Un imputado denunció a un juez federal ante el Consejo de la Magistratura y lo acusó de imparcialidad
El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura y recusado por Guillermo Pinarello, uno de los imputados en una investigación por explotación de juego online clandestino y lavado de activos que está a cargo del propio magistrado.
En la presentación, Pinarello acusa al juez de posibles “faltas disciplinarias y/o causal de mal desempeño”, señalando la supuesta filtración de información mientras regía el secreto de sumario, el trato diferenciado hacia distintos imputados y la forma en que se aplicó una resolución de la Cámara Federal que otorgó prisión domiciliaria a otro acusado.
Asimismo, solicitó formalmente la apartación de Inchausti del caso, debido a lo que calificó como “enemistad manifiesta” y “pérdida objetiva de la imparcialidad”, poniendo en duda la capacidad del juez para continuar interviniendo en el expediente.
La recusación está vinculada al expediente N° 16997/2023, en el cual Pinarello es investigado por presuntamente ser el organizador de una asociación ilícita dedicada a operar casinos online sin autorización y a lavar las ganancias mediante distintos mecanismos financieros, incluyendo cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Entre los argumentos principales se destaca un episodio ocurrido en 2016, cuando Inchausti y Elías Guillermo Pinarello, padre de Guillermo y entonces Director de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata, mantuvieron una fuerte discusión por diferencias institucionales. Según la denuncia, el juez le manifestó a Elías que en Mar del Plata se investigaría únicamente lo que él dispusiera, advirtiendo que si no se ajustaba a sus directivas “duraría poco tiempo en el cargo”, con una clara amenaza sobre su carrera profesional.
La presentación sostiene que ese conflicto nunca fue superado y que influyó en el desarrollo de la causa que investiga a Guillermo Pinarello. Como ejemplos, se mencionan medidas adoptadas contra su padre, entre ellas una inhibición general de bienes dictada en noviembre de 2025 que sigue vigente, y el bloqueo temporal de su cuenta sueldo, pese a que hasta el 6 de agosto de 2026 no había sido citado a indagatoria.
Pinarello también cuestionó el trato diferenciado recibido respecto a otro imputado, Joaquín Otero Cao. Según la denuncia, Inchausti inicialmente concedió la prisión domiciliaria a Otero Cao y rechazó la de Pinarello, decisión que luego fue revertida por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que le otorgó el beneficio a este último.
Además, afirmó que mientras Otero Cao salió del penal sin tobillera electrónica, en su caso se condicionó la salida a la instalación del dispositivo, lo que provocó que permaneciera casi diez días adicionales en prisión, aún después de la resolución de la Cámara. También señaló que se le impuso una caución de 100 millones de pesos, el doble de los 50 millones fijados para su coimputado, pese a estar ambos acusados de los mismos delitos.
Otro punto central de la denuncia son las filtraciones ocurridas antes de que se levantara el secreto de sumario, el 13 de noviembre de 2025 a las 14 horas. Pinarello informó que detalles de la investigación, hipótesis acusatorias y datos personales de los involucrados ya habían sido difundidos con anterioridad, por lo que solicitó que se investigue el origen de estas filtraciones.
En su presentación, Pinarello sostuvo: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que la imparcialidad del juzgador no solo debe existir en los hechos, sino que también debe ser objetivamente perceptible para los justiciables, de modo que no exista duda razonable sobre su ausencia. Los hechos descriptos constituyen, en su conjunto, una serie de circunstancias objetivas y verificables que revelan una continuidad de conductas que se proyectan desde el conflicto personal de 2016 hasta las decisiones adoptadas en la presente causa”.
