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  • Benedit reivindicó la visita a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad y la plenaria terminó entre gritos – Arriba Noticias

    Benedit reivindicó la visita a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad y la plenaria terminó entre gritos – Arriba Noticias

    Benedit reivindicó la visita a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad y la plenaria terminó entre gritos – Arriba Noticias

    La segunda reunión del plenario que debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional culminó en medio de otra escándalo. Sin el volumen de gritos de la semana pasada, el diputado nacional Beltrán Benedit (La Libertad Avanza) reivindicó a la última dictadura cívico-militar y Germán Martínez (presidente de bloque de Unión por la Patria) lo cruzó: “Es para cagarlo a trompadas”.
    “Hemos callado mucho tiempo por lo que hoy hemos mencionado acá y es hora de poner verdad sobre tanta mentira”, comenzó el diputado entrerriano, quien se hizo cargo de los dichos de Aldo Leiva, quien recordó la organización de viajes de diputados nacionales de La Libertad Avanza a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza para reunirse con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
    Sin el micrófono, el presidente del bloque peronista le contestó: “Nadie te aludió, vos fuiste a visitar a genocidas”. El libertario contestó: “No tengo inconvenientes…”. Germán Martínez se iba del Anexo C, y Benedit agregó: “No se vaya Martínez, no teatralice”. El diputado santafesino seguía gritando por fuera de micrófono.
    Una vez que Germán Martínez dejó de interrumpir al entrerriano, el propio Benedit agregó: “Se ha instalado la palabra genocidio y hasta donde yo sé no hay ningún ciudadano condenado por genocidio”. Luego, siguió: “Hubo un plan de las fuerzas subversivas terroristas y lo quiso llevar adelante el señor Mario Santuccio -líder del ERP, asesinado el 19 de julio de 1976- que para perpetuarse en el poder dijo que iban a matar a un millón de argentinos”.
    Los gritos se volvían a apoderar de la sala del Anexo C, y el propio Carlos Zapata intentó que Benedit concluyera su exposición, sobre todo, porque intuía que lo siguiera comentando iba a calentar el ambiente. De forma directa, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional le dejó en claro que el temario solo incluye a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
    Lejos de frenar, Beltrán Benedit explicó que la visita a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fue por “una costumbre de fe”. Dentro de cuestión, alegó que los viajes a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza fue una enmienda religiosa como “visitar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados”.
    Con la sala vacía, Germán Martínez le recordó a Beltrán Benedit que uno de los valores de la Iglesia Católica es “la santa sepultura”, en alusión a la desaparición sistemática de personas durante el período 1976 – 1983. Para cerrar, lo llamó “pelotudo” y casi saliendo de la sala gritó: “Es para cagarlo a trompadas”. Benedit también contestaba y el santafesino cerró: “Anda a visitar a Astiz”, publicó Parlamentario. (APFDigital)

  • «El peronismo todavía no dio las explicaciones de por qué hay tantos condenados y detenidos por la justicia”

    «El peronismo todavía no dio las explicaciones de por qué hay tantos condenados y detenidos por la justicia”

    «El peronismo todavía no dio las explicaciones de por qué hay tantos condenados y detenidos por la justicia”

    El titular de la consultora Datos, José Torres, analizó la detención del ex gobernador Sergio Urribarri desde el punto de vista de la opinión pública y las repercusiones electorales que puede tener.
    En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Torres afirmó que “el tema de la condena a Urribarri y la última definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido un paso más en todo este proceso que ha venido siguiendo desde hace algunos años”.
    “A lo mejor, el primer gran impacto fue cuando la justicia provincial lo declaró culpable en 2022, después con el paso del tiempo estuvo preso y ahora lo último es definitivo. Al estilo de lo que ocurrió con Cristina Kirchner que hizo todos los procesos, porque lo que hay que ver acá es que independientemente de que si a la gente le pareció lento el proceso, tanto de la ex presidenta como del ex gobernador Urribarri, lo cierto es que no hay argumento, desde el punto de vista jurídico-procesal, para que ambos condenados por la justicia, digan que apuraron el trámite, saltearon algo. Todos tuvieron la libertad de defenderse, de elegir sus abogados, de hacer todos los pasos intermedios que seguramente corresponden para desembocar en este último episodio. Por supuesto que es impactante, un ex gobernador que estuvo 8 años que incluso quiso participar de una candidatura presidencial, hoy la gente sabe que está detenido, ya no solamente que estaba en su casa en Concordia, sino que fue trasladado, y está en la cárcel de Paraná”, explicitó.
    Definió que “es algo muy fuerte; es un triunfo de la justicia, porque muchas veces la gente dice que al final no condenan a nadie, que a los grandes nadie los toca, o que alguien tiene una imagen negativa, pero sigue dando vueltas por ahí. Entonces, de alguna manera, es un logro; es una coincidencia entre la opinión pública y el desempeño que tuvo un poder del Estado, que es la justicia. Por eso el gran valor que tiene esto”.
    En cuanto al modo en que el encarcelamiento de Urribarri afecta al armado del peronismo entrerriano, Torres consideró que “ya fue afectado el peronismo”. “El episodio de la condena de Urribarri fue en 2022, pero ya en el 2021 cuando se hacen las elecciones para diputados nacionales el peronismo trastabilló electoralmente, en el 2023 directamente pierde la Gobernación, y después queda una imagen en donde se ven salpicados otros dirigentes del peronismo. No solamente porque está pendiente el caso de los llamados Contratos Truchos I y II, o casos concretos como el del ex senador (Edgardo) Kueider en Paraguay, sino que ya viene efectivamente salpicando y derivando en consecuencias electorales. Porque el peronismo todavía no dio las explicaciones de por qué hay tantos justicialistas, gobernadores, Presidentes, funcionarios, condenados por la justicia y detenidos”, indicó.
    Evaluó que “es como que quieren pasar de largo ese tema y hasta que no hagan el mea culpa en dos aspectos: uno es la pobreza, la inflación y otras cosas, y segundo, sobre todo, una imagen donde hay condenados. O sea, la corrupción y gestión son dos elementos donde el justicialismo o el peronismo todavía tienen que dar explicaciones. Así que ya fue afectado el peronismo en ese sentido”.
    Como contrapartida, en relación a cómo favorece el tema al gobierno de Rogelio Frigerio, Torres sostuvo que “lo favorece en el sentido de que la gente diga no son iguales. Porque vos también tenés que dar respuesta de gestión, porque a un gobernante se le pide sobre todo gestión, que significa solucionar el problema de la gente, no es una palabra mágica; obviamente, que haya más trabajo; que no haya inflación; que la gente pueda vivir mejor; que se dé respuesta en la educación, en los hospitales. Eso es gestión. Y lo favorece en ese sentido”.
    “Además, muchas de las figuras más salientes que tiene el peronismo en Entre Ríos han tenido una vinculación directa con las gestiones de Urribarri, de (Gustavo) Bordet, que algunos también están tocados ahí, y entonces cuando aparecen estas figuras como candidatos, tienen toda la legitimidad para hacerlo, pero de alguna manera la gente asocia; no es que los culpan y los condenan de la misma manera, pero los asocia, y a este elemento Frigerio lo ha manejado bien, porque la gente no asocia este tema a la figura de Frigerio, la corrupción no está ligada al gobierno provincial; podrán cuestionarse algunas reformas que se hicieron, la manera en que se hicieron, pueden gustar más o menos, pero esos ya son debates políticos ideológicos, pero no son vinculados a la corrupción. Favorece a un armado de Frigerio y sobre todo favorece que se unan a Frigerio sectores que no necesariamente adhieren al PRO o Juntos por el Cambio, pero que sí están enfrentados al peronismo; sectores antiperonistas que siguen viendo a la figura de Frigerio como alguien que une ese tipo de voto”, analizó.
    En este marco, consideró que “lo más lógico y lo más inteligente desde el punto de vista electoral” sería el armado de un frente que contenga a Juntos por Entre Ríos y a La Libertad Avanza. “Si se observa que la alianza del año pasado entre Frigerio y Milei para la elección de los diputados y senadores nacionales dio un resultado muy positivo en el sentido electoral, con una gran diferencia, lo lógico es que esta coalición no se quiebre. Ahora, también tienen derecho los sectores del radicalismo o sectores de La Libertad Avanza para ir de candidato o por adentro en una interna, o por afuera, como sea; pero lo más lógico es que acá se mantenga este frente electoral”, explicitó.
    Asimismo, advirtió que el riesgo de no ir juntos “es que un candidato de La Libertad Avanza se supone que tiene el aval de Karina Milei, pero si es un rebelde de La Libertad Avanza, no lo van a respaldar ni van a hacer campaña por ese candidato. Ahora, si el gobierno nacional viene a hacer campaña por un candidato que no fuese Frigerio, ahí ya se complicaría. Hoy no veo que sea así, me parece que hay una relación bastante firme entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que, por supuesto, a muchos sectores de la sociedad no le va a gustar, pero eso ya forma parte de los riesgos que pueda tener esta coalición. Me parece que desde el punto de vista electoral son más los beneficios que las complicaciones que pueda llevar esta alianza”.
    Consultado por la imagen de Sergio Urribarri antes del juicio, Torres recordó que “en el 2007, cuando aparece el tema del campo –en donde hubo una división entre la figura del ex gobernador Jorge Busti porque no hubo un respaldo directo a Urribarri- Urribarri se consolida en la relación con Cristina Kirchner, asciende mucho en los números a punto tal que la gestión –al igual que la de Cristina Kirchner- fue creciendo y ambos ganaron con muy amplia diferencia la reelección en el 2011. Ahí venía el pico de popularidad de Urribarri, al menos en los números. Pero después empiezan a aparecer dos cosas: una, su legítima, pero tal vez desmedida, ambición de querer ser Presidente, que es lo que lo lleva a tomar medidas que lo terminan condenando en la justicia. Y ahí ya empezaba a hablarse de sospechas de mal manejo, o concretamente de corrupción, en la gestión Urribarri y empieza a declinar esa gran popularidad que él tenía”.
    Por último, evaluó que “acá hay un aporte que va desde el periodismo, la justicia y figuras personales que han hecho una mención a este tipo de cosas; yo no sé si la gente va a hacer esta relación recordatoria de que la condena al exgobernador peronista fue durante un gobierno peronista, pero también tiene su mérito porque si únicamente la justicia actúa cuando el signo político es el otro, no deja de tener su valor, pero se destaca mucho más cuando son del mismo color político. A mí me parece que es muy importante eso”.

     
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  • Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    ¿Cuánto dinero deben devolver los condenados en el caso Vialidad? La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia confirmó un monto de 685.000 millones de pesos, pero un cálculo extraoficial realizado por el fiscal Diego Luciani eleva esa cifra a 897.851.557.131 pesos. Este aumento responde a una consideración clave: para el Ministerio Público Fiscal, el primer valor se estableció hace un año y debe actualizarse. Por eso, como informó Clarín, se solicitará la actualización del monto fijado como decomiso que Cristina Kirchner y los demás condenados deben afrontar con su patrimonio.

    En junio del año pasado, cuando se confirmó la sentencia del caso Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, solicitó al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal que estableciera el valor actual del dinero implicado en la maniobra defraudatoria. El monto original reclamado por la acusación al concluir el juicio en 2022 era de 85.000 millones de pesos.
    Así, se determinó que el decomiso correspondiente al fraude cometido entre 2003 y 2015, mediante 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez a través de mecanismos irregulares como direccionamiento de contratos, concursos simulados y sobreprecios promedio del 65%, ascendía a 684.990.350.139,86 pesos.
    Las defensas impugnaron el mecanismo técnico utilizado para establecer esa cifra, y fue la Corte Suprema la que resolvió el debate hace pocos días: al rechazar las apelaciones, ratificó el monto del decomiso.
    Sin embargo, la fiscalía de Luciani volvió a analizar los valores. Según fuentes judiciales a las que tuvo acceso Clarín, existe un nuevo cálculo extraoficial. Desde la última actualización, realizada en julio de 2023 y fijada en 685.000 millones de pesos, a la fecha se registra una pérdida real de 212.861.206.992 pesos, lo que representa un incremento del 31,08%, es decir, un aumento promedio mensual del 1,49% (34,34% anualizado).
    Este cálculo se efectuó con la misma metodología aplicada por los peritos de la Corte Suprema y que fue avalada recientemente. Por lo tanto, para el Ministerio Público Fiscal ahora correspondería reclamar 897.851.557.131 pesos. “Dado que el monto ya está desactualizado, al menos desde julio del año pasado, se evalúa solicitar su actualización. Cuantas más dilaciones interpongan para no devolver a la sociedad lo que desapoderaron del Estado, mayor será el monto del decomiso”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
    Será responsabilidad del TOF 2 ordenar, si lo considera pertinente, la actualización una vez que el fiscal Luciani formule el pedido formal.
    El decomiso es la herramienta que tiene el Poder Judicial para recuperar el producto del delito, es decir, para que los condenados restituya lo que se robaron y que pertenecía a las arcas del Estado.
    En presentaciones anteriores, el fiscal Luciani exigió una pronta ejecución patrimonial, ya que Cristina Kirchner y los demás acusados nunca depositaron voluntariamente el monto fijado por el TOF 2. Además, “han recurrido a todo tipo de maniobras procesales, declaradas inadmisibles en reiteradas ocasiones por el tribunal responsable de la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores”.
    Como consecuencia de esos recursos, Luciani sostiene que se “viene postergando la recuperación de activos que ordenó la sentencia judicial firme. Esta resistencia evidencia la total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
    A juicio del representante del Ministerio Público, “muchos de los condenados cuentan con fortunas de una opulencia irrazonable y desproporcionada como para, por lo menos, iniciar el complicado proceso de recuperación de los activos provenientes de los actos de corrupción cometidos durante doce años”.
    El primer pedido de decomiso, confirmado por la Cámara de Casación, incluye 111 bienes muebles e inmuebles: 20 pertenecientes a la familia Kirchner, 84 a Lázaro Báez y el resto repartido entre empresas y demás acusados. Será la Corte Suprema la que defina si la orden de ejecución de bienes emitida en noviembre pasado por el TOF 2 es válida, al resolver la queja presentada por la ex presidenta y los otros condenados.
    Si el máximo tribunal rechaza esos reclamos, asumirá la titularidad de los bienes decomisados en su calidad de cabeza del Poder Judicial. Los ministros de la Corte deberán determinar el destino de las propiedades y vehículos incluidos en este primer conjunto solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Aquellos bienes que no sean funcionales a la tarea judicial podrán ser cedidos a organismos públicos o rematados.
    ### Tres etapas de decomisos
    El TOF 2, presidido este año por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, trabaja en una segunda etapa de bienes a decomisar, presentada en febrero de 2024 por el fiscal Luciani.
    Esta segunda tanda consta de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculadas a Lázaro Báez— y 46 automotores.
    Junto a un exhaustivo inventario de propiedades, el Ministerio Público también reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una cuenta de ahorro en el Banco Galicia y 53.280,24 pesos.
    La medida que solicitan los fiscales

  • Estas fueron las últimas cenas de 15 famosos criminales condenados a muerte

    Estas fueron las últimas cenas de 15 famosos criminales condenados a muerte

    Estas fueron las últimas cenas de 15 famosos criminales condenados a muerte

    En la antigüedad, la última comida de un condenado a muerte variaba según el país. En Francia, por ejemplo, se le ofrecía únicamente «un pequeño vaso de ron» sin alimentación sólida, ya que la sentencia se comunicaba pocos minutos antes de la ejecución. En Estados Unidos, cada estado permite que el reo solicite una «comida especial» antes de ser ejecutado, aunque con ciertas restricciones. En Florida, el pedido debe ser local y no superar los 40 dólares; en Oklahoma, el tope es de 15 dólares; y en Louisiana, el condenado cena junto al alcalde de la prisión. Nueva York, que abolió la pena de muerte tras su última ejecución en 1963, permitía que el preso eligiese cualquier comida, incluso cigarrillos.

    Por lo general, no se autorizan peticiones de alcohol ni tabaco. A continuación, se relatan los pedidos de última cena de algunos condenados notorios.
    Roger Casement, acusado de traición y ejecutado por ahorcamiento en Reino Unido en 1916, solicitó solo pan sacramental, tras haberse convertido al catolicismo y desear «ir a mi muerte con el cuerpo de mi Dios como mi última comida».
    Sacco y Vanzetti, condenados erróneamente por asesinato y ejecutados en la silla eléctrica en 1927 en Massachusetts, pidieron sopa, carne, tostadas y té.
    Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, fue ahorcado en Israel en 1962. Su última comida consistió en una botella de vino tinto Carmel —de la cual bebió la mitad— acompañada por queso, pan, aceitunas y té, alimentos habituales en la prisión.
    Saddam Hussein, condenado por crímenes contra la humanidad y ahorcado en Irak en 2006, rechazó su última comida especial —un plato de pollo y arroz shawarma— y rehusó también fumar un cigarrillo.
    Los fotógrafos Henry Hargreaves, autor de «No Seconds», y James Reynolds, creador de «Condenados a muerte», realizaron una serie de fotografías que documentan las últimas cenas de diversos condenados.
    Stephen Wayne Anderson, ejecutado por inyección letal en California en 2002 a los 49 años, pidió dos sándwiches de queso a la plancha, queso cottage, rabanitos, sémola de maíz, una porción de pastel de durazno y un cucurucho de helado de chocolate.
    Theodore «Ted» Bundy, condenado por violación, necrofilia, fuga de prisión y 35 cargos de asesinato, fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida en 1989. Rechazó una comida especial, aunque le sirvieron —sin que lo consumiera— un churrasco poco cocido, huevos fritos, papas fritas, tostadas con manteca y jalea, leche, café y jugo de naranja.
    Ángel Nieves Díaz, acusado de secuestro, asesinato y robo a mano armada, fue ejecutado en Florida en 2006 a los 55 años. Rechazó tanto la comida especial como la regular que le ofrecieron.
    Víctor Feguer, condenado por asesinato en Iowa en 1963, pidió como última comida una simple aceituna sin carozo, explicando que al consumirla un olivo nacería de su cuerpo como símbolo de paz.
    James Freeman, ejecutado por inyección letal luego de siete años en prisión, solicitó un churrasco con pimienta y salsa, arroz, vegetales, porotos, pan, pastel de chocolate con cobertura de manteca de maní y un jugo.
    John Wayne Gacy, responsable de violar y asesinar a 33 niños y adolescentes entre 1972 y 1978, fue ejecutado mediante inyección letal en Illinois en 1994 a los 52 años. Su última comida consistió en una docena de camarones fritos, pollo frito Kentucky, baked beans (chauchas en salsa de tomate picante), papas fritas, un batido de chocolate, una botella de Coca-Cola Light y medio kilo de frutillas (esta última parte no se le sirvió).
    Ronnie Lee Gardner, condenado por robo y dos asesinatos, fue fusilado en Utah en 2010 a los 49 años. Su última cena incluyó cola de langosta, churrasco, pastel de manzana, helado de vainilla y 7 Up. Además, pidió ver la trilogía de «El Señor de los Anillos» mientras comía.
    Lewis Gilbert, declarado culpable del asesinato de un guardia y dos ancianos, fue ejecutado con cóctel letal en Oklahoma en 2003. Su última cena consistió en dos helados de vainilla y algunos cucuruchos.
    Gary Mark Gilmore, autor de múltiples robos y dos asesinatos en Utah, se hizo internacionalmente conocido por solicitar él mismo la pena de muerte. Fue fusilado en 1977 a los 36 años. Su última comida incluyó una hamburguesa, seis huevos duros, una papa horneada, pan, varias tazas de café y tres tragos de whisky Jack Daniel’s, aunque solo bebió el café.
    James Hudson, condenado por asesinar a una pareja de 64 años y herir gravemente al hermano de uno de ellos, fue ejecutado en Virginia en 2004. Su última cena fue una galleta cream cracker y seis Coca-Cola.
    Thomas Treshawn Ivey, condenado por matar a un empresario y a un sargento de policía en 1993, fue ejecutado por inyección letal en Carolina del Sur en 2006. Su

  • Ladrones condenados por delito de robo en Concepción del Uruguay

    Ladrones condenados por delito de robo en Concepción del Uruguay

    Ladrones condenados por delito de robo en Concepción del Uruguay

    Defensor Arrechea y Fiscal Bourlot

    La semana pasada en la Sala Penal, en audiencia presidida por el vocal de Cámara, doctor Fernando Matinez Uncal se condenó a dos sujetos acusados de robos, ambos representados por el doctor Sebastián Arrechea, en causas que llevara adelante por la fiscal Lucía Bourlot.

    Uno de ellos fue Horacio Rubén Lamouroux, autor materialmente responsable del delito de robo y lo condenó a la pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, así como también, su declaración de reincidencia (atento a los antecedentes penales.
    El otro fue Luciano Andrés Bogado, como autor por el delito de encubrimiento por receptación de cosa de procedencia sospechosa y como coautor materialmente responsable del delito de robo simple y lo condeno a la pena de un año y 2 meses de prisión ejecución condicional atento a la falta de antecedentes.
    Ambos autores el día 28 de febrero de 2026 siendo momentos antes de las 07:00 hs., ingresaron al domicilio de calle Lucilo López al 2400, a través de un pulmón de 54 centímetros de ancho y  se apoderaron de una reja de hierro liso 8″, de 1,5 metros x 1 metro, pintada de color negro la que se estaba atada con alambres a las placas de hormigón premoldeado.

  • Golpe al «Clan Da Silva»: Seis condenados a prisión efectiva por narcomenudeo en Colón

    Golpe al «Clan Da Silva»: Seis condenados a prisión efectiva por narcomenudeo en Colón

    Golpe al «Clan Da Silva»: Seis condenados a prisión efectiva por narcomenudeo en Colón

    Fiscal del caso Dr. Perroud

    La sentencia quedó firme este lunes. Entre los condenados hay cuatro hermanos que lideraban la venta de cocaína de manera organizada en el Barrio Medalla Milagrosa. Fueron derivados a distintas unidades penales de la provincia.

    COLÓN – Una investigación judicial de largo aliento contra el comercio de sustancias ilegales en la región concluyó con una condena firme para seis personas —entre ellas cuatro hermanos—. Deberán cumplir penas de prisión efectiva en diferentes cárceles de Entre Ríos.
    La resolución, dictada bajo la modalidad de juicio abreviado por el Juez de Garantías Dr. Jesús Penayo Amaya, adquirió firmeza en las últimas horas, lo que motivó el traslado inmediato de los implicados a los penales de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Gualeguay, donde cumplirán sus respectivas condenas.
    Las penas impuestas
    La Justicia diferenció los niveles de responsabilidad de los integrantes de la banda de la siguiente manera:

    Coautores: A los hermanos Ivo Daián Da Silva y Mauro José Da Silva se los condenó a la pena de 5 AÑOS de prisión efectiva como responsables directos del delito de comercialización de estupefacientes.

    Partícipes y tenencia: En tanto, los otros dos hermanos, Kevin Ramón Da Silva y Fiorella Valentina Da Silva, junto a José María Calderón y Emanuel Domingo Viollaz, recibieron una pena de 3 AÑOS de prisión efectiva como partícipes del delito de comercialización y tenencia simple de estupefacientes.

    Una red organizada en calle Durand
    El legajo judicial estuvo a cargo del fiscal Dr. Alejandro Perroud, quien trabajó en conjunto con el personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón. Durante el proceso, la fiscalía logró acreditar científicamente que los imputados sostenían una estructura organizada y continua de venta de cocaína.
    El epicentro de las maniobras delictivas se concentraba en varios domicilios, principalmente en calle Durand al 300, aunque también ramificaban las transacciones a otros puntos de la ciudad. La actividad ilícita se desarrolló, según comprobaron las autoridades, al menos entre marzo y octubre de 2025.
    Allanamientos clave y el rol de los vecinos
    La causa había tenido su punto de inflexión el 11 de octubre de 2025, cuando la policía provincial ejecutó cuatro allanamientos simultáneos. En dichos operativos se secuestraron dosis de estupefacientes listos para la venta, sumas de dinero en efectivo, balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares y elementos de corte y fraccionamiento.
    Asimismo, el fiscal Perroud destacó especialmente el valor y el compromiso ciudadano de varios vecinos del Barrio Medalla Milagrosa. Sus testimonios e información brindada de manera pormenorizada ante las autoridades resultaron piezas fundamentales para reconstruir los movimientos diarios del «Clan Da Silva» y lograr, finalmente, desbaratar la banda de manera definitiva.

  • Israel legaliza la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista, una medida que apunta a los palestinos

    Israel legaliza la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista, una medida que apunta a los palestinos

    Israel legaliza la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista, una medida que apunta a los palestinos

    El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga -salvo excepciones sin definir- a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua.El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv.»La ley es populista, inmoral, no igualitaria», condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor ‘Yesh Atid’ (Hay Futuro) Matti Sarfatti, calificándola de «claramente inconstitucional».Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto.Palestinos: tribunales militaresEn Cisjordania, los palestinos acusados por asesinato terrorista son juzgados por tribunales militares israelíes, ya que el Ejército israelí controla este territorio ocupado.La nueva ley obliga a dichos tribunales a imponer en esos casos la pena capital, salvo «circunstancias especiales» -que no detalla- que podrían justificar aplicar en su lugar la cadena perpetua.Esta cuasi obligatoriedad ha sido criticada por ONG y la ONU, que denuncian que este tipo de tribunales no tienen suficientes garantías, así como que imponer la pena por defecto atenta contra el derecho a la vida y niega a los jueces evaluar circunstancias individuales.Además, tras la reforma el tribunal militar puede imponer la pena capital aunque no la haya solicitado la Fiscalía -órgano que en Israel actúa a menudo como contrapeso del Gobierno- y las sentencias pueden ser decididas por mayoría simple de la corte -en lugar de unanimidad como se suele exigir a la justicia militar-, sin que los jueces tengan que ostentar un alto rango militar.En la práctica, las autoridades israelíes utilizan la calificación de ‘terrorista’ para referirse a palestinos que atacan a sus soldados -solo por acciones como lanzar piedras- o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.Israelíes: tribunales ordinariosLos ciudadanos israelíes, tanto dentro de territorio israelí como en Cisjordania (colonos ilegales), son juzgados por tribunales penales ordinarios. En este caso, la reforma añade una nueva condición para condenar a pena de muerte, además de que sea un asesinato terrorista: si se prueba que actuó con la finalidad de «dañar al Estado de Israel».»Esto es algo extraordinario en la ley israelí», explica a EFE la abogada Miriam Azem, coordinadora del centro legal palestino Adalah, quien explica que ello dificulta extremadamente que se aplique a un judío israelí.Además, el tribunal penal ordinario tendrá la opción de elegir entre la pena capital o la cadena perpetua.Plazos, ejecución y corredor de la muerteAunque durante la tramitación de la ley se llegó a plantear que fuera retroactiva, finalmente no lo será. Según la reforma aprobada, la sentencia a muerte se aplicará por ahorcamiento, en un plazo de 90 días desde la sentencia firme y se ocultará la identidad de los verdugos.El condenado se mantendrá separado del resto de prisioneros y en su ejecución deberán estar presentes el director de la prisión, un juez, un clérigo, un médico y un representante de las familias de las víctimas.Los sentenciados podrán apelar, pero los tribunales militares que juzgan a los palestinos de Cisjordania presentan una tasa de condena que supera el 99 %, según datos del Ejército recogidos por el diario Haaretz.Los palestinos condenados por la justicia militar no podrán además recibir una conmutación de la pena ni un indulto por parte del comandante del Ejército israelí, y la reforma legal solo deja una ventana abierta a posponer la ejecución si el primer ministro lo pidiera por «razones especiales».Un centenar de muertos en prisionesSi bien esta ley no se aplicará a los detenidos en relación a la masacre del 7 de octubre de 2023, se espera que la Knéset apruebe otro proyecto, conocido como ‘Ley sobre el enjuiciamiento de los participantes en los sucesos del 7 de octubre’, por el que un tribunal militar especial podrá sentenciarlos también a la pena de muerte.La reforma legal aprobada supone la culminación de una política impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Ben Gvir, denunciada por ONG y organismos internacionales por la detención masiva de palestinos sin garantías y los abusos en las prisiones israelíes.Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, cerca de 100 detenidos palestinos han muerto entre rejas, según datos obtenidos por la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI), una cifra récord y no actualizada hace meses.En muchos casos, fallecieron aparentemente como consecuencia de torturas, negligencia médica y privación de alimentos, en lo que diversas ONG describen como un sistema que ha convertido los centros de detención y prisiones en «campos de tortura».