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  • La Justicia podría indagar a José Luis Espert en una causa por lavado de dinero vinculada a Fred Machado

    La Justicia podría indagar a José Luis Espert en una causa por lavado de dinero vinculada a Fred Machado

    La Justicia podría indagar a José Luis Espert en una causa por lavado de dinero vinculada a Fred Machado

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    La Justicia podría citar a declaración indagatoria al economista José Luis Espert por presunto lavado de dinero vinculado con el empresario Fren Machado, una relación que el año pasado provocó la interrupción de su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza.

    La medida fue solicitada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y debe ser autorizada por el juez federal Lino Mirabelli. Aunque Machado estaba sospechado de vínculos con el narcotráfico, en un acuerdo judicial ante la justicia estadounidense reconoció haber cometido delitos de fraude y lavado, quedando exculpado de la acusación más grave.
    El fiscal basa su requerimiento en la sospecha de que Espert recibió una transferencia de 200 mil dólares de Machado y realizó operaciones de compra de vehículos de alta gama. Sin embargo, según fuentes consultadas por este diario, Mirabelli no autorizaría por el momento la indagatoria hasta poder verificar aspectos relacionados con correos electrónicos y audios de chats que el fiscal incluyó en el dictamen elevado el 29 de mayo. Una vez cumplido ese trámite, el magistrado podría disponer la citación.
    En 2023, Espert encabezó la lista de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, pero fue apartado semanas antes de los comicios debido al escándalo que surgió por su vínculo con Machado, quien en ese entonces estaba bajo investigación en Estados Unidos por maniobras vinculadas al narcotráfico.
    Según la hipótesis de Domínguez, Espert habría utilizado el dinero recibido de Machado para adquirir bienes, entre ellos autos BMW y Lexus de alta gama, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos.

  • Santa Fe: hallan sin vida a un hombre y sus dos hijos, la causa sigue en investigación

    Santa Fe: hallan sin vida a un hombre y sus dos hijos, la causa sigue en investigación

    Santa Fe: hallan sin vida a un hombre y sus dos hijos, la causa sigue en investigación

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    Un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, fueron encontrados muertos este lunes en una vivienda de la localidad santafesina de General Lagos. La Justicia investiga las circunstancias de las muertes y no descarta ninguna hipótesis.

    El hallazgo se produjo alrededor del mediodía, tras la denuncia realizada por la madre de los menores, quien manifestó su preocupación por no poder comunicarse con su expareja desde el viernes. Ante esta situación, llamó al 911.
    La policía se acercó al domicilio y logró ingresar a través de una propiedad vecina. En el interior de la vivienda encontraron sin vida al hombre y a sus hijos. A raíz del trágico hallazgo, se dio intervención a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y al Ministerio Público de la Acusación, encargados de llevar adelante las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.
    El fiscal Franco Tassini se presentó en el lugar para supervisar las tareas investigativas. Durante las pericias, se secuestraron diversos elementos que podrían aportar información clave para el caso.
    Los investigadores analizan indicios que sugieren una posible intervención intencional en las muertes de los menores, seguida de un suicidio, aunque aclararon que aún resta determinar con precisión cómo acontecieron los hechos. En paralelo, se realizan estudios forenses para descartar la presencia de monóxido de carbono y analizar posibles sustancias en los cuerpos.
    “Estamos aguardando las pericias de Bomberos sobre la presencia de monóxido de carbono y las autopsias para determinar si existió alguna otra sustancia que pudiera haber influido”, explicó Tassini en diálogo con medios locales.
    En tanto, los detectives recopilan antecedentes y testimonios del entorno familiar para reconstruir las últimas horas previas al hallazgo. Las primeras informaciones indican que los padres de los niños estaban separados y se turnaban los fines de semana para estar con ellos. Además, el hombre tenía una prohibición de acercamiento hacia su expareja.
    La causa permanece bajo estricta reserva, y los resultados de las pericias serán determinantes para esclarecer lo sucedido.

  • Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reactivó este lunes la investigación por espionaje ilegal a jueces y funcionarios, encuadrándola como una asociación ilícita. En ese marco, citó a declaración indagatoria al ex espía de la Policía Federal Ariel Zanchetta, al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y a un nuevo sospechoso: Tomás Patricio Hválica, creador del sitio DARK PFA, desde donde se podía acceder a bases de datos de la deep web de cualquier persona seleccionada.

    Zanchetta, ex integrante de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, enviaba mensajes reservados al diputado y ex director de Contrainteligencia Rodolfo Tailhade y poseía datos de espionajes a figuras como Sergio Massa y el ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman, entre otros numerosos “objetivos”.
    Las indagatorias quedaron fijadas para los próximos días: Zanchetta será interrogado el 17 de junio, Nuñes Pinheiro el 19 y Hválica el 24, todas de manera remota vía Zoom.
    Martínez De Giorgi ordenó además de forma urgente al Jefe de la División de Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería Nacional que continúe con el estudio de los elementos pendientes, estableciendo pautas para profundizar el análisis de ese material.
    La causa, que tiene múltiples líneas de investigación, incluye la denuncia sobre la creación de líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros— y el hackeo sufrido por dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, así como por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que llevaban adelante el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. También fueron afectados el entonces diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
    Nuñes Pinheiro fue detenido inicialmente y reconoció que, en agosto de 2022, recibió encargos mediante la aplicación Telegram del usuario “ElJuanxd” para intervenir celulares mediante la técnica de SIM swapping, que consiste en la duplicación del chip de un teléfono. El objetivo eran los dispositivos de jueces y funcionarios. Tras recibir el pago mediante billeteras digitales, “ElJuanxd” desapareció, afirmó el joven en su declaración, asegurando no poder identificarlo.
    Por su parte, Ariel Zanchetta, también detenido y procesado, fue quien el día del hackeo a Borinsky buscó los datos del juez en la base SudamericaData, donde realizó unas dos mil búsquedas en 2022 sobre magistrados, políticos y artistas, varios posteriormente hackeados. Zanchetta se presentó como periodista, pero sus propias comunicaciones revelaron su condición de agente inorgánico de la SIDE, según la fiscalía. Además, recibió pagos de la AFIP, entidad en la que trabajaba el dirigente de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez.
    El análisis de los dispositivos incautados a Zanchetta permitió imputar y ordenar el allanamiento a Rodríguez, quien coordinaba “objetivos” y operaciones con el espía y mantenía conversaciones con el diputado Tailhade. “Conu” Rodríguez evitó ser detenido en las oficinas donde trabajaba y se presentó en tribunales para entregar sus dispositivos cinco días después.
    Ahora, Martínez De Giorgi convocó a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, creador de DARK PFA, plataforma que permitía acceder a bases de datos de la deep web. En 2023, Nuñes Pinheiro declaró que utilizaba esa página para obtener información necesaria para sus hackeos, hechos que fueron revelados también por Tailhade, quien señaló la difusión de datos de funcionarios y jueces en sitios de la Dark Web y medios afines al kirchnerismo.
    En este contexto, el juez federal advirtió a la jueza porteña Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, sobre el avance de la causa por asociación ilícita en su jurisdicción y le requirió detalles de su expediente. La jueza Martínez había solicitado al juzgado de Martínez De Giorgi el pasado viernes que se le “certificara” la causa, ante la posibilidad de sellar un juicio abreviado entre Nuñes Pinheiro y la fiscalía por presuntos delitos contemplados en los artículos 153 bis (violación de secretos y privacidad) y 197 (irrupción en las comunicaciones) del Código Penal.
    El acuerdo, previsto para este lunes, implicaba la devolución de todas las pruebas secuestradas. Sin embargo, el juez federal informó a la jueza porteña que Nuñes Pinheiro ya había sido procesado por su participación en varios delitos, entre ellos asociación ilícita, con prisión preventiva y embargo de bienes. Aunque excarcelado desde abril de 2024, sigue citado a indagatoria en el nuevo trámite.
    Martínez De Giorgi solicitó conocer medidas adoptadas, víctimas y avances en la causa que tramita la jueza porteña antes de cualquier decisión que pudiera afectar su propia investigación, dejando en claro su intención de preservar la continuidad del proceso federal.
    La jueza Araceli Martínez recibió en 2022 la denuncia del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por el hackeo de su celular. A comienzos de diciembre de ese año, en vísperas de la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad, se difundieron supuestos diálogos entre el funcionario y jueces relacionados con la divulgación de un viaje a Lago Escondido.

  • Rosario del Tala: se prorrogó la investigación penal preparatoria en la causa por la muerte de Daiana Mendieta y la prisión preventiva del imputado

    Rosario del Tala: se prorrogó la investigación penal preparatoria en la causa por la muerte de Daiana Mendieta y la prisión preventiva del imputado

    Rosario del Tala: se prorrogó la investigación penal preparatoria en la causa por la muerte de Daiana Mendieta y la prisión preventiva del imputado

     

    En el marco del legajo «C/Brondino, Norberto Gustavo S/homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real», la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, hizo lugar hoy a la solicitud planteada por la fiscal Emilce Paola Reynoso, con la conformidad del abogado Pablo Di Lollo, que ejerce la querella en representación de los progenitores de la víctima, y de Claudio Manfroni Reynoso, en representación de los derechos del imputado, y dispuso la prórroga de la investigación penal preparatoria que se computará desde el 23 de abril de 2026 hasta el 3 de agosto de 2026, conforme art. 223 del C.P.P.E.R.
    La magistrada también dispuso prorrogar, ante la solicitud que cursara la Agente Fiscal, que fue adherida por el querellante particular y conformada por la defensa técnica, la prisión preventiva por el plazo de sesenta días, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº 7 Dr. Casiano Calderón, de la ciudad de Gualeguay.

  • Causa Contratos: quiénes son los testigos más relevantes que deberán declarar en un futuro juicio – El Miércoles Digital

    Causa Contratos: quiénes son los testigos más relevantes que deberán declarar en un futuro juicio – El Miércoles Digital

    Causa Contratos: quiénes son los testigos más relevantes que deberán declarar en un futuro juicio – El Miércoles Digital

    Comenzó a evaluarse la evidencia que se remitirá a un futuro juicio en el marco del legajo que investiga “contratos truchos” de la Legislatura, entre 2008 y 2018. El Ministerio Público Fiscal (MPF) está ofreciendo prueba documental y testimonial.
    En este sentido, ya trascendieron los testigos más relevantes que deberán presentarse a declarar.
    Durante esta jornada se subrayó que se citará al ex vicegobernador Adán Bahl, quien deberá prestar testimonio por numerosos contratos realizados durante su administración al frente del Senado provincial, publicó Análisis.
    Al igual que él, quienes fueron secretarios y directores administrativos de las dos cámaras: Natalio Gerdau, Maximiliano Argento, Carina Ramos, Nicolás Pierini, Lautaro Schiavoni y Gerardo Daniel Pastor. Todos deberán presentarse en un futuro juicio, y en especial algunos de ellos serán indagados sobre numerosa prueba colectada en la investigación.
    A medida que el fiscal Ignacio Aramberry fue pidiendo la incorporación de contratos como prueba para el debate, el principal defensor del juicio Miguel Ángel Cullen presentó oposición. Dijo que las cámaras nunca remitieron todos los expedientes completos de cada uno de los contratos y, por lo tanto, no es suficiente la incorporación de los mismos como instancia final de un proceso administrativo largo que no se puede mostrar completo. Cullen y otros defensores también se quejaron de la incorporación de información fiscal de personas que no están imputadas en el legajo o quedaron desvinculadas en alguna etapa previa.
    Ocurre que la Fiscalía está pidiendo la declaración varios directores de regionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actual ARCA. Se citará a Roberto Actis (Regional Paraná); Eduardo Luis Bellini (Regional Mar del Plata); Pedro Mario Majul (Regional Córdoba); Omar Pedro Fenoglio (Regional Paraná). Serán convocados para prestar testimonio en torno a información de la situación fiscal de imputados y monotributistas contratados.
    Se ofreció también el testimonio de Sebastián Mundani, jefe interino de la Sección Juicios Universales, División Jurídica de la AFIP. Además, en un principio se pidió la declaración del contador Carlos Duhalde, director de Catastro; y del escribano Ariel Pantaleón Mamone de la Dirección de Catastro, para que informen sobre partidas y matrículas referentes a personas vinculadas al proceso.
    Pero luego esas testimoniales y otras fueron dejadas en un impasse hasta el próximo martes. “Se solicitaron domicilios, algunos vinculados a los imputados. Deberán prestar declaración sobre más de 30 domicilios”, se adelantó desde Fiscalía. “Por ejemplo un domicilio de Alfredo Bilbao”, se acotó, subrayando la pertinencia de la información y las testimoniales ofrecidas.
    Sin embargo, la jueza de Garantías Marina Barbagelata, decidió frenar la remisión en este punto y otros más. Cuestionó que se envíe a juicio oral “un cúmulo de información que es en respuesta de un oficio”.
    “La respuesta va a permitir entender y recolocar el armado de las piezas. Ahora no puede ofrecerse como una bolsa todo junto”, advirtió. La magistrada reclamó a Fiscalía que haga “un gran zoom porque no todo es admisible”, hay algunos que deberá ponderarse puntualmente, por “cuestiones más complejas”. “Para tomar aquella decisión, con la colaboración de las defensas, volveremos sobre algunos puntos”, adelantó.
    Pidió volver a tratar bajo esta lógica de focalización la evidencia plasmada desde los puntos 281 al 325 del requerimiento de elevación a juicio. Esto quiere decir que el martes, los fiscales deberán volver a la audiencia con una explicación detallada acerca de por qué se pretende llevar esa evidencia a juicio, y a quiénes se llamará a declarar al respecto.
    Es que, en algunos casos, los fiscales colectaron información sobre compra de moneda extranjera, consumos, viajes, adquisición de bienes, si hubo participación en fideicomisos, si hay ingresos de fondos radicados en el país, si adquirieron máquinas o aeronaves, si son titulares de tarjetas de débito y crédito, si registran inmuebles, inicio y cese de actividades, si pagan expensas, condición actual e histórica de monotributo, fideicomisos, documentación de tránsito electrónica, declaraciones juradas de ganancias y bienes.
    Los fiscales deberán dar cuenta que esa información que pretenden remitir a juicio es referente a los imputados, y no a otras personas que no estuvieron, o ya no están implicadas en el proceso.
    “Entiendo que la información llegó empaquetada. Pero comprendo el reclamo de las defensas en relación a observar la pertinencia en cada caso. Puedo comprender que se pida información relativa a las parejas, esposas, esposos de los imputados. Pero distinto son personas que no tienen nada que ver con el proceso. En esta audiencia haremos un zoom y vamos a seleccionar qué producir en una instancia de juicio”, avisó Barbagelata.
    También se ofreció el testimonio de Víctor Berta, director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Y se pidió la incorporación a un futuro debate de los legajos personales de Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lázzaro; Jorge Enrique De Breuil; José Javier Schneider; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada; Hernán Javier Díaz; Sergio Esteban Cardoso; Gustavo Hernán Pérez.
    También se pidió la incorporación de información remitida de la Cámara de Senadores de Entre Ríos en relación a varios particulares, entre quienes se mencionó a Luciana María Belén Almada, Alejandro Luis José Almada. Sobre este punto deberá declarar el contador Gustavo Hernán Pérez, director de Administración del Senado y el contador Bahl.
    Y en términos similares se pidió la incorporación de documentación remitida por la Cámara de Diputados de Entre Ríos a la Fiscalía, cuando se investigaron las causas del megajuicio. Son datos relacionados a Luciana María Belén Almada y Alejandro Luis José Almada, entre otros particulares sobre lo que deberá prestar declaración Nicolás Pierini. Se trata de información que se produjo en el marco de la investigación por la causa del megajuicio, en relación a contratos producidos en las cámaras. En aquel juicio desarrollado entre 2021 y 2022, por ejemplo, se ventiló que algunos contratados de la Legislatura prestaban servicios para empresas privadas, vinculadas a funcionarios del Gobierno.
    Cientos de testigos
    No solo en lo referente a la prueba documental, Fiscalía pidió la incorporación de cientos de testigos relacionados a todos los hechos investigados. Así, entre las partes y la jueza de Garantías se pudo avanzar con la incorporación de más de 200 testigos. Muchos de ellos con reserva de las defensas. Sobre ese cúmulo de testimoniales que se produjeron durante la investigación penal preparatoria, desde el martes se hará una revisión en algunos casos puntuales.
    Nuevo defensor y la discusión sobre un pedido de exclusión probatoria
    Otras novedades de la jornada fueron la incorporación de un nuevo defensor y la discusión sobre un pedido de exclusión probatoria. Hugo Rubén González Elías asumió como defensor del imputado Jorge De Breuil. Por otro lado, el abogado Germán Fouces hizo un pedido de exclusión probatoria, de un testimonio puntual y de una pericia caligráfica derivada de ese testimonio. La decisión judicial al respecto se comunicará al final de la remisión de la causa.
    Detalles de la causa
    En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Todos constituyeron, según la hipótesis de la acusación pública, una asociación ilícita. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
    La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
    De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
    A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
     

     
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  • Causa Contratos: avanzan las definiciones sobre las pruebas y la situación de los auditores de Entre Ríos

    Causa Contratos: avanzan las definiciones sobre las pruebas y la situación de los auditores de Entre Ríos

    Causa Contratos: avanzan las definiciones sobre las pruebas y la situación de los auditores de Entre Ríos

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    redacción:( Cdelu Noticias )-con información Análisis Digital y AHORA

    La megacausa por los «Contratos truchos» de la Legislatura entrerriana transita semanas decisivas en Paraná. Las audiencias de remisión a juicio continuarán sin interrupciones hasta el próximo 3 de julio. En este marco, el Ministerio Público Fiscal (MPF) exhibió un listado de 770 contratos bajo sospecha y detalló un extenso catálogo de pruebas que incluye pericias informáticas, registros telefónicos, análisis de redes sociales y actas de allanamientos .

    El caso investiga un presunto desfalco de 53 millones de dólares a las arcas públicas provinciales entre 2008 y 2018 mediante un sistema de recaudación ilegal basado en contratos de obra con «prestanombres» . Tras el reinicio de las audiencias, la jueza de Garantías Marina Barbagelata validó las correcciones técnicas que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry realizaron sobre los hechos atribuidos, unificando el número de contrataciones y ajustando las fechas del delito .

    Actualmente quedan 18 imputados en el banquillo de los 32 originales . El resto de los involucrados modificó su situación procesal: 12 de ellos accedieron a suspensiones de juicio a prueba (probation), Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído . Ante la falta de objeciones a las pruebas de la Fiscalía por parte de los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y José Velázquez, la magistrada los dispensó de asistir a las extensas jornadas de debate .

    El debate central giró en torno a los pedidos de sobreseimiento para Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni y Hernán Javier Díaz, quienes se desempeñaban como auditores del Tribunal de Cuentas . Sus abogados argumentaron que las pruebas recolectadas son insuficientes para elevarlos a juicio, alegando que los mensajes de texto analizados corresponden al rol habitual de la administración pública o que los imputados ya no cumplían funciones de control en los períodos señalados .

    Por el contrario, los fiscales rechazaron de plano las desvinculaciones y denunciaron un «control laxo» e intencional debido a vínculos de cercanía o amistad entre los encargados de auditar y los sospechosos . El MPF sostiene que sólo se revisaban muestras insignificantes de contratos por año y expuso que durante la investigación penal sufrieron la negativa de informes por parte de la Legislatura y la sustracción de un expediente judicial .

    La jueza Barbagelata comunicó que resolverá estos pedidos de sobreseimiento recién al finalizar las audiencias generales de remisión .

    Para el futuro juicio oral y público, la Fiscalía presentó una lista de testigos clave de alto perfil institucional y contable :

    El cronograma de las audiencias generales quedó fijado para los días martes, miércoles, jueves y viernes, aplicando para los días centrales una doble jornada obligatoria que va de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas

  • Causa Jeremías Aguiar: Tras presentación de acuerdo este miércoles se conocerá si es homologado

    Causa Jeremías Aguiar: Tras presentación de acuerdo este miércoles se conocerá si es homologado

    Causa Jeremías Aguiar: Tras presentación de acuerdo este miércoles se conocerá si es homologado

    El caso Jeremías Aguiar estaría llegando a su fin, ya que este miércoles se conocerá el dictamen del juez interviniente, doctor Nicolás Gazali, ante quien e presentó el acuerdo abreviado al que llegaron las partes, el cual fue tratado la semana pasada en la Cámara Penal de Concepción del Uruguay.

    Tras la IPP, las partes intervinientes, Defensa del acusado Diego Antonio Luna, ejercida por los doctores Félix Pérez y Leandro Monje, con la Fiscalía a cargo de la doctora María José Labalta y la Querella en manos del doctor Jair Gay, llegaron a un acuerdo de pena, al que aceptaron tanto el acusado, como la familia de la víctima.
    A esto se llega luego de que en primer momento se elevara el caso a juicio oral, por lo que esta instancia quedó sin efecto y se presentó el pedido de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y una reparación económica que será entregada a los familiares de Jeremías.
    El trágico siniestro
    Como se recordará, Luna fue protagonista del siniestro vial cuando el viernes 26 de septiembre de 2025 cuando se conducía sin los cuidados del caso de sur a norte en el auto Chevrolet Meriva por calle Erausquin, entre Pablo Lorenz y Lorenzo Sartorio, oportunidad en la que embistió al niño Jeremías Aguiar que jugaba junto a su abuela persiguiendo a unos pollitos, causándole tremendas lesiones que lo llevaron a la muerte”.
    El acusado fue detenido y se dictó la prisión preventiva, siendo derivado a la Unidad Penal Nº 4, pero luego se dispuso la prisión domiciliaria, lo que finalmente no se pudo concretar ante el hostigamiento al cual podría llegar a ser sometido por parte de los familiares del niño, lógicamente indignados por el suceso.
    Esto es importante de tener en cuenta, ya que el tiempo que lleva detenido (8 meses) deberá restarse de la pena im puesta ya que Luna fue encarcelado desde el primer día de iniciada la causa penal.

  • Causa por robo de motos: Dictan prisión preventiva domiciliaria para uno de los menores detenidos

    Causa por robo de motos: Dictan prisión preventiva domiciliaria para uno de los menores detenidos

    Causa por robo de motos: Dictan prisión preventiva domiciliaria para uno de los menores detenidos

    La Justicia determinó la medida de coerción de manera estricta debido a los frondosos antecedentes del implicado. Permanecerá bajo esta modalidad hasta que cumpla la mayoría de edad en los próximos días.

    CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – La Justicia local dictó la prisión preventiva domiciliaria para uno de los jóvenes de 17 años que había sido detenido el pasado jueves a la madrugada, luego de haber sido interceptado por el Comando Radioeléctrico con una motocicleta robada.
    El antecedente del hecho
    Como se recordará, el procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Sarmiento y Enrique Gasc. En esa oportunidad, los uniformados atraparon a dos menores que se trasladaban en una motocicleta Honda XR 150 que había sido sustraída momentos antes de una vivienda en calle Dodero al 100, previo forzamiento de las medidas de seguridad. Al momento de la aprehensión, los sospechosos tenían en su poder herramientas de corte y llaves «yuga».
    Antecedentes y resolución judicial
    Debido a que uno de los implicados cuenta con un frondoso historial delictivo vinculado al robo y hurto de motovehículos, las autoridades judiciales ya habían intervenido con anterioridad en su situación, habiendo dispuesto en su momento su traslado a centros de rehabilitación especializados para menores de edad.
    Atendiendo a la reiteración de este tipo de delitos contra la propiedad y la ineficacia de las medidas previas, la Justicia determinó en las últimas horas dictar la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria para el joven.
    Esta nueva medida de coerción se fijó con carácter de cumplimiento estricto y se extenderá formalmente hasta que el imputado cumpla los 18 años de edad, hecho que ocurrirá en los próximos días, momento en el cual se redefinirá su situación de cara al proceso judicial en curso.

  • Causa por picadas: Un joven de 21 años se entregó a la policía y devolvió una moto tras los allanamientos

    Causa por picadas: Un joven de 21 años se entregó a la policía y devolvió una moto tras los allanamientos

    Causa por picadas: Un joven de 21 años se entregó a la policía y devolvió una moto tras los allanamientos

    Ocurrió esta tarde en Concepción del Uruguay. El implicado no estaba en su casa al momento del operativo policial, pero luego se presentó voluntariamente en la División Investigaciones para entregar el rodado.

    CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – La investigación por conducción temeraria y maniobras peligrosas en la vía pública sumó una nueva novedad este viernes por la tarde. Un joven de 21 años, implicado en la causa que investiga infracciones al Artículo 193° Bis del Código Penal, se presentó ante las autoridades para ponerse a derecho.
    Entrega voluntaria
    Durante la serie de allanamientos realizados en las primeras horas de hoy, la policía no había logrado localizar uno de los vehículos buscados, ya que su propietario no se encontraba en la vivienda al momento de la irrupción.
    Sin embargo, tras regresar a su hogar y enterarse del procedimiento, el joven decidió presentarse espontáneamente en la sede de la División Investigaciones. En cumplimiento con lo dispuesto por la Fiscalía Auxiliar Nº 1, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, el ciudadano hizo entrega formal de una motocicleta Honda XR300L Tornado, de color blanco.
    Peritajes y situación legal
    Tras la entrega del vehículo, se dio intervención a:

    El joven fue correctamente identificado y quedó formalmente supeditado a la causa que se tramita de oficio. Con esta nueva retención, la Jefatura Departamental Uruguay continúa sumando pruebas en la investigación que busca erradicar las pruebas de velocidad y destreza ilegales en la ciudad.

  • Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    La ex socia y pareja del abogado Franco Bindi, Giselle Robles, reveló cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron en el llamado «Operativo Puf», una maniobra destinada a perjudicar la causa de los Cuadernos de las Coimas, con el fin de desplazar al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. Además, Robles confirmó que el diputado kirchnerista Eduardo Valdés se reunió con el camarista Juan Ramos Padilla para que su hijo, Alejo Ramos Padilla —entonces juez federal de Dolores—, se alineara con esta operación.

    En un escrito presentado de manera espontánea ante el juez Julián Ercolini y la fiscal Alejandra Mángano, Robles reveló que el gobierno chavista brindó apoyo a ella, a Bindi, y a Pedro Etchebest con su esposa para viajar en octubre de 2019 a Caracas, con el propósito de evitar ser detenidos por una eventual orden del juez Bonadio. En paralelo, sostuvo que Cristina Kirchner llevó a su hija a Cuba y se quedó allí para evadir una posible prisión preventiva por obstrucción a la causa de los Cuadernos, versión que contrasta con la oficial, que alega que el viaje se debió a la enfermedad de Florencia Kirchner.
    ### El rol de Valdés y Bindi en la maniobra contra la causa
    Bajo juramento y consciente de las consecuencias legales en caso de mentir, Robles detalló numerosas reuniones entre Bindi y Valdés para «direccionar» un intento de extorsión protagonizado por el falso abogado Marcelo D’Alessio contra Etchebest, y así involucrar a Bonadio, Stornelli y a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros. Robles prometió ampliar sus revelaciones al ratificar la denuncia.
    El testimonio, adelantado por el periodista Camilo Cagnacci en el portal Boga.ar, describe la maniobra bautizada como «Operativo Puf», nombre surgido de una llamada entre Valdés y el ex secretario de Transporte kirchnerista Juan Pablo Schiavi, en la que decían: “Stornelli, puf; Bonadio, puf”. Robles se presentó en una causa que investiga esta maniobra, bloqueada por el kirchnerismo durante años.
    Robles explicó que Pedro Etchebest, falso “productor agropecuario jubilado”, fue presentado ante la justicia con Bindi como su abogado. Etchebest contó que recibía llamadas extorsivas de D’Alessio y, tras aconsejarle grabar dichas conversaciones, tanto Bindi como Robles analizaron esas grabaciones que Etchebest enviaba por Telegram para definir cómo proceder.
    Mientras Robles estaba de vacaciones en el Partido de la Costa, Bindi la mantenía informada sobre el contenido de las llamadas extorsivas hacia Etchebest y compartía las grabaciones para evaluar acciones. Según Robles, Bindi indicaba que sectores políticos “estaban enloquecidos” porque las grabaciones mostraban que tanto Stornelli como Patricia Bullrich parecían partícipes de las maniobras extorsivas.
    Luego de contactar a operadores judiciales vinculados a Cristina Kirchner, Bindi comentó que analizaban dónde y cómo interponer la denuncia, cuyo objetivo principal era perjudicar al fiscal Stornelli. Señaló que Bindi actuaba en coordinación telefónica con el diputado Valdés, sin contacto directo con Cristina Kirchner.
    Robles relató que en enero de 2019 se organizó una reunión en Pinamar entre Etchebest y Stornelli, que ella misma verificó personalmente y donde constató que no hubo contacto directo entre ambos, desmintiendo así la versión que pretendía involucrar al fiscal en la extorsión. Etchebest continuó registrando las conversaciones y Bindi instruyó sus preguntas para manipular la información hacia Stornelli y otros funcionarios.
    Posteriormente, Bindi calificó como un “golazo” la reunión en Pinamar, que permitió habilitar la Justicia Federal de Dolores para tramitar la denuncia. Según Robles, el diputado Valdés tenía acceso directo al padre de Alejo Ramos Padilla, facilitando que la causa se radicara en Dolores, alejándola así de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia formal, presentada entre el 27 y 28 de enero de 2019, fue entregada por Etchebest con el acompañamiento de Bindi.
    ### La alineación de Alejo Ramos Padilla con la maniobra
    Robles aseguró conocer que el diputado Valdés contactó al padre de Ramos Padilla para que su hijo se alineara con el Operativo Puf, encontrándose en varias ocasiones, una de ellas en un centro médico de Entre Ríos. En ese momento, Ramos Padilla hijo, de vacaciones, habilitó específicamente el juzgado para recibir la denuncia por intento de extorsión.
    Asimismo, Robles reveló que existieron discusiones entre Bindi y Valdés en un bar privado del diputado, donde también instruían a Natalia Salvo, abogada designada para representar a Etchebest, a quien capacitaban para evitar errores en entrevistas y procedimientos legales.
    ### Intentos de presión y ampliación de la causa
    Robles mencionó que Bindi intentó sin éxito que Juan Manuel Campillo, ex titular de la ONCCA y vinculado al expediente, se sumara a la maniobra, ya que D’Alessio lo presentaba falsamente como arrepentido dispuesto a declarar contra Etchebest. A medida que la causa avanzaba, se buscó que varias personas mencionadas se acercaran al juzgado para declarar, mientras algunos medios cercanos al kirchnerismo amplificaban la falsa denuncia contra Stornelli.
    Bindi también traslad