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  • Contratos Truchos: Almada va 30 días a la cárcel en prisión preventiva – El Miércoles Digital

    Contratos Truchos: Almada va 30 días a la cárcel en prisión preventiva – El Miércoles Digital

    Contratos Truchos: Almada va 30 días a la cárcel en prisión preventiva – El Miércoles Digital

    El presunto recaudador del esquema de robo de fondos públicos de la Legislatura entrerriana será alojado un mes en el Penal de Paraná, luego de comprobarse que había incumplido las condiciones impuestas por la Justicia en la causa que lo tiene imputado.
    El hombre acusado de ser uno de los principales recaudadores de los fondos públicos desviados de la Legislatura de Entre Ríos con el mecanismo de los llamado Contratos Truchos, pasará 30 días en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. La medida cautelar fue acordada por Alejandro Almada, asistido por el defensor Miguel Ángel Cullen, y el fiscal Ignacio Aramberry, y obedece al incumplimiento judicial de haberse ido a vivir a Misiones y Brasil en los últimos años, sin la autorización de la Justicia.
    El miércoles a la tarde, tras la solicitud del Ministerio Público Fiscal, la jueza de Garantías Marina Barbagelata libró el pedido de detención de Almada. Poco después, el hombre que se encontraba en Foz do Iguazú se enteró a través de familiares y se dirigió al puesto de la Gendarmería Nacional del Puente Tancredo Neves y quedó detenido. Lo trasladaron el viernes hacia la capital entrerriana.
    Según registró Análisis, la audiencia se realizó este sábado a las 16 en los Tribunales de Paraná. El fiscal Ignacio Aramberry informó que se había acordado 30 días de prisión preventiva. Luego, se explayó en los fundamentos: “Estamos en un momento crítico de la causa, próxima a remitirse el caso a juicio. Es una etapa en donde el riesgo de fuga se intensifica exponencialmente”, afirmó.
    Aramberry señaló que el riesgo de fuga debía analizarse junto con un eventual entorpecimiento de la investigación. El fiscal cuestionó “la realización de negocios comerciales familiares fuera del país, infringiendo la inhibición general de bienes que pesaba fundamentalmente sobre el imputado y sobre su pareja”.
    La Fiscalía interpreta las inversiones como entorpecimiento del proceso porque atentarían contra el recupero de activos, “si esos bienes tienen alguna relación con la causa”.
    Mudanza a la Triple Frontera
    El representante del Ministerio Público Fiscal también consideró que Almada incurrió en falsedad del domicilio ya que la dirección que declaró a la Justicia en la causa, en calle Los Ceibos de Paraná, sería un indicio de fuga.
    Aramberry aseguró que Almada cambió de domicilio sin ponerlo a consideración de las autoridades judiciales, como estaba obligado. Y señaló que el imputado incumplió “fundamentalmente, la prohibición absoluta de ausentarse de la ciudad de Paraná sin previo acuerdo de la fiscalía o autorización judicial”
    Aramberry repasó que Almada tiene facilidades para ausentarse y observó “todas las veces que ha pasado las fronteras sin ningún tipo de impedimento. También, obviamente, de mantenerse oculto, más que nada en una zona de triple frontera, donde tiene una estructura económica familiar fuera del país, montada para quebrantar esta inhibición general de bienes”, afirmó.
    Otro de los argumentos para sustentar el riesgo de fuga fue la expectativa de pena. El MPF solicitó para Almada cumplimiento efectivo de 10 años de prisión.
    “Cualquier pauta o norma de conducta que esté emparentada con la autodisciplina del imputado no va a ser efectiva”, resumió Aramberry.
    Al referirse a las permanencias fuera del país, el fiscal enumeró estadías prolongadas. “Prácticamente todo el 2020 estuvo en Brasil. De acuerdo con los registros migratorios, existió un desplazamiento del centro de vida del imputado. De Los Ceibos, ciudad de Paraná, a algún lugar próximo a la frontera con Brasil”, expresó.
    Las inversiones
    La Fiscalía vinculó esos movimientos con emprendimientos comerciales del grupo familiar en Foz de Iguazú: de su pareja, Agustina Micaela Banegas, que está bajo inhibición general de bienes en la causa Contratos, y de su cuñado Tomás Valentín Banegas.
    Entre los emprendimientos, Aramberry mencionó dos sociedades. “Por ejemplo, registran una inversión en V8 Garagem Bar Limitada. Micaela Banegas tiene un aporte de 400.000 reales. Restaurant Limitada, que es otra sociedad vinculada a la primera, registra un capital de 100.000 reales”, detalló.
    También enumeró otras inversiones: “Herma Holding Limitada, dedicada a la compra, venta y alquiler de inmuebles propios, registra también un capital de 100.000 reales. Vivra Travel, agencia de viajes limitada, registra un capital de 20.000 reales. Tomás Valentín Bar Limitada, que es donde el cuñado de Almada registra un capital de 200.000 reales”.
    De acuerdo con su exposición, el monto acumulado alcanzaría los 800.000 reales. “Es una inversión importante, registrada y acumulada, de 800.000 reales, que está siendo operativa en una zona fronteriza, en otro país. Suponemos que tiene que ver con la inhibición general de bienes que pesa sobre la pareja del imputado, como consecuencia de una imposición que se ha previsto en la presente causa”, sostuvo.
    ¿Qué dijo la defensa?
    Posteriormente, el abogado defensor Miguel Ángel Cullen manifestó el acuerdo al que han arribado con respecto a la medida cautelar, aunque aclaró que no comparte los argumentos de la Fiscalía: “No tenía ninguna prohibición para salir del país, en modo alguno podemos acordar con el que señor Almada quiso fugarse”.
    Cullen puso como ejemplo de su acatamiento a la Justicia que Almada “emprendió el regreso al país ni bien la madre le avisó que la policía lo estaba buscando para detenerlo”.
    Asimismo, afirmó que no está vinculado a la actividad empresarial de Banegas: “El señor Almada está separado de la mamá de su hija desde hace más de tres años”.
    El abogado defensor retrucó: “Está muy bien todo lo que ha investigado la Fiscalía, pero se ve que no investigó esta otra circunstancia“. Y advirtió que el motivo de sus viajes era ver a su hija.

     
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  • Urribarri, Báez y Aguilera se encuentran en la cárcel de Gualeguaychú – El Miércoles Digital

    Urribarri, Báez y Aguilera se encuentran en la cárcel de Gualeguaychú – El Miércoles Digital

    Urribarri, Báez y Aguilera se encuentran en la cárcel de Gualeguaychú – El Miércoles Digital

    El ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, junto al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del propio Urribarri, fueron trasladados  desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná hasta la Unidad Penal El Potrero, de Gualeguaychú, donde continuarán cumpliendo las condenas que les fueron impuestas en el marco del Megajuicio por corrupción.
    El movimiento se concretó en las primeras horas de la jornada, con custodia del Servicio Penitenciario provincial, y marca un nuevo capítulo en el cumplimiento efectivo de las penas tras casi dos años y medio de instancias de apelación. Salieron a las 4.30 de la madrugada e ingresaron a las 8.16 a la cárcel del sur entrerriano.
    El traslado se produce después de que los tres condenados fueran detenidos hace algunos días, tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al recurso extraordinario presentado por la defensa de Urribarri, lo que dejó firme la sentencia dictada en 2022. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el planteo, lo que habilitó al Ministerio Público Fiscal a solicitar la inmediata detención de los tres condenados y su alojamiento en la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial, paso previo al traslado definitivo concretado esta madrugada.
    El fallo y las condenas del Megajuicio
    La condena original data del 7 de abril de 2022, cuando el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná halló a Urribarri culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, y le impuso una pena de ocho años de prisión junto con la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. En el mismo proceso fueron condenados Pedro Báez, a seis años y seis meses de prisión, y Juan Pablo Aguilera, con una pena equivalente.
    Según la investigación, que se desarrolló entre el 27 de septiembre de 2021 y el 7 de abril de 2022 y reunió a 13 imputados, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial con fines particulares, en maniobras que beneficiaron a Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública. La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva formal, el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL, y la denominada megacausa del «Sueño Entrerriano». El expediente completo, según se reconstruyó en su momento, se nutrió en gran medida de la abultada información hallada en un disco extraíble encontrado de modo fortuito durante uno de los allanamientos practicados en la causa, que terminó de sostener buena parte de la acusación del Ministerio Público Fiscal.
    Un proceso judicial que llevó más de dos años entre apelaciones
    Como reconstruyó oportunamente ANÁLISIS, tras la condena de 2022 el proceso se sostuvo en distintas instancias de apelación durante más de dos años. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal de Paraná el 31 de mayo de 2024, que en agosto de ese año rechazó además una impugnación extraordinaria presentada por las defensas, lo que llevó el caso en queja hasta la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En esa instancia, respecto de Báez, el propio tribunal dejó asentado que su defensa «no interpuso recurso alguno contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación», por lo que su condena a seis años y seis meses quedó firme incluso antes que la de Urribarri y Aguilera. En octubre de 2024, la Sala Penal del STJ habilitó a Urribarri a recurrir ante la Corte Suprema de la Nación, instancia que finalmente confirmó la condena esta semana y dejó allanado el camino para las detenciones y el traslado concretado hoy.
    Urribarri se convirtió así en el primer gobernador de la historia argentina en ingresar efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción. Gobernó Entre Ríos durante dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2015, período en el que construyó una estrecha relación política con el kirchnerismo a nivel nacional y llegó a ser precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabezó Daniel Scioli en 2015.
    Los antecedentes del traslado a Paraná
    Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, Urribarri había sido detenido en su domicilio de Concordia y trasladado durante la madrugada a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde permaneció detenido antes de este nuevo traslado a Gualeguaychú. Su defensa había solicitado en su momento que el exgobernador cumpliera la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pedido que no prosperó ante la confirmación definitiva de la condena.

     
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  • Prisión preventiva para Victoria Cantero por el crimen de su novio en Chaco: irá a una cárcel común

    Prisión preventiva para Victoria Cantero por el crimen de su novio en Chaco: irá a una cárcel común

    Momentos de tensión y angustia se viven en el entorno del caso por el crimen de Julián Álvarez Guardia (29). Mientras sus hermanas aguardan ansiosas el traslado, Victoria Cantero (25), única imputada por el homicidio de su novio, enfrenta la incertidumbre sobre su destino en prisión.

    Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que en las próximas horas Cantero será ingresada en la Unidad Penitenciaria 1 de Mujeres, ubicada en las afueras de Resistencia. En esa misma cárcel permanece detenida Marcela Acuña (53), integrante del clan Sena condenado por el crimen de Cecilia Strzyzowski.
    Este martes al mediodía, el Equipo Fiscal integrado por Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado dictó la prisión preventiva de Victoria Cantero por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé la pena de prisión perpetua. Según el fallo al que accedió Clarín, la decisión se fundamenta en «el grado de probabilidad en la participación de la imputada» y en la existencia de “riesgos procesales concretos” que descartan medidas menos gravosas.
    La resolución expresa que “la medida resulta idónea, necesaria y proporcional para asegurar los fines del proceso y la eventual aplicación de la ley penal sustantiva. La prisión preventiva se mantendrá hasta la finalización de la causa, ya sea con sentencia definitiva o su cese”. Tras ser notificada, Cantero fue trasladada esposada desde la sede judicial en un móvil de la Policía de Chaco, aguardando que el Servicio Penitenciario confirme el cupo en la unidad carcelaria.
    El crimen ocurrió en la madrugada del domingo 2 de agosto, en la vivienda de Álvarez Guardia, situada en la calle Donovan al 1400 del barrio Cien Viviendas de Resistencia. Cantero y su novio regresaron de bailar y mantuvieron una intensa discusión, habitual en sus dos años de relación, que esta vez concluyó con un ataque de ella hacia él.
    La autopsia reveló que Julián recibió al menos seis puñaladas —dos en el cuello, una de las cuales fue fatal—, además de heridas en el tórax, clavícula derecha y pulmón. El arma homicida fue un cuchillo Tramontina incautado en la escena del crimen. También se constató que Álvarez Guardia presentaba lesiones defensivas en sus brazos.
    Con la prisión preventiva dispuesta, Cantero queda a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para definir su lugar de alojamiento. Su defensa, a cargo de Celeste Segovia, remarcó a Clarín que “la investigación y producción de pruebas continúa” y que la medida tiene carácter coercitivo, no siendo una condena anticipada. Además, sostuvo que aún “existen muchas pruebas pendientes que fortalecerán nuestra teoría del caso, orientada a que actuó en legítima defensa propia”.
    Hasta el momento, la imputada no ha prestado declaración. Su abogada señaló que Cantero atravesaba una situación de violencia de género dentro de la relación con Álvarez Guardia. Por otro lado, una pericia del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco determinó que la joven no presenta alteraciones mentales y comprende la criminalidad de sus actos.
    Desde la familia de la víctima, su abogado Juan Arregin informó que se incorporaron nuevos informes y pericias a la causa, que buscan precisar la mecánica del ataque, descartando que haya ocurrido por la espalda o mientras Julián dormía, y corroborando que fue de frente, tal como indicó la autopsia.
    Mientras tanto, Noelia, hermana de Julián, expresó su alivio por la prisión preventiva: “Es un poco de paz en medio de tanto dolor. Sentimos a Julián desde el cielo, él nos está mostrando el camino para seguir adelante. Hay dos justicias: la terrenal, de la que nos ocupamos la familia, los amigos y los abogados, y la divina, que Dios todo lo ve”.

  • La transformación de Pequeño J: pesas en la cárcel, rapado y aislado de todos

    La transformación de Pequeño J: pesas en la cárcel, rapado y aislado de todos

    La transformación de Pequeño J: pesas en la cárcel, rapado y aislado de todos

    Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” (20), llegó a la Argentina presentando un aspecto muy diferente al que se conocía cuando fue detenido en Perú. Más delgado, fornido y con el cabello rapado, contrasta con su imagen anterior, en la que lucía un corte taza negro que casi le tapaba los ojos y rasgos faciales menos marcados.

    Este cambio físico sorprendió incluso a los investigadores de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina, quienes viajaron el lunes a Perú para concretar su traslado. “Lo notamos más ‘armado’. Nos dijo que en la cárcel había hecho pesas”, afirmó a Clarín una alta fuente policial vinculada al operativo “retorno”. En Argentina, “Pequeño J” está acusado de ser el autor del triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre, en el que perdieron la vida Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).
    Durante el traslado, el joven se mostró reservado, dado que los policías tienen prohibido realizar preguntas relacionadas con la causa. Tampoco fue interrogado sobre su fuga desde Argentina hacia Perú, donde estuvo prófugo hasta que fue hallado escondido en un camión, tras una semana de intensa búsqueda.
    “Pequeño J” manifestó únicamente su deseo de hacerse rastas en el cabello, aunque aclaró que la Policía peruana lo rapó tras su captura. Estuvo alojado durante siete meses en la cárcel de Cañete, al sur de Lima, tras ser detenido por la División de Drogas de la Policía Nacional de Perú. Antes de su extradición, fue trasladado al penal Ancón II, en la capital peruana.
    Durante una escala técnica para cargar combustible del avión Embraer ERJ 140LR de la Fuerza Aérea Argentina, con matrícula T-94, almorzó empanadas salteñas. Posteriormente, el viaje continuó hacia Argentina, en una operación que incluyó la extradición de otros dos ciudadanos peruanos por parte de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina. Entre ellos se encontraba Chininin Chuquihuanga Icsar, acusado de abuso sexual contra una menor, con una causa en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 porteño.
    La operación incluyó además una segunda escala en Asunción, Paraguay, donde se extraditaron a un ciudadano argentino, requerido por el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe por “confabulación para la comercialización ilícita de estupefacientes”, y a un ciudadano paraguayo imputado por “acopio de armas de fuego”, según el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1. Esta operación transnacional multiextradición fue coordinada entre cancillerías, oficinas internacionales de Interpol y diversos juzgados nacionales y extranjeros. “Es la primera vez que se realiza un trabajo coordinado entre tres estados para extraditar a cuatro detenidos”, comentó una fuente involucrada.
    La Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (Digcri) de la Procuración General de la Nación informó que el joven peruano es la extradición número 50 registrada en lo que va del año, según el sitio Fiscales.gob.ar.
    Durante parte del traslado, “Pequeño J” vistió una prenda con la inscripción “INPE Perú”, en referencia al Instituto Nacional Penitenciario de ese país. Arribó a Argentina minutos antes de las 20 horas del lunes y, en un operativo de gran envergadura, fue trasladado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) al Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N° 24, en Marcos Paz.
    Esta cárcel, una de las más antiguas del SPF, inaugurada en 1996, aloja a jóvenes detenidos de entre 18 y 21 años. Cuenta con distintas unidades para aproximadamente 275 internos, quienes tienen acceso a distintas modalidades de educación, estudios y oficios.
    Aunque no se aplicaron medidas semejantes a las del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (Sigpplar) en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, el SPF estableció un protocolo especial para “Pequeño J”, no por su peligrosidad sino debido a la complejidad de la causa en su contra.
    Para acceder a él, visitantes deben cumplir una serie de protocolos que incluyen avisos por mail y controles estrictos como escáneres de metales. El contacto se realiza a través de un vidrio, similar a cárceles estadounidenses, y existen protocolos estrictos incluso para pasarle un papel. Actualmente está alojado en una celda individual, aislado del resto de los internos, sin posibilidad de contacto directo. Desde el SPF se comunicaron con su madre y hermana, residentes en Perú, para coordinar comunicaciones mediante videollamadas.
    Tras su extradición, “Pequeño J” declaró ante el juez Jorge Rodríguez y su secretario Ignacio Calvi, del Juzgado Federal N° 2 de Morón. Asesorado por su defensor, Lucas Contreras Alderete, negó haber participado en el triple crimen. Está imputado por homicidio agravado, en concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por haber cometido el delito contra mujeres mediante violencia de género.
    La defensa trabaja en la presentación de una hipótesis para desvirtuar la participación del joven en los homicidios, argumentando que no hay pruebas contundentes que lo vinculen directamente. En las últimas horas, el abogado se reunió nuevamente con su cliente para preparar la presentación de pruebas

  • «Esto es porque saliste»: incendió la casa de su ex pareja para matarla, pero no irá a la cárcel por falta de lugar

    «Esto es porque saliste»: incendió la casa de su ex pareja para matarla, pero no irá a la cárcel por falta de lugar

    Un hombre intentó matar a su ex pareja al prenderle fuego la casa donde ella dormía, en cercanías de la ciudad neuquina de Villa Pehuenia. Si bien quedó acusado por tentativa de femicidio, el agresor no irá a la cárcel, sino que cumplirá prisión domiciliaria debido a que no hay plazas disponibles para alojarlo en la comisaría local.El violento caso ocurrió este sábado por la mañana, en una vivienda ubicada sobre la ruta provincial 13. Fue allí donde, según difundió el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPFN), “se inició de manera deliberada un incendio en el lateral de la casa mientras la víctima dormía en su interior, utilizando un bidón con combustible”.De acuerdo con la reconstrucción del caso, la víctima se despertó al poco tiempo de que comenzaron las llamas y enseguida pidió ayuda, de manera tal que logró sobrevivir a esa trágica escena. Trascendió que, en un contexto de violencia de género, el atacante le dijo que todo se debía a que ella se había ido. “Esto es porque saliste”, fue la frase en cuestión que figura en el expediente judicial.El caso, informó el MPFN, quedó calificado como intento de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa”. En la audiencia que se desarrolló este lunes la fiscalía expuso como evidencia la denuncia de la víctima, el relato de los testigos y el secuestro del envase que contenía el combustible.En ese marco, la fiscalía remarcó que, si bien el hecho ocurrió dentro de una comunidad mapuche, la gravedad del caso excluye su abordaje en el ámbito comunitario y exige la intervención del sistema penal ordinario.En tanto, el juez de garantías Lisandro Borgonovo consideró que el modo en que se desarrollaron los hechos “permite, al menos en esta etapa inicial, sostener la hipótesis de tentativa de femicidio”.Tras la formulación de los cargos sobre el agresor, la fiscal Laura Pizzipaulo explicó que desde el MPF se evaluó el pedido de una prisión preventiva para proteger a la víctima, debido a que “está aterrorizada, es vulnerable y ha quedado sin vivienda”. No obstante, informaron que la Región del Pehuén “no cuenta con plazas disponibles para alojar a una persona en prisión preventiva”.En este escenario, “con el fin de resguardar la integridad de la mujer ante un hecho calificado como tentativa de femicidio” pidió al magistrado que fije prisión domiciliaria por el término de 30 días. En coincidencia con el planteo, Borgonovo dispuso la “prisión domiciliaria del agresor por un plazo de 30 días, con salidas laborales autorizadas y bajo control policial”.En el mismo sentido, le prohibió el contacto con la mujer por cualquier medio y ordenó medidas que garanticen su protección.