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Etiqueta: Coimas

  • Alejandra Gils Carbó se sentará en el banquillo de los acusados, mientras es abogada de un empresario que pagó coimas

    Alejandra Gils Carbó se sentará en el banquillo de los acusados, mientras es abogada de un empresario que pagó coimas

    El 22 de septiembre, Alejandra Gils Carbó se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgada por hechos de corrupción. Estas audiencias deberán coordinarse con las del juicio por los Cuadernos de las Coimas, donde ella actúa como abogada defensora del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra.

    El Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), integrado por los jueces Gabriela López Íñiguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli, dará inicio al juicio contra la ex Procuradora General de la Nación, con la intervención del fiscal general Marcelo Colombo.
    Gils Carbó fue procesada por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, debido a la compra de un edificio en la calle Perón al 600 destinado a las oficinas de la Procuración, que aún funciona en ese lugar.
    Por primera vez, una ex Procuradora será juzgada en un tribunal oral. Gils Carbó, quien renunció a su cargo en noviembre de 2016, fue procesada un año después por el juez Julián Ercolini. La clausura de la causa y su posterior elevación a juicio oral se firmaron en junio de 2021. Cinco años después, comenzará el debate público y oral.
    Mientras enfrenta esta acusación, Gils Carbó desempeña el rol de abogada defensora del empresario Gerardo Ferreyra, acusado de pagar sobornos a exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal en el marco de la investigación sobre fondos ilegales.
    Previo al inicio del juicio que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, Gils Carbó se incorporó al equipo de defensa del ex presidente de Electroingeniería.
    Gils Carbó fue la última titular de la Procuración General con carácter definitivo. Desde su salida, Eduardo Casal ocupa el cargo de forma interina.
    En este contexto, la ex Procuradora, designada por Cristina Kirchner y respaldada ampliamente en el Senado, enfrentará el juicio por la compra de un edificio para la Procuración por un monto de 43 millones de pesos, en una operación que incluyó comisiones cercanas a los 10,7 millones de pesos.
    Según la Justicia, el objetivo de la operación fue otorgar «apariencia de legitimidad» a un proceso administrativo, con personas involucradas de manera simulada y empresas interpuestas que dieron una falsa imagen de licitación. Por ello, se consideró que todo el proceso administrativo fue «una farsa».
    Los imputados, entre ellos Gils Carbó, utilizaron «formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble», aunque para la Justicia la decisión estaba tomada de antemano para favorecer a quienes participaron en el millonario proceso, según lo expuesto por el fiscal Taiano en el requerimiento de elevación a juicio.
    Por este motivo, Ercolini procesó como principales responsables a Gils Carbó y al subdirector Guillermo Bellingi. Recientemente, el exfuncionario fue hallado sin vida y la hipótesis central de la investigación apunta a un suicidio.
    La operación cuestionada
    La Justicia sostiene que las principales autoridades de la Procuración «idearon y ejecutaron un complejo plan» para adquirir directamente, mediante una simulación engañosa de licitación pública, el edificio ubicado en la calle Perón 667.
    El inmueble debía contar con bóveda, cochera, auditorio y ser un edificio señorial y de época. Las condiciones del pliego fueron diseñadas para eliminar a competidores potenciales, dejando fuera a quienes podrían disputar la licitación.
    La compra estaba decidida de antemano, con un acuerdo previo con los ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA, representada por Adrián Fischer.
    Esta empresa presentó su oferta a través de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA, constituida por Bárbara Jaureguiberry e Ignacio Costa Urquiza.
    El inmueble tuvo un costo de 43.850.000 pesos e involucró la intervención “dolosa y fundamental” de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, productor de seguros que actuó como intermediario y es medio hermano de Guillermo Bellingi.
    Durante la operación, se pagaron comisiones por 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry, que a su vez destinó 3 millones por asesoramiento a Thill.
    La Justicia destacó que el pago fue «significativamente superior» a los 27 millones de pesos que se habrían abonado si se hubiera concretado la licitación pública N° 17/2012, que fue cancelada dos meses antes.
    Al determinar las responsabilidades, el requerimiento de elevación indicó que existía un interés egoísta para que ese edificio específico fuera el espacio distinguido desde donde Gils Carbó desempeñaría sus funciones como titular de la Procuración. Asimismo, señaló que en el caso de Bellingi, se buscó un beneficio económico para su hermano y otros particulares, aunque se desconocen los destinos finales del dinero que Juan Carlos Thill retiró días después de su cuenta bancaria.

  • Caso Cuadernos: otro alto ex directivo de Techint dijo que él dio la orden para pagar coimas y justificó por qué

    Caso Cuadernos: otro alto ex directivo de Techint dijo que él dio la orden para pagar coimas y justificó por qué

    Durante la jornada del juicio por el caso Cuadernos, dos ex directivos del Grupo Techint confirmaron el pago de un millón de dólares a Roberto Baratta. Luis Betnaza sostuvo que dicho monto representaba “una suerte de mensualidad de unos 100 mil dólares” y explicó que se accedió al reclamo para afrontar una emergencia, en este caso, facilitar la salida del personal de la empresa de Venezuela. Betnaza ratificó haber dado la orden a Héctor Zabaleta, otro directivo de la compañía, para “hacer los pagos a Baratta”.

    El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, investiga un circuito de sobornos ocurrido entre 2003 y 2015. En ese período, ex integrantes del Ministerio de Planificación Federal exigían dinero a empresarios contratistas del Estado para garantizar obras, contratos y concesiones. La principal acusada es Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita, mientras que los ex funcionarios son juzgados como organizadores de la organización criminal. Los empresarios, por su parte, enfrentan cargos por cohecho activo.
    En el debate oral, Héctor Zabaleta, ex gerente administrativo de Techint, declaró que realizó pagos por un total de un millón de dólares a Baratta en seis o siete ocasiones, conforme a las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Baratta, registradas en sus cuadernos. La justicia federal sobreseyó a Zabaleta y Betnaza al considerar que el dinero entregado era necesario para retirar al personal de la compañía ante un proceso de nacionalización impulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez.
    Luis Betnaza, ex director corporativo institucional del Grupo Techint, explicó que tuvo una intensa actividad en Venezuela debido a la crisis generada por la nacionalización de SIDOR. Detalló que Techint contaba en ese país con tres empresas importantes, entre ellas Ternium, controlante y operadora de SIDOR, y Tenaris, principal accionista de Tabsa. Betnaza indicó que, ante la emergencia, ordenó a Zabaleta ponerse en contacto con Baratta para resolver la situación y disponer los fondos necesarios.
    Zabaleta había declarado previamente que recibió la instrucción de efectuar los pagos directamente de Betnaza. Betnaza, a su vez, afirmó que estos pagos no fueron pedidos puntuales, sino sucesivos, desde principios de 2008 en adelante, y que tenían carácter reservado. Sobre la legalidad de entregar un millón de dólares, sostuvo: “No era un delito, era una emergencia”, y aclaró que el dinero provenía de los accionistas y estaba destinado a este tipo de gastos exteriores a la actividad empresarial.
    En cuanto a la relación con el gobierno venezolano, Betnaza relató que, ante una posible privatización ordenada por Chávez, se recurrió a Néstor y Cristina Kirchner, quienes intercedieron para resolver la crisis y permitir que Techint continuase operando. Sin embargo, la situación empeoró con una actitud más agresiva del gobierno venezolano. Betnaza también recordó un incidente en el que Claudio Uberti le transmitió que Néstor Kirchner estaba molesto por la falta de “colaboración económica” de la compañía, a lo que respondió que Techint no hacía negocios con la política. El presidente Kirchner llegó a retirarse antes de una visita prevista a SIDOR, lo que evidenció el distanciamiento.
    Durante todo el gobierno kirchnerista, Techint tuvo una participación marginal en la obra pública nacional, menor al 1 %, pese a ser la empresa más grande del país. Betnaza enfatizó que siempre dejó en claro que la empresa no hacía pagos para participar en licitaciones ni negocios con la política. Al momento de concretarse la salida de Techint de Venezuela, el gobierno argentino designó a José María Olazagasti como facilitador, dada su relación con el gobierno venezolano.

  • Cuadernos: confirmaron la facturación trucha de una firma acusada de pagar coimas por una obra en Río Turbio que nunca terminó

    Cuadernos: confirmaron la facturación trucha de una firma acusada de pagar coimas por una obra en Río Turbio que nunca terminó

    Cuadernos: confirmaron la facturación trucha de una firma acusada de pagar coimas por una obra en Río Turbio que nunca terminó

    En una nueva audiencia del juicio por el caso Cuadernos, que investiga la red de sobornos entre exfuncionarios del gobierno kirchnerista (2003-2015) y empresarios contratistas del Estado, declararon esta semana exintegrantes y actuales funcionarios del ARCA. La fiscalización de un conjunto de empresas y el flujo de fondos son el foco principal de la investigación. Este jueves se retomó el análisis de una obra considerada un “emblema de la corrupción” en Santa Cruz: a 18 años de su licitación, nunca fue finalizada.

    Los hechos investigados, que derivaron en el juicio a 60 empresarios, la expresidenta Cristina Kirchner y exmiembros de su gabinete, incluyen cohecho pasivo y activo, es decir, tanto la recepción como el pago de sobornos. En la audiencia se destacó la participación de dos empresas con proyectos licitados en Santa Cruz.
    Una de ellas es Isolux Corsán, firma con sede en España, adjudicataria en 2008 de la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio, localidad minera al noroeste de Río Gallegos. La obra nunca se concluyó y estuvo marcada por múltiples denuncias de corrupción. Por el desvío de 256 millones de pesos destinados a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) —entidad responsable de abastecer de carbón a la usina para generar 240 MW que se inyectarían al Sistema Interconectado Nacional— Julio De Vido fue detenido en 2017.
    Verónica Iglesias, contadora de ARCA, explicó ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) y la fiscal Fabiana León que en 2016 trabajaba como supervisora en fiscalización y fue ascendida en 2017. Durante su labor, recibió el CUIT de la UTE integrada por Isolux Corsán y otras compañías. Al ser consultada sobre el motivo de la fiscalización, relató: “Cuando fui nombrada jefa de división, había sospechas de facturas apócrifas”.
    Iglesias detalló que existía una base de proveedores con facturas consideradas falsas, lo que activaba alertas en el sistema y desencadenaba inspecciones. En el caso de Isolux Corsán, se analizaron facturas que la fiscalización consideró carentes de veracidad, pues algunas facturaban conceptos como horas hombre o maquinaria sin sustento comprobable. La revisión se centró en proveedores ya catalogados como apócrifos, no en el concepto de compra en sí.
    La licitación de la obra se realizó durante el primer mandato de Cristina Kirchner, con el objetivo de corregir los déficits de YCRT y darle un nuevo rumbo a largo plazo al yacimiento. Fue adjudicada a una UTE liderada por Isolux Corsán por 857.341.128 dólares. Sin embargo, debido a variaciones y contrataciones posteriores en el mismo proceso licitatorio, el contrato se elevó a 1.726.251.982 dólares, según una pericia oficial incorporada al expediente que investigó a De Vido, al ex titular de YCRT y a otros involucrados.
    En conclusión, la usina costó entre dos y tres veces más de lo presupuestado inicialmente. Esta obra, tildada por la justicia federal como un “emblema de la corrupción”, fue uno de los proyectos sobre los cuales se cobraron coimas atribuidas en última instancia a Cristina Kirchner.
    Respecto a esta obra, la contadora Iglesias recordó que se le imputaron montos relacionados con facturación apócrifa. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que casos como este —y otros correspondientes a firmas fiscalizadas dentro de la causa Cuadernos— evidencian “salidas no documentadas de dinero provenientes de anticipos financieros de las obras”, es decir, retiros en efectivo.
    La confesión de De Goycochea
    Juan Carlos De Goycochea, una de las máximas autoridades de Isolux Corsán y empresario que declaró ante el TOF 7 como imputado colaborador, relató detalles del pago de sobornos. Contó que en 2008, luego de que la empresa ganara la licitación y se firmara el contrato en un acto público, fue convocado a principios de 2009 a una reunión en el despacho de Roberto Baratta, entonces en el Ministerio de Planificación Federal. Allí, Baratta le manifestó la necesidad de aportar dinero para la campaña electoral.
    Según De Goycochea, desde ese momento recibió instrucciones telefónicas para retirar dólares en casas de cambio del microcentro porteño y entregarlos a Baratta. El empresario explicaba que al presentarse como representante de Isolux lo hacían pasar a un cuarto donde recibía los dólares en bolsas de tela opacas. Las entregas, aproximadamente tres por año, se hacían en Maipú 741, piso 1º B. Baratta recibía la bolsa sin contar el dinero y la guardaba en un portafolios rígido.
    El empresario aclaró que, si bien Baratta pidió dinero para la “campaña electoral”, él lo interpretó como un eufemismo para referirse a coimas o sobornos, aclarando que la empresa nunca tuvo intención de aportar fondos a campañas políticas. Los pagos se realizaban para evitar represalias de funcionarios, ya que existía gran temor a enemistarse con el gobierno y que se suspendieran pagos o se rescindieran contratos. Baratta, según De Goycochea, daba a entender que el no pago implicaría el bloqueo de los certificados de obra, afectando gravemente la empresa, que tenía gastos mensuales de

  • Un robo, una licitación trucha, coimas y chats comprometedores: cómo el ex presidente de ARSAT quedó imputado por corrupción

    Un robo, una licitación trucha, coimas y chats comprometedores: cómo el ex presidente de ARSAT quedó imputado por corrupción

    Un robo, una licitación trucha, coimas y chats comprometedores: cómo el ex presidente de ARSAT quedó imputado por corrupción

    Personal de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) realizó el 4 de enero de 2024 una inspección de rutina en un depósito alquilado en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y detectó que habían sido violentados 17 contenedores que contenían cables de fibra óptica destinados al «Proyecto Shelter-2 de ARSAT». El robo representó una pérdida aproximada de 150 mil dólares.

    La naturaleza del robo generó sospechas, ya que un especialista de la empresa explicó que para sustraer ese tipo de material se requiere una logística específica, con escaleras y herramientas especializadas. Además, el predio carecía de cámaras de seguridad, lo que dificultó la investigación inicial.
    Sin embargo, la justicia federal de San Isidro profundizó la pesquisa y descubrió una compleja red de corrupción vinculada a una empresa que no cumplía con las condiciones necesarias para almacenar los equipos, pero que obtuvo el contrato a través de un esquema de pago de sobornos. La investigación llevó a la implicación del entonces presidente de ARSAT, Facundo Leal, quien fue allanado y en cuyo poder se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo, drogas y un equipo de espionaje. Actualmente, Leal se encuentra detenido.
    Tras el robo, el fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, inició una investigación a la empresa propietaria del depósito, ubicado en la calle ex Combatiente Sánchez al 1900: Argentina Logistic Services (ALS).
    La adjudicación del contrato a ALS fue mediante una contratación directa fragmentada para evitar una licitación pública, aprobada por el director de ARSAT. Solo se realizó una compulsa de precios en la que participaron tres empresas, todas vinculadas entre sí a través de sus directivos, configurando una simulación.
    Además, ALS carecía de los requisitos de seguridad indispensables, ya que el predio contaba únicamente con un vigilador y un cerco perimetral, sin presencia de cámaras de vigilancia.
    La justicia identificó como actor clave en esta maniobra a Gerardo Boschin, entonces subgerente de compras de ARSAT y actualmente al frente de Trenes Argentinos durante el gobierno de Javier Milei. Boschin autorizó las contrataciones sucesivas con ALS, cuyo primer contrato, firmado en noviembre de 2021, fue por 624 mil dólares y se extendió hasta alcanzar un total de 1.930.861,30 dólares más 40.300.000 pesos.
    Los primeros allanamientos, solicitados por el fiscal Domínguez y ordenados por el juez federal Lino Mirabelli, incluyeron el secuestro de teléfonos de Boschin y de Pablo Pagani, gerente de ARSAT.
    El análisis de los mensajes obtenidos en estos dispositivos reveló pruebas de que ALS pagó sobornos para asegurarse el contrato, salpicando a Leal como parte de la maniobra.
    El fiscal Domínguez solicitó la indagatoria de una decena de imputados, entre funcionarios de ARSAT y directivos de ALS, por delitos como negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública, y se ordenaron nuevos allanamientos en dos domicilios de Leal, en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza.
    Durante los procedimientos realizados la semana pasada, en las propiedades del ex presidente de ARSAT se secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo, junto con pesos argentinos y monedas extranjeras. También se hallaron drogas —128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo—, así como una valija con equipo de espionaje que será peritado junto con cuatro teléfonos celulares del ex funcionario.
    Leal quedó detenido por la tenencia de drogas, aunque en su indagatoria afirmó que era para consumo personal. No solicitó su excarcelación y permanece alojado en una dependencia de la Policía Federal.
    Facundo Leal, uno de los fundadores de ARSAT y dirigente del peronismo de Mendoza, ingresó a la empresa durante el gobierno de Néstor Kirchner. Tras una disputa interna con La Cámpora, dejó la compañía y regresó durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando fue designado titular de ARSAT. Continuó en el cargo con la llegada de Javier Milei.
    Además de su rol en ARSAT, en 2023 Leal fue nombrado presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo que desempeñó hasta su renuncia en febrero pasado, para luego reincorporarse a ARSAT como empleado de planta permanente.

  • Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    La ex socia y pareja del abogado Franco Bindi, Giselle Robles, reveló cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron en el llamado «Operativo Puf», una maniobra destinada a perjudicar la causa de los Cuadernos de las Coimas, con el fin de desplazar al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. Además, Robles confirmó que el diputado kirchnerista Eduardo Valdés se reunió con el camarista Juan Ramos Padilla para que su hijo, Alejo Ramos Padilla —entonces juez federal de Dolores—, se alineara con esta operación.

    En un escrito presentado de manera espontánea ante el juez Julián Ercolini y la fiscal Alejandra Mángano, Robles reveló que el gobierno chavista brindó apoyo a ella, a Bindi, y a Pedro Etchebest con su esposa para viajar en octubre de 2019 a Caracas, con el propósito de evitar ser detenidos por una eventual orden del juez Bonadio. En paralelo, sostuvo que Cristina Kirchner llevó a su hija a Cuba y se quedó allí para evadir una posible prisión preventiva por obstrucción a la causa de los Cuadernos, versión que contrasta con la oficial, que alega que el viaje se debió a la enfermedad de Florencia Kirchner.
    ### El rol de Valdés y Bindi en la maniobra contra la causa
    Bajo juramento y consciente de las consecuencias legales en caso de mentir, Robles detalló numerosas reuniones entre Bindi y Valdés para «direccionar» un intento de extorsión protagonizado por el falso abogado Marcelo D’Alessio contra Etchebest, y así involucrar a Bonadio, Stornelli y a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros. Robles prometió ampliar sus revelaciones al ratificar la denuncia.
    El testimonio, adelantado por el periodista Camilo Cagnacci en el portal Boga.ar, describe la maniobra bautizada como «Operativo Puf», nombre surgido de una llamada entre Valdés y el ex secretario de Transporte kirchnerista Juan Pablo Schiavi, en la que decían: “Stornelli, puf; Bonadio, puf”. Robles se presentó en una causa que investiga esta maniobra, bloqueada por el kirchnerismo durante años.
    Robles explicó que Pedro Etchebest, falso “productor agropecuario jubilado”, fue presentado ante la justicia con Bindi como su abogado. Etchebest contó que recibía llamadas extorsivas de D’Alessio y, tras aconsejarle grabar dichas conversaciones, tanto Bindi como Robles analizaron esas grabaciones que Etchebest enviaba por Telegram para definir cómo proceder.
    Mientras Robles estaba de vacaciones en el Partido de la Costa, Bindi la mantenía informada sobre el contenido de las llamadas extorsivas hacia Etchebest y compartía las grabaciones para evaluar acciones. Según Robles, Bindi indicaba que sectores políticos “estaban enloquecidos” porque las grabaciones mostraban que tanto Stornelli como Patricia Bullrich parecían partícipes de las maniobras extorsivas.
    Luego de contactar a operadores judiciales vinculados a Cristina Kirchner, Bindi comentó que analizaban dónde y cómo interponer la denuncia, cuyo objetivo principal era perjudicar al fiscal Stornelli. Señaló que Bindi actuaba en coordinación telefónica con el diputado Valdés, sin contacto directo con Cristina Kirchner.
    Robles relató que en enero de 2019 se organizó una reunión en Pinamar entre Etchebest y Stornelli, que ella misma verificó personalmente y donde constató que no hubo contacto directo entre ambos, desmintiendo así la versión que pretendía involucrar al fiscal en la extorsión. Etchebest continuó registrando las conversaciones y Bindi instruyó sus preguntas para manipular la información hacia Stornelli y otros funcionarios.
    Posteriormente, Bindi calificó como un “golazo” la reunión en Pinamar, que permitió habilitar la Justicia Federal de Dolores para tramitar la denuncia. Según Robles, el diputado Valdés tenía acceso directo al padre de Alejo Ramos Padilla, facilitando que la causa se radicara en Dolores, alejándola así de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia formal, presentada entre el 27 y 28 de enero de 2019, fue entregada por Etchebest con el acompañamiento de Bindi.
    ### La alineación de Alejo Ramos Padilla con la maniobra
    Robles aseguró conocer que el diputado Valdés contactó al padre de Ramos Padilla para que su hijo se alineara con el Operativo Puf, encontrándose en varias ocasiones, una de ellas en un centro médico de Entre Ríos. En ese momento, Ramos Padilla hijo, de vacaciones, habilitó específicamente el juzgado para recibir la denuncia por intento de extorsión.
    Asimismo, Robles reveló que existieron discusiones entre Bindi y Valdés en un bar privado del diputado, donde también instruían a Natalia Salvo, abogada designada para representar a Etchebest, a quien capacitaban para evitar errores en entrevistas y procedimientos legales.
    ### Intentos de presión y ampliación de la causa
    Robles mencionó que Bindi intentó sin éxito que Juan Manuel Campillo, ex titular de la ONCCA y vinculado al expediente, se sumara a la maniobra, ya que D’Alessio lo presentaba falsamente como arrepentido dispuesto a declarar contra Etchebest. A medida que la causa avanzaba, se buscó que varias personas mencionadas se acercaran al juzgado para declarar, mientras algunos medios cercanos al kirchnerismo amplificaban la falsa denuncia contra Stornelli.
    Bindi también traslad