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Crece la presión sobre Kicillof por la Corte bonaerense ante la versión de que una jueza clave se va

Mucho antes de que Axel Kicillof asumiera la gobernación y Hilda Kogan llegara a la Suprema Corte de Justicia provincial, ambas familias ya se conocían. Hace más de cuatro décadas, los hijos de Kogan y Kicillof compartían la primaria en la Nueva Escuela Argentina 2000, un colegio de Belgrano fundado por Antonio Salonia. Las dos familias se turnaban para llevar a los niños desde Barrio Norte hasta la escuela, y en varias ocasiones Kogan conducía el auto, con Kicillof sentado en el asiento trasero.

Kogan asumió su cargo en la Suprema Corte bonaerense en 2002, casi veinte años antes de la llegada de Kicillof a la gobernación. Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular entre dirigentes provinciales la versión de que la jueza, de 81 años, estaría próxima a jubilarse, posiblemente en agosto. Vale destacar que, a diferencia de la Constitución Nacional, la Constitución bonaerense no establece límite de edad para los magistrados.
Fuentes cercanas a Kogan desmintieron categóricamente esta versión, afirmando que la jueza “no tiene ni preparados los papeles para jubilarse” y que “está muy vital”. Sin embargo, otros operadores judiciales de los Tribunales de La Plata señalaron que Kogan podría estar “hastiada” por la enorme carga de trabajo y la difícil situación que atraviesa la Suprema Corte, que hoy tiene cuatro vacantes. De sus siete integrantes, solo permanecen en funciones Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria. Un magistrado que no integra la Corte calificó la situación institucional como “muy estresante” para los tres miembros.
Las salidas de los anteriores jueces también fueron sorpresivas: además del fallecimiento de Héctor Negri en enero de 2020, en 2021 renunciaron inesperadamente, con pocos meses de diferencia, Eduardo De Lázzari y Eduardo Pettigiani; y hace dos años se retiró Luis Genoud.
Desde el comienzo de su gestión, Kicillof contó con una vacante en el máximo tribunal provincial sin proponer a ningún candidato para cubrirla. A esas se sumaron tres vacantes más y tampoco hubo avances al respecto, pese a los insistentes reclamos de las distintas facciones del peronismo bonaerense.
Frente a la posibilidad de que los puestos vacantes lleguen a cinco, en caso de que Kogan se jubile —aunque algunos especulan que podría esperar a que se cubran las actuales vacantes antes de retirarse—, desde el peronismo aumentaron la presión sobre el gobernador para que avance en la designación de los magistrados. Dirigentes cercanos a Cristina Kirchner y La Cámpora cuestionan la “tozudez” de Kicillof por no querer integrar la Suprema Corte, más aún cuando la bancada Fuerza Patria, que representa al peronismo, cuenta con 24 de los 46 miembros del Senado provincial.
Para designar a un ministro de la Suprema Corte se requiere mayoría absoluta en el Senado, y en teoría el peronismo la posee. Un dirigente kirchnerista clave señaló: “Hoy hay cuatro lugares en la Corte. Uno podría ser para el espacio de Kicillof, otro para Cristina, otro para Massa y el cuarto para algún sector de la oposición”. Un legislador del Frente Renovador también coincide con este reparto.
Aunque el peronismo cuenta en el Senado con números suficientes para imponer a cuatro jueces sin necesidad de negociar con la oposición, los acuerdos que se negocian en paralelo con la Cámara de Diputados indican que se debería asignar un lugar a otra fuerza política. De esta manera, se abre una disputa entre el PRO, alineado con Cristian Ritondo; la UCR, cercana a Maximiliano Abad; y La Libertad Avanza, que en la provincia responde a Sebastián Pareja. El mileísmo impulsa al camarista de San Martín, Sergio Pilarche, para ocupar un puesto en el tribunal.
El principal problema radica en la fragmentación interna del peronismo y en la falta de avance del gobernador para negociar las designaciones. Un legislador del Frente Renovador afirma: “El que tiene que poner en marcha todo es Axel. La decisión la tiene el gobernador”, mientras un referente de La Cámpora coincide en ese punto.
El ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, afín a Cristina Kirchner, ocupa un rol secundario en esta negociación. En los hechos, el principal operador judicial de Kicillof es Santiago Pérez Teruel, asesor general de la Gobernación y parte del núcleo duro del mandatario. En conversaciones privadas, Pérez Teruel ha expresado a referentes peronistas que Kicillof “no quiere apresurarse” con las designaciones porque “es un tema que no entiende bien y no quiere equivocarse”.
Sin embargo, en el peronismo no creen en ese argumento. Sospechan que Kicillof, cuyo sector Movimiento Derecho al Futuro impulsa su candidatura presidencial, solo tendría derecho a un lugar en la Suprema Corte, pero él necesitaría dos para evitar tensiones con sus aliados. En este contexto, el peronista Mariano Cascallares, exintendente de Almirante Brown y actual diputado provincial, también aspira a un puesto en el máximo tribunal bonaerense.
Cascallares integra el sector de intendentes y jefes territoriales que respaldan la gestión de Kicillof, pero que al mismo tiempo le exigen al gobernador que avance con gestiones para habilitar las reelecciones indefinidas. Pese a estas presiones, Kicillof querría que su asesor Pérez Teruel sea quien ocupe uno de los cargos vacantes