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Etiqueta: causa

  • Detenido en Rosario del Tala por causa de violencia de género

    Detenido en Rosario del Tala por causa de violencia de género

    Detenido en Rosario del Tala por causa de violencia de género

    En el día de ayer, el personal del Puesto de Control Vial Rosario del Tala, toma conocimiento de un Mandamiento Judicial,  proveniente del Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay en el cual interesaba la detención de una persona mayor de edad por el SUPUESTO DELITO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-AMENAZAS, quien se movilizaba en un transporte de carga.

    Alertados todos los Puesto de Control Vial en las rutas nacionales y provinciales del territorio entrerriano, siendo las 13:00 horas, el personal policial, logró detener para control a un camión marca Mercedes Benz de color blanco con características parecidas a las mencionadas en el citado mandamiento judicial.
    En virtud de esta intervención, se pudo determinar fehacientemente la identidad del transportista, el cual, sería coincidente con el requerimiento de la justicia. Que en detalles se trataría de una persona de 51 años de edad, oriundo de la localidad de Basavilbaso provincia de Entre Ríos.
    Una vez puesta en conocimiento el magistrado interviniente se dispuso requisa vehicular y de la persona en cuestión, obteniendo como resultado en la pesquisa, el hallazgo y el secuestro de un revólver marca Doberman calibre .22 largo con diez proyectiles en su tambor; sesenta y dos cartuchos del mismo calibre en un envase plástico y un teléfono celular marca Samsung. Elementos estos que fueron formalmente secuestrados.
    En el marco de este procedimiento y con las formalidades de ley, se procedió a la formal detención del masculino, el cual, fue notificado de la medida judicial, procediendo luego con su traslado hasta  la  Jefatura Departamental Rosario del Tala, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

  • Se detectaron brotes por primera vez en Argentina de una enfermedad que causa la muerte en el ganado ovino

    Se detectaron brotes por primera vez en Argentina de una enfermedad que causa la muerte en el ganado ovino

    Se detectaron brotes por primera vez en Argentina de una enfermedad que causa la muerte en el ganado ovino

    El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó el resultado positivo a scrapie clásico en ovinos reproductores importados, luego de registrarse la muerte natural sin sintomatología asociada de tres animales en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos.Los ovinos involucrados habían sido importados en 2021 y 2022 desde Paraguay, conforme a los requisitos sanitarios y el modelo de Certificado Veterinario Internacional vigente, superando los controles postingreso requeridos.Según indicaron en el comunicado, en cumplimiento con la Resolución N° 733/2019, se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Reproductores Rumiantes Importados y, desde su ingreso al país, habían cumplido con las inspecciones clínicas anuales realizadas por veterinarios oficiales del SENASA, sin presentar novedades sanitarias ni signos clínicos.En el marco de esta vigilancia activa, el Organismo detectó la enfermedad por prueba de tamizaje (ELISA). Manteniendo protocolos específicos para respetar los tiempos diagnósticos, las muestras fueron remitidas a un laboratorio de referencia en España, que mediante la técnica Western Blot confirmó la presencia de scrapie clásico, ausente hasta la fecha en la Argentina.Ante el primer resultado, el Servicio Nacional incorporó a los establecimientos en un programa oficial de control y seguimiento, que contempla la restricción de movimientos de las unidades productivas afectadas, junto con una vigilancia intensificada y la implementación de medidas sanitarias de contención, destinadas a evitar la diseminación de la enfermedad. Todas estas medidas siguen en curso luego de la reconfirmación del segundo análisis.En línea con los protocolos internacionales, se notificó oficialmente la detección a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) de Paraguay, con el que se acordó ahondar en la investigación epidemiológica.A partir del cambio en la situación sanitaria de nuestro país, el SENASA se encuentra trabajando en la adecuación de los certificados de exportación, a fin de garantizar la continuidad de los mercados internacionales y evitar disrupciones en los envíos. Para esta adecuación, se tendrán en cuenta las recomendaciones internacionales previstas por la OMSA para la exportación de mercancías de origen ovino y caprino procedentes de socios comerciales con distinta condición a país libre.Argentina manifestará a los países su intención de continuar exportando productos seguros, a fin de sostener los mercados internacionales bajo condiciones sanitarias adecuadas, como embriones, cueros y pieles, gelatina, colágeno, sebo y sus derivados, así como lana y fibra ovina. En cuanto a la carne ovina y caprina, también se las considera mercancías seguras siempre que se retiren previamente los tejidos de riesgo, conforme a los estándares sanitarios internacionales.Para el resto de los productos, como ovinos y caprinos en pie, harinas proteicas y lácteos de estas especies, se propondrá la aplicación de medidas de mitigación específicas, de acuerdo con las recomendaciones de la OMSA para cada tipo de mercancía.El scrapie —también conocido como tembladera o prúrigo lumbar— es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal que afecta a ovinos y caprinos, con presencia en Brasil, Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea y África. Está incluida dentro de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) y es causada por proteínas anormales (priones) que inducen la transformación de proteínas normales del sistema nervioso central.La patología se transmite de manera vertical, principalmente durante el parto, y se caracteriza por la aparición de signos clínicos como prurito intenso (rascado), ataxia (alteraciones de la marcha), temblores, pérdida de peso, aislamiento y cambios de comportamiento.Cabe destacar que no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no representa riesgo para la salud pública, ya sea por contacto directo con animales infectados o por el consumo de productos de origen animal. Tampoco afecta a bovinos ni se transmite por su carne o leche.Al tratarse de una enfermedad de notificación obligatoria, es fundamental dar aviso inmediato ante la observación de síntomas compatibles. Cualquier persona puede notificar al Organismo en su oficina más cercana; por WhatsApp, al (11) 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; o través del Formulario “Avisá al SENASA”, disponible en el sitio web oficial.

  • Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Santiago Busaniche, el operador judicial que está imputado de haber gestionado coimas y extorsiones para jueces federales de Rosario, pidió que la justicia llame a declarar como testigo Héctor Daniel Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia por haber sido mencionado en la declaración de un arrepentido.El pedido de la defensa de Busaniche en la causa “Bailaque Marcelo Martin y otros” incluyó la solicitud de interrogar también a la hermana de Marchi y a todas las personas que trabajaron desde 2019 con el ex contador en la Corte Suprema. Para ello, solicitó cursar a la oficina de persona de la Corte Suprema o, en su defecto al presidente Horacio Rosatti, para identificar a todos esos dependientes, “en especial secretarios, asistentes y asesores” que trabajaron con Marchi desde 2019 en adelante.La defensa también pidió que se oficie a la Unidad de Información Financiera para conocer las inversiones de Marchi y que se pida a las compañías telefónicas para conocer todas las líneas telefónicas asociadas al contador y el listado de las llamadas entrantes y salientes desde 2019.También quiere saber si uno de los arrepentidos, Fernando Whpei, tenía a Marchi agendado como “hermanito”.Héctor Daniel Marchi -un contador santafesino con aspiraciones políticas- fue nombrado en 2003 administrador general de la Corte y manejó la caja del máximo tribunal durante más de 15 años. Fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito por la entonces diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y él trató de enjuiciarla por las acusaciones en su contra. El 20 de abril de 2023, la Corte Suprema, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, desplazó a Marchi de la administración general, en el marco de un reacomodamiento interno del área. El contador fue entonces a declarar ante la comisión de juicio político contra la Corte Suprema que impulsó Cristina Kirchner y se presentó en la causa que tenía el juez federal Ariel Lijo por supuestas irregularidades en la obra social de la Nación (que el fiscal Carlos Stornelli promovió cerrar por inexistencia de delito).El nombre de Marchi apareció en la causa contra el juez destituido juez Bailaque a través de la declaración como arrepentido de Carlos Vaudagna, el ex jefe de la AFIP de Santa Fe que admitió haber sido cómplice de una maniobra que llevó adelante el ex juez y otros para extorsionar a empresarios con una causa armada. Busaniche fue uno de los intermediarios de esa maniobra, según los fiscales de Rosario. Y en el teléfono de Vaudagna se detectaron audios en los que hablan entre sí. Allí Vaudagna habla con Busaniche de «el colorado». Cuando le preguntaron quién era “el colorado”, Vaudagna respondió que el entonces administrador general de la Corte Suprema de la Nación, Héctor Daniel Marchi.En febrero pasado, el equipo de fiscales de Rosario presentó tres acusaciones contra el exjuez Bailaque por una serie de delitos vinculados a presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de la función judicial y estimó un pedido de pena de 10 años de prisión. También acusó a la esposa del ex juez y a Busaniche, por haber instigado a Bailaque y a Vaudagna a cometer los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. Para él se estimó una pena de 6 años de prisión.Esta no es la única causa que pesa sobre Busaniche. Como consecuencia de la investigación que lleva el nombre de Bailaque, el financista Fernando Whpei reconoció los detalles de la extorsión a Iglesias que también lo involucra. Y agregó que el operador judicial ofició de intermediario ante el juez de Rosario Gastón Salmain para que éste sacara un fallo que le permitiera acceder a dólares a cambio oficial en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a cambio de una coima de 200 mil dólares. Como finalmente la operación se hizo cuando llegó el gobierno de Javier Milei y la diferencia del dólar oficial se había desvanecido, la ganancia de Whpei se redujo a unos 19 mil dólares, pero Busaniche le advirtió que debía pagar los 200 mil dólares o el juez lo denunciaría. Whpei se negó a pagar y fue denunciado por el juez.Hace dos semanas, la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Salmain, junto a Busaniche y Whpei, por estas maniobras. La orden de detención no se cumplió porque Salmain aún es juez y la comisión de Acusación en el Consejo de la Magistratura analiza éstas y otras denuncias para decidir si promueve su destitución.

  • La escribana de Manuel Adorni se fue de Comodoro Py tras declarar en la causa por los bienes del jefe de Gabinete

    La escribana de Manuel Adorni se fue de Comodoro Py tras declarar en la causa por los bienes del jefe de Gabinete

    La escribana de Manuel Adorni se fue de Comodoro Py tras declarar en la causa por los bienes del jefe de Gabinete

    En el marco de la investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita convocó este miércoles a declaración a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración del departamento del barrio de Caballito adquirido a 230 mil dólares con una hipoteca no bancaria con dos jubiladas. Figura además en la escrituración de la casa en el country Indio Cuá Golf Club y del inmueble de Parque Chacabuco.La escribana ingresó temprano por la mañana en los tribunales federales y se retiró poco después de las 13 horasLa causa que inició con la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, y que pone la lupa sobre la conformación patrimonial de Adorni, sus gastos en vuelos privados y la adquisición de propiedades, está delegada en la fiscalía por decisión del juez Ariel Lijo.La documentación sostiene que mediante escritura pública N° 118 del 24 de noviembre de 2025, intervino en la escrituración por U$S 230.000 la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580. Sobre el precio se registró un gravamen vinculado a la operación.La fiscalía busca clarificar cómo se realizaron las hipotecas privadas utilizadas para adquirir esa propiedad.Al momento de citar a la escribana, el fiscal Pollicita, pidió que la escribana vaya con toda la documentación de la operatoria.Según la documentación, Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Viegas figuran como intervinientes en la operatoria en carácter de vendedoras del inmueble y presuntas acreedoras del financiamiento privado instrumentado.El fiscal pidió que se se incorpore al expediente un informe crediticio del portal web de Nosis respecto de la escribana Nechevenko, y a las prestamistas que proporcionaron el 87% del valor de la propiedad.En el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.Otro de las hipotecas privadas que se encuentra bajo investigación es la correspondiente a parque Chacabuco.Según los documentos a los que accedió Clarín, fue un crédito no bancario de 100.000 dólares en total, para comprar una vivienda en Avenida Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Hay un primer documento de tres páginas donde se consigna que la propiedad se divide en partes iguales entre Adorni y Bettina Angeletti, su esposa.Después, se realiza el asiento correspondiente sobre los préstamos obtenidos para la compra y posterior escrituración. Allí se consigna a las personas involucradas: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría otorgado un préstamo de 85.000 dólares, siempre ante la escribana Adriana Nechevenko, quien está citada para declarar como testigo este miércoles. En tanto, Victoria María José Cancio, concedió un crédito de 15.000 dólares, con la intervención de la misma escribana.Las cuatro prestamistas están citadas a declaración testimonial, las que intervinieron en el departamento de Caballito, deben ir a Comodoro Py este jueves y las que proporcionaron en total, 100.000 dólares a Adorni, el 13 de abril.

  • Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva del imputado en la causa que investiga la muerte de Daiana Mendieta

    Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva del imputado en la causa que investiga la muerte de Daiana Mendieta

    Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva del imputado en la causa que investiga la muerte de Daiana Mendieta

    En el marco del legajo “C/Brondino, Norberto Gustavo S/homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real”, la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, hizo lugar el pasado miércoles 1 de abril a la solicitud planteada por la fiscal Emilce Paola Reynoso, con la conformidad del abogado Pablo Di Lollo, que ejerce la querella en representación de los progenitores de la víctima, y dispuso prorrogar la prisión preventiva por el plazo de sesenta días, desde el 5 de abril de 2026, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº 7 Dr. Casiano Calderón, de la ciudad de Gualeguay.

  • Corrupción en la AFA: la justicia abrió una causa que puede cerrar el procesamiento de Tapia y Toviggino por los aportes

    Corrupción en la AFA: la justicia abrió una causa que puede cerrar el procesamiento de Tapia y Toviggino por los aportes

    Al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, comenzaron a transitar una instancia para que se cierre la causa en la que fueron procesados por retención indebida de impuestos y aportes. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante abrió una instancia para que hagan una reparación integral del daño.El planteo fue hecho por la defensa de Toviggino en el escrito que presentó cuando fue indagado. Sostuvo que la ley prevé una reparación y que se puede aplicar en este caso. Cuando el juez Amarante procesó a los dirigentes dispuso en esa resolución comenzar a tratar el planteo.Así, los dirigentes de la AFA buscarán el sobreseimiento de la causa. En el trámite opinarán todos los involucrados. Además de Tovigginio -quien hizo el planteo-, también Tapia, los otros tres dirigentes procesados -Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo-, el fiscal Claudio Navas Rial y ARCA, que es querellante en la causa.Mientras eso se discute, los procesamientos y los embargos siguen vigentes. Lo mismo la prohibición de salida del país de Tapia y Toviggino.La defensa de Toviggino, a cargo de Marcelo Rocchetti, planteó, entre otros argumentos, que la causa se debe cerrar por la aplicación del artículo 59 del Código Penal que establece que un expediente se cierra cuando se dan siete supuestos. Uno de ellos, el sexto, es «por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes».Ese artículo se le aplicó al ex presidente de la Nación Alberto Fernández y a su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez, por el caso de la fiesta de Olivos. Hicieron una reparación de tres millones de pesos para el instituto Malbrán y se les cerró la causa.La defensa del tesorero de la AFA plantea que el daño ya está reparado porque la entidad pagó la deuda de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes antes que ARCA presente la denuncia penal. Y abonó con intereses. «Reparación integral que está siendo plenamente satisfecha mediante el sucesivo pago total de las obligaciones adeudadas», planteó.El pedido tendrá una discusión. Es que el régimen penal tributario no prevé la reparación para el delito de aprobación de tributos, que es por el que fueron procesados los dirigentes de la AFA. Sobre eso la defensa sostiene que la nueva ley de inocencia fiscal busca no perseguir las deudas hasta determinados montos.El juez Amarante procesó a los dirigentes de la AFA por los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó en plazo a pesar que contaba en sus cuentas bancarias con los fondos para hacerlo.»Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento», sostuvo el magistrado.Las indagatorias de los acusados se cumplieron hace tres semanas pero en tribunales todavía resuena lo que una fuente llamó «la pelea por la foto». Fue la intención de algunos de los imputados de no ser fotografiados en tribunales. Todo comenzó con un pedido de Toviggino para que su indagatoria sea por videoconferencia. Planteó que no quería de manera presencial para “evitar una innecesaria exposición” y tener «tranquilidad» para declarar por la presencia de los medios. El pedido fue rechazado y el juez Amarante dispuso un operativo de seguridad especial para las indagatorias para garantizar esa tranquilidad.Las indagatorias comenzaron el 6 de marzo con Lorenzo que llegó y se fue por la entrada principal del edificio de la avenida de los Inmigrantes. El 9 de marzo hizo lo mismo Blanco. Pero todo cambió ese mismo día con Malaspina. El presidente de Argentinos Juniors llegó en auto por el estacionamiento de atrás del edificio, lugar solo reservado para el personal judicial.Cuando desde tribunales consultar por esa situación el personal policial contestó: «Desde la seguridad de la AFA nos dijeron que tenían miedo que vengan hinchas y preferimos que ingrese por allí». No había hinchas ese día, ni los hubo después.La presencia de seguridad de la AFA se repitió en las indagatorias de Tapia y Toviggino. Cuando se presentó el tesorero se dio una situación especial. El abogado Gregorio Dalbón, vocero judicial de la AFA, llegó en auto al estacionamiento del edificio. Allí se lo vio charlando con el personal del lugar.Toviggino llegó por la puerta de enfrente. Pero en la indagatoria pidió salir por atrás para evitar problemas como los empujones que hubo a su ingreso. El juez Amarante lo rechazó y Toviggino se fue como llegó y en una camioneta sin patente.Las indagatorias las cerró Tapia que no hizo ningún planteo. Solo dijo que a su ingreso se generó un tumulto y que había una mujer embarazada. Pero no pidió salir por otra puerta. La pelea por la foto tuvo ganadores y perdedores.

  • Adorni y su vinculación con la causa $LIBRA

    Adorni y su vinculación con la causa $LIBRA

    Nuevas revelaciones del peritaje al celular del trader Mauricio Novelli confirman que Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, estaba pautado como «key note speaker» y orador de apertura del Tech Forum 2025, el evento cripto preferido de Javier Milei que naufragó tras el escándalo $LIBRA. Los chats muestran a Adorni coordinando su participación con el extitular de la CNV Sergio Morales y la hermana de Novelli, mientras en 2022 había dado una «masterclass» pagada para la escuela del trader. Adorni había negado estos hechos a los gritos e insultando periodistas.
    Según los archivos recuperados por la DATIP, el 23 de enero de 2025, Pía Novelli envió a un grupo de WhatsApp de marketing del Tech Forum: «Hola Fede! Importante, necesitamos. Pagá el lunes el posteo de Manuel adorni como key note speaker. Opening (vocero presidencial)». En el grupo «Marketing & Web Tech Forum 2025» se planificaban flyers y posteos. Sergio Morales («Sergio Cripto City») pedía que la imagen de Adorni tuviera «más gancho» porque «no va a ser un speaker más», sugiriendo destacarlo como «Spokesman for the Presidency of Argentina».

    El 27 de enero de 2025, la cuenta de Tech Forum compartió un aviso en inglés anunciando a Adorni como orador de apertura para el 5 de abril. El entonces vocero no lo desmintió en ese momento; recién lo hizo después del estallido de $LIBRA, el 20 de febrero de 2025, cuando calificó a los periodistas que informaron sobre su participación de «imbéciles» y dijo: «Todo lo que puedan decir es falso».
    Además, en el celular de Novelli figura una contratación de Adorni para una «masterclass» virtual el 2 de mayo de 2022 en la escuela «N&W Professional Traders», titulada «Por qué las finanzas digitales cambiarán el mundo». La invitación de Novelli señalaba que era un beneficio para alumnos «Gold». Aunque no hay pruebas fehacientes de que Adorni haya cobrado directamente, el peritaje muestra que Novelli pagó a varios influencers libertarios (Agustín Laje, Emanuel Dannan, El Presto) entre 6.000 y 12.000 dólares por posteos.
    El Tech Forum 2024, realizado en el VIP del Hotel Libertador el 19 de octubre, había contado con Milei como figura central y la presencia de Hayden Davis (creador de $LIBRA), Julian Peh (Kip Protocol), Mauricio Novelli y Manuel Adorni. Según el Registro de Audiencias Públicas, Adorni participó de ese encuentro. Tras el colapso de $LIBRA, se interrumpió la organización del Tech Forum 2025 y se borró toda la web, pero los archivos (incluida la grilla de oradores) fueron recuperados por los peritos. Adorni nunca denunció a Novelli ni a Davis. La causa sigue su curso.

  • Revés judicial para Urribarri y Cardona Herreros en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito – El Miércoles Digital

    Revés judicial para Urribarri y Cardona Herreros en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito – El Miércoles Digital

    El juez de Garantías Mariano Budasoff, quien quedó a cargo de las audiencias en las que se discute el requerimiento de elevación a juicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros, rechazó buena parte de los planteos defensivos.
    Fue este miércoles, tras un extenso cuarto intermedio en el proceso que comenzó los primeros días de marzo. En ese momento, los abogados defensores Miguel Cullen por Urribarri, José Velázquez e Ignacio Díaz por Cardona Herreros, realizaron varios planteos relacionados al proceso de investigación, a la supuesta afectación de derechos constitucionales y pidieron exclusiones probatorias. En ese marco, el juez de Garantías rechazó casi todos los reclamos defensivos.
    Para este jueves, cuando se reanude la audiencia, quedaron pendientes de resolución sólo dos. Y, luego, los defensores tendrán la oportunidad de contestar la decisión del juez al tiempo que, si lo consideran, abrir el reclamo a instancias superiores.
    Al comienzo de las audiencias, los abogados manifestaron casi los mismos argumentos que vienen exponiendo en otros procesos por presunta corrupción que involucra a exfuncionarios públicos y dirigentes políticos.
    En la instancia oral de este miércoles estuvieron presentes los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull; y los defensores particulares de los imputados.
    La finalidad de esta etapa es discutir el requerimiento de elevación a juicio. Se trata de una instancia intermedia, que prepara el terreno para el juicio oral en el que, efectivamente, se ventilará la investigación penal preparatoria y se juzgará la conducta de los imputados.

    Planteos que el juez rechazó
     
    Budasoff refutó una serie de reclamos puntuales realizados en el marco de la oralización del requerimiento de elevación a juicio. En relación al proceso investigativo y los derechos constitucionales, los abogados pidieron que se declare la “extinción de la acción penal”; que sobre Cardona Herreros se disponga la “inconstitucionalidad de la acción”; que se defina judicialmente que “se violaron los plazos razonables” en la causa; y, en el caso de Cardona, que se afectaron sus garantías por ser juzgado (según sus defensores) por los mismos hechos en procesos distintos, es decir la causa “coimas” y esta investigación propiamente dicha por presunto enriquecimiento ilícito. Todos estos pedidos fueron atendidos, analizados y rechazados por el juez.
    Extinción de la acción penal
    Sobre el primero de los planteos, que tiene como consecuencia el sobreseimiento de los imputados, los defensores argumentaron que una vez iniciada acción penal, el Estado cuenta con elementos para continuar la investigación, que no puede suspenderse. Sin embargo, en este caso la pesquisa se detuvo mientras el exgobernador Urribarri se desempeñó como funcionario público. “La investigación inició en 2015. Urribarri continuó en funciones hasta 2019, volvió a función pública en 2020 para ser embajador”, marcó Budasoff. Además, recordó que este punto ya fue discutido y dirimido en instancias anteriores.
    Inconstitucionalidad de la acción penal para Cardona Herreros.
    El defensor del empresario paraguayo reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la acción penal para su representado. Argumentó que la suspensión de la acción penal no debió correr para su defendido, tal como sí ocurrió con Urribarri por su condición de funcionario público. El juez Budasoff también refutó este planteo. Señaló que la suspensión de la acción penal procede para todos los imputados en un proceso, independientemente de que la condición de funcionario público no se dé en todos.
     
    Violación de plazos razonables
    Los defensores sostuvieron que se violaron los plazos razonables dado que la causa lleva 11 años desde su apertura; que la investigación debió desarrollarse en el menor tiempo posible; que la elongación no fue provocada por los propios planteos defensivos, sino que la investigación fiscal demoró 8 años. Y consideraron que la pandemia no puede usarse como justificación del tiempo que insumió la pesquisa. En este punto el juez se explayó sobre la complejidad de la causa como un motivo válido. “Ni Urribarri ni Cardona sufrieron restricciones en su libertad ambulatoria. Recién en 2023 fueron convocados para defenderse. Si bien el legajo se abrió en 2015, esa circunstancia temporal no afectó el derecho de defensa de los imputados”, leyó de la resolución.
    Afectación de garantías non bis in idem
    Los defensores de Cardona plantearon, por último, una afectación al principio “non bis in ídem”, es decir que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Velázquez pidió que se sobresea a su representado por esta cuestión. Los defensores consideran que la evidencia probatoria coincide en buena medida entre dos causas distintas: la que investiga presuntas coimas (que involucra a varios exfuncionarios públicos y ya fue elevada a juicio), y la actual por presunto enriquecimiento ilícito. El juez rechazó el planteo en esta instancia, pero no descartó que en etapas posteriores tenga cabida un nuevo debate sobre el punto. “Estos hechos son potencialmente complementarios, pero jurídicamente autónomos”, consideró.
    Planteos de exclusión probatoria
    En los primeros días de marzo hubo, también, pedidos de exclusión probatoria realizado por las defensas. En este sentido, los abogados pidieron que se descarten los informes periciales sobre los dispositivos informáticos. Para reclamarlo se basaron en que los profesionales que estuvieron a cargo son bioingenieros y no ingenieros informáticos. El arma defensiva viene siendo usada por el abogado Ignacio Díaz desde lo que se conoció como “megajuicio por corrupción” en 2021.

    El juez analizó el planteo. Detalló cómo fue la extracción de datos informáticos, cada vez que fue pedida una autorización judicial para llevar a cabo la extracción. Recalcó que los bioingenieros fueron las personas autorizadas para realizar la copia forense sobre la que se trabajó, incluso autorizados hace años, mucho antes que el inicio de estas investigaciones, para esos trabajos.
    Las defensas también cuestionaron los protocolos de recolección de evidencias del Ministerio Público Fiscal y sostuvieron que se afectó la calidad de los datos recabados, algo que el magistrado también refutó.
    Por último, Budasoff ahondó sobre las incumbencias profesionales de los bioingenieros. Cuestionó una concepción “rígida” de las tareas que pueden desarrollar los profesionales o por la falta de matriculación en el Colegio de Ingenieros Informáticos. Sostuvo que esto “no hace a la validez” de la prueba producida ni del trabajo desarrollado por tales profesionales.
    “No se verifica afectación de las garantías procesales. Correspondiendo rechazar los planteos defensivos”, dijo Budasoff sobre el final de la audiencia, este mediodía.
    La causa
    En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
    Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la investigación por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional. Pero este tercer imputado, Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024. El juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años para Martínez.
    A Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.
    Martínez le achacaron que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprocharon que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.

    Fuente: Análisis

     
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