A un año del caso del preceptor que mató a su hijo, marchan al Congreso contra la violencia vicaria
Hace 365 días que Natalia Ciak (42) no celebra cumpleaños, Navidad ni Año Nuevo. Tampoco asiste a actos escolares, entrenamientos o partidos de fútbol infantil. Desde aquel trágico 5 de agosto, en la vida de Natalia desaparecieron los saludos de «buenos días» y «buenas noches», las caricias en la mejilla y los «te amo, má» que le decía su hijo.
Su vida dio «un giro de 180 grados», como ella misma lo describe. Ese día, su esposo Alejandro Ruffo (52), quien era preceptor en un colegio trilingüe de Banfield, asfixió con una almohada a Enzo Joaquín, su hijo de 8 años, en la casa que compartían en Lomas de Zamora. Meses después, Ruffo se quitó la vida ahorcándose en una celda de la Unidad 34 de Melchor Romero, donde permanecía detenido.
Para Natalia, ninguna fecha es sencilla tras la pérdida de su único hijo. El amor por «Joa», como lo llamaba cariñosamente, y la tragedia que atravesó la impulsaron a iniciar, junto a otras madres, el proyecto de la «Ley Joaquín», una propuesta legal contra la violencia vicaria, entendida como el maltrato de padres hacia sus hijos para causar daño emocional a las madres.
Con ese objetivo, Natalia, en conjunto con las organizaciones Red de Madres Víctimas de Violencia Vicaria y Somos Murallas, convocan este miércoles a las 17 horas frente al Congreso de la Nación y en las principales plazas de distintas ciudades a manifestarse bajo el lema «Basta de violencia vicaria» y «Ni una infancia más víctima». La convocatoria contará con la participación de diversos colectivos sociales y legisladores que integran la Comisión de Mujer, Género y Diversidad.
«La Ley Joaquín es una forma de honrar su nombre», afirma Natalia en diálogo con Clarín. Aunque se siente con voluntad y coraje para seguir adelante, reconoce que «ninguna fecha es sencilla».
Todo cambió la mañana del martes 5 de agosto de 2025, cuando recibió un mensaje de su esposo —de quien estaba por separarse— que decía: «Hoy te vas, pero te vas sin nada». Alarmada, salió rápidamente de su trabajo hacia su casa, pero él no respondía sus llamadas. Al llegar, encontró la escena de horror: en el dormitorio principal del primer piso, Joaquín yacía tendido sobre la cama matrimonial, asfixiado por su propio padre. Ruffo, en un intento de suicidio, se había infligido múltiples heridas con un cuchillo en el abdomen, pero sobrevivió.
«Solo deseo poder, en algún momento, recordar las cosas hermosas vividas con Joa y no ese 5 de agosto. Vi demasiado ese día, vi todo, y para una madre eso es más que demasiado», concluye Natalia. Un año después, se siente «agotada física y mentalmente».
«La vida me dio un giro de 180 grados. Me aferro a mi familia y a los amigos y amigas que aún siguen a mi lado, porque entiendo que a muchos les pasa que no saben qué decir o cómo acompañar. Incluso yo me he quedado sin palabras; el dolor es tan inmenso que siento que no hay nada para decir», advierte.
El caso de Natalia no es aislado. El pasado domingo, un hombre de 41 años asesinó a golpes a su hijo con autismo de 12 años, en Rafael Calzada, y luego se entregó a la Policía. El asesinato de Joaquín motivó la conexión entre Natalia y la Red de Madres Víctimas de Violencia Vicaria, así como con la organización Somos Murallas, compuesta por mujeres que vivieron experiencias similares.
En Argentina, en marzo de 2009 se sancionó la Ley 26.485, destinada a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la violencia vicaria, que consiste en causar daño a los hijos como forma de infligir sufrimiento a la madre, no cuenta aún con una legislación específica que la describa y regule.
En respuesta, Natalia y las organizaciones mencionadas presentaron ante la Cámara de Diputados un proyecto denominado «Ley Joaquín contra la violencia vicaria con perspectiva de infancia en Argentina». Explican que el asesinato de un hijo representa el extremo más grave de esta violencia, pero también se manifiesta cuando los menores son separados de sus madres, privados de su entorno familiar y afectivo, y sometidos a un duelo impuesto como estrategia de venganza personal.
«El objetivo de este anteproyecto es proteger los derechos, el amor, el cuidado y la salud emocional de cada niño y cada madre. Queremos que el Estado actúe con coherencia, responsabilidad y coordinación, para que ninguna decisión vulnere los derechos humanos y garantías constitucionales», indican en el sitio peticiones.ar.
Según un relevamiento realizado por la Red de Madres Víctimas de Violencia Vicaria, publicado en 2026 y basado en publicaciones periodísticas, al menos 171 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados por sus padres desde julio de 2008 hasta la fecha. En Argentina no existe un registro oficial de filicidios ni de violencia vicaria, una carencia que para quienes impulsan esta ley resulta fundamental, ya que permitiría conocer datos precisos sobre agresores, víctimas, antecedentes y medidas judiciales previas.
«Es una forma de legalizar la violencia vicaria, que es siempre una violencia de género ejercida del padre hacia la madre en situaciones de separación o divorcio, utilizando a los hijos como herramientas para dañarla», aclara Natalia. Y se pregunta: «¿Qué sucede? ¿Son siempre los mismos patrones? ¿Por
