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  • Caso de supuesto bullying: Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda” envió una comunicación institucional:

    Caso de supuesto bullying: Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda” envió una comunicación institucional:

    Caso de supuesto bullying: Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda” envió una comunicación institucional:

    En relación con la publicación difundida en redes sociales y portales de comunicación, en la que se exhibe una Certificación de Denuncia radicada en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, con fecha 21 de septiembre de 2026, en la que se hace referencia a una docente y a un integrante del equipo directivo de esta institución, la Escuela Nº 1 “Nicolás Avellaneda” considera necesario informar a la comunidad los siguientes aspectos, conforme a la documentación y registros institucionales disponibles.

    PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS REFERIDOS EN LA DENUNCIA
    La institución no cuenta con registros institucionales y áulicos que acrediten la existencia de situaciones de bullying, agresiones físicas o verbales, desatención o minimización de situaciones de violencia en los términos en que fueron difundidas públicamente.
    Respecto de la situación comunicada oportunamente por la familia, se realizó el correspondiente registro institucional, se mantuvo una reunión con los progenitores, la docente y un integrante del equipo directivo, y se implementaron las intervenciones pedagógicas correspondientes.
    Además, la institución deja constancia de que las situaciones referidas en la denuncia que habrían ocurrido fuera del ámbito escolar y durante un encuentro de carácter particular no fueron hechos acontecidos dentro de la escuela ni durante actividades escolares.
    Desde la institución se ha procedido conforme a las normas y orientaciones vigentes en materia educativa, convivencia escolar y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre ellas la Ley de Educación Provincial Nº 9890, la normativa del Consejo General de Educación que resulte aplicable, la Ley Nacional Nº 26.892, de Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, y la Ley Nacional Nº 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Ley Nº 26.892 establece, entre otros principios, el respeto por la dignidad e intimidad, el rechazo a toda forma de hostigamiento y violencia y el abordaje institucional de los conflictos mediante el diálogo.
    SEGUNDO: SOBRE LAS ACTUACIONES INSTITUCIONALES
    La institución sostiene de manera permanente acciones destinadas a la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia, hostigamiento, conflictos y dificultades en la convivencia escolar, promoviendo el respeto, el cuidado y la protección de todos los integrantes de la comunidad educativa.
    Ante las situaciones que son comunicadas por las familias, se generan los espacios institucionales correspondientes para su escucha, registro, análisis e intervención, de acuerdo con las características de cada caso y con las normas vigentes.
    En este sentido, la institución deja constancia de que no se ha desatendido ni minimizado ninguna situación que haya sido formalmente comunicada, procurando en cada oportunidad brindar una respuesta institucional y pedagógica adecuada.
    TERCERO: SOBRE LA SITUACIÓN INVOLUCRADA CON EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
    Corresponde señalar que, con anterioridad a la difusión pública de la denuncia, se produjo una situación que involucró a un directivo y una docente de la institución la cuál fue amenazada y hostigada por un masculino padre de un alumno, lo cual dio lugar a la realización de la denuncia correspondiente y medidas ante los organismos competentes.
    Respecto de dicha situación, existe una medida judicial de restricción de acercamiento dictada por autoridad competente, cuya existencia fue oportunamente notificada a las personas e instituciones correspondientes.
    La institución ha procedido en todo momento conforme a las indicaciones y medidas emanadas de las autoridades competentes, priorizando el resguardo de los niños, niñas, docentes, personal y demás integrantes de la comunidad educativa.
    CUARTO: ACCIONES LEGALES
    Las docentes mencionadas manifiestan que se reservan el derecho de ejercer, por fuera del ámbito de la institución educativa y en forma personal, las acciones judiciales, civiles y/o penales que pudieran corresponder respecto de los hechos denunciados y de su eventual difusión pública, todo ello con el asesoramiento y patrocinio de sus abogados particulares.
    La institución, por su parte, reafirma su compromiso con el respeto de los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa y con la actuación de su personal dentro del marco de la normativa vigente. Además, considera fundamental que cualquier situación que involucre a docentes, familias o estudiantes sea canalizada a través de los mecanismos institucionales y organismos competentes, evitando situaciones de intimidación, hostigamiento o exposición pública que puedan afectar a cualquiera de las partes involucradas.
    En relación con las publicaciones realizadas por portales y medios de comunicación digitales, se solicita que, en caso de haber difundido información vinculada con esta situación, otorguen a la presente comunicación institucional la misma posibilidad de difusión, a fin de que la comunidad pueda conocer también la posición y las actuaciones informadas por la institución.
    También se solicita especialmente evitar la identificación de las docentes involucradas, así como cualquier referencia que pueda afectar su honor, intimidad o desempeño profesional, y extremar los recaudos respecto de la identidad y privacidad de los niños y niñas involucrados.
    La institución deja constancia de que la difusión pública de una denuncia no implica, por sí misma, la acreditación de los hechos allí referidos, cuya determinación corresponde a las autoridades competentes, y considera necesario que toda información difundida preserve el derecho de todas las personas involucradas a ser oídas y a que se respeten las garantías correspondientes.
    QUINTO: INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS
    La situación ha sido puesta en conocimiento de Supervisión Escolar, de la Dirección Departamental de Escuelas de Uruguay y de las áreas correspondientes del Consejo General de Educación, encontrándose la documentación institucional a disposición de las autoridades competentes.
    La institución continuará colaborando con los organismos que intervengan y aportará la documentación y los registros que sean requeridos.
    Finalmente, la Escuela Nº 1 “Nicolás Avellaneda” reafirma su compromiso con el cuidado y la protección integral de los niños y niñas, con la construcción de una convivencia escolar respetuosa y libre de violencia, y con el acompañamiento de las familias ante las situaciones que requieran intervención institucional.
    Además, expresa su compromiso con el resguardo de los derechos y la integridad de todos los trabajadores de la educación, dentro del marco de las normas y procedimientos correspondientes.
    Escuela Nº 1 “Nicolás Avellaneda”
    Concepción del Uruguay, Entre Ríos 23/09/2026.
     
     

  • Caso Orrico: Las familias piden acompañamiento de los vecinos en la audiencia por el pedido de impugnación extraordinaria de Orrico – Arriba Noticias

    Caso Orrico: Las familias piden acompañamiento de los vecinos en la audiencia por el pedido de impugnación extraordinaria de Orrico – Arriba Noticias

    Caso Orrico: Las familias piden acompañamiento de los vecinos en la audiencia por el pedido de impugnación extraordinaria de Orrico – Arriba Noticias

    Recordamos que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) realizará el próximo miércoles, a las 9.30, en el salón Oyamphé de los tribunales de Paraná, una audiencia en el marco del expediente Nº 5912, caratulado “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/ Homicidio culposo agravado – Impugnación Extraordinaria”. Será transmitida en vivo por el Canal de You Tube del Servicio de información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial.
    El Tribunal estará conformado, por la vocal Claudia Mizawak y los vocales Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia.La impugnación extraordinaria fue presentada por los defensores técnicos de Juan Enrique Ruiz Orrico, Leopoldo L. F. Lambruschini y Félix A. Pérez.
    En representación de los querellantes particulares intervienen Mario Arcusin, como apoderado de Héctor M. Izaguirre, Nélida L. Dubini -progenitores de Brian y Lucas Izaguirre-; Roberto Rossi y María de los Ángeles Benítez -progenitores de Axel Rossi-, y Ramón D. Almada y María C. Jaime -progenitores de Leonardo Almada-. También intervendrá Leandro Rosatti, como coapoderado de María de los Ángeles Benítez y Nélida L. Dubini. Por el Ministerio Público Fiscal participará el procurador Jorge Amílcar Luciano García.La instancia permitirá a las partes exponer sus respectivos argumentos en relación con el recurso planteado. Luego, el Tribunal analizará las cuestiones sometidas a su consideración conforme a las normas procesales aplicables.
    AntecedentesFinalizado el juicio oral y público realizado en los tribunales de Concepción del Uruguay, el 9 de marzo de 2025, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, aplicó a Juan Ruiz Orrico la pena de 5 años y 8 meses de cárcel de cumplimiento efectivo, por considerarlo autor material y responsable del delito de homicidio culposo por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en el departamento Uruguay.El 27 de julio de este año la Cámara de Casación con asiento en Concordia concedió la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del STJ .
    Qué va a pasar el miércoles en Paraná:No es un nuevo juicio. Es una audiencia donde:
    La defensa expone por qué la condena debe ser anulada o reducida.Los querellantes – los padres de Brian, Lucas, Axel y Leonardo – a través de Arcusin, Rossi, Almada, etc., van a pedir que se confirme la condena.El Procurador García, por la Fiscalía, también va a dictaminar.
    Después de eso, los 3 vocales – Mizawak, Giorgio y Carubia – no dan la sentencia en el momento. Se van a deliberar y luego dictan resolución.Pueden:Rechazar la impugnación y dejar firme la condena de 5 años y 8 meses.Hacer lugar y anular la condena, o bajar la pena, o mandar a hacer un nuevo juicio.Si el STJ rechaza, a Orrico solo le quedaría el Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de la Nación, que se concede en muy pocos casos.En resumen: es el intento final de la defensa dentro de la justicia provincial para evitar la cárcel efectiva

  • Denuncian a una institución educativa de Concepción del Uruguay por un presunto caso de bullying – Arriba Noticias

    Denuncian a una institución educativa de Concepción del Uruguay por un presunto caso de bullying – Arriba Noticias

    Denuncian a una institución educativa de Concepción del Uruguay por un presunto caso de bullying – Arriba Noticias

    La presentación fue realizada este lunes ante la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar. Los padres manifestaron que decidieron recurrir a las autoridades luego de mantener distintas reuniones con integrantes del establecimiento sin encontrar, según su versión, una respuesta que permitiera poner fin a las situaciones que afectaban al menor.

    Cambios de conducta y temor al ingresar

    De acuerdo con lo expresado por la familia en la denuncia, el niño comenzó a presentar importantes cambios de conducta. Su madre relató que el pequeño ingresaba al establecimiento con temor y que en algunas ocasiones necesitaba ser acompañado de la mano.

    Ante esta situación, los padres decidieron realizar una consulta psicológica. Según señalaron, el profesional habría determinado que el menor atravesaba una situación vinculada con episodios de hostigamiento protagonizados presuntamente por dos compañeros.

    La familia sostiene que las agresiones incluían golpes, empujones, caídas al piso, burlas e insultos, y que algunos de estos episodios se habrían producido cuando los niños seguían al menor hasta el sector de los baños.

    Reclamos y conflicto con adultos

    Los progenitores aseguraron que informaron reiteradamente lo ocurrido a la docente a cargo del grado y a integrantes del equipo directivo, solicitando que se adoptaran medidas para proteger al niño.

    Siempre según el relato incorporado a la denuncia, desde la institución se habría minimizado la gravedad de los episodios y no se habrían implementado las medidas que la familia consideraba necesarias para evitar nuevas situaciones de violencia.

    El conflicto posteriormente se trasladó al ámbito de los adultos. Según los denunciantes, la docente habría realizado una presentación contra la madre del menor luego de uno de los reclamos efectuados por la situación, derivando en una medida de restricción perimetral.

    La familia cuestionó que el eje del conflicto terminara centrado en el enfrentamiento entre adultos mientras, según su planteo, continuaba sin resolverse la problemática que afectaba al niño.

    Solicitan que se investigue lo ocurrido

    En la presentación policial, los padres solicitaron que se adopten medidas para resguardar al menor y que se determinen las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder por los hechos denunciados.

    La situación quedó ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán analizar lo ocurrido, evaluar los elementos aportados por la familia y determinar si existieron responsabilidades por parte de quienes fueron señalados en la denuncia.

    Al tratarse de una investigación en curso, las acusaciones formuladas por los padres deberán ser corroboradas por las autoridades correspondientes.

  • Caso de supuesto bullying: Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda” envió una comunicación institucional:

    Grave denuncia contra una escuela de Concepción del Uruguay por ignorar un caso de bullying hacia un menor de 7 años

    Grave denuncia contra una escuela de Concepción del Uruguay por ignorar un caso de bullying hacia un menor de 7 años

     

    Una pareja de vecinos de Concepción del Uruguay radicó una formal denuncia policial contra las autoridades y una docente de la Escuela N.º 1 «Nicolás Avellaneda», acusándolas de inacción, negligencia y de minimizar reiterados episodios de violencia física y verbal sufridos por su hijo de apenas 7 años dentro del establecimiento educativo.
    La presentación ante las autoridades policiales de Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar fue concretada este lunes por los padres del niño afectado, quienes decidieron acudir a la Justicia cansados de no obtener respuestas institucionales frente al acoso sistemático que padece el menor.
    Acoso en los baños y secuelas psicológicas
    De acuerdo a lo expresado en la exposición, el menor —quien concurre a la institución desde el nivel inicial y realiza múltiples actividades recreativas y deportivas sin inconveniente alguno— comenzó a presentar severos cambios de conducta. Según el relato de la madre, el niño ingresaba al colegio «temblando de miedo» y solicitaba ser acompañado de la mano hasta el interior del edificio.
    Ante el alarmante cuadro, los padres decidieron consultar con un psicólogo. Tras las evaluaciones correspondientes, el profesional descartó problemas de celos familiares y advirtió sobre un escenario mucho más grave: el menor era víctima de agresiones constantes por parte de dos compañeros, quienes lo seguían hasta el sector de los baños para golpearlo, tirarlo al piso y someterlo a burlas e insultos continuos.
    Inacción institucional y un conflicto que derivó en restricción
    A pesar de las reiteradas reuniones mantenidas con la maestra de grado y la vicerrectora del establecimiento, las autoridades habrían restado importancia a lo sucedido, calificando los episodios como «situaciones menores» y sin aplicar protocolos ni medidas disciplinarias hacia los agresores o sus progenitores.
    La situación alcanzó un punto de máxima tensión cuando, tras reclamar enfáticamente que se adoptaran medidas concretas para proteger la integridad del alumno, la docente optó por denunciar a la madre del niño, logrando que se le impusiera una medida de restricción perimetral.
    «Considero que, con la gravedad del asunto y la nula importancia que le dieron a la situación, tanto la maestra como la vicerrectora se desligaron del problema real para desencadenarlo en un problema de adultos», manifestaron los denunciantes en la exposición.
    Pedido de medidas urgentes
    En el escrito policial, los progenitores remarcaron la peligrosidad de desatender las problemáticas ligadas al acoso escolar en edades tan tempranas y responsabilizaron de manera directa a la conducción del colegio, a la docente a cargo y a los padres de los niños agresores por el daño psicológico ocasionado al menor de 7 años.
    El caso quedó bajo la órbita de las autoridades correspondientes para evaluar las responsabilidades administrativas y penales del personal docente e institucional involucrado.
     

  • Caso Ruiz Orrico: el STJ analizará el pedido de la defensa para reducir la condena – Arriba Noticias

    Caso Ruiz Orrico: el STJ analizará el pedido de la defensa para reducir la condena – Arriba Noticias

    Caso Ruiz Orrico: el STJ analizará el pedido de la defensa para reducir la condena – Arriba Noticias

    El expediente por la tragedia vial ocurrida en la Ruta Provincial 39 tendrá una nueva instancia judicial el próximo 23 de septiembre, a las 10, cuando la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos analice el recurso extraordinario presentado por la defensa de Juan Ruiz Orrico.

    El ex funcionario provincial fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva, además de nueve años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, por su responsabilidad penal en el siniestro en el que murieron cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso.

    Según se desprende del planteo presentado por sus abogados, Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini, la estrategia no apunta a revertir la declaración de culpabilidad. El objetivo concreto es lograr una reducción de la pena que ya fue impuesta y posteriormente confirmada en una instancia superior.

    Una audiencia clave

    La audiencia ante el máximo tribunal provincial constituirá una nueva etapa en el recorrido judicial del caso. Allí se expondrán los argumentos vinculados con el monto de la condena, mientras que la responsabilidad penal por el hecho no forma parte del cuestionamiento central planteado por la defensa.

    Ruiz Orrico fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado, a raíz del choque frontal ocurrido durante la madrugada del 20 de junio de 2024.

    Mientras continúa el trámite de las distintas instancias judiciales, el condenado permanece bajo una modalidad de libertad morigerada y con restricciones.

    La tragedia que conmocionó a Basavilbaso

    El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 39, en el tramo ubicado entre Caseros y Herrera. De acuerdo con las pericias incorporadas durante el juicio, Ruiz Orrico circulaba al mando de un vehículo oficial perteneciente al Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER).

    La investigación judicial estableció que el automóvil habría cruzado al carril contrario y protagonizado un impacto frontal con el vehículo en el que se desplazaban cuatro trabajadores.

    Como consecuencia del choque murieron Brian Izaguirre, de 32 años; Lucas Izaguirre, de 26; Leonardo Almada, de 33; y Axel Rossi, de 23.

    Los cuatro eran oriundos de Basavilbaso y viajaban hacia una planta avícola ubicada en Pronunciamiento, donde debían comenzar su jornada laboral.

    Durante el proceso también se determinó que Ruiz Orrico presentaba 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro.

    Qué puede suceder después

    La resolución que adopte la Sala Penal del STJ será determinante para definir el futuro de la condena.

    En caso de que el máximo tribunal entrerriano rechace el planteo y se consideren agotadas las vías provinciales, la defensa todavía podría intentar recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso extraordinario federal y sujeto a los requisitos de admisibilidad correspondientes.

    De esta manera, la audiencia del 23 de septiembre no implicará la realización de un nuevo juicio. El planteo que llegará al STJ estará concentrado en la pena impuesta a Ruiz Orrico y en el pedido de sus defensores para que sea reducida.

    La decisión es seguida con especial expectativa por los familiares de las cuatro víctimas y por la comunidad de Basavilbaso, que desde junio de 2024 ha acompañado el proceso judicial derivado de una tragedia que conmocionó a toda la región.

    Para Arcusin, Orrico después de esta instancia irá a la cárcel
    El letrado sostuvo que Orrico tendrá que cumplir la condena en una cárcel común, y por el tiempo que quede firme, ya que nunca estuvo privado de su libertad.

    La culpabilidad fue demostrada y condenada, en esta instancia solo se revisará la duración de la pena. Definida la pena final, el ex funcionario tendrá que «ir a la cárcel».

  • Caso Loan: Maciel sostuvo que el niño murió atropellado y señaló a tres acusados – Arriba Noticias

    Caso Loan: Maciel sostuvo que el niño murió atropellado y señaló a tres acusados – Arriba Noticias

    Caso Loan: Maciel sostuvo que el niño murió atropellado y señaló a tres acusados – Arriba Noticias

    En el juicio por la desaparición de Loan Peña, Walter Maciel sostuvo que el niño murió atropellado y señaló a tres acusados como responsables del supuesto ocultamiento del cuerpo. El exjefe de la Comisaría de 9 de Julio negó haber participado en la sustracción del menor y presentó ante el tribunal una reconstrucción basada, según afirmó, en su propio análisis del expediente.
    Maciel apuntó contra el ex marino Carlos Guido Pérez, su esposa María Victoria Caillava y Laudelina Peña, tía del niño. Según su versión, Loan habría sido atropellado por la Ford Ranger blanca del matrimonio cuando el vehículo se retiraba del paraje El Algarrobal, el 13 de junio de 2024. Luego, sostuvo, el cuerpo habría sido levantado y ocultado.
    La afirmación correspondió a la hipótesis defensiva expuesta por el excomisario y no a una conclusión acreditada por la Justicia. El tribunal deberá valorar su declaración junto con el resto de las pruebas reunidas durante el proceso. Maciel anticipó que continuaría aportando detalles durante la próxima audiencia, publicó Clarín.
    La versión presentada por Maciel
    El acusado aseguró que había estudiado el expediente desde que quedó detenido y afirmó que los elementos incorporados a la investigación respaldaban su teoría. “No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes”, sostuvo durante su declaración.
    De acuerdo con su relato, Loan habría sido víctima de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”. Maciel atribuyó a Pérez y Caillava una participación en el supuesto accidente y señaló que Laudelina habría intervenido para desviar la investigación e impedir que los investigadores avanzaran sobre otras hipótesis.

    El ex comisario negó haber favorecido a cualquiera de las personas acusadas y defendió el trabajo realizado durante los primeros días de búsqueda. “Hasta el día de mi detención hice lo imposible por encontrar a esa criatura”, afirmó ante los jueces.
    Loan Peña, desaparecido en Corrientes.-
    La búsqueda inicial en el campo
    Maciel explicó que, cuando comenzó la intervención policial, los testimonios reunidos indicaban que el niño se había extraviado. Según recordó, las primeras personas entrevistadas habían señalado que Loan había regresado solo desde el naranjal y posteriormente había desaparecido.
    “Con los pocos elementos de prueba que había en un primer momento, mi investigación decía que buscábamos a un niño perdido en el campo, porque nos dijeron que Loan volvió solo del naranjal”, manifestó. El exjefe policial sostuvo que aquella información había orientado los primeros rastrillajes.
    Para respaldar su actuación, recordó que había promovido la participación de un perito en odorología, cuyos perros detectaron rastros atribuidos al niño en los vehículos de Pérez y Caillava. También afirmó que había impulsado una prueba con luminol y que dispuso el secuestro de la Ford Ranger blanca y del Ford Fiesta rojo del ex marino el 19 de junio de 2024.
    El viaje de Pérez y Caillava
    En otro tramo de su declaración, Maciel negó haber autorizado al matrimonio a viajar a la ciudad de Corrientes después de la desaparición. Explicó que Caillava lo había llamado cuando ya se encontraba allí para informarle que había asistido a un turno médico.
    “Ellos no estaban en ese momento en mi radar investigativo”, señaló. Con esa afirmación, el acusado intentó rechazar las sospechas sobre una presunta protección brindada a Pérez y Caillava durante las primeras jornadas del caso.
    El excomisario también insistió en que no había participado de maniobras destinadas a retrasar o desviar la búsqueda. Durante el juicio se analizarán las actuaciones policiales desarrolladas bajo su responsabilidad y las decisiones adoptadas desde el momento en que se denunció la desaparición.
    Laudelina Peña, tía de Loan.-
    El señalamiento contra Laudelina
    Maciel afirmó que Laudelina había tenido un papel central en el sostenimiento de la hipótesis inicial sobre un niño perdido en el monte. También aseguró que había solicitado al entonces fiscal Juan Carlos Castillo que ordenara su detención desde las primeras etapas de la investigación.
    “Si me hubiesen escuchado, todo esto no hubiera pasado. Por culpa de mentir tantas veces, la única vez que dijo la verdad nadie le creyó”, expresó en referencia a la declaración en la que la mujer había hablado de un supuesto atropellamiento.
    Durante su exposición, Maciel se dirigió directamente a la tía de Loan. “Laudelina, si usted se siente amenazada e intimidada por quien fuera, ahora lo puede manifestar. Le habla un preso igual que usted, que quiere la verdad, por los padres y por la sociedad”, expresó.
    El pedido de disculpas a la madre
    Uno de los momentos de la audiencia se produjo cuando Maciel le habló a María Noguera, madre del niño. El ex comisario le pidió disculpas por no haber cumplido el compromiso que había asumido durante las primeras horas de búsqueda.
    “Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo. Por más que esté preso, sigo investigando”, manifestó. También aseguró que continuaría exponiendo ante el tribunal las conclusiones a las que dijo haber llegado después de estudiar el expediente.
    Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo en la casa de su abuela, ubicada en el paraje El Algarrobal. Desde entonces, no se había determinado dónde se encontraba ni se había acreditado judicialmente qué ocurrió con él.
    Un posible careo quedó pendiente
    Sobre el final de la audiencia, la abogada de Laudelina Peña solicitó realizar un careo entre su defendida y Maciel. El pedido estuvo basado en tres puntos en los que las declaraciones de ambos acusados presentaron diferencias.
    Los integrantes del tribunal decidieron postergar el análisis de la medida para la semana siguiente. La declaración de Maciel también continuará en una próxima audiencia, cuando se esperaba que respondiera preguntas y ampliara aspectos de la hipótesis que presentó.
    El proceso deberá establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y determinar si alguna de las versiones expuestas cuenta con respaldo probatorio. Mientras tanto, la teoría del atropellamiento y posterior ocultamiento permaneció como una afirmación de Maciel dentro de su estrategia defensiva.
     
    Con Elonce

  • Caso Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia fijó audiencia para tratar el recurso presentado por la Defensa del exfuncionario

    Caso Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia fijó audiencia para tratar el recurso presentado por la Defensa del exfuncionario

    La Sala Penal del máximo tribunal provincial analizará el planteo de la defensa el próximo 23 de septiembre a las 10:00 horas. Los abogados del condenado buscan reducir la pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva por la tragedia de la Ruta 39.

    La causa judicial contra el exfuncionario provincial Juan Ruiz Orrico, condenado por el trágico siniestro vial en el que perdieron la vida cuatro jóvenes oriundos de Basavilbaso, entra en una fase decisiva. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) convocó a una audiencia clave para el próximo 23 de septiembre a las 10:00 horas, a fin de debatir el recurso extraordinario interpuesto por su defensa técnica.
    La representación legal del imputado, ejercida por los abogados Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini, fundamentó la presentación no con el objetivo de revertir el fallo de culpabilidad, sino con el propósito de morigerar el monto de la condena fijada en primera y segunda instancia.
    Harán el último intento?
    En caso de que el dictamen del STJ resulte adverso a las pretensiones de la defensa, y que la sentencia adquiera firmeza definitiva, la última vía recursiva disponible para la representación del exfuncionario será acudir mediante recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo que ya se hace muy complicado.
    La condena y el hecho
    Ruiz Orrico fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado, recibiendo una pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva, sumada a 9 años de inhabilitación especial para la conducción de vehículos automotores. Actualmente, el condenado transita el proceso bajo una medida de libertad morigerada con restricciones.
    El trágico suceso ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, en el tramo comprendido entre las localidades de Caseros y Herrera. De acuerdo con las pericias avaladas en el juicio:

    Conducción e intoxicación: Ruiz Orrico guiaba un vehículo oficial perteneciente al Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) con 1,59 gramos de alcohol por litro en sangre.

    Mecánica del siniestro: El rodado oficial invadió el carril contrario e impactó de frente contra el automóvil en el que se desplazaban los trabajadores.

    Víctimas fatales: A causa de la colisión fallecieron Brian Izaguirre (32), Lucas Izaguirre (26), Leonardo Almada (33) y Axel Rossi (23), quienes viajaban desde Basavilbaso hacia su jornada laboral en una planta avícola de Pronunciamiento.

    La fijación de la audiencia ante el máximo órgano judicial de la provincia genera profunda expectativa tanto en los familiares de las víctimas como en la comunidad de la región, a la espera de la resolución sobre la firmeza de la pena de prisión efectiva.

  • Caso Loan: el ex comisario Walter Maciel pidió declarar y romperá el silencio

    Caso Loan: el ex comisario Walter Maciel pidió declarar y romperá el silencio

    El ex comisario Walter Adrián Maciel (45) declarará la próxima semana y será el primero de los siete imputados en hacerlo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña (5). Su defensa, a cargo de Richard Vallejos, solicitó este miércoles que la declaración se fije para el jueves próximo, lo que implicará la reprogramación de algunas testimoniales por parte del tribunal.

    Al inicio de la audiencia, el presidente del Tribunal, Fermín Amado Ceroleni, se refirió a la reciente recusación presentada por el defensor oficial Enzo Di Tella, quien buscó apartar al magistrado del juicio alegando pérdida de imparcialidad. Ceroleni aseguró estar “muy lejos de tener animosidad con alguna de las partes” y enfatizó que en todo momento se garantizó “el derecho a defensa a rajatabla”. Próximo a jubilarse, el juez dejó claro que “los jueces no venimos a agradar a nadie, venimos a juzgar y lo vamos a seguir haciendo”. Además, se informó que uno de los imputados, Daniel “Fierrito” Ramírez (51), no pudo ser trasladado desde la Unidad Penal de Resistencia por problemas de salud.
    En otro orden, el abogado Marcelo Ponce, defensor de Nicolás Gabriel Soria (44), alias “El Americano”, asumió también la representación de Pablo Núñez, otro acusado de entorpecer la investigación. Ponce reemplaza a Martín Fabio Castillo, detenido la semana pasada en Buenos Aires por presuntos vínculos con una organización narcocriminal rosarina.
    Cuatro integrantes de la Prefectura Naval declararon este miércoles como testigos y brindaron detalles sobre la situación en el hotel “Despertar del Iberá”, donde supuestos miembros de la Fundación “Lucio Dupuy” alojaron a testigos clave del caso. Dos de estos prefectos fueron luego asignados a la custodia de la casa de Camila Núñez, quien continuó recibiendo visitas de Soria y de la abogada Elizabeth Cutaia, también imputada.
    José Alfonzo relató que sus superiores lo enviaron a custodiar el perímetro del hotel el 7 de julio para evitar que la prensa registrara a los tres menores alojados allí. Señaló que los ventanales de la planta baja estaban cubiertos y que el primer contacto fue con un hombre que se identificó como médico forense y era conocido como “el tucumano”, en referencia a Federico Rossi Colombo, psicólogo de Tucumán vinculado al grupo denominado “los falsos Dupuy”. También mencionó que supo por otros integrantes de la fuerza que dentro del hotel había una persona que afirmaba ser parte de Interpol, aludiendo a Soria.
    Carlos Javier Cuevas, quien también estuvo de guardia frente al hotel, contó que al comenzar su turno sus compañeros le informaron que adentro había gente de la Fundación Dupuy, aunque no le precisaron el número de menores. Dijo haber visto a un niño jugando y recordó una conversación con Rossi Colombo, quien les preguntó si estaban bien y si necesitaban agua para el mate, pero no quiso revelar quién estaba a cargo del grupo, alegando que debía consultarlo primero. Posteriormente, salió la abogada Cutaia, quien se negó a dar nombres por motivos de seguridad y afirmó que todo estaba bajo conocimiento del Juzgado Federal de Goya.
    Cuevas describió la presencia, en el predio, de una camioneta y un Peugeot 208 negro sin patente, vehículo que, según le indicaron, pertenecía a alguien que decía ser de Interpol. Relató que esa misma noche ambos vehículos salieron rumbo a Goya y que les informaron que Macarena Peña declararía ese día en la Fiscalía, regresando luego en el auto conducido por Soria.
    Matías Ramírez, otro prefecto, custodió durante más de seis meses la casa de Camila Núñez y afirmó que en una ocasión Soria llegó al lugar y conversó brevemente con la joven sin ingresar a la vivienda. Detalló que todo se comunicaba primero al jefe de guardia de la Prefectura de Goya y que se habilitó un libro para registrar las novedades.
    Gonzalo Avendaño, quien custodiaba el hotel el 8 de julio, recordó que los ventanales también estaban tapados y que adentro había una abogada, una persona que decía ser de Interpol y otros. Relató que los ocupantes perdieron las llaves de una puerta lateral y les pidieron que se instalaran dentro por seguridad, lugar donde observaron libros para colorear y un metegol para uso de los menores. Avendaño señaló que Soria se mostró como “una persona muy respetuosa” y semanas después lo vio en la casa de Camila, donde llevó mercadería y caramelos para su hija, identificándose con un carnet y afirmando ser de Interpol.
    Asimismo, el prefecto contó que la joven y su hija fueron visitadas en una ocasión por dos mujeres y un hombre presentados como integrantes del Ministerio Público, cuya identidad fue registrada en el libro de guardia. Estos se entrevistaron cerca de una hora con Camila y le hicieron dibujar a su hija. Este dato motivó que algunas defensas solicitaran al Tribunal requerir ese libro para verificar fechas e identidades concretas.
    En los últimos minutos de la audiencia, el abogado Vallejos pidió que Rodolfo Baqué pueda asumir la defensa temporal de Maciel debido a que Vallejos tiene una audiencia programada en Mercedes que coincide con el horario del juicio. El fiscal Carlos Schaefer se opuso, argumentando la existencia de intereses contrapuestos entre las defensas de Cutaia y

  • Insólito giro en el caso del concejal peronista acusado de narco: renunció el secretario de Seguridad que hizo la denuncia

    Insólito giro en el caso del concejal peronista acusado de narco: renunció el secretario de Seguridad que hizo la denuncia

    La política en General Rodríguez fue sacudida por un escándalo policial que derivó en un verdadero papelón institucional. El secretario de Seguridad del municipio, perteneciente al peronismo, denunció al concejal del mismo partido, Javier Tarragona, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, ante la falta de pruebas, el fiscal archivó la causa y el funcionario denunciante presentó su renuncia.

    El 11 de agosto, Nicolás Rappazzo Demarchi, secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Ezequiel Freider, para realizar una denuncia. En ella, acusó al concejal Javier Tarragona de integrar una asociación ilícita dedicada al tráfico de estupefacientes en el partido, basándose únicamente en el relato anónimo de un vecino que se negó a proporcionar sus datos por temor a represalias.
    La denuncia causó revuelo, no solo por involucrar a un funcionario y legislador del mismo espacio político que gobierna el municipio, sino también porque Tarragona fue secretario privado del actual intendente Mauro García. En el escrito, Rappazzo afirmaba que la presunta banda operaba desde el country Terravista y aportaba detalles sobre vehículos y líneas telefónicas usadas por el concejal para comunicarse con supuestos “capos narcos”. Además, solicitó diversas medidas urgentes, como el control de ingresos y egresos al country, registros telefónicos y datos patrimoniales de Tarragona.
    Ante la acusación, Tarragona pidió licencia en el Concejo Deliberante y se presentó ante la Justicia. Allí aportó su tarjeta SIM y el código de desbloqueo de su teléfono móvil para colaborar con la investigación. El intendente García, sorprendido por la situación, manifestó públicamente su confianza en el concejal.
    Después de tomarle declaración al denunciante, el fiscal Freider archivó la causa a los 17 días al constatar que “no se aportó nueva ni mayor información” más allá del relato anónimo inicial. En su resolución, el fiscal señaló que ni la denuncia ni su ratificación contenían elementos relevantes que permitieran acreditar los hechos. Además, explicó que la denuncia presentaba graves fallas, como la ausencia de una temporalidad precisa, nombres o datos identificatorios de otros presuntos integrantes de la banda.
    El archivo de la causa y las críticas al secretario de Seguridad, quien proviene de una reconocida familia judicial y trabajó en el Poder Judicial entre 2008 y 2024, marcaron un punto de inflexión. El mismo día en que se decidió el archivo, Rappazzo presentó su renuncia al cargo.
    En el Concejo Deliberante, se espera que Tarragona retome su banca en la próxima sesión, tras no asistir durante todo agosto. En tanto, desde el Ejecutivo municipal descartaron que el episodio haya sido producto de una interna política, aunque cuestionaron fuertemente la presentación realizada sin pruebas concretas.
    Silvia “Chyfu” Figueiras, presidenta del Concejo y esposa del intendente, defendió a Tarragona señalando que es “un compañero conocido desde hace muchos años” y cuestionó al secretario de Seguridad por su falta de fundamentos al hacer la denuncia. “No hay que usar la Justicia tan banalmente. Es algo tan delicado y una herramienta necesaria. Hay que tomárselo con seriedad tanto en el rol de funcionario como en el de Justicia”, afirmó ante la prensa local.

  • El misterioso y turbio personaje de «El Americano» en el caso Loan: drogas, la DEA y una amenaza de «guerra con EEUU»

    El misterioso y turbio personaje de «El Americano» en el caso Loan: drogas, la DEA y una amenaza de «guerra con EEUU»

    Nicolás Gabriel Soria (44) se presentó nuevamente ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes con el objetivo de atenuar el impacto de los contundentes testimonios que se esperaban en su contra. A pesar de solicitar un polémico careo, no logró refutar la acusación por suministro gratuito de drogas a un hombre al que sospechaba podía aportar información sobre Loan Danilo Peña (5), quien desapareció el 13 de junio de 2024.

    Soria habló sobre su relación con Roberto Sotelo (44), a quien identificó como miembro de un “clan delictivo” vinculado al narcotráfico.
    Según Soria, el primer encuentro con Sotelo se dio en una vivienda de Goya, Corrientes. Allí, aseguró haber mostrado que no portaba armas y le explicó que formaba parte de una organización dedicada a rescatar niños víctimas de trata, con la intención de generar confianza y evitar temor. En esa ocasión, le preguntó si tenía información sobre Loan, debido a rumores que lo situaban en la Isla de las Damas. Este contacto fue breve y concluyó con una llamada telefónica para que Sotelo guardara su número, con código de Estados Unidos.
    El segundo encuentro fue solicitado por Sotelo, quien informó tener novedades y acordaron verse en una estación de servicio YPF en Goya. Posteriormente, se dirigieron a la casa de la mujer de un hombre apodado “Cabeza López”. En un momento, Sotelo pidió dinero para cigarrillos y se alejó del vehículo, lo que generó sospechas en Soria de una posible emboscada. Al no recibir respuesta a sus llamadas y mensajes, Soria decidió regresar solo al hotel donde se alojaba.
    El tercer encuentro tuvo lugar el 27 de agosto, iniciándose cerca de otra estación de servicio y continuando en la costa del río Paraná. En ese momento, Soria buscaba pruebas sobre la posible ubicación de Loan; de no obtenerlas, pensaba abandonar la hipótesis. Durante ese día, recibió múltiples mensajes de Sotelo y contactó a Fernando Burlando, entonces a cargo de la querella, para informarle sobre la situación. Burlando le aconsejó prudencia y esperar un par de horas.
    Soria relató que decidió grabar la conversación con Sotelo debido a la tensión percibida. Sotelo le notificó que estaba gestionándole un abogado y mostró una actitud que hizo temer por su vida. También le preguntó por el origen de su dinero, le sugirió cambiar de auto, afeitarse y salir de Corrientes. En un momento lo llevó al río para hablar y reveló detalles concretos sobre la posible ubicación de Loan: un campo en el paraje Carolina, identificable por dos tranqueras, eucaliptos secos y proximidad a la Laguna Pucú. Además, mencionó la existencia de un vivero y una escuela cercanos, lugares que utilizaban para “enfriar” drogas del grupo.
    Tras este encuentro, Soria prometió que, si encontraba a Loan, lo devolvería y se iría de Corrientes. En días posteriores, Sotelo intentó reestablecer contacto, pero Soria le respondió que no tenía nada que discutir si no contaba con información sobre Loan. El imputado, preso desde septiembre de 2024, evitó referirse a un supuesto intento de allanamiento en la casa de los Sotelo en Goya, en el que habría estado involucrado.
    Soria manifestó sorpresa al ver a Sotelo en una entrevista en la que este admitía haber mentido para conseguir dinero para drogas y alcohol. Además, señaló que Sotelo mostró provocativamente un buzo que él le había entregado en su último encuentro.
    La versión de Sotelo, que declaró desde la Unidad Penal 6 de Corrientes por una causa vinculada a violencia de género, difiere sustancialmente. Afirmó que Soria llegó a su casa presentándose como investigador de niños desaparecidos y preguntando si él era “Cambailo”. Sotelo aseguró haberle inventado información para conseguir dinero destinado a drogas, y confirmó que en todas las ocasiones consumían estupefacientes juntos.
    Respecto al encuentro en la costa del río, Sotelo sostuvo que fue Soria quien le ofreció “cocaína y una pastilla rosada” que le provocó malestar al día siguiente. En el careo realizado entre ambos, Sotelo le recordó a Soria que fue él quien le suministró las drogas, acusación que Soria negó rotundamente.
    Durante la audiencia, Mónica Sotelo, hermana de Roberto, relató que Soria intentó ingresar a su casa con una supuesta orden de allanamiento falsa, afirmando que era agente de la DEA y que ella tenía a Loan. Mónica contó que impidió el ingreso, forcejeó para sacarlo y que ya lo había visto merodear su vivienda en un auto negro. Además, reconoció que su hermano y Soria consumían drogas juntos y que Roberto le decía falsedades a Soria para evitar problemas. Al ser consultada sobre cómo identificó que la orden era falsa, respondió que en caso de allanamiento real se rompen puertas para ingresar.
    El suboficial de Prefectura Walter Retamozo también declaró. Fue partícipe del operativo en el que se notificó a Camina Núñez y Macarena Peña que debían abandonar el hotel “Despertar del Iberá” y regresar a sus domicilios, conforme a una orden judicial. Retamozo relató que al llegar, Soria se acercó nervioso y agresivo, les preguntó qué hacían allí y aseguró ser agente de Interpol. Luego, “El Americano” comenzó a desmontar cortinas y banners en el interior del hotel para que los medios