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  • Diputados: el oficialismo negocia cambios para avanzar este miércoles con Inocencia Fiscal II y la modificación del BCRA

    Diputados: el oficialismo negocia cambios para avanzar este miércoles con Inocencia Fiscal II y la modificación del BCRA

    Diputados: el oficialismo negocia cambios para avanzar este miércoles con Inocencia Fiscal II y la modificación del BCRA

    El oficialismo en la Cámara de Diputados negocia modificaciones para poder dictaminar este miércoles dos proyectos económicos clave para el Gobierno: el de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

    Las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, encabezadas por los diputados libertarios Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, se reunirán a las 11 para retomar el debate sobre los cambios al régimen de Inocencia Fiscal. Expondrán primero Matías Álvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); José Ignacio Simonella, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE); y el técnico Oscar Fernández, también de la FACPCE.
    Luego, el oficialismo buscará firmar dictamen, aunque antes confirmará si acepta una modificación clave solicitada por varios aliados: excluir a los funcionarios públicos de la posibilidad de adherir al régimen. En el proyecto original no se contemplaba esta exclusión, y la cuestión tomó relevancia tras el escándalo provocado por el exjefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quienes se inscribieron en el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la ley en junio de 2026, antes de presentar su declaración jurada, lo que suscitó mayores sospechas.
    La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, había adelantado el lunes que se exceptuaría a los funcionarios públicos. “No será el caso de los funcionarios públicos, pero sí podrán hacer un blanqueo quienes durante años ahorraron en dólares en Argentina como forma de resguardo de valor”, declaró durante un desayuno con empresarios organizado por la Fundación Mediterránea.
    En el oficialismo aseguraron que se están retocando las redacciones. Además, los aliados pidieron que se contemplen a los buenos contribuyentes y a las PyMEs.
    El Régimen de Inocencia Fiscal se aprobó hace siete meses, pero el oficialismo propone cambios. Entre ellos, se eliminarían los límites de $1.000 millones en ingresos anuales y $10.000 millones en patrimonio para poder acceder al régimen simplificado de Ganancias. Así, podrían ingresar todos, incluidos los funcionarios, aunque los “grandes contribuyentes” tendrán menos beneficios. También se redefine el concepto de “discrepancia significativa”.
    Por otro lado, a las 15, el plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto se reunirá para escuchar a los expositores y dictaminar el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Están convocados los economistas activos en redes Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y el licenciado en empresas Claudio Zuchovicki. Desde la oposición ya expresan preocupación por el perfil de los invitados y sospechan que la intención es generar controversias. Tras las exposiciones, el oficialismo buscará también firmar dictamen.
    La discusión del texto comenzó la semana pasada con la presentación de Santiago Bausili, titular del BCRA. El proyecto plantea varios cambios fundamentales. En primer lugar, devuelve al Central su único objetivo de preservar el valor de la moneda, eliminando los puntos que señalaban “promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, incorporados en la reforma de 2012.
    Además, se prohíbe al Banco Central financiar directa o indirectamente al Tesoro y se modifica la forma de remoción del presidente del organismo: establece que la destitución deberá ser aprobada con dos tercios de los votos en ambas cámaras.
    Este último punto es uno de los que genera mayor debate. Algunos legisladores exigen que se establezca la misma mayoría para la designación y la remoción del presidente, o que se fije un plazo para votar los pliegos de candidatos al directorio, ya que actualmente son designados “en comisión” y permanecen en sus cargos durante años sin pasar por votación.

  • Con cambios a último momento, aprobaron la ley de propiedad privada – El Miércoles Digital

    Con cambios a último momento, aprobaron la ley de propiedad privada – El Miércoles Digital

    Con cambios a último momento, aprobaron la ley de propiedad privada – El Miércoles Digital

    La Libertad Avanza bajó otro capítulo cerca del final de una extensa sesión. Se mantienen vigentes los bloqueos de tierras por 30 y 60 años -según el caso- tras incendios, como prevé la norma vigente que impulsó años atrás Máximo Kirchner. Nuevo golpe para Patricia Bullrich.
    Nota relacionada
    LEY DE INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA
    El frío y el viento no impidieron que en La Histórica se expresaran
     
    En una tensa sesión, que incluyó un sorprendente final, el oficialismo senatorial y zigzagueantes aliados aprobaron esta madrugada una muy fileteada ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la definición queda ahora en manos de Diputados. La Libertad Avanza, a cargo de Patricia Bullrich, no sólo tuvo que borrar anteayer la venta de tierra a extranjeros, sino que sufrió un duro traspié en pleno recinto, al bajar -antes de la votación en general- el capítulo para cambiar la ley de Manejo del Fuego.
    Bajo este escenario, se mantendrán vigentes los bloqueos de tierras por 30 y 60 años -según el caso- tras incendios, como prevé la norma vigente que impulsó años atrás Máximo Kirchner. Esto significó otro golpe para la porteña y, en paralelo, la algarabía de la oposición -hasta aplaudieron, algo no permitido, y se abrazaron al final- para un proyecto que quedó maltrecho. Lo que quedó en pie del articulado contempla modificaciones relacionadas con las condiciones para activar expropiaciones desde el Estado; y desalojos exprés en usurpaciones -juicios sumarísimos- y veloces para el caso de falta de pago.
    Antes del debate, una unión entre Bullrich, dialoguistas y hasta el propio kirchnerismo enterró, en menos de un minuto, las recientes jugadas de Victoria Villarruel -a cargo del Ejecutivo por un viaje al exterior de Javier Milei- para que el pleno discutiera la habilitación o no de dos legisladores -la cristinista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama- para sesionar por la vía virtual, justificación médica de por medio.
    Hay una explicación formal y otra trascendental sobre dicho punto. En primer lugar, como ya estaba caído el capítulo de la venta de tierras a extranjeros, no hacía falta el aporte de la mendocina y el catamarqueño para hacerlo en contra de la propuesta de los libertarios. Curioso lo de Fama: en mayo pasado, fue uno de los que firmó el dictamen de mayoría. La Cámara alta siempre entrega sorpresas.
    Lo segundo fue clave: los legisladores salvaron al Senado de un potencial error -aunque era más que entendible y justificado el planteo de Fernández Sagasti, por tratarse de un episodio de fuerza mayor y que no revestía duda- en cuanto a introducir, sin un dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, eventuales cambios al reglamento del Cuerpo, que requiere dos tercios. En resumen: era abrirle la ventana al diablo para que se cometiera cualquier tipo de atropello sobre el quorum y las votaciones de cara al futuro. Imposible de digerir para las bancadas, que razonaron juntas después de muchísimo tiempo.
    Tras ello y, en medio del inicio del tratamiento de la ley, el jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), pidió otra moción -se votan de manera automática, sin posibilidad de ida y vuelta- para devolver el tema a comisión. Perdió 38 a 31 con el oficialismo y aliados y evidenció ciertos acompañamientos para el articulado. Horas más tarde apareció la preocupación relacionada con el capítulo sobre manejo del fuego, que derivó luego en un papelón para Bullrich y el Gobierno libertario.
    Qué se dijo en el recinto
    El miembro informante fue el oficialista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (Tierra del Fuego), quien en mayo pasado se ausentó -por un viaje al exterior- cuando La Libertad Avanza firmó el dictamen de mayoría, luego modificado por -al menos- 18 borradores extra. Justificó los desalojos exprés al equiparar el articulado a provincias donde “el proceso es el mismo que se propone” con la reforma en cuestión.
    Sobre el Manejo del Fuego, Coto consideró que si bien elevaría “gravemente las penas” ante incendios intencionales, dejó en claro que paralizar los terrores “entre 30 y 60 años es literalmente una vida”. Le respondió el peronista Pablo Bensusán (La Pampa): “Más allá de que hayan eliminado el capítulo de tierras -en referencia a la venta a extranjeros-, el resto de los temas son de extrema gravedad ya que están afectando todos los recursos naturales estratégicos de la Argentina”.
    “Otra vez estamos debatiendo sobre un dictamen que no sabemos de qué se trata ya que, una hora antes de empezar esta sesión, recibimos un archivo sin membrete, sin firma, con decenas de modificaciones”, expresó. En ese sentido, agregó: “Modificaciones que hicieron desde mayo y a escondidas, en lugar de plantearlas públicamente en comisiones, que es el lugar donde se deben hacer”.
    Por su parte, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) validó los ítems de expropiaciones y desalojos, aunque se mostró en disconformidad total sobre el manejo del fuego y encendió la primera alarma. En ese sentido, afirmó: “El artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y la jurisprudencia ha consolidado el principio de no regresión ambiental. Estamos frente a una reforma que seguramente será judicializada, afectando justamente la previsibilidad que el Gobierno dice querer recuperar”.
    En tono político, el peronismo le recordó a Bullrich la voltereta del reciente martes, cuando apareció con nuevo un tope para la venta de tierra a extranjeros que, al día siguiente, sucumbió sin una sola chance. “Gobierno chapucero, desorganizado, que se encuentra totalmente improvisado, que inventa e hizo alarde del ‘si pasa, pasa’”, disparó la riojana Florencia López, quien añadió: “Cuando se da cuenta que no hay agua, directamente cambia los temas. No tuvo empacho de cambiar de gobierno y de partido”.
    Ya en los cierres, la chubutense Edith Terenzi adelantó la abstención por desalojo y el no acompañamiento a lo del fuego. Eran cerca de las 23 -los primeros rumores aparecieron entre las 19 y 20- y el capítulo caminaba por el filo de la navaja. “Vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas, sin vallas ni límites para su protección”, indicó la filo radical. Pasadas las 23.30, los más experimentados daban por caído el tema. Casi que dejó de interesar el resto de los discursos. Una situación que no se recordaba desde hace un buen tiempo.
    Con el resultado cantado -en voz baja- desde algunas bancas y la desazón libertaria, desde Convicción Federal aprovecharon la ocasión para plegarse a la ola opositora. “Profundamente inconstitucional, vergonzosamente tratada en la comisión”, sentenció Mayans, en representación del kirchnerismo. Selló el final Bullrich que, dos horas antes, subía un video a la red social X refiriéndose sólo a los desalojos. Algo sabía.
    “Pareciera que la propiedad privada es una mala palabra”, conjeturó la ex ministra de Seguridad de Milei. Cuestionó a quienes se hacen los distraídos “cuando se toma un territorio, o el de una familia que construyó su casa”. Y resaltó: “Al que vive en una barrio popular y los narcos le sacan la casa, ¿quién los defiende? Ahí no regía la soberanía y lo recuperamos nosotros. La propiedad privada es certeza a los ciudadanos».
    “Hicieron de la Constitución un papel muerto”, denunció Bullrich y apuntó hacia todo el peronismo, y enumeró casos de caciques de “movimientos sociales” con causas penales en distintos puntos del país. Y lanzó un dato contundente: el promedio para cobrar post expropiaciones, siempre según sus palabras, es de 18 años. No olvidó de “la mayor estafa, con YPF”, ni la base china que el cristinismo impulsó en Neuquén y la consiguiente pérdida de soberanía para el país allí, algo inédito por ser una mega potencia extranjera.
    Puntos principales
    *Expropiaciones. De lo que quedó del dictamen original que se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Y se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
    En tanto, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.
    La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.
    Un último ítem del capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.
    *Desalojos. “Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea.
    Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.
    “Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, se enfatiza.
     

     
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  • Apple prepara dos cambios inéditos para el iPhone: por qué este puede ser el momento ideal para comprar uno

    Apple prepara dos cambios inéditos para el iPhone: por qué este puede ser el momento ideal para comprar uno

    Apple prepara dos cambios inéditos para el iPhone: por qué este puede ser el momento ideal para comprar uno

    Durante más de una década, comprar un iPhone era prácticamente un ritual con fecha fija: cada septiembre, Apple renovaba toda su familia de smartphones y los usuarios sabían exactamente cuándo llegaría la próxima generación. Sin embargo, este esquema podría estar llegando a su fin.

    Las filtraciones más recientes indican que la empresa de Cupertino prepara un cambio profundo en su estrategia de lanzamientos. A esto se suma una advertencia que inquieta al mercado: el propio CEO de Apple, Tim Cook, reconoció que los aumentos de precios en el hardware son «inevitables» debido al fuerte encarecimiento de los componentes.
    La combinación de ambos factores dibuja un escenario particular para los consumidores. Quienes estén pensando en cambiar de teléfono podrían encontrarse ante uno de los mejores momentos para comprar un iPhone, antes de que la compañía reorganice su catálogo y, eventualmente, traslade parte de los mayores costos de producción al precio final de sus dispositivos.
    ### Apple rompe una tradición de más de una década
    Los rumores sobre un nuevo cronograma de lanzamientos circulan desde hace meses, pero cobraron fuerza tras una declaración del presidente de Largan Precision, principal proveedor de lentes para las cámaras del iPhone. Durante la junta anual de accionistas de la empresa taiwanesa, el ejecutivo señaló que un «gran cliente estadounidense» había postergado el lanzamiento de un nuevo modelo hasta el primer trimestre de 2027.
    Aunque no mencionó directamente a Apple, medios especializados interpretaron el comentario como una confirmación indirecta de las versiones que apuntan a un retraso del futuro iPhone 18 base.
    Según las filtraciones, Apple mantendría los lanzamientos de septiembre para los modelos más avanzados, como los iPhone Pro y Pro Max, además de un eventual iPhone plegable. En cambio, los modelos básicos, la variante «e» y la línea Air pasarían a presentarse en los primeros meses del año siguiente.
    Este cambio no respondería únicamente a una cuestión de marketing. La compañía buscaría administrar mejor la producción de varios equipos simultáneamente para evitar tensiones en la cadena de suministro.
    ### Por qué Apple habla de aumentos de precios «inevitables»
    Paralelamente, Apple enfrenta un problema que afecta a buena parte de la industria tecnológica: la escasez y el encarecimiento de las memorias.
    Tim Cook reconoció la situación en declaraciones a The Wall Street Journal. «Desafortunadamente, los aumentos de precios son inevitables. Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes incrementos que nos están trasladando y hemos intentado proteger a nuestros clientes, pero la situación se ha vuelto insostenible», afirmó.
    El CEO agregó que existe una menor oferta de componentes en un momento en que la demanda de dispositivos sigue alta, y sostuvo que los proveedores de memoria están aplicando fuertes aumentos de precios.
    Distintos estudios de mercado reflejan la magnitud del problema. Según un análisis realizado por Mike Howard, director de mercados de memoria de TechInsights, Apple habría pasado de pagar 13 dólares por una memoria flash NAND de 256 GB a aproximadamente 51 dólares. En el caso de la memoria RAM LPDDR5X de 12 GB, el costo se habría elevado de 39 a 145 dólares.
    El incremento en algunos componentes ronda el 292%.
    Según ese estudio, para mantener sus márgenes de rentabilidad, Apple debería aumentar alrededor de 270 dólares el precio del futuro iPhone 18 Pro. Bajo esa hipótesis, el modelo Pro podría alcanzar los 1,399 dólares en Estados Unidos, mientras que la versión Pro Max de 256 GB llegaría a los 1,499 dólares.
    Por el momento, Apple no confirmó fechas ni aumentos concretos para los próximos iPhone. Cook tampoco precisó qué productos se verán afectados ni cuándo se aplicarían las subas. No obstante, la empresa ya mostró algunas señales: el precio base de la computadora Mac Mini, por ejemplo, pasó de 599 a 799 dólares.
    En este contexto, la tradicional recomendación de esperar al próximo iPhone para renovar el teléfono pierde parte de su sentido.
    Si el nuevo calendario se concreta y el aumento de costos impacta en los precios, el iPhone 17 base, disponible hoy desde 799 dólares en Estados Unidos, podría convertirse, al menos por un tiempo, en la opción más conveniente para quienes planeaban dar el salto al ecosistema Apple.

  • Detrás de los cambios en la zona fría de gas: una deuda de $ 100.000 millones y beneficios a las exportaciones

    Detrás de los cambios en la zona fría de gas: una deuda de $ 100.000 millones y beneficios a las exportaciones

    Detrás de los cambios en la zona fría de gas: una deuda de $ 100.000 millones y beneficios a las exportaciones

    El Gobierno mantiene una deuda por aproximadamente $100.000 millones en concepto de subsidios a las empresas de gas, debido a un atraso de entre tres y cuatro meses en los pagos correspondientes al régimen de zona fría. Este dinero corresponde a los consumos de gas de los últimos meses de 2025 y del primer trimestre de 2026, según confirmaron a Clarín diversas fuentes de distribuidoras y subdistribuidoras de gas natural, así como funcionarios oficiales.

    Esta deuda, conocida técnicamente como deuda «flotante», se origina cuando el servicio —en este caso, el consumo de gas— ya se realizó pero no ha sido pagado. Esta práctica permite al Ministerio de Economía mantener el superávit fiscal. Frente a ingresos insuficientes, el equipo económico liderado por Luis Caputo retrasa los pagos para equilibrar las cuentas públicas sin necesidad de emitir nueva deuda ni recurrir a emisión monetaria.
    El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se financia mediante un recargo del 7,5% sobre el precio mayorista del gas, aplicado a todos los hogares de zonas consideradas «no frías», así como a la industria, centrales termoeléctricas y otros grandes consumidores. Los recursos recaudados se destinan a reducir entre un 30% y un 50% las facturas de gas de los usuarios residenciales en zonas frías, como la Patagonia, Malargüe (Mendoza), la Puna y cientos de localidades del interior del país, incluidas tras la ampliación del régimen impulsada por Máximo Kirchner en 2021.
    Precisamente, la extensión del beneficio de los 900.000 usuarios originales a 3,4 millones derivó en un considerable aumento de los costos, que el sistema de recaudación del régimen de zona fría no logró cubrir. Así, un fondo fiduciarlo que inicialmente registraba superávit, debió incrementar progresivamente las alícuotas del recargo —de 4,46% a 5,44% en 2021 y hasta 7,5% a partir de abril de 2025— y finalmente enfrentó un déficit que el Estado cubrió mediante subsidios.
    Según datos de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el año pasado el Tesoro Nacional transfirió $40.560 millones para cubrir el desequilibrio financiero del fondo fiduciario. En 2025, los ingresos alcanzaron un total de aproximadamente $451.000 millones, con un promedio mensual cercano a los $37.600 millones. Debido a mayores consumos en invierno, estas cifras tienden a incrementarse en la temporada fría y disminuir en verano.
    Con la reducción del número de beneficiarios del régimen de zona fría —que perderán el subsidio quienes tengan ingresos familiares superiores a $4 millones— se espera una disminución del gasto del fondo fiduciario, generando un margen fiscal que permitirá al Gobierno saldar sus compromisos pendientes. Fuentes de la industria energética indicaron que la intención oficial es reducir progresivamente esta deuda hasta quedar al día.
    El atraso en los pagos a los proveedores estatales, entre ellos petroleras y generadoras eléctricas, forma parte de la estrategia aplicada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para mantener el equilibrio financiero. Tras la devaluación inicial impulsada por el presidente Javier Milei y frente al problema de tarifas congeladas heredado del gobierno anterior, el equipo de Luis Caputo optó por emitir un bono a 14 años para cancelar una deuda en subsidios equivalente en pesos a 750 millones de dólares.
    Los cambios en el régimen de zona fría también generan otros efectos en el sector energético. La medida garantiza que las exportaciones de gas natural a la región a través de gasoductos seguirán exentas del pago del recargo, y además incorpora como excepción a los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL). Por lo tanto, integrantes del consorcio Southern Energy (SESA), tales como Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, quedarán liberados del pago, lo que representa una ventaja competitiva para la venta de gas al exterior.
    Asimismo, quedarán exentos proyectos aún sin decisión de inversión, como el desarrollado por YPF con ENI y Adnoc, el de Camuzzi en Buenos Aires y el de la Compañía General de Combustibles (CGC) a través de Chile.
    La reducción de los beneficios del régimen de zona fría no solo otorgará un margen al Estado para saldar sus deudas, sino que también podría permitir, en el futuro, una reducción en la alícuota del 7,5%, cuando el fondo fiduciario vuelva a registrar superávit. Esta disminución impactaría en la reducción de costos energéticos para la industria y a mediano plazo bajaría el costo de la electricidad, disminuyendo así la necesidad de subsidios.

  • La salud no puede esperar los cambios burocráticos – El Miércoles Digital

    La salud no puede esperar los cambios burocráticos – El Miércoles Digital

    Pensionadas y retirados  uruguayenses, hasta el momento afiliadas/os al Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y futuras/os integrantes de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) están muy preocupados  por la situación actual, donde los plazos establecidos para los cambios y normalización de sus prestaciones de salud se hacen demasiado largo, ya que  en algunos  casos  necesitan inmediatamente esos servicios.

    Lo que pasó
    Luego de que el DNU 88/26 (del 5/02/26) dispusiera la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) que dependerá del Ministerio de Defensa -conformada por personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- y la Obra Social de las Fuerzas de Seguridad (OSFFESEG) dependiente del Ministerio de Seguridad (compuesta por personal del Gendarmería y Prefectura).
    También dispone “el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), a cargo del Administrador que designe el Ministerio de Defensa, el que se efectivizará mediante la transferencia total de los correspondientes activos y de su personal a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA)”. Para esta tarea, el actual Ministro de Defensa designó a partir del 19/02/26 al Coronel Mayor (Retirado) Ariel Guzmán.
    Entre la entrada en vigencia del Decreto 88/26 y la disolución y liquidación de IOSFA, que no podrá ser superior a los 365 días corridos, entra en vigencia un denominado “periodo de transición”. Durante este “periodo” los afiliados a IOSFA (personal del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura) deberán tener cobertura médico – asistencial por parte de esta Obra Social en disolución y liquidación.
    En una espera que se hace larga
    A raíz de esa situación enviaron la nota a la Ministra de Seguridad, para expresarle la ausencia de prestaciones de IOSFA , que tiene una cobertura mínima, que esta situación no ha variado desde hace unos ocho meses y no existen perspectivas de mejoras, que esta problemática repercute moral y económicamente. Por  eso quieren que se acorte el “periodo de transición”.
    De acuerdo a lo establecido en el Decreto 88/26 OSFFESEG deberá dar “cobertura de salud mediante Convenios con otras Obras Sociales Nacionales, Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Municipales, con agentes de seguros de salud, con entidades aseguradoras, gerenciadoras, prestadoras de servicios y empresas de medicina prepaga”.
     
    El texto que anviaron a  la funcionaria nacionales el siguiente:
    C. del Uruguay (ER), 9 de marzo de 2026
     
    A la Señora
    Ministra de Seguridad de la Nación
    Magister Alejandra S. Monteoliva
    PRESENTE
    De nuestra mayor consideración:
    Los abajo firmantes somos pensionadas y retirados, hasta el momento afiliadas/os al Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y futuras/os integrantes de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que se dirigen respetuosamente a Ud. con la finalidad de suministrarle un breve resumen sobre la no cobertura sanitaria de IOSFA en la provincia de Entre Ríos y su relación con el denominado “periodo de transición” (Arts. 8 y 9 del DNU 88/2026).
     
    En el aspecto general, IOSFA tiene habilitada las internaciones (comprende la habitación en las Clínicas ya que en caso de una cirugía el médico, anestesista, etc no están cubiertos) y algunas Farmacias, estando suspendidos o no existen Convenios con los prestadores de servicios médicos (desde Agosto/25), bioquímicos (desde Agosto/25), anestesistas (Octubre/25), odontólogos, kinesiólogos, etc. lo cuál obliga a afrontar gastos de consultas, estudios complementarios y demás, con el consiguiente perjuicio moral y económico.
     
    En lo que concierne a lo particular, en distintas oportunidades las/os afiliadas/os han debido recurrir a la vía judicial, con el costo que ello implica, para lograr mediante Recursos de Amparo que IOSFA cumpla con sus obligaciones.
     
    Para una mejor comprensión de la relación IOSFA / Afiliadas/os, le comentamos que lo mencionado fue expuesto mediante Notas entregadas los días 04/09, 25/09, 09/10, 06/11 y 27/11/2025 (se agregan fotocopias), habiéndosenos negado los números de Expedientes originados (por lo cuál desconocemos si fueron entregadas a los destinatarios) y muchos menos otorgado respuestas a nuestras inquietudes.
     
    Necesitamos comprenda: que la situación es totalmente opuesta a la Ciudad de Buenos Aires (donde IOSFA tiene Hospitales y Centros de Atención propios), que no podemos seguir 180 días (que se pueden extender a un año) afiliados a IOSFA (pagando sin recibir servicios) y que tenemos la necesidad de finalizar esta vulneración por parte de IOSFA al derecho a la salud.
     
    Reconocemos que lo expuesto no es responsabilidad de su Ministerio,
    pero queríamos que tuviera conocimiento de la problemática a través de los propias/os perjudicadas/os y solicitarle encarecidamente que arbitre las medidas que crea conveniente para lograr que el “periodo de transición” sea lo más breve posible, ya que necesitamos una cobertura de salud decorosa.
     
    Sin otro particular, la saludamos con atenta consideración.
     
     
     

     
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