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  • El adiós a Miguel Ángel Pepe Saravia, cooperativista, ex concejal uruguayense y dirigente del PI – El Miércoles Digital

    El adiós a Miguel Ángel Pepe Saravia, cooperativista, ex concejal uruguayense y dirigente del PI – El Miércoles Digital

    El adiós a Miguel Ángel Pepe Saravia, cooperativista, ex concejal uruguayense y dirigente del PI – El Miércoles Digital

    Fue uno de los principales referentes de la cooperativa de obras públicas COPUL y en distintos momentos de su vida fue una activa figura política, llegando a ser concejal en Concepción del Uruguay entre 1999 y 2003 y un importante dirigente del Partido Intransigente. Falleció este domingo, a los 76 años.
     
    REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES
     
    Miguelito (para diferenciarlo de su papá) fue el nombre familiar con que lo identificaban también sus amigos, compañeros de trabajo y conocidos en general. Como su padre, el recordado Miguel Ángel Pepe, era agrimensor y un hombre apasionado por las cuestiones sociales y políticas.

    Miguel Ángel Pepe Saravia había nacido el 26 de febrero de 1950 en Berisso (La Plata), donde sus jóvenes padres estaban terminando sus estudios. Desde 1951 vivió en Concepción del Uruguay, donde egresó como bachiller del Colegio del Uruguay.
    Desde 1967 estudió en la Universidad Nacional de La Plata la carrera de Ingeniería en Agrimensura, Catastro y Topografía, de donde egresó en 1973. Miguelito contaba que la pasión militante surgió en él a partir del “Cordobazo”, aquel movimiento obrero-estudiantil que puso en jaque a la dictadura militar de Onganía. Desde entonces se dedicó activamente a la militancia política en el seno de la izquierda universitaria del FAUDI (una organización cercana al maoísmo).
    Cumplió con el servicio militar obligatorio entre 1971 y 1972, bajo el gobierno dictatorial de Lanusse, en La Tablada. Inmediatamente después concluyó sus estudios de agrimensor en La Plata, en 1973, y luego se instaló en la ciudad de Rosario, donde vivió hasta 1976, y se casó por primera vez, con Cristina Tessaro, con quien tuvo cuatro hijos: Fernando, Lucas, Paula y Nicolás.
    Volante de la elección de 1987 en la que fue candidato a intendente del PI (archivo Jorge Villanova).
    En 1977 este uruguayense nacido en La Plata regresó a la ciudad de origen familiar, donde desarrolló su labor profesional como agrimensor independiente durante varias décadas.
    En las postrimerías de la dictadura, en 1982, un grupo de personas corajudas fundaron en Concepción del Uruguay la delegación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), una de cuyas primeras tareas fue relevar la lista de personas víctimas del terrorismo de Estado en nuestra ciudad. Miguelito fue uno de los cofundadores de la APDH en Concepción del Uruguay, como se cuenta en el libro Siempre conmigo (El Miércoles, 2023).
    En 1983 se sumó al Partido Intransigente (PI), la organización fundada por Oscar Alende que proponía un proyecto de izquierda democrática y se convirtió en el inicio de la democracia en una de las principales fuerzas políticas argentinas. Miguelito fue candidato en diferentes ocasiones (a intendente, a concejal) e integró su conducción local, provincial y nacional. Representó incluso al PI en instancias internacionales. En 1987 fue candidato a Intendente por el PI, y presidió al partido en Entre Ríos entre 1987 y 1989. En esa fecha también fue secretario de organización del Comité Nacional del PI.
    Tras su separación de su primer matrimonio, conocío a Susana Fondevila, quien fue su pareja hasta su despedida final.
    Junto a Susana, en una foto reciente.
    Desde 1992 se incorporó a la cooperativa de obras y servicios públicos de Concepción del Uruguay (COPUL) que su padre había contribuido a fundar. En ella, Miguelito se convirtió con el tiempo en una de sus principales referencias, e integró su Consejo de Administración hasta su muerte.
    En los últimos años convergieron afectando su salud distintos factores y este domingo, internado desde hacia algunos dias en el Hospital Urquiza, dio su último adiós. La comunidad uruguayense, en especial quienes lo conocieron y estimaron hondamente, lo despiden en estas horas.
    LA PASIÓN POR LA LITERATURA
    Desde muy joven Miguelito era un apasionado de la literatura y en particular lo atraían las historias narradas por los cronistas de antaño. Reuniendo esas pasiones, escribió La maldición de Don Juan Osorio, una ficción histórica enrolada en el realismo mágico, que publicó la editorial de la UCU, Universidad de Concepción del Uruguay.
    La maldición de Don Juan Osorio se enmarca en la conquista del Río de La Plata, una historia de frustraciones sucesivas. Desde el inicio se parte de premisas equivocadas… el Río de La Plata de plata solo tiene el nombre, los conquistadores vienen a buscar oro y reinos que se rindan ante su poderío militar y solo encuentran hambre y penurias. Sueñan con dominar pueblos enteros que les sirvan y a poco tienen que aprender a pescar y sembrar para no morir de hambre.
    La portada de su libro.
    Todas estas penurias, más la ambición que, una y otra vez, genera el oro y la plata, traen aparejadas la envidia, la traición y la muerte. Un hecho real, el asesinato de Don Juan Osorio, desata la saga de acontecimientos donde la ficción se confunde con la historia y la historia con lo fantástico. Un relato que intenta descubrir en el pasado las raíces de nuestra identidad como sudamericanos.
    CONCEJAL Y UN HOMBRE COMPROMETIDO
    Su militancia lo llevó a sumarse al Frepaso y a la Alianza cuando el PI se integró a esas coaliciones, y así llegó a ser concejal en Concepción del Uruguay de 1999 a 2003. En los años posteriores, si bien no regresó a la militancia partidaria activa, no ocultaba sus opiniones políticas, que lo fueron acercando cada vez con más fuerza al movimiento liderado por Cristina Fernández de Kirchner.
    Miguelito resumió de esta manera su “vida política”:
    “A partir del Cordobazo en 1969 mi principal ocupación fue la militancia (en la izquierda filo maoísta). En las elecciones de 1973 que ganó Campora voté en blanco. En la elecciones que ganó Perón no voté. El 30 de occtubre de 1983 voté a Oscar Alende. En 1989 voté por Menem (obediencia partidaria mediante). En 1995 voté por Bordón. En 1999 voté por De la Rúa- Alvarez. Fui concejal de la Alianza por el Frepaso de 1999 a 2003. El 25 de mayo de 2003 voté a Néstor Carlos Kirchner. En 2007 voté por Cristina. En 2011 voté por Cristina”.
    Tenía una mirada federal y democrática, que por ejemplo se expresó en una entrevista siendo concejal, en respuestas como la que sigue:
    “Entre Ríos tiene una situación privilegiada aún en esta situación nacional y está en el nudo geográfico del intercambio entre Argentina y Brasil, Argentina y Uruguay y entre Brasil y Chile. Tiene una potencialidad muy fuerte en cuanto a la explotación de sus recursos agroindustriales, sin embargo, siempre ha estado sujeta a medidas económicas dirigidas totalmente por la gran concentración económica y financiera con sede en Buenos Aires y creo que un desarrollo, no digo autónomo, pero auténticamente federal de la provincia es posible. Los entrerrianos tenemos que aprender a manejarnos con nuestros propios recursos. Entre Ríos es una provincia que puede ser sostenida por su propia actividad, no es una provincia que tenga que andar mendigando la coparticipación federal. Necesitamos despertar la imaginación de los entrerrianos para hacer cosas entre todos. La única manera que tenemos es asociarnos, emprender actividades comunes, conjuntas, porque si seguimos soñando que algún día de un plato volador, van a venir y nos van a dejar una bolsa de dinero para que hagamos las inversiones que se requieren, estamos fritos. Aquel que piense que el capital externo va a venir a hacer inversiones en Entre Ríos, con el objeto de desarrollar Entre Ríos y no con el objeto de llevarse su ganancia hacia fuera, sigue siendo un ingenuo, en el mejor de los casos, porque las experiencias han demostrado que eso es absolutamente falso”.
    EL ADIÓS A UN MILITANTE
    Pablo Pescio compartió la gestión de Miguelito siendo ambos concejales. Con estas palabras, que tituló «El adiós a un militante», despidió a su amigo y compañero.
    «Miguelito fue un militante durante muchos años, de esos que podemos decir que en algún momento de su vida priorizó la militancia, el perseguir ideales por un mundo mejor, por sobre cuestiones personales o familiares. Militante universitario en la década del 70, ya en democracia se enroló en el Parido Intransigente, comandado en aquella época por Oscar Alende, llegando a ser uno de los máximos referentes del Comité Nacional del PI, partido que por entonces aglutinaba a parte del progresismo, llegando a ser tercera fuerza nacional. Fue cooperativista de toda la vida, desde que tengo memoria estando en COPUL y colaborando con el movimiento cooperativo, gran hacedor de la obra pública en la ciudad y la zona. Compartimos el Concejo Deliberante del 99 al 2003, habiendo vivido el estallido del 2001, que empezó con los saqueos en la ciudad, tengo presente la anécdota que ante el desconcierto generalizado, algún funcionario municipal dijo que había que ir a refugiarse a la policía que estaba enfrente del municipio, su reacción fue instantánea: ‘Yo ni loco le voy a pedir a la policía que me cuide y menos refugiarme allí’. Fue un gran militante y una bella persona. Hasta siempre Miguelito!»
    – – –
    Los restos de Miguel Ángel Pepe Saravia serán llevados al Cementerio Municipal de Concepción del Uruguay a las 11 de este lunes 20 de julio.
    Imágenes: archivo de El Miércoles, facebook de Miguel Pepe.
     
     
     
     
     

     
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  • Columna de Opinión: Por la Concejal Gabriela Rodriguez- Doble Vara en La Histórica: La «Sororidad Selectiva» del Poder

    Columna de Opinión: Por la Concejal Gabriela Rodriguez- Doble Vara en La Histórica: La «Sororidad Selectiva» del Poder

    Columna de Opinión: Por la Concejal Gabriela Rodriguez- Doble Vara en La Histórica: La «Sororidad Selectiva» del Poder

    El escenario político de Concepción del Uruguay ha quedado expuesto ante una de las contradicciones más flagrantes del relato progresista local. La denuncia por violencia de género presentada por la concejal Karina Percara contra el intendente José Eduardo Lauritto no solo desnudó las tensiones dentro del recinto, sino que activó un sofisticado mecanismo de defensa corporativa e institucional que deja en claro una verdad incómoda: para el arco político tradicional, la gravedad de la violencia no se mide por el hecho en sí, sino por la ideología de la víctima y el peso político del denunciado.

    Justicia Express: El privilegio de los poderosos
    Lo primero que llama poderosamente la atención en este caso es la asombrosa celeridad con la que se expidió la justicia en sus primeras instancias. En un país y una provincia donde las víctimas de violencia de género deben esperar meses, peritajes interminables y lidiar con una burocracia que desampara, la causa contra el Intendente pareció correr en una «pista de alta velocidad» judicial para intentar cerrarla en tiempo récord.
     
    Ante esta llamativa premura por archivar o minimizar el conflicto, la concejal Percara se vio obligada a ampliar la denuncia y exigir formalmente que se cite a los testigos presenciales.
    ¿A qué le temen? Si todo fue un malentendido, ¿por qué el apuro judicial en bajar la persiana antes de escuchar a quienes estuvieron allí? En una República de iguales, la justicia debe ser ciega, no veloz según el cargo del acusado.
    La minimización como manual de estilo: El «factor Presas»
    Como si la velocidad judicial no fuera suficiente, el blindaje político no tardó en llegar al plano legislativo. Las declaraciones del concejal Pablo Presas en la última sesión, catalogando la presentación como una denuncia por violencia de género «exagerada», son el vivo ejemplo de la condescendencia patricia con la que el oficialismo digiere las críticas.
    Cuando una mujer de su propio signo político denuncia, se activan protocolos, se leen manifiestos y se exige la inmediata destitución del acusado. Pero si la denunciante es una mujer de ideología liberal o de derecha, el libreto cambia: la denuncia pasa a ser «una exageración», «un intento de aprovechamiento político» o una simple «sensibilidad» desmedida.
    Esa minimización de la palabra de una par es una falta de respeto no solo a la concejal afectada, sino a todas las mujeres que esperan que las instituciones den el ejemplo.
     
    El Colectivo con derecho de admisión: Izquierda vs. Derecha
    Este caso pone sobre la mesa el debate de fondo: la absoluta doble vara de las políticas de género y los colectivos de «sororidad». Durante años nos vendieron que «el colectivo» defendía a las mujeres de manera universal. Hoy vemos que el carnet de víctima tiene derecho de admisión ideológica.
     
    Si la víctima es de izquierda: Cuenta con el aparato estatal a su disposición, marchas en la plaza, comunicados del área de género municipal y solidaridad automática de las bancadas oficialistas.
     
    Si la víctima es liberal o de derecha: El feminismo institucionalizado sufre de amnesia selectiva. Hay un silencio sepulcral en las oficinas de género que nosotros mismos financiamos con nuestros impuestos. La empatía del progresismo local está directamente condicionada por la boleta electoral que la víctima metió en la urna.
     
    Como liberales, no defendemos privilegios de género ni colectivos colectivistas que colectivizan la culpa; defendemos la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a la dignidad del individuo. Si un funcionario público, sea quien sea, abusa de su posición de poder para violentar o amedrentar a un miembro del cuerpo legislativo, debe rendir cuentas con todas las de la ley.
     
    El Ejecutivo local está acostumbrado a actuar «sin pedir permiso» a las autoridades nacionales. Ahora, con este avasallamiento institucional y judicial en el caso Percara, nos demuestran que tampoco tienen intenciones de respetar las normas básicas de convivencia democrática.
     
    Señores concejales del oficialismo, dejen de militar la sororidad de cotillón. La violencia no tiene ideología, y el abuso de poder tampoco. Es hora de que la justicia escuche a los testigos y deje de operar como el escudo de los amigos del poder.

  • Un concejal de San Isidro fue filmado acosando a una empleada y deberá pagar un resarcimiento de  millones

    Un concejal de San Isidro fue filmado acosando a una empleada y deberá pagar un resarcimiento de $12 millones

    Un concejal de San Isidro fue filmado acosando a una empleada y deberá pagar un resarcimiento de $12 millones

    Un concejal de San Isidro, representante de La Libertad Avanza, fue filmado en 2023 acosando a una compañera de trabajo al propinarle una fuerte palmada en la cola. Tras llegar a un acuerdo económico por 12 millones de pesos, ahora enfrenta una causa penal que avanza hacia un juicio oral.

    Se trata de Alberto Montes, quien asumió su banca en el Concejo Deliberante de San Isidro en diciembre de 2023, en simultáneo con la asunción de Javier Milei como presidente.
    El video, aportado como prueba en la denuncia presentada por la víctima, fue registrado por una cámara de seguridad en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en la dirección de Tránsito de Boulogne, antes de que Montes se convirtiera en edil. En las imágenes difundidas recientemente y publicadas por el canal TN, se observa cómo Montes ingresa a la oficina y realiza el contacto físico sin consentimiento. La reacción de la mujer fue un golpe en la cara y un empujón.
    El caso derivó en dos causas judiciales, una civil y otra penal. En la primera, Montes acordó un resarcimiento económico de 12 millones de pesos a favor de la víctima, pagadero en ocho cuotas: la primera de 3 millones, dos de 2 millones y cinco cuotas finales de 1 millón cada una. El acuerdo salió a la luz luego de que el juzgado intimara a Montes por retrasos en los pagos.
    En la causa penal, el pedido de sobreseimiento de Montes fue rechazado y el proceso avanza hacia un juicio oral. La causa 6673, caratulada como «Abuso sexual», se tramita en el Juzgado Correccional Número 5 y luego pasó a la Sala 2 tras la apelación interpuesta por Montes. Fuentes judiciales informaron que el 14 de mayo se firmó el acuerdo económico entre las partes y que el juicio oral está programado para octubre.
    Desde la oposición en el Concejo Deliberante sospechan que Montes recibe apoyo financiero del oficialismo local y exigen su destitución, aunque carecen de los votos necesarios para lograrlo. “Para tratarlo rápido sobre tablas no nos dan los números; el oficialismo de Ramón Lanús y sus aliados tienen 14 de los 24 concejales”, señaló Estefanía Rivadulla, concejal de Fuerza Patria.
    Por su parte, Montes minimizó lo ocurrido y en declaraciones a TN calificó el hecho como un “intento de chiste”. Afirmó que la denuncia fue “promovida y difundida por la política” debido a su candidatura en ese momento. “Entre la denunciante y yo hubo un pedido de disculpas y de acuerdo. El hecho, que lo que intentó ser un chiste, derivó en una denuncia promovida y difundida por la política porque yo era candidato a concejal. El acuerdo arribado entre las partes y con fiscalía y defensoría, aceptando el mismo, fue cumplido y se está a la espera de que la justicia lo homologue”, concluyó.

  • La Justicia desestimó la denuncia penal de la concejal Percara contra el intendente Lauritto

    La Justicia desestimó la denuncia penal de la concejal Percara contra el intendente Lauritto

    La Justicia desestimó la denuncia penal de la concejal Percara contra el intendente Lauritto

    La presentación por presuntas amenazas e intimidación fue descartada por los tribunales locales este viernes. El conflicto se había originado durante un cruce verbal en un acto público en el Auditorio Scelzi.

    CONCEPCIÓN DEL URUGUAY— La denuncia penal que conmocionó el arco político local en las últimas horas sumó una definición clave en los tribunales de Concepción del Uruguay. La Justicia resolvió desestimar formalmente la presentación efectuada por la concejal Karina Percara (bloque Juntos por Entre Ríos) contra el presidente municipal, Dr. José Eduardo Lauritto.
    La resolución judicial se conoció en la jornada de este viernes, luego de que se analizaran los elementos y testimonios en torno al episodio ocurrido el pasado miércoles 20 de mayo en las instalaciones del Auditorio Municipal Carlos María Scelzi.
    El origen de la polémica
    De acuerdo a lo expuesto en su momento por la legisladora local de la oposición, el cruce se produjo en la antesala de un acto oficial de entrega de escrituras de viviendas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
    Según el relato de Percara, el intendente se encontraba dialogando con un grupo de funcionarios sobre el avance de las obras de asfaltado en la ciudad. Fue en ese momento cuando la concejal intervino manifestando: «Y sin contar que no tenemos la planta asfáltica funcionando». De acuerdo a la denuncia de la edil, la frase desencadenó una reacción en tono agraviante por parte del jefe comunal, quien presuntamente le habría proferido descalificaciones institucionales y personales.
    La postura del Ejecutivo
    Por su parte, el intendente José Eduardo Lauritto se refirió públicamente a la acusación y negó de forma categórica haber ejercido cualquier tipo de violencia, hostigamiento o amenaza.
    El mandatario contextualizó la discusión y aclaró que el intercambio de opiniones se originó, en realidad, por cuestionamientos vinculados a las intervenciones y obras de puesta en valor que el Municipio viene ejecutando en edificios del patrimonio histórico local, tales como el Museo Casa de Delio Panizza y otros espacios de relevancia cultural.
    En ese sentido, Lauritto defendió las inversiones de la comuna y lamentó la postura de ciertos sectores de la oposición, señalando que se tiende a «criticar incluso cuando las obras se están haciendo» para el beneficio y resguardo de la comunidad uruguayense.
    Tras evaluar los hechos descritos y el marco normativo, las autoridades judiciales determinaron este viernes que la situación no configuró la comisión de un delito penal, procediendo al archivo y desestimación de la causa.

  • Columna de Opinión:Por el Concejal Ing. Alejandro Dus

    Columna de Opinión:Por el Concejal Ing. Alejandro Dus

    Columna de Opinión:Por el Concejal Ing. Alejandro Dus

    La Cosa Nostra- En la tradición de las organizaciones que se rigen por códigos propios y no por la ley de los Estados, existe una premisa básica: el territorio se marca con acciones, no con palabras. Lo que estamos presenciando en Concepción del Uruguay con la intervención arbitraria de nuestros Monumentos Históricos Nacionales no es gestión pública; es, lisa y llanamente, un manejo que recuerda a los métodos de la «Cosa Nostra», donde el «Don» local decide sobre lo que no le pertenece, ignorando cualquier jerarquía o norma establecida.

    En un atropello sin precedentes, se realizaron obras en la Casa de Urquiza sin siquiera contar con un convenio vigente con el Correo Argentino, actual administrador y responsable legal del edificio; todo esto en el apuro electoralista de inaugurar un «museo itinerante» que sin guías ni baños habilitados, tras el show de las fotos, hoy permanece cerrado al público. En la misma línea de impunidad, se están ejecutando refacciones en el Museo Delio Panizza ignorando la normativa federal, al no haber solicitado ni obtenido el permiso vinculante de la Secretaría de Cultura de la Nación, específicamente del área de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Lo hizo sin pedir permiso, sin presentar planes técnicos y, lo más alarmante, ignorando por completo la autoridad de la Secretaría de Cultura de la Nación.
    La intervención en museos históricos exige expertos especializados (restauradores, arquitectos patrimoniales, conservadores) para garantizar la preservación de la estructura y el valor cultural. No se puede contratar personal sin capacitación, ya que el patrimonio debe ser protegido, investigado y restaurado bajo estrictas normas técnicas y legales.
     
    El patrimonio no es un botín
    Para el liberalismo, el respeto a la propiedad y a la jurisdicción es sagrado. Que un Intendente decida «meter mano» en monumentos que son Patrimonio Histórico Nacional es un atropello a la propiedad de todos los argentinos. No se trata de si las obras son necesarias —que probablemente lo sean tras años de abandono estatal—, se trata de que nadie está por encima de la ley.
     
    Actuar por las vías de hecho, saltándose los protocolos de preservación histórica nacionales, es una señal de caudillismo rancio. Es el mensaje de quien se siente dueño de la ciudad y cree que las fronteras municipales lo eximen de rendir cuentas ante la Nación. En el mundo de la mafia, se pide perdón, no permiso. En una República, el procedimiento es el límite al poder.
     
    ¿Gestión o marcación de territorio?
    ¿Por qué ahora? ¿Por qué la urgencia de intervenir edificios nacionales sin el aval técnico de los expertos en conservación de la Secretaría de Cultura?
    La respuesta parece estar en la necesidad de «marcar el territorio» frente a un Gobierno Nacional que promueve la austeridad y la transparencia. Al intervenir estos espacios sin autorización, el municipio no solo arriesga el valor arquitectónico y arqueológico de joyas como la Casa de Urquiza, sino que genera un conflicto institucional innecesario para alimentar un relato de «autonomía» que, en realidad, encubre autoritarismo.
     
    El Museo Delio Panizza, testigo mudo de nuestra historia, no puede ser tratado como una unidad básica o un centro comunitario que se pinta de apuro antes de una elección. Exige respeto técnico y legal.
     
    La «Omertá» de los funcionarios
    Lo más preocupante es el silencio cómplice de quienes deberían velar por el patrimonio. El manejo de estos museos bajo una lógica de «clan» —donde las decisiones se toman entre cuatro paredes y se ejecutan sin transparencia— nos aleja de la ciudad moderna y abierta que los liberales proponemos.
     
    Si el Intendente quiere mejorar los museos, debe hacerlo por la vía legal: gestionando los permisos, articulando con Nación y permitiendo que la sociedad civil controle cada peso que se gasta. Hacerlo «a lo guapo» solo demuestra que se confunde la administración pública con un feudo personal.
     
    Conclusión
    Concepción del Uruguay no es una familia donde rigen los códigos del silencio y la arbitrariedad. Es una ciudad integrada a una Nación con leyes que deben cumplirse. Intervenir la Casa de Urquiza o el Delio Panizza sin permiso nacional es un acto de soberbia que puede costar caro, no solo en términos legales, sino en el daño irreversible a nuestra historia.
     
    Desde mi banca en el Concejo Deliberante, no vamos a permitir que la lógica de «La Cosa Nostra» se instale en nuestras instituciones. El patrimonio es de la gente, no del jerarca de turno. Permiso y ley, o nada.

  • Columna de Opinión Por Ing. Alejandro Dus Concejal Libertad Avanza Entre Ríos

    Columna de Opinión Por Ing. Alejandro Dus Concejal Libertad Avanza Entre Ríos

    Columna de Opinión Por Ing. Alejandro Dus Concejal Libertad Avanza Entre Ríos

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    Municipios en Entre Ríos: El Riesgo de las «Minidictaduras» Locales

    En los municipios de Entre Ríos, la democracia deliberativa corre el riesgo de convertirse en un trámite administrativo. Bajo el amparo de los artículos 91 y 236 de la Constitución Provincial, los intendentes cuentan con una mayoría automática que transforma a los concejales oficialistas en un brazo ejecutor de sus decisiones, anulando la necesidad de buscar consensos y reduciendo a la oposición a un rol de espectador crítico pero impotente.

    La farsa del debate legislativo

    Caso testigo Concepción del Uruguay Cuando el oficialismo no necesita convencer a nadie para aprobar una ordenanza, el recinto del Concejo Deliberante deja de ser un espacio de deliberación para convertirse en un escenario de ratificación. Los concejales oficialistas, lejos de actuar como representantes independientes de los vecinos, funcionan como un bloque sólido cuya única misión es blindar los deseos del Intendente.

    Esta dinámica anula el control republicano. Si el presupuesto se aprueba «a libro cerrado» y los pedidos de informe de la oposición terminan en un cajón, el municipio se transforma en una estructura verticalista donde el disenso es ignorado y la transparencia se vuelve opcional.

    Incluso las instancias previas, como las reuniones de presidentes de bloque o la denominada Labor Parlamentaria, terminan degradadas. Lo que debería ser un espacio para acordar el orden del día y buscar puntos de encuentro, se convierte en una mera simulación de consenso. No hay acuerdos reales ni voluntad de escucha; son simplemente reuniones de notificación donde el oficialismo impone su agenda y sus tiempos, transformando el diálogo democrático en una formalidad vacía de contenido.

    El vecino que votó a una minoría tiene una representación puramente decorativa

    El impacto en la ciudadanía es directo. El vecino que votó a una minoría siente que su representación es puramente decorativa. En Entre Ríos, ganar por un solo voto significa obtener el 100% del poder legislativo real durante cuatro años. Esto desalienta la participación ciudadana y fomenta un sistema de «minidictaduras» donde el diálogo político es reemplazado por la simple imposición numérica.

    La resistencia de las minorías

    Ante este escenario, el rol de la oposición se vuelve una tarea de resistencia. Su función principal deja de ser la incidencia directa en las leyes para convertirse en la voz de alerta de la comunidad. Sin capacidad de veto, la oposición debe recurrir a la visibilización externa: denunciar en los medios no pautados, acompañado de una fuerte presencia en las redes, informar a los vecinos y documentar las irregularidades.

    La mayoría automática no solo silencia a los concejales opositores; silencia a la porción de la sociedad que ellos representan. Fortalecer el rol de la oposición no es una concesión política, es la garantía de que el poder no se ejerza a ciegas.

    Esto contrasta con lo que sucede a nivel nacional, donde el Ejecutivo debe consensuar con otras fuerzas políticas para convertir su gestión en políticas de Estado mediante la sanción de leyes nacionales.

    El Digesto Municipal como herramienta de opacidad

    La reciente quita de acceso de los concejales al Digesto Interno Municipal constituye una señal alarmante de ocultamiento de la información y censura, prácticas propias de procesos autoritarios que buscan restringir la fiscalización. Este retroceso se intenta encubrir con pequeñas muestras de transparencia que burlan la inteligencia del ciudadano, como ocurre con el nuevo digesto web; esta plataforma funciona como un escaparate que muestra solo lo que el poder desea, escondiendo decretos y resoluciones del Ejecutivo.

    Asimismo, la omisión de los anexos que completan la información técnica y legal refuerza esta política de datos sesgados, transformando una herramienta de consulta pública en un instrumento de desinformación institucional.

    El cierre del diálogo con el sector gremial

    En línea con esta actitud autoritaria, el Intendente se niega a recibir al Secretario General de la AOEM (Asociación de Obreros y Empleados Municipales), profundizando la crisis de representación. Esta postura no solo bloquea la discusión sobre el urgente atraso salarial, sino que impide el abordaje de temas estructurales fundamentales como la carrera administrativa.

    Al evitar estos encuentros, se posterga indefinidamente la situación de una gran cantidad de trabajadores contratados hace años, quienes deberían acceder a la planta permanente a través de los correspondientes concursos de antecedentes y oposición.

    Esta falta de apertura no solo desprotege al trabajador, sino que refuerza el modelo de gestión verticalista, donde la estabilidad laboral se convierte en una herramienta de discrecionalidad política en lugar de un derecho basado en el mérito y la normativa vigente.

    El desafío para la provincia es superar la comodidad de la gobernabilidad impuesta por la ley. Mientras los Concejos Deliberantes sigan funcionando como el brazo ejecutor de los intendentes, la calidad institucional seguirá en deuda.

    La verdadera eficiencia política no nace de la imposición, sino de la capacidad de gestionar a través del respeto por la pluralidad de voces.

    Como dije antes, este sistema suele hacer que los gobernantes se sientan «dueños» del espacio público o “MINIDICTADORES”, que usando un vocabulario más regional, tenemos «caudillos» a lo largo y ancho de nuestra provincia