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  • A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    La próxima semana marcará el final de Martín Irurzun como juez de la Cámara Federal de Comodoro Py, cargo que desempeña desde hace 32 años. Aunque su salida parece inevitable, el magistrado intenta una última maniobra: solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un fallo que le permita continuar en el puesto.

    Irurzun cumplirá 75 años el sábado 18 de julio, la edad máxima establecida por la Constitución Nacional para ejercer como juez. Existe una excepción a esta limitación: la posibilidad de que el Poder Ejecutivo autorice la revalidación del cargo por cinco años más. Esa prórroga fue solicitada por Irurzun, pero el gobierno de Javier Milei no la aprobó.
    A pesar de gestiones políticas para su continuidad, no se obtuvieron resultados favorables. Por ello, hace un mes Irurzun inició un proceso judicial para obtener un fallo que lo respalde en el cargo. Su pedido fue rechazado en dos instancias y ahora recurre a la Corte Suprema en una última y urgente instancia.
    La salida de Irurzun impactará en la Cámara Federal, que atraviesa una etapa de renovación tras los cuestionamientos a otros dos jueces, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este tribunal reviste gran relevancia política, pues allí se tramitan causas relacionadas con corrupción.
    Irurzun ingresó al Poder Judicial a comienzos de los años 70 y en 1987 fue designado titular del juzgado federal 5 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En 1994, el gobierno de Carlos Menem lo ascendió a juez de la Cámara Federal, cargo que mantiene desde entonces. Durante su trayectoria, intervino en casos de delitos de lesa humanidad y de corrupción, confirmando, entre otros, varios procesamientos contra la expresidenta Cristina Kirchner.
    La reforma constitucional de 1994 estableció 75 años como edad límite para los jueces, permitiendo una extensión de cinco años previa aprobación del Senado a instancia del Poder Ejecutivo.
    Irurzun solicitó el año pasado al gobierno de Milei la prórroga de su mandato, pero el Ejecutivo rechazó la petición. A diferencia de este caso, sí accedió a conceder dicha extensión a otros magistrados, como Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para continuar en la Cámara Federal de Casación Penal, autorización que fue ratificada por el Senado.
    Ante este rechazo, Irurzun presentó una medida cautelar autónoma para solicitar la suspensión inmediata de los efectos jurídicos que fijan el límite de edad constitucional, argumentando que la reforma de 1994 no otorgó facultades al Congreso para modificar la inamovilidad de los magistrados mediante un criterio etario.
    El pedido fue desestimado inicialmente por el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Alonso Regueira, y confirmada esa decisión esta semana por la Cámara Contencioso Administrativa. Irurzun apeló para que la Corte Suprema intervenga. La Cámara debe decidir si eleva el caso al máximo tribunal y, ante la urgencia, requirió al gobierno que emita su opinión en un plazo de un día.
    Se espera una resolución de la Cámara para el próximo lunes, momento en que se iniciará la cuenta regresiva. De acuerdo con precedentes de la Corte Suprema, si en la fecha en que el juez cumple 75 años no cuenta con el aval para continuar, debe cesar en sus funciones.
    Si la Cámara rechazara derivar el caso a la Corte, Irurzun podrá presentar otra acción directa, lo que acortaría los tiempos. La resolución final estará en manos de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, este último con cercanía al magistrado.
    Inicialmente, Irurzun anticipó que recusaría a Rosatti, quien fue convencional constituyente en 1994 y ha expresado opinión favorable sobre el límite de edad, pero retiró ese planteo en la apelación ante la Corte.
    La Cámara Federal actualmente está en proceso de renovación, con tres de sus seis cargos en revisión. Además de Irurzun, se encuentran en revisión los puestos de Bruglia y Bertuzzi, jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri y cuya designación fue declarada no definitiva por la Corte. El gobierno de Milei podrá ahora cubrir estas vacantes, ya que los concursos correspondientes han finalizado, lo que implica un control parcial sobre un tribunal de gran importancia.
    Tras más de tres décadas en Comodoro Py, Irurzun se apresta a abandonar su función judicial. Sin embargo, ha dejado claro que no desea ningún tipo de despedida y probablemente concluirá su carrera con una causa pendiente clave: el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el primer caso de corrupción en el gobierno de Milei.

  • Un año de desarme del cepo: tras las compras récord de ahorristas, creen que el Banco Central tiene una chance para liberarlo por completo

    Un año de desarme del cepo: tras las compras récord de ahorristas, creen que el Banco Central tiene una chance para liberarlo por completo

    Un año de desarme del cepo: tras las compras récord de ahorristas, creen que el Banco Central tiene una chance para liberarlo por completo

    Hace un año el Gobierno sorprendía al mercado y a la mayoría de los actores de la vida económica argentina con un golpe de efecto: anunció que eliminaba por completo el cepo cambiario para las personas y que iniciaba un camino de desarme para las empresas. Fue una de las precondiciones que planteó el nuevo acuerdo con el FMI. El anuncio lo hicieron en tándem el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili el 11 de abril del año pasado, un viernes por la tarde, horas antes de que el directorio del Fondo Monetario terminara por dar luz verde al programa y al desembolso de US$ 12.000 millones.La sorpresa estuvo dada porque no se esperaba, a priori, una liberación de restricciones amplia, sino más bien gradual. Junto con esta medida, el equipo económico anunció también el fin del crawling peg, ese esquema de depreciación del tipo de cambio fijo mensual. Hizo su aparición también el esquema de flotación entre bandas.La salida del cepo para las personas tuvo efecto desde el lunes siguiente. Desde ese momento, el fin de las restricciones para los ahorristas actuó como una señal de largada: la demanda que antes se vehiculizaba a través de los dólares paralelos empezó a canalizarse casi en su totalidad por el mercado oficial. Atrás había quedado el límite de 200 dólares mensuales que pesaba sobre los ahorristas desde fines de 2019.Ese primer mes sin límite de compras de divisas terminó con una demanda neta (descontadas las ventas) por parte de los ahorristas de US$ 2.021 millones. Desde mayo, el ritmo de dolarización de las personas fue en crecimiento, al compás de la cercanía de las elecciones legislativas.Esa cuota de incertidumbre hizo que en septiembre, el mes en que el oficialismo perdió las elecciones legislativas bonaerenses, se registrara el pico de compras de dólares de la gente: fueron US$ 6.500 millones en un solo mes. Recién aflojó en noviembre, luego de la victoria de La Libertad Avanza. Cayó ese mes a algo menos de US$ 1.100 millones. Como balance del año, los datos oficiales muestran que el apetito dolarizador de los ahorristas fue, en esta instancia electoral, el más alto jamás registrado por el Banco Central. Una luz amarilla se encendió en el primer bimestre del año, porque la dolarización de carteras volvió a mostrar un ritmo relevante (US$ 2.700 millones y US$ 2.100 millones en enero y febrero, respectivamente).Estimaciones del equipo económico marcan que, durante los meses preelectorales, un equivalente a la mitad de todos los pesos que había en circulación buscaron algún tipo de cobertura cambiaria. Ya sea con billetes, dólar futuro o instrumentos que protegen contra una devaluación.Con la información hasta febrero, publicada hace algunos días por el Banco Central, una conclusión es que en los primeros diez meses de salida del cepo para el ahorrista, las personas compraron US$ 37.800 millones. Como comparación, es equivalente a dos tercios de la deuda que está vigente entre la Argentina y el Fondo Monetario. Una análisis de la consultora LCG planteó que la liberación del cepo a las personas tuvo un impacto positivo en la brecha entre el oficial y el paralelo, en el «sinceramiento» de las condiciones cambiarias y una suba en los depósitos en moneda extranjera. De todas formas, también alertó que parte de esa demanda estuvo motorizada por la idea de que «el dólar estaba barato».»En programas de estabilización de varios países, por ejemplo, en Israel, el frente cambiario se pudo administrar mejor, no sólo con fondeo de organismos internacionales, sino con el flujo de remesas de residentes o familiares. En Argentina es como si el flujo de remesas fuera negativo y constante, lo cual impone desafíos adicionales en la estabilización de la economía», concluyó LCG.Lo que viene: ¿se puede desarmar todo el cepo?La llegada de los dólares de la cosecha gruesa, en las próximas semanas, planteó en el mercado esa pregunta. En otros términos, si un colchón de acumulación de divisas más rápido y voluminoso del BCRA preparará el terreno para una eliminación de las restricciones que quedan, principalmente para empresas. En un informe que llevó como título «Ventana de oportunidad», esa cuestión fue abordada esta semana por el área de research del Banco Galicia. «Entre abril y julio, en tan solo cuatro meses, se suele liquidar alrededor del 45% de las divisas del año», estimaron.»¿Será la temporada alta de ingreso de divisas el momento apropiado para continuar eliminando restricciones?», se preguntó uno de los principales bancos de capital nacional. La demanda de dólares fue récord en 2025, en contexto electoral. (Xinhua/Martín Zabala) La entidad recordó declaraciones de Bausili sobre la necesidad de sostener «mecanismos de defensa» contra situaciones de volatilidad, aunque interpretó que «podría referirse a ciertas normas y no a la totalidad del esquema, dejando margen para alguna desregulación paulatina».En ese sentido, hizo un repaso por las restricciones aún vigentes: aseguró que el 90% de los pagos de importaciones se hacen de manera «diferida» en lugar de al contado, también mencionó límites a los cobros de exportaciones, que deben ser liquidados en plazos determinados. Otro límite importante es que las personas jurídicas (empresas) no pueden comprar dólares para atesorar o para pagar deuda, ya sea comercial o intercompany. El pago de dividendos por ganancias conseguidas en 2025 fue liberado desde enero,tal como explicó Clarín, aunque no hubo definición sobre los saldos de años anteriores.Existen, aún, restricciones «cruzadas»: quien opera en el mercado oficial no puede acceder por 90 días al financiero, y viceversa. No solo eso: no todos los caminos del Banco Central se dirigen hacia la flexibilización; algunos van en sentido contrario. Por ejemplo, esta semana limitó movimientos especulativos de inversores que ganaban una diferencia enviando dólares oficiales al exterior y reingresando dólar financiero. «El flujo de dólares promete ser relevante en los próximos meses; la pregunta no es si habrá divisas, sino qué tan dispuesto estará el BCRA a convertir ese alivio transitorio en cambios permanentes», concluyó Galicia.Un informe de Epyca, en tanto, recordó que a un año de la primera gran flexibilización del cepo, «el BCRA avanzó en una nueva ronda de relajación regulatoria». De todas formas, consideró que el Gobierno aún sostiene algunos controles «en los nodos sensibles».»El cepo sigue vivo, aunque reducido, y la principal prueba de esto es que la brecha cambiaria continúa existiendo», planteó la consultora que dirige Martín Kalos. En su interpretación, las restricciones vigentes siguen siendo «una pieza funcional» para el esquema cambiario en un contexto de apreciación del dólar.