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  • El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este miércoles una serie de nuevas medidas para determinar si la versión de Manuel Adorni sobre la tenencia de bitcoins, como principal explicación del incremento patrimonial declarado, se corresponde con los registros financieros oficiales. En ese marco, solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la elaboración de un informe histórico sobre el mercado de activos virtuales en Argentina desde 2012 hasta la actualidad.

    Una de las principales dudas surgidas a partir de la declaración jurada del período fiscal 2025, y la documentación adjunta, es si la tenencia de bitcoins constituye una coartada para justificar un patrimonio declarado de 944 millones de pesos.
    En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la fiscalía concentró las nuevas medidas en la investigación de los criptoactivos. Inicialmente, Adorni había declarado para el período fiscal 2024 un patrimonio, en el país y en el exterior, equivalente a unos 24.000 dólares según el tipo de cambio oficial de esa fecha. Sin embargo, presentó posteriormente una rectificación formal ante el fisco en la que admitió poseer 513.000 dólares.
    Para justificar el origen de esa suma, Adorni explicó que 300.000 dólares correspondían a ganancias netas obtenidas por inversiones en bitcoins y otras criptomonedas entre 2013 y 2018, respaldadas por sus 25 años de trayectoria en el sector privado. Estas supuestas operaciones, realizadas hace varios años, habrían tenido lugar en plataformas y billeteras virtuales que en ese momento no reportaban información ni eran supervisadas conforme a las normativas fiscales vigentes en Argentina.
    Por este motivo, Pollicita solicitó a la CNV que, en un plazo de 72 horas, informe sobre:– El listado detallado, año por año, de personas jurídicas, sociedades, plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y servicios de compraventa de activos virtuales que hayan operado en el país o dirigido sus servicios al mercado argentino desde 2012 hasta la actualidad. Este listado debe incluir la razón social, denominación comercial, estado actual de cada entidad y la fuente de información utilizada (antecedentes regulatorios, informes internos, bases públicas, entre otros).– El marco normativo vigente y los antecedentes regulatorios aplicables al sector en ese período.– Si existió un registro formal de prestadores durante todo el período o si la información histórica debe reconstruirse a partir de fuentes institucionales o públicas alternativas.
    El objetivo, según fuentes judiciales citadas por Clarín, es contar con el contexto técnico y regulatorio necesario para analizar las operaciones con criptoactivos atribuidas a los investigados.
    En las declaraciones juradas de Adorni, hay dos cifras que fueron eliminadas pese a haber sido declaradas: en 2023, su patrimonio era de 61.018.251 pesos y en 2024, de 107.894.811 pesos. Ninguno de estos montos figura actualmente en los documentos registrados ante la Oficina Anticorrupción.
    Tras la rectificación, la base declarada al inicio del período fiscal más reciente es de 622.646.892 pesos aproximadamente, y el patrimonio final declarado para el período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2025 asciende a 944.575.052 pesos.
    Según Adorni, esta cifra se explica principalmente por las inversiones en bitcoins realizadas junto a su esposa, Bettina Angeletti, entre 2014 y 2018, antes de ocupar cargos públicos. Sin embargo, la justicia tiene tres interrogantes puntuales al respecto.
    Primero, el origen de los 200.000 dólares que habría invertido en criptomonedas no está claro ni documentado. Hasta el momento, no se registra ningún movimiento o evidencia que justifique la obtención de esas divisas. Una fuente judicial señaló a Clarín que no basta con declarar la cifra en la declaración jurada, sino que debe sustentarse su origen lícito.
    En segundo lugar, la cifra de 513.000 dólares declarada como resultado de la “venta de activos” —es decir, la venta de bitcoins— carece de documentación que acredite que Adorni fue el titular real de esas criptomonedas. Hasta ahora no existen respaldos que lo comprueben, añadieron fuentes cercanas al caso.
    Este aspecto podría aclararse si en la declaración reservada aporta la información complementaria requerida, ya que hasta el momento no hay documentación que respalde la titularidad ni detalles precisos sobre los bitcoins involucrados.
    Por último, la tercera duda se relaciona con la cantidad exacta de bitcoins y cómo se traduce ese monto en dólares. De acuerdo con cálculos realizados en Comodoro Py, la cantidad de criptomonedas declaradas equivaldría a un valor muy superior a 513.000 dólares, alcanzando cifras en millones de dólares, lo que genera discrepancias significativas con lo declarado, según indicaron fuentes judiciales a Clarín.

  • «Estado de sedación» y la coartada de los libros: la historia detrás del robo de propofol y fentanilo del Hospital Italiano

    «Estado de sedación» y la coartada de los libros: la historia detrás del robo de propofol y fentanilo del Hospital Italiano

    El dolor de la familia de Alejandro Zalazar (29), el anestesiólogo residente que falleció el 20 de febrero en su departamento de Palermo fue la punta del ovillo para empezar desentrañar qué son las «propofest» y el robo de anestésicos del Hospital Italiano. Es que cuando Zalazar es hallado muerto y con una vía conectada a su pie derecho, presumiblemente por el consumo de propofol y fentanilo, se rompió un pacto de silencio que se cree llevaba demasiado tiempo.La muerte de Zalazar derivó en una causa que investiga el fiscal Eduardo Cubría, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, junto al Juzgado Nº60, interinamente a cargo del juez Santiago Bignone. Por estos días la apertura del teléfono del joven fallecido pone el foco en las circunstancias alrededor de la muerte. Pero hay una pieza que, todavía, falta. El anestesiólogo, residente de tercer año en el Hospital Rivadavia, hacía una rotación en el Hospital de Niños R. Gutiérrez. Si también podrían haber robado drogas de ese centro de salud es una pregunta que también se hace la justicia y que está en plena investigación. El día del hallazgo de su cuerpo Zalazar tenía que presentarse a trabajar en la Fundación Favaloro y, como no lo hizo, empezaron a buscarlo desesperadamente hasta encontrarlo en su departamento. Junto al cuerpo encontraron frascos que -presumiblemente- podrían ser de fentanilo y propofol, pero Zalazar murió de un edema pulmonar, todavía no están los resultados de los exámenes histopatológicos que confirmen que había consumido esas drogas. Tampoco el oficio que probaría la trazabilidad de los fármacos hallados que se sospechan podrían haber salido del Hospital Italiano.Entonces, sin este dato ¿Por qué el centro de salud realiza una denuncia tres días después del fallecimiento? Esa causa derivó en una investigación en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, y del fiscal Lucio Herrera de la Fiscalía N°29.La respuesta está en el relato de compañeros de Zalazar y de Delfina Lanusse (29), otra residente de tercer año pero del Hospital Italiano que fue indagada en la causa que investiga el hurto y la administración fraudulenta de anestésicos del centro de salud.Hernán Boveri (45) y Delfina Lanusse (29) fueron indagados por el caso. Según pudo saber Clarín, son tres las compañeras que acudieron al subjefe del servicio de anestesiología del Hospital Italiano, Juan De Domini, para alertar que Lanusse fue vista en estado de sedación dentro del centro de salud y que les había reconocido el consumo de propofol junto a un superior: Hernán Boveri (45).La información fue reportada ante las autoridades del Hospital y fue Gonzalo Domenech, jefe del servicio de anestesia y miembro también de la comisión directiva de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), quien acudió a la asociación que también intervino ante la gravedad de las denuncias. Boveri y Lanusse fueron citados por la asociación para realizar su descargo. Y esa fue la información que denunciaron ante la justicia el 25 de febrero. Esa denuncia, firmada por Martín Meriño y presentada junto a al abogado Eduardo Gerome, recayó en la Fiscalía N°47, pero ya fue unificada con la que tramita en el juzgado de Sánchez Sarmiento.Las declaraciones de Domench y Domini habrían sido refrendadas en sede judicial y esos testimonios habrían sido volcados en actas que fueron secuestradas este miércoles durante los allanamientos. En el encuentro concretado en sede de la AAARBA, Lanusse habría indicado estar «tratando el tema con su psicólogo» y reconoció haber tenido un «vínculo personal» con Boveri y, en ese contexto, haber tenido «episodios de consumo de propofol fuera del ámbito hospitalario». Los elementos secuestrados en unos de los allanamientos por la muerte de Zalazar.Boveri también participó de una reunión en la institución en la que, en principio, intentó negar los hechos que luego terminó reconociendo. Dijo que conocía a Lanusse y que iba a su departamento, pero con el supuesto objetivo de «entregarle libros», algo que sus superiores calificaron como «impropio» del vínculo profesional y del rol jerárquico que Boveri tenía sobre Lanusse.Fue en esa reunión que el anestesiólogo también reconoció haber consumido propofol junto a la residente. «Boveri manifestó que la participación de la residente se habría dado en un marco de consentimiento pleno, pero ello debe ser juzgado teniendo en cuenta la asimetría jerárquica existente entre un médico anestesiólogo con mayor trayectoria profesional y una médica en formación, lo que implica un grado de subordinación», expresaron desde la AAARBA en su denuncia.Estas declaraciones deben ser replicadas en sede judicial para ser valoradas como prueba. Boveri y Lanusse declararon el 25 y el 18 de marzo en una audiencia virtual. Boveri negó los hechos y manifestó que presentaría un escrito con su versión de los hechos. La residente respondió algunas preguntas pero también decidió que declararía por esa vía.Las fiestasLa hermana de Zalazar fue quien, en medio del dolor por el fallecimiento de su hermano, se acercó a la AAARBA para contar lo que sabía. Y así la existencia de «fiestas» en las que se consumía propofol y donde, presuntamente, los residentes se administraban unos a otros estas drogas, fue denunciada formalmente.La asociación amplió la denuncia con estas versiones que todavía están en plena investigación. Según este relato, Zalazar habría empezado a consumir esta droga «hacía dos o tres meses» y que lo había hecho «instigado por alguien», algo que también está siendo investigado por la justicia.El resultado de las pericias pendientes y la declaración de los testigos será fundamental para terminar de analizar cuántas personas participaron de estas fiestas y pudo haber sustracción de estos fármacos en otros centros de salud.