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  • Justicia de Mendoza condena a 13 años a abusador que subió videos a Google

    Justicia de Mendoza condena a 13 años a abusador que subió videos a Google

    Justicia de Mendoza condena a 13 años a abusador que subió videos a Google

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    La Justicia de Mendoza condenó a 13 años de prisión a un hombre tras descubrirse que abusó de su sobrina de tres años, filmó los hechos y subió los videos a su cuenta personal de Google Photos. La empresa tecnológica alertó a las autoridades sobre la presencia de material de abuso sexual infantil en esa cuenta, lo que dio inicio a la investigación.

    El proceso comenzó el 27 de febrero, cuando Google informó a la Justicia argentina que un usuario había subido ocho archivos con contenido ilegal a la nube. Entre las pruebas recolectadas, se encontraron registros de los abusos, así como una foto del DNI del acusado y datos del teléfono celular utilizado.
    El fiscal de Delitos Sexuales, Flavio D’Amore, a cargo del caso, ordenó un allanamiento el 20 de marzo en el barrio Virgen del Luján. En la vivienda encontraron a la niña víctima de los abusos y comprobaron cuál era la habitación donde se habían grabado los ataques. El sospechoso, que trabajaba como operario en una bodega, fue detenido minutos después en su lugar de trabajo.
    La investigación determinó que la víctima era hija de la hermana del acusado. Según fuentes cercanas, en los videos el hombre sometía a la menor a “juegos” que incluían tocamientos en sus partes íntimas. En otra grabación, se observó que aprovechaba que la niña dormía para rozarla con sus genitales.
    Afrontando las pruebas, el imputado aceptó someterse a un juicio abreviado, reconociendo los abusos y la producción de material de abuso sexual infantil agravado. La jueza Érica Sánchez dictó la condena de 13 años de prisión.
    Este caso no es aislado; Google juega un rol clave en la lucha contra el abuso infantil al colaborar con la Justicia argentina mediante informes automáticos que alertan sobre material ilegal almacenado o compartido en sus plataformas. En Mendoza, estas denuncias han impulsado la apertura de decenas de investigaciones.

  • La Corte Suprema dejó firme la condena a 40 años de prisión de un profesor de artes marciales que abusó sexualmente de cinco víctimas

    La Corte Suprema dejó firme la condena a 40 años de prisión de un profesor de artes marciales que abusó sexualmente de cinco víctimas

    La Corte Suprema dejó firme la condena a 40 años de prisión de un profesor de artes marciales que abusó sexualmente de cinco víctimas

    En su resolución, declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa. El hombre había sido condenado en julio de 2021 por múltiples episodios de abuso sexual que se llevaron adelante durante años.

    La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso que presentó la defensa de un profesor de artes marciales condenado por abusar sexualmente de cinco adolescentes. De esa forma, quedó firme la sentencia a 40 años de prisión que había dictado en julio de 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1. En el caso, intervino la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°1, representada en ese momento por el fiscal general Guillermo Morosi y la auxiliar fiscal Jazmín Auat, y que actualmente se encuentra a cargo del fiscal general Horacio Azzolin.

    Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso de queja era inadmisible, por lo que desestimaron su presentación.
    Como parte de la condena, el tribunal había ordenado que, una vez que quedara firme la sentencia, se debía llevar adelante la extracción de su perfil genético para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879 que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
    El caso
    Según el fallo dictado por los jueces Adrián Perez Lance, Fernando Ramírez y Luis Salas, las situaciones por las que F.B. (no se menciona su nombre completo para proteger a los damnificados) fue condenado, involucraron abusos sexuales de los que fueron víctimas cinco jóvenes a lo largo de varios meses y, en algunos casos, años. Además de las agresiones sexuales con acceso carnal —algunos de ellos agravados por haberse aprovechado el hombre de la convivencia que tenía con las víctimas—, lo consideraron responsable por el delito de producción de material pornográfico de niños y por promoción de la corrupción agravada con respecto a dos de los jóvenes.
    Según sostuvieron, F.B. desplegó diversos ataques a la integridad sexual de los jóvenes especialmente en la casa donde vivía —en el barrio de Palermo—, aunque también se registraron abusos en otros domicilios. Sin bien no todos los adolescentes sufrieron el mismo tipo de agresiones, los hechos que los tuvieron como víctimas tuvieron varios factores en común, además de haber sido perpetrados por la misma persona.
    En el caso se indicó que el profesor de artes marciales abordó a dos de las víctimas (que son hermanos entre sí y a su vez hijos de una expareja de F.B.) cuando todavía eran niños. “Aunque las prácticas continuaron después de cumplir los trece años de edad, el causante fue intercalando la seducción y el dominio basado en una clara asimetría etaria y su rol de instructor de artes marciales mixtas, además de utilizar herramientas indirectas con mensajes insistentes o directamente atemorizantes, enviados a través de redes sociales por supuestos hijos suyos u otros ‘modelos’ que intentaban convencerlos de las ventajas económicas de aquella actividad”, se remarcó en la resolución que lo condenó.
    “Imponiendo su figura de profesor de artes marciales, presuntamente entrenado como comando militar, simultáneamente los comenzaba a seducir con la otra faceta del modelaje y la fotografía. Así lograba convencerlos primero e imponerles después sus prácticas sexuales, dejándoles nulo margen para reaccionar en contrario”, afirmó el tribunal que lo condenó en 2021.
    Además de profesor, el hombre decía tener un estudio de fotografía y parte de su estrategia para captar a las víctimas consistía en convencerlas para sacarles fotos a cambio de dinero y hacerlas participar de “talleres” que no eran más que encuentros donde abusaba sexualmente de ellos. Durante el debate se pudo corroborar que el hombre produjo fotos y filmaciones de algunos de los jóvenes que habían sido víctimas de los abusos.
    Esa situación donde se mezclaban tanto amenazas (desde cuentas en redes sociales inventadas por el propio F.B) como promesas se repitió con otras dos víctimas, que fueron abusadas a sus 15 años y entre los 14 y los 16, respectivamente. El quinto damnificado fue acosado también a sus 14 años pero logró ponerle un freno a la situación para escapar, según describió el tribunal, “de la telaraña que montaba” el acusado.
    “En ninguno de los cinco casos hubo una propuesta sexual explícita, sino que las maniobras comenzaron sutilmente con el argumento de las fotografías más la conveniencia de mejorar el material —y la supuesta paga— exhibiendo sus cuerpos con menos ropa o ya directamente desnudos”, se resaltó. F.B. se aprovechaba entonces de su supuesto rol de fotógrafo profesional: apagaba las luces, ponía música suave para “relajar” a las víctimas y comenzaba con los roces, los tocamientos hasta llegar a los abusos más graves. Todo esto ocurría dentro del departamento donde vivía con su pareja, madre de dos de las víctimas.
    “Imponiendo su figura de profesor de artes marciales, presuntamente entrenado como comando militar, simultáneamente los comenzaba a seducir con la otra faceta del modelaje y la fotografía. Así lograba convencerlos primero e imponerles después sus prácticas sexuales, dejándoles nulo margen para reaccionar en contrario”, afirmó el tribunal. Esa situación era acompañada con las amenazas y presiones que recibían los jóvenes a través de perfiles en redes donde los instaban a no abandonar los “talleres” con F.B.
    Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso donde cuestionó los argumentos y la calificación del caso. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó su planteo. Ante esto, los representantes del imputado llevaron la cuestión a la Corte Suprema, que el jueves pasado declaró inadmisible el recurso.

  • Fue llevado a juicio por estafas, debía ir preso, no se presentó y prescribió la condena

    Fue llevado a juicio por estafas, debía ir preso, no se presentó y prescribió la condena

    Fue llevado a juicio por estafas, debía ir preso, no se presentó y prescribió la condena

    Dres. Gonzalo Nicolás Spinso y Jorge Omar Torres

    Un llamativo final tuvo una causa penal que se iniciara en mayo del año 2017, cuando dos sujetos cometieron estafas e intentaron otras con la metodología del “Cuento del Tío”.

    En total fueron al menos 5 hechos que llevaron a proceso a Diego Alberto Fariz de 34 años (oriundo de Ciudadela, Provincia de Buenos Aires) y a otro sujeto de apellido Pérez, causas que cayeron en manos de la fiscal María Albertina Chichi.
    Pasó el tiempo y en agosto de 2021, ambos sujetos acordaron un juicio abreviado, el cual fue tratado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, integrado unipersonalmente por el vocal Dr. Fernando José Martínez Uncal.
    Así se llegó a una pena de cumplimiento condicional para Pérez (sin antecedentes) y a Fariz como coautor materialmente responsable del delito de Estafa y Estafa en grado de Tentativa reiterada en Concurso Real (Arts. 172, 42 y 55 del Cód. Penal) a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.
    En esa oportunidad Fariz no se presentó y tras ser condenado, se mantuvo prófugo, transcurriendo la pena en esa condición, razón por la cual se decretó la rebeldía del condenado, ordenándose su inmediata detención.
    Presentación de la Defensa y condena prescripta
    En octubre del año 2025, la familia del prófugo Diego Alberto Fariz, requirió los servicios de los Dres. Jorge Omar Torres y Gonzalo Nicolás Spinso, que en representación del condenado, interpusieron ante la Justicia el pedido de prescripción de la pena por el tiempo transcurrido.
    Los defensores técnicos de Fariz, solicitaron el dictado de la prescripción de la pena, por entender que han transcurrido los plazos establecidos en los arts. 65, 66 y 67 del Código Penal y agregaron informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia del cliente, no obrando nuevos antecedentes penales computables.
    Fue así que entiendo que le asiste razón a los Defensores técnicos del imputado Fariz, ya que la sentencia dictada en autos adquirió firmeza el 11 de diciembre de 2023 y no se observó desde esa fecha ningún acto interruptivo, ni la comisión de un nuevo delito que interrumpa la prescripción de la pena, se trató la presentación y fue así que el juez interviniente, doctor Fernando Martínez Uncal, dispuso declarar la prescripción de la pena de un año  de prisión de cumplimiento efectivo, que le fuera impuesta a Diego Alberto Fariz.

  • Tras el acercamiento con Máximo, Kicillof salió a defender a Cristina Kirchner a un año de su condena: «Es inocente»

    Tras el acercamiento con Máximo, Kicillof salió a defender a Cristina Kirchner a un año de su condena: «Es inocente»

    Tras el acercamiento con Máximo, Kicillof salió a defender a Cristina Kirchner a un año de su condena: «Es inocente»

    Luego de que el funeral del Indio Solari pusiera en pausa la interna peronista, tras siete meses y medio de distanciamiento, Axel Kicillof y Máximo Kirchner retomaron el diálogo para organizar el último adiós al ídolo popular. En este contexto, el gobernador bonaerense salió a defender públicamente a Cristina Kirchner al cumplirse un año de que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.

    “A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede ignorar: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, afirmó Kicillof.
    Si bien no es la primera vez que el gobernador se pronuncia en defensa de la expresidenta, desde el círculo más cercano a Cristina Kirchner y dirigentes de La Cámpora le reclamaron su mayor compromiso en el reclamo por la libertad de la exmandataria durante este periodo. En este sentido, la diputada bonaerense Mayra Mendoza expresó a fines de mayo, en diálogo con el streaming Gelatina, que “todo el peronismo debería poder manifestarse por la libertad de Cristina”.
    A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, titulado “A un año del fallo contra Cristina”, Kicillof recordó: “Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”.
    El mandatario enfatizó que “Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: ‘no podía no saber’”.
    Asimismo, Kicillof señaló que la persecución contra Cristina Kirchner alcanza también a su entorno familiar y recordó el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022, cuando la exvicepresidenta sufrió un atentado. “Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”, denunció.
    El gobernador agregó que “los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina sostienen hoy un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos”. Y advirtió que “todo esto ocurre mientras el Presidente alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia”.
    En la previa de una nueva movilización convocada para este miércoles a las 16 horas frente al domicilio donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, Kicillof declaró a Radio 10 que se cumple “un año de una infamia” con la que buscan “disciplinar a quienes combaten a los sectores de poder”.
    Bajo la consigna “Argentina con Cristina”, la convocatoria prevé actos en distintos puntos del país y una concentración frente al domicilio de la expresidenta en San José 1111. “A un año de la injusta condena, nos movilizamos en todo el país y en San José 1111 para bancar a Cristina y pedir por su libertad. ¡Basta de proscripción!”, señalaron los organizadores.
    Por su parte, Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, afirmó que el kirchnerismo continuará impulsando acciones para revertir la situación judicial de Cristina Kirchner. Adelantó que “los compañeros senadores van a presentar una denuncia sobre las condiciones arbitrarias de la detención” y aseguró que “claramente Cristina está proscrita y secuestrada”.
    En diálogo con el streaming Gelatina, Parrilli ratificó su apoyo a una eventual candidatura presidencial de la exmandataria y afirmó que el objetivo del espacio es que pueda competir en las elecciones de 2027. “Muchos compañeros y yo pensamos que Cristina tiene que ser candidata a presidenta”, afirmó, y agregó: “Estoy convencido de que ella ganaría las elecciones en 2027”.
    El exsenador señaló que “buscaron sacarla a Cristina de la contienda electoral porque tienen miedo” y sostuvo que “Cristina es inocente”, pero enfrentó “un fallo político, no un fallo jurídico, en el que se violaron todos los principios constitucionales”.

  • A través del Patronato de Liberados fortalecen el trabajo de reinserción de personas que han cumplido su condena

    A través del Patronato de Liberados fortalecen el trabajo de reinserción de personas que han cumplido su condena

    A través del Patronato de Liberados fortalecen el trabajo de reinserción de personas que han cumplido su condena

    En el marco de las políticas penitenciarias integrales que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia entrerriano, se llevó a cabo una reunión destinada a consolidar el trabajo interinstitucional con el objetivo de fortalecer los procesos de reinserción social de las personas que han cumplido su condena en el territorio entrerriano.

    La actividad estuvo encabezada por el secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro, quien fue recibido por el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Alejandro Miotti. Durante la jornada, se realizó la presentación formal de la nueva directora del Patronato de Liberados, Dana Eliana Godoy.
    El Patronato de Liberados representa un eslabón fundamental en la estructura de la justicia y la seguridad ciudadana, teniendo a su cargo el acompañamiento post-carcelario de las personas que han cumplido su condena. Su gestión técnico-profesional apunta directamente a promover la reinserción laboral, social y familiar de las y los liberados, reduciendo los factores de riesgo de reincidencia y fortaleciendo la seguridad de la comunidad.
    Maneiro destacó la importancia de dotar de dinamismo y profesionalismo a esta área estratégica. Señaló además la necesidad de alinear los objetivos con la visión del Ministerio de construir políticas públicas con un fuerte propósito social y de identidad entrerriana.
    Por su parte, desde la dirección general del SPER se ratificó el compromiso de continuar trabajando en una estrecha y coordinada vinculación con el Patronato de Liberados. Esta suma de capacidades institucionales obedece a directivas precisas de la cartera de seguridad, orientadas a unificar los esfuerzos del sistema penitenciario y de asistencia post-penitenciaria para brindar oportunidades de inclusión.

  • Presentaron juicio abreviado: Condena condicional para ladrón de motos

    Presentaron juicio abreviado: Condena condicional para ladrón de motos

    Presentaron juicio abreviado: Condena condicional para ladrón de motos

    Defensor Oficial, Dr. Arrechea y Fiscal Dra. Plescia

    La fiscal auxiliar Nº 4, doctora Lara Plescia y el defensor oficial de la jurisdicción, doctor Sebastián Arrechea, realizaron este martes la presentación del acuerdo abreviado en el marco del Legajo Nº 7374/22, caratulado «Nuñez, Ricardo Ezequiel s/Robo de vehículo dejado en la vía pública”.

    La presentación se efecto tras llegar a acuerdo de partes, con la anuencia del acusado Ricardo Ezequiel Nuñez, de 31 años de edad, a quien se le imputó un hecho ocurrido a fines de noviembre de 2022, cuando este forzó el tambor de arranque y se apoderó de un motovehículo Yamaha Crypton, 110 c.c., que se encontraba estacionado, sin medidas de seguridad, en calle Congreso de Tucumán N°115 de esta ciudad.
    Los elementos recabados oportunamente establecían la existencia tanto de la materialidad de los hechos imputados, como la autoría material y responsabilidad por parte del imputado Nuñez.
    Así las cosas, el material probatorio reunido en la presente causa contiene efectivamente los dos elementos de convicción que evidencian el grado de certeza en los dos extremos de la imputación, esto es; existencia del hecho y participación penalmente responsable por parte del imputado.
    Respecto a las circunstancias de interés para determinar la pena a imponer, se tuvo en cuenta como agravantes, que realizó el hecho intimado vulnerando la propiedad privada, lo que denota una desaprensión hacia la propiedad ajena. Como atenuantes, se valoró que Nuñez no presentaba antecedentes penales computables y se adiciona la resolución del presente caso mediante un juicio abreviado, lo que da cuenta de un arrepentimiento activo por parte del acusado y su voluntad de aceptar las consecuencias de sus acciones, por lo que el monto solicitado se encontraría en el primer tercio de la escala penal, en los términos de la teoría conocida como del “ámbito libre de juego” y se acordó la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y reglas de conducta a las que deberá apegarse estrictamente para evitar ser detenido y alojado en una unidad carcelaria.
    Ahora solo restará esperar que se disponga la fecha y hora del tratamiento de este acuerdo, oportunidad en la que el juez interviniente deberá resolver si homologa el mismo y se da firmeza a la condena solicitada.
     

  • El Ejército dio de baja a 34 militares con condena firme por delitos de lesa humanidad – El Miércoles Digital

    El Ejército dio de baja a 34 militares con condena firme por delitos de lesa humanidad – El Miércoles Digital

    El Ejército dio de baja a 34 militares con condena firme por delitos de lesa humanidad – El Miércoles Digital

    Lo dispuso el jefe de la fuerza, general de división Oscar Santiago Zarich, por pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas; el efecto inmediato es que dejarán de percibir retiros, pensiones y la cobertura de la obra social.
    En la misma semana en que se cumplieron 50 años del golpe de Estado de 1976, el jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, ordenó dar de baja a 34 militares que recibieron condenas firmes por delitos de lesa humanidad. Entre ellos se encuentra el teniente coronel retirado Juan Daniel Amelong, que acumula siete sentencias en su contra, y 33 suboficiales.
    La decisión del jefe militar fue en respuesta a un informe de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), que hace dos semanas había detectado 78 casos de miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad con sentencia firme que no habían sido desafectados, como ordena la ley vigente.
    En los casos de militares condenados en causas de lesa humanidad corresponde aplicar la baja, que significa la pérdida del estado militar. Eso implica que dejan de percibir el cobro de pensiones y el acceso a la obra social, beneficios que en estos casos se mantenían.
    A comienzos de 2025, el entonces ministro de Defensa Luis Petriordenó la baja de 23 militares condenados por la Justicia con sentencia firme, lo que en su momento generó inquietud en el Ejército. En ese momento el jefe de la fuerza era el teniente general Carlos Alberto Presti, actual ministro y sucesor de Petri.
     
    El caso Amelong
    Entre los militares dados de baja ahora se encuentra el teniente coronel Amelong, cuyo nombre se mencionó en noviembre de 2023 durante el debate entre los candidatos a vicepresidente de la Nación, cuando Agustín Rossi (Unión por la Patria) le planteó a Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) la necesidad de conocer su posición sobre la situación de los militares detenidos por su actuación en la dictadura militar.
    La actual titular del Senado consideró injusta la detención de Amelong, al recordar que su padre, que era ingeniero y tenía 11 hijos, fue asesinado por Montoneros en Rosario en 1974, durante un gobierno constitucional. “Hoy su hijo está preso por delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto: ¿por qué no están presos los que asesinaron al ingeniero Amelong?”, dijo Villarruel.
    Con condenas en cinco causas por delitos de lesa humanidad, tres de ellas perpetuas, según los expedientes Amelong integró en los años 70 grupos de tareas que dependían del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército.
    Los militares que fueron dados de baja en la nueva resolución firmada por el jefe del Ejército son los tenientes coroneles Juan Daniel Amelong, Rafael Mariano Braga, Jorge Alberto Fariña, Héctor Mario Juan Filippo, Marino Héctor González, Aníbal Alberto Guevara Molina, Ernesto Hugo Kishimoto, Dardo Migno Pipaon, Enrique Pedro Mones Ruiz, Alberto Rivas, Alberto Tadeo Silveyra Ezcamendi y Emilio Juan Huber, los mayores Gustavo Adolfo Alsina, Jorge Humberto Appiani, Leopoldo Norberto Cao, Carlos Antonio Españadero, Norberto Raúl Tozzo, Armando Nicolás Martínez y Domingo Morales, los capitanes Enrique José Berthier, Walter José Grosse, José Eduardo Bulgheroni, Héctor Pedro Vergez, Juan Carlos De Marchi y Víctor Alejandro Gallo, el teniente primero Horacio Rubén Leitesm los suboficiales mayores Carlos Ibar Pérez, Luis José Ricchiuti, Oscar Ramón Obaid, César Darío Díaz, José Anselmo Appelhans, José Luis Ojeda y los suboficiales principales Alberto Callao y Enrique Charles Casagrande.
     
    Ausencia de registros
    El informe de la PIA, cuyo director es el doctor Sergio Leonardo Rodríguez, se sustenta en “un marco jurídico claro que impone al Estado la obligación de disponer la baja administrativa definitiva de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad que integraron fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, una vez adquirida firmeza la sentencia penal”.
    En octubre de 2024, la PIA solicitó a la Armada que la propia fuerza requiriera al ministro de Defensa que se dispusiera la baja de siete oficiales superiores con sentencia firme y cursó un pedido similar a la Fuerza Aérea para solicitar la baja de dos oficiales.
    El organismo advirtió en el informe sobre “la ausencia de una política estatal coordinada que asegure el cumplimiento oportuno e integral de las consecuencias jurídicas derivadas de las condenas penales firmes”. Observó, al respecto, “respuestas fragmentadas, dilaciones injustificadas y, en algunos casos, reticencias institucionales que obstaculizan la finalización de los procedimientos administrativos de baja, a pesar de la inexistencia de controversias judiciales pendientes”.
    También alertó sobre la inexistencia de mecanismos adecuados, actualizados y articulados de registro, seguimiento y control, tanto en las dependencias estatales con competencia en la administración del personal de las fuerzas como en las instancias vinculadas a la ejecución de las sentencias judiciales.
     
    Fuente: APF Digital.

     
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