieron una pena de 6 años y medio de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que Urribarri. Pasaron más de cuatro años para que las condenas comiencen a ejecutarse.

  • Granja Tres Arroyos: embargan propiedades de los dueños y dictan una inhibición general de bienes

    Granja Tres Arroyos: embargan propiedades de los dueños y dictan una inhibición general de bienes
    La crisis de Granja Tres Arroyos ya comenzó a afectar el patrimonio de la familia De Grazia, que controla la compañía y está al frente del grupo desde su fundación. Recientemente, la Justicia ordenó embargar inmuebles vinculados a Joaquín y Elba De Grazia y, en una causa separada contra Avex, dispuso además una inhibición general de bienes sobre la sociedad y cinco personas vinculadas al grupo.
    Qué bienes fueron embargados
    Uno de los expedientes corresponde a una ejecución contra Granja Tres Arroyos y sus garantes por una deuda de $1.194,95 millones, más otros $600 millones calculados provisoriamente para intereses y costas. En esa causa, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°19, el juez Gerardo Santicchia ordenó el embargo de los inmuebles denunciados por el acreedor, siempre que registralmente figuren a nombre de Joaquín De Grazia, presidente del grupo, o Elba Elisa De Grazia.

    Avex: embargo e inhibición general
    La inhibición general aparece en otro expediente, iniciado contra Avex SA, también por una deuda reclamada por una entidad financiera. Allí el monto asciende a u$s115.000, más otros u$s34.500 estimados provisoriamente para intereses y costas.
    El juez Diego Manuel Paz Saravia, del Juzgado Comercial N°16, ordenó también el embargo de las dos unidades ubicadas en Francisco Beiró 4557/4561, en la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que figuren a nombre de Joaquín De Grazia. También dispuso el embargo del usufructo que Elba Elisa De Grazia tiene sobre un inmueble ubicado en Highland Park Country Club, Pilar.
    Pero en este caso la resolución fue más amplia: el juzgado decretó la inhibición general de bienes de Avex SA y de cinco personas: Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato.
    La diferencia entre las dos medidas es concreta. El embargo recae sobre bienes determinados, mientras que la inhibición general restringe la posibilidad de disponer de bienes registrables de las personas y sociedades alcanzadas por la medida.
    A estos expedientes se suma otra ejecución prendaria contra Granja Tres Arroyos, por $55,78 millones, más $25 millones estimados para intereses y costas. En ese caso, la Justicia ordenó avanzar sobre el bien dado en garantía y también dispuso medidas sobre inmuebles denunciados, sujetas a la titularidad registral.
    El otro dato que profundiza la situación es la cantidad de acreedores que ya recurrieron a la Justicia para intentar cobrar sus créditos y, en algunos casos, pedir directamente la quiebra de Granja Tres Arroyos.
    Entre los expedientes que aparecen actualmente en el fuero comercial figuran cuatro pedidos de quiebra contra la avícola, impulsados por ID Group S.A., Fradei S.A., ASA Tala S.A. y Centro de Distribución Sur S.R.L.
    A estos se suman distintos juicios ejecutivos iniciados contra la empresa. Entre ellos aparecen los de MAS Protección S.A., Sartore Hermanos SRL, Award Support S.R.L. y Trade Service S.A., además de las dos causas iniciadas por la entidad financiera que derivaron en los embargos mencionados.
    El volumen de reclamos da cuenta de una situación que excede una negociación puntual con un acreedor. Mientras la compañía intenta reestructurar sus pasivos, distintos acreedores avanzan por separado en los tribunales para cobrar o reclamar la quiebra.
    En el caso de Granja Tres Arroyos, el pasivo bancario supera los $42.400 millones y la empresa acumula 5.652 cheques rechazados por más de $86.400 millones. Avex suma 755 cheques rechazados por $7.300 millones, mientras que Wade registra 690 por $7.955 millones.
    En conjunto, las tres sociedades acumulan 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones.
    Lo cierto es que la crisis de la empresa desde hace largo rato se extendió a todas sus unidades productivas. El último episodio ocurrió en Capitán Sarmiento, donde Granja Tres Arroyos suspendió las operaciones desde el 31 de agosto pasado “hasta nuevo aviso” por falta de suministro eléctrico y otras cuestiones operativas y productivas.
    La compañía comunicó al personal que no debía concurrir a trabajar, salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor. La decisión tomó por sorpresa a los trabajadores y generó preocupación por la continuidad de la planta y el eventual pago de indemnizaciones.
    Según trascendió, maquinaria concesionada por terceros fue retirada del establecimiento, entre ella zorras, equipos para armado de cajas y otros elementos utilizados en la operación. También fuentes vinculadas a la situación señalaron que integrantes del directorio habrían retirado pertenencias de sus oficinas y depósitos.
    A su vez, Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres y suspensiones que fueron reduciendo la capacidad operativa del grupo.
    Su planta de Tristán Suárez fue cerrada y dejó 200 desvinculaciones sobre una dotación de 270 trabajadores, mientras que la planta de Becar, en Concepción del Uruguay, también cerró y sus trabajadores fueron trasladados a La China, que permanece paralizada desde fines de mayo.
    En Avex Río Cuarto, una parada que inicialmente había sido anunciada por dos semanas terminó extendiéndose en el tiempo y afectó a unos 350 trabajadores. En agosto también se suspendió a todo el personal de Pinazo, en Pilar. En Wade II, ex Cresta Roja, hubo paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos, mientras que Wade I, en Ezeiza, funciona con una actividad considerablemente reducida.
    A mediados de agosto, además, la compañía desvinculó a 250 trabajadores de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de 900 empleados. Los telegramas atribuyeron las cesantías a una “grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora”, mientras que el gremio denunció atrasos de más de cinco quincenas en el pago de salarios.
    En medio de este escenario, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por u$s350,9 millones, con VALO como asesor financiero.
    La propuesta contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años, la incorporación de nuevos inversores y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos.
    Mientras la compañía busca avanzar con ese proceso, los pedidos de quiebra y las ejecuciones se multiplican en la Justicia, al mismo tiempo que crecen los cheques rechazados y las deudas del grupo.
    El dato clave y que puede precipitar el desenlace es que la presión, además, dejó de concentrarse exclusivamente sobre las sociedades. Con los nuevos embargos y la inhibición general, las medidas judiciales ya alcanzan directamente a personas vinculadas al control del grupo, mientras la reestructuración continúa sin mostrar avances concretos.
    Fuente: Ambito Financiero

  • Concepción del Uruguay: allanamiento por un robo a un taller mecánico terminó con bienes recuperados y un detenido tras agredir a la Policía

    Concepción del Uruguay: allanamiento por un robo a un taller mecánico terminó con bienes recuperados y un detenido tras agredir a la Policía

    El operativo se concretó este jueves por la tarde en la intersección de Urquiza y 17 del Norte. Un hombre de 55 años atacó a los efectivos para evitar el registro domiciliario y quedó alojado en la Alcaidía.

    Un procedimiento policial concretado en horas de la tarde de este jueves en Concepción del Uruguay permitió esclarecer un robo perpetratedo en un taller mecánico, aunque derivó en momentos de tensión tras la violenta resistencia de los ocupantes de la vivienda allanada.
    La medida judicial, emitida por el Juzgado de Garantías N.º 1 a instancias de la Fiscalía Auxiliar N.º 4, fue llevada a cabo alrededor de las 13:20 horas por efectivos de la Comisaría Primera, con el apoyo del grupo táctico de la Guardia Especial (G.E.P.E.R.), en una finca ubicada sobre calle Urquiza y 17 del Norte.
    Violenta resistencia y reducciones
    Al arribar la comitiva para notificar el mandamiento, un hombre de 55 años arremetió contra los uniformados mediante agresiones verbales, amenazas e intentos de agresión física a golpes de puño. Ante el ataque, el personal del G.E.P.E.R. debió intervenir de forma inmediata para reducirlo. En ese instante, su hijo de 26 años intentó entorpecer el accionar de la fuerza, por lo que también fue reducido en el lugar.
    Tras controlar la escena y notificar de las actuaciones a un joven de 28 años que se encontraba en el inmueble, los efectivos dieron inicio a la minuciosa inspección de la propiedad.
    Resultados y elementos recuperados
    El registro arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro y la recuperación de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos por la mañana, como ser una amoladora, una batería de automóvil y una caña de pescar con su respectivo reel.
    Origen de la causa y situación judicial
    La investigación se había iniciado a raíz de la denuncia de un vecino de 49 años, propietario de un taller mecánico. El damnificado advirtió a las 06:15 horas que autores ignorados habían forzado los cerramientos de su local para sustraer sus herramientas de trabajo.
    Informada sobre las incidencias del operativo, la Fiscalía en turno dispuso la detención formal del hombre de 55 años por los delitos de Amenazas, Interrupción de un Procedimiento Judicial y Resistencia a la Autoridad, quedando alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera. En tanto, los demás jóvenes fueron trasladados a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación.

  • El peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde y Cirio sufrió otra demora: recién estará el 17 de julio

    El peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde y Cirio sufrió otra demora: recién estará el 17 de julio

    El peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde y Cirio sufrió otra demora: recién estará el 17 de julio

    Impulsado por un video en el que Jesica Cirio muestra fajos de dólares, el fiscal Sergio Mola solicitó al juez Luis Armella una serie de nuevas medidas de prueba en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

    Por un lado, Hugo Wortman Jofré, representante de la organización Poder Ciudadano, pedirá una inspección ocular en la vivienda ubicada en un country de San Vicente para verificar si, en los últimos meses, se cambió el placard del vestidor de Insaurralde. Esta medida es clave para estimar la cantidad de dólares que había almacenada según el volumen de los cajones.
    Los peritos designados por la Corte Suprema solicitaron una prórroga para entregar el informe contable sobre el crecimiento patrimonial del ex intendente, y el juez Armella les concedió un plazo hasta el 17 de julio. Durante el año pasado, Insaurralde intentó incorporar peritos de la Universidad de Buenos Aires, lo que permitió retrasar la causa por un año. Finalmente quedaron los peritos de la Corte, pero ahora se registra esta nueva demora.
    El retraso en la investigación, iniciada en septiembre de 2023 tras el escándalo del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici en el yate Bandido rumbo a Puerto Banús, está principalmente vinculado al juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense Axel Kicillof. Kreplak, al igual que Armella desde este año, subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, actualmente vacante.
    Además, el juez aceptó la recusación presentada por los abogados de la modelo Sofía Clerici contra el perito tasador Ramón Cereijo, debido a que este había asesorado a Poder Ciudadano, querellante en la causa, en otro expediente. Su reemplazo generará una nueva demora en el proceso.
    Mientras tanto, el fiscal solicitó la apertura y análisis de los dispositivos electrónicos incautados el domingo pasado en una de las residencias de Cirio.
    Por otro lado, el juez ordenó continuar la investigación sobre un edificio ubicado en Almirante Brown 2973, en la ciudad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, con el objetivo de identificar a las empresas constructoras involucradas y conocer la venta original de los departamentos.
    Armella también requirió información vinculada a la cuenta comitente N° 32-1210, según un informe de la Caja de Valores, a nombre de Reconquista Valores S.A. Solicitó los movimientos registrados en dicha cuenta a nombre de Insaurralde durante el período comprendido entre su apertura, el 9 de mayo de 2011, y el 31 de diciembre de 2023.
    ### Insaurralde ya no puede justificar 1,5 millones de dólares
    La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, acusó al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde de haber manejado, desde 2006 hasta la actualidad, a través de terceros, dinero no declarado por más de 1,1 millones de dólares, sin contar los montos exhibidos en los videos de Jesica Cirio.
    El informe de la UIF es un documento clave para el peritaje que llevan adelante los expertos de la Corte Suprema. En ese sentido, el organismo solicitó la indagatoria por lavado de dinero de Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio, la modelo Sofía Clerici, Rodrigo Insaurralde, Gastón Barrachina, Víctor Donadio y los responsables jurídicos de las empresas DOIO y Sasaxa.
    Rodrigo es hijo del ex jefe de Gabinete bonaerense; Barrachina, su sobrino; y Donadio, ex esposo de la hermana del influyente dirigente kirchnerista.
    Según la UIF, Insaurralde parece “vivir de prestado”, ya que su casa de fin de semana está a nombre de sus hijos; los cuatro autos que utilizaba, a nombre de Cirio; las empresas, a nombre de su sobrino y de su ex cuñado; y la mayoría de sus 76 viajes al exterior —inclusive uno a Sudáfrica para el Mundial de 2010— habrían sido costeados por agencias de turismo.
    Insaurralde contrajo su primer matrimonio con Liana Toledo, hija del ex ministro de Obras Públicas de Eduardo Duhalde, Hugo Toledo, con quien tuvo a sus dos primeros hijos. En 2005 se casó con Carolina Álvarez, madre de su hijo menor. Finalmente, en 2014 se unió en matrimonio con la modelo Jesica Cirio en una fastuosa ceremonia, y se divorciaron en 2023.
    El informe de la UIF comienza detallando la compra de dos lotes en Las Fincas de San Vicente, donde se construyó una vivienda de 574,88 metros cuadrados cubiertos, 67,98 semicubiertos y un espejo de agua de 70,7 metros cuadrados, valorada en cerca de 500 mil dólares, mientras la propiedad estaba a nombre de la empresa DOIO, dirigida por el sobrino de Insaurralde.
    Asimismo, se destaca que se gastaron casi 100 mil dólares en automóviles adquiridos “en una fecha cercana a la separación de Insaurralde”, lo que “indica que el dinero utilizado para esa compra provino de su expareja y, por lo tanto, sería de origen ilícito”, según la UIF.
    El organismo también puso bajo la lupa la compra, realizada por Cirio en 2015, de un departamento en Ortega y Gasset al 1600, en

  • La escribana de Manuel Adorni se fue de Comodoro Py tras declarar en la causa por los bienes del jefe de Gabinete

    La escribana de Manuel Adorni se fue de Comodoro Py tras declarar en la causa por los bienes del jefe de Gabinete

    La escribana de Manuel Adorni se fue de Comodoro Py tras declarar en la causa por los bienes del jefe de Gabinete

    En el marco de la investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita convocó este miércoles a declaración a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración del departamento del barrio de Caballito adquirido a 230 mil dólares con una hipoteca no bancaria con dos jubiladas. Figura además en la escrituración de la casa en el country Indio Cuá Golf Club y del inmueble de Parque Chacabuco.La escribana ingresó temprano por la mañana en los tribunales federales y se retiró poco después de las 13 horasLa causa que inició con la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, y que pone la lupa sobre la conformación patrimonial de Adorni, sus gastos en vuelos privados y la adquisición de propiedades, está delegada en la fiscalía por decisión del juez Ariel Lijo.La documentación sostiene que mediante escritura pública N° 118 del 24 de noviembre de 2025, intervino en la escrituración por U$S 230.000 la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580. Sobre el precio se registró un gravamen vinculado a la operación.La fiscalía busca clarificar cómo se realizaron las hipotecas privadas utilizadas para adquirir esa propiedad.Al momento de citar a la escribana, el fiscal Pollicita, pidió que la escribana vaya con toda la documentación de la operatoria.Según la documentación, Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Viegas figuran como intervinientes en la operatoria en carácter de vendedoras del inmueble y presuntas acreedoras del financiamiento privado instrumentado.El fiscal pidió que se se incorpore al expediente un informe crediticio del portal web de Nosis respecto de la escribana Nechevenko, y a las prestamistas que proporcionaron el 87% del valor de la propiedad.En el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.Otro de las hipotecas privadas que se encuentra bajo investigación es la correspondiente a parque Chacabuco.Según los documentos a los que accedió Clarín, fue un crédito no bancario de 100.000 dólares en total, para comprar una vivienda en Avenida Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Hay un primer documento de tres páginas donde se consigna que la propiedad se divide en partes iguales entre Adorni y Bettina Angeletti, su esposa.Después, se realiza el asiento correspondiente sobre los préstamos obtenidos para la compra y posterior escrituración. Allí se consigna a las personas involucradas: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría otorgado un préstamo de 85.000 dólares, siempre ante la escribana Adriana Nechevenko, quien está citada para declarar como testigo este miércoles. En tanto, Victoria María José Cancio, concedió un crédito de 15.000 dólares, con la intervención de la misma escribana.Las cuatro prestamistas están citadas a declaración testimonial, las que intervinieron en el departamento de Caballito, deben ir a Comodoro Py este jueves y las que proporcionaron en total, 100.000 dólares a Adorni, el 13 de abril.