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  • Presupuesto 2027: proyectan un fuerte recorte para el INTA y 837 cargos menos – Arriba Noticias

    Presupuesto 2027: proyectan un fuerte recorte para el INTA y 837 cargos menos – Arriba Noticias

    Presupuesto 2027: proyectan un fuerte recorte para el INTA y 837 cargos menos – Arriba Noticias

    El recorte al INTA en el Presupuesto 2027 aparece entre los cambios contemplados en el proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria dispondría de $315.538 millones para sus gastos, frente a los $360.124 millones correspondientes a 2026, lo que representa una reducción nominal del 12,4%.
    La disminución sería de $44.586 millones sin considerar el efecto de la inflación. El proyecto presupuestario nacional contempla para 2027 una inflación anual del 18%, por lo que, si esa previsión se cumpliera, la reducción en términos reales sería superior a la que refleja la comparación nominal.
    Otro de los datos relevantes está relacionado con el personal. Para el próximo ejercicio aparecen previstos 6.308 cargos dentro del organismo. El documento correspondiente a 2026 contemplaba 7.145, lo que arroja una diferencia de 837 puestos, equivalente a una reducción del 11,7%. Parte de esa disminución podría reflejar retiros y modificaciones de la estructura que ya fueron concretados.
     

    Menos cargos y actividades previstas
    La reducción de personal se concentraría principalmente en Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural, una de las áreas vinculadas directamente con la llegada del conocimiento y la asistencia técnica del INTA a los productores.

    Según las planillas presupuestarias, ese programa concentrará $238.027 millones durante 2027, mientras que Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas tendrá asignados $51.856 millones.
    Los cambios se producen en el contexto de la reorganización que atravesó el organismo desde 2025, con modificaciones en agencias de extensión, estructuras jerárquicas y programas, además de planes de retiro voluntario.

    Cambios en las metas del organismo
    El proyecto también contempla modificaciones en las metas físicas. La cantidad de actividades correspondientes a proyectos nacionales y regionales pasaría de 3.000 durante 2026 a 1.500 el próximo año, lo que significaría una reducción del 50%.
    También disminuiría la meta correspondiente a la atención de consultas de actores del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. De las 4.933 previstas para este año se pasaría a 3.074 durante 2027, una caída del 37,7%.
    La asistencia técnica, las capacitaciones destinadas a productores y el acceso a sistemas de información también registrarían reducciones en las metas previstas, aunque de menor magnitud.

    Una modificación en el financiamiento
    Otro punto relevante del proyecto está relacionado con las fuentes de recursos del INTA. Para 2027 desaparece de sus ingresos la participación proveniente de los derechos de importación y permanece la Tasa de Estadística, además de los aportes generales previstos para el organismo.
    Según las cifras consignadas en las planillas, los recursos totales pasarían de $905.711 millones a $546.874 millones. La diferencia alcanzaría los $358.837 millones, equivalente a una reducción del 39,6%.
    No todo ese monto quedaría destinado al funcionamiento del instituto. De los $546.874 millones previstos como recursos, $315.538 millones financiarían gastos y aproximadamente $231.337 millones figuran como una “aplicación financiera”.

    Los objetivos planteados para los próximos años
    Pese a la reducción presupuestaria, el proyecto mantiene distintas líneas de investigación y desarrollo para el organismo. Entre ellas aparecen las tecnologías destinadas a mejorar los sistemas agrícolas, las economías regionales, las cadenas hortícolas y frutícolas, los recursos genéticos y la reducción de pérdidas durante la cosecha y poscosecha, destacó La Nación.
    Para el período 2027-2029, además, se plantean objetivos vinculados con la optimización de la administración y los gastos, junto con inversiones en equipamiento e infraestructura destinada a campos experimentales e incubadoras.

    Las cifras forman parte del proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo, por lo que deberán atravesar el debate legislativo. La iniciativa comenzará su tratamiento parlamentario y sus partidas podrían sufrir modificaciones durante ese proceso.
     
    Con Elonce

  • Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Los pronósticos se confirmaron: actualmente, más de la mitad de los cargos en el Ministerio Público Fiscal se encuentran vacantes. Según datos oficiales, hay 189 vacantes sobre un total de 366 cargos de fiscales nacionales y federales. Mientras tanto, el Gobierno retiene 54 ternas correspondientes a integrantes de la Procuración General de la Nación, y en el Senado solo se aprobaron dos pliegos para cubrir esta importante cantidad de vacantes. Hace una semana, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió 12 pliegos de fiscales, aunque desde su entorno reconocen una “marcada preocupación” por las vacancias récord.

    Desde la gestión de Mauricio Macri, Argentina está atravesando un cambio de paradigma jurídico, con la implementación progresiva del sistema procesal acusatorio, que reemplaza al sistema inquisitivo tradicional regulado por el Código Procesal de 1991. Este nuevo modelo, basado en la oralidad, busca agilizar los procesos penales y revertir la baja tasa de avance y resolución de causas que se acumulaban durante décadas. Una de las modificaciones más significativas es el nuevo rol de los fiscales, quienes ahora son responsables de la investigación desde el inicio hasta la instancia del juicio.
    En aquellas jurisdicciones donde el sistema acusatorio aún no está vigente, los jueces deciden si delegan la investigación al Ministerio Público. Bajo el nuevo Código Procesal, esta facultad será indiscutiblemente del fiscal, y los jueces continuarán actuando como garantes del proceso.
    Las estadísticas son contundentes: el nuevo sistema requiere más fiscales. Sin embargo, esta necesidad, impulsada también por el gobierno actual, contrasta con las decisiones institucionales tomadas, dado que el Poder Ejecutivo priorizó el envío al Senado de pliegos correspondientes a jueces y no a fiscales.
    Recientemente, el presidente Milei firmó el decreto de designación de 46 pliegos aprobados por el Senado; de ellos, solo dos corresponden al Ministerio Público Fiscal. Fuentes judiciales consultadas por Clarín señalaron que el Gobierno aún retiene 54 ternas remitidas por la Procuración General para cubrir cargos vacantes en diversas fiscalías, un número que contrasta con el 51,63% de despachos sin fiscales titulares, lo que genera una sobrecarga en las fiscalías que cubren múltiples causas simultáneamente y afecta la administración eficiente del sistema de justicia.
    Hace diez días, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica los requisitos para la designación de jueces, fiscales, ministros de la Corte y al propio Procurador General. En el texto se reconoce que “la Nación atraviesa una crisis institucional derivada del elevado porcentaje de vacantes en cargos de magistrados en la justicia nacional y federal y la demora en su cobertura”, y se destacan las cifras inéditas de vacancias, con el 37,5% de sillones judiciales vacíos y, de manera aún más grave, más de la mitad de los cargos del Ministerio Público sin cubrir.
    Desde el Ministerio de Justicia indicaron a Clarín que la semana pasada se enviaron 12 pliegos de fiscales a la Cámara Alta, aunque reconocieron que la Procuración “viene muy lento con los concursos y el envío de ternas al Gobierno”. La Procuración General es la encargada de convocar los concursos para cubrir las vacantes, y tras la evaluación de candidatos confecciona las ternas que remite al Ejecutivo, quien selecciona a los candidatos para que sus pliegos sean enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado y luego sometidos a votación en el recinto.
    Desde la Casa Rosada aseguran que este proceso enfrenta retrasos principalmente dentro de la Procuración. En diálogo con Clarín, la conducción del Ministerio Público Fiscal informó que, en lo que va del año, solo se ha sumado una terna y que hay cuatro más en trámite con diferentes niveles de avance, pero aún no enviadas al Ejecutivo.
    “La mayor preocupación es que la implementación del sistema acusatorio requiere la mayor cantidad posible de fiscales, y eso no está ocurriendo”, señalaron fuentes oficiales a Clarín. En respuesta, el ministro Mahiques solicitó a las autoridades de la Procuración acelerar el proceso de concursos.
    Además, fuentes judiciales agregan que la crisis no se limita a la escasez de fiscales, sino que también incluye un continuo recorte presupuestario por parte del Gobierno nacional. Para este año, el Ministerio Público Fiscal solicitó un presupuesto de 815.000 millones de pesos, pero el Ejecutivo aprobó apenas 539.546 millones, lo que representa una reducción del 26,6%.
    Esta brecha afecta directamente aspectos esenciales como infraestructura e inversiones necesarias para el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. El año pasado, la Procuración proyectó una necesidad presupuestaria de 614.000 millones para 2025, pero el Gobierno autorizó sólo 454.807 millones. Dado que la cobertura salarial exige más de 400.000 millones anuales, queda muy poco margen para inversiones.
    Por un lado, el Gobierno exige mayor celeridad en los concursos; por otro, el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, ha solicitado en reiteradas ocasiones al Poder Ejecutivo que envíe al Senado las ternas que se encuentran pendientes desde hace dos años, además de mejorar el financiamiento para la institución, en línea con la progresiva implementación del sistema acusatorio.