wp

Etiqueta: Corte

  • A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    A una semana de dejar el cargo, el juez Martín Irurzun juega su última chance en la Corte Suprema para seguir en un tribunal clave

    La próxima semana marcará el final de Martín Irurzun como juez de la Cámara Federal de Comodoro Py, cargo que desempeña desde hace 32 años. Aunque su salida parece inevitable, el magistrado intenta una última maniobra: solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un fallo que le permita continuar en el puesto.

    Irurzun cumplirá 75 años el sábado 18 de julio, la edad máxima establecida por la Constitución Nacional para ejercer como juez. Existe una excepción a esta limitación: la posibilidad de que el Poder Ejecutivo autorice la revalidación del cargo por cinco años más. Esa prórroga fue solicitada por Irurzun, pero el gobierno de Javier Milei no la aprobó.
    A pesar de gestiones políticas para su continuidad, no se obtuvieron resultados favorables. Por ello, hace un mes Irurzun inició un proceso judicial para obtener un fallo que lo respalde en el cargo. Su pedido fue rechazado en dos instancias y ahora recurre a la Corte Suprema en una última y urgente instancia.
    La salida de Irurzun impactará en la Cámara Federal, que atraviesa una etapa de renovación tras los cuestionamientos a otros dos jueces, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este tribunal reviste gran relevancia política, pues allí se tramitan causas relacionadas con corrupción.
    Irurzun ingresó al Poder Judicial a comienzos de los años 70 y en 1987 fue designado titular del juzgado federal 5 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En 1994, el gobierno de Carlos Menem lo ascendió a juez de la Cámara Federal, cargo que mantiene desde entonces. Durante su trayectoria, intervino en casos de delitos de lesa humanidad y de corrupción, confirmando, entre otros, varios procesamientos contra la expresidenta Cristina Kirchner.
    La reforma constitucional de 1994 estableció 75 años como edad límite para los jueces, permitiendo una extensión de cinco años previa aprobación del Senado a instancia del Poder Ejecutivo.
    Irurzun solicitó el año pasado al gobierno de Milei la prórroga de su mandato, pero el Ejecutivo rechazó la petición. A diferencia de este caso, sí accedió a conceder dicha extensión a otros magistrados, como Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para continuar en la Cámara Federal de Casación Penal, autorización que fue ratificada por el Senado.
    Ante este rechazo, Irurzun presentó una medida cautelar autónoma para solicitar la suspensión inmediata de los efectos jurídicos que fijan el límite de edad constitucional, argumentando que la reforma de 1994 no otorgó facultades al Congreso para modificar la inamovilidad de los magistrados mediante un criterio etario.
    El pedido fue desestimado inicialmente por el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Alonso Regueira, y confirmada esa decisión esta semana por la Cámara Contencioso Administrativa. Irurzun apeló para que la Corte Suprema intervenga. La Cámara debe decidir si eleva el caso al máximo tribunal y, ante la urgencia, requirió al gobierno que emita su opinión en un plazo de un día.
    Se espera una resolución de la Cámara para el próximo lunes, momento en que se iniciará la cuenta regresiva. De acuerdo con precedentes de la Corte Suprema, si en la fecha en que el juez cumple 75 años no cuenta con el aval para continuar, debe cesar en sus funciones.
    Si la Cámara rechazara derivar el caso a la Corte, Irurzun podrá presentar otra acción directa, lo que acortaría los tiempos. La resolución final estará en manos de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, este último con cercanía al magistrado.
    Inicialmente, Irurzun anticipó que recusaría a Rosatti, quien fue convencional constituyente en 1994 y ha expresado opinión favorable sobre el límite de edad, pero retiró ese planteo en la apelación ante la Corte.
    La Cámara Federal actualmente está en proceso de renovación, con tres de sus seis cargos en revisión. Además de Irurzun, se encuentran en revisión los puestos de Bruglia y Bertuzzi, jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri y cuya designación fue declarada no definitiva por la Corte. El gobierno de Milei podrá ahora cubrir estas vacantes, ya que los concursos correspondientes han finalizado, lo que implica un control parcial sobre un tribunal de gran importancia.
    Tras más de tres décadas en Comodoro Py, Irurzun se apresta a abandonar su función judicial. Sin embargo, ha dejado claro que no desea ningún tipo de despedida y probablemente concluirá su carrera con una causa pendiente clave: el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el primer caso de corrupción en el gobierno de Milei.

  • Tras el fallo de la Corte, en el Gobierno dicen que cumplirán con los pagos de «becas y salarios» a las universidades, pero no con la ley completa

    Tras el fallo de la Corte, en el Gobierno dicen que cumplirán con los pagos de «becas y salarios» a las universidades, pero no con la ley completa

    Tras el fallo de la Corte, en el Gobierno dicen que cumplirán con los pagos de «becas y salarios» a las universidades, pero no con la ley completa

    El Gobierno realizó una interpretación propia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio lugar al reclamo de las universidades por mejores sueldos. Según su lectura, solo quedaron firmes los artículos 4 y 5 de la denominada ley de Financiamiento Universitario, y con los acuerdos paritarios firmados el 10 de junio con los rectores, ya estarían cubiertos 830 mil millones de los 1,3 billones de pesos que contempla el presupuesto de esos artículos para todo el año. No descartan, además, resolver la diferencia restante en una nueva negociación durante el segundo semestre.

    Por su parte, las autoridades de las casas de altos estudios sostienen que la resolución del máximo tribunal sí exige el cumplimiento de la normativa ratificada por el Congreso para 2025, luego de ser vetada por el presidente Javier Milei. «Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario», afirmó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.
    En el Ejecutivo intentaron minimizar el impacto del fallo y argumentaron que, con las negociaciones paritarias pactadas, el sector estaría siendo compensado por un atraso salarial que, reconocen internamente, ya existía desde 2024. Fuentes gubernamentales señalaron que «más de la mitad de lo proyectado por el articulado incluido en el fallo», referido a becas y salarios, ya estaría cubierto con el acuerdo firmado hace tres semanas. Además, enfatizaron que aún no existe una resolución judicial definitiva sobre el recurso de amparo presentado por el Estado en contra de toda la normativa impulsada por bloques parlamentarios aliados.
    En la Casa Rosada rechazan hacerse cargo del total presupuestado por la ley de Financiamiento Universitario, que estiman asciende a 3,2 billones de pesos para todo el año. «No hay resolución sobre la cuestión de fondo de la ley», insistieron fuentes oficiales.
    A pesar de ello, las universidades expresaron su satisfacción por la resolución de la Corte, aunque el máximo tribunal adoptó una postura salomónica al desestimar el recurso extraordinario federal presentado por la Procuración del Tesoro, pero tampoco otorgar plena razón al sector universitario. Ahora deberán aguardar la decisión del juez de primera instancia Martín Cormick, quien deberá validar el acuerdo alcanzado recientemente.
    En medio de las quejas y recursos judiciales en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, los rectores y el Ministerio de Capital Humano suscribieron el 10 de junio un acta acuerdo con organizaciones gremiales docentes y no docentes para una recomposición salarial. Según este entendimiento, el Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales fondos para incrementar la masa salarial en un 24,33%, distribuido en un 21,33% en junio, sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% en octubre, sobre los básicos de septiembre de 2026.

  • Ricardo Lorenzetti, apurado por completar la Corte Suprema: «El tiempo de designar jueces es ahora»

    Ricardo Lorenzetti, apurado por completar la Corte Suprema: «El tiempo de designar jueces es ahora»

    Ricardo Lorenzetti, apurado por completar la Corte Suprema: «El tiempo de designar jueces es ahora»

    Ricardo Lorenzetti insistió este martes en la necesidad urgente de designar nuevos miembros para cubrir los dos cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y advirtió que “no es normal” que el máximo tribunal funcione con solo tres integrantes. “El tiempo de designar jueces es ahora”, afirmó.

    Lorenzetti, junto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, integra actualmente la Corte Suprema, que debería contar con cinco miembros. Desde diciembre de 2024, cuando renunció Carlos Maqueda —y considerando la vacante que dejó Elena Highton en 2021—, el tribunal opera con dos cargos sin cubrir. “No es normal que tengamos tres miembros en la Corte. Yo tengo muchísima actividad internacional y me cuesta explicar que somos solo tres”, se quejó en una entrevista concedida a TN.
    El juez también destacó la importancia de garantizar diversidad de género en el tribunal, a pesar de la polémica generada por el decreto impulsado por Javier Milei, que modificó los procedimientos previos para la designación de jueces. “Tiene que haber diversidad de género porque es muy importante. La Corte debe ser diversa y reflejar lo que es la sociedad”, subrayó, y agregó que estos temas, aunque a veces parezcan lejanos, deben vincularse con los problemas de la población.
    En la misma entrevista, Lorenzetti se refirió al juez federal Ariel Lijo, cuyo pliego fue rechazado por el Congreso a principios de abril. “Yo lo aprecio y considero que es un buen candidato, pero la decisión es del Presidente”, aseguró. Además, señaló que los postulantes a la Corte deben provenir del Poder Judicial.
    Consultado sobre la posibilidad de ampliar el número de integrantes del tribunal, Lorenzetti se mostró reticente. “No es fácil designar dos jueces, y el Gobierno anterior tampoco cubrió una vacante. Si se aumenta el número y además consideramos que habrá elecciones, vamos a estar mucho tiempo con una Corte inestable”, opinó.
    Respecto a la reciente condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, dijo que “desde el punto de vista jurídico está terminado el tema”. “Entiendo a quienes están enojados o disconformes, pero el proceso está terminado”, sostuvo, y añadió que es fundamental “proteger las instituciones”, ya que estas existen para resguardar a los débiles frente a los poderosos.
    Lorenzetti recordó que la mayoría de los jueces que intervinieron en esa causa fueron designados durante los gobiernos kirchneristas. “Obviamente estos casos merecen debate y hay críticas. Entendemos que hay gente molesta, y también comprendemos que no es bueno en ningún país encarcelar a un presidente, pero nosotros juzgamos delitos”, enfatizó.
    Finalmente, evitó opinar sobre la posible interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Señaló que se trata de un procedimiento “previsto y un mecanismo de control”, pero aclaró que “la decisión corresponde a otros poderes del Estado y nosotros no podemos opinar”. Asimismo, subrayó que, del mismo modo que no desean injerencia en el Poder Judicial, ellos deben abstenerse de interferir en lo que haga el Congreso.

  • Luego de un fallo de la Corte, detuvieron al iraní que operaba una red internacional de pasaportes falsos en el país

    Luego de un fallo de la Corte, detuvieron al iraní que operaba una red internacional de pasaportes falsos en el país

    Luego de un fallo de la Corte, detuvieron al iraní que operaba una red internacional de pasaportes falsos en el país

    Samiei Sajjad Naserani, ciudadano iraní, fue detenido en las últimas horas en el barrio porteño de Flores tras quedar firme su condena a cuatro años y medio de prisión por integrar una red internacional dedicada a la fabricación de pasaportes falsos para migrantes.

    El arresto se realizó luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso presentado por su defensa, confirmando así la sentencia. Personal de la División de Investigaciones de la Comuna 7 se presentó en el departamento ubicado en la calle Caracas al 300 para cumplir con la orden de captura, concretada el viernes por la noche.
    La causa judicial establece que Naserani formaba parte de una organización que operaba entre 2015 y 2019, dedicada a la elaboración y venta de documentación apócrifa, principalmente pasaportes, para facilitar el tránsito de migrantes, en especial de origen chino, por rutas que incluyen Portugal, España, Reino Unido, Grecia, Irán y Turquía.
    Naserani ingresó al país en 2019 junto a su pareja, Mansoreh Sabzali, utilizando documentos falsos que simulaban ser de nacionalidad israelí. Ambos tenían alerta roja de Interpol, ya que sus documentos originales habían sido denunciados como robados. En ese momento, fue condenado por el uso de documentación pública falsa agravada para acreditar identidad y por integrar una asociación ilícita internacional.
    En primera instancia, el Tribunal Oral Federal N° 6 lo había condenado a tres años de prisión en suspenso por el uso de documentación falsa y lo había absuelto por asociación ilícita. Sin embargo, la fiscalía apeló y la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa absolución, condenándolo también por integrar la organización y aumentando la pena a cuatro años y seis meses de prisión.
    La defensa acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó el recurso y dejó firme la condena. Como consecuencia, se ordenó la inmediata detención de Naserani, ejecutada por la Policía de la Ciudad, que gestionó con urgencia su ingreso y alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal.
    Por su parte, Mansoreh Sabzali también fue juzgada y condenada a tres años de prisión en suspenso por uso de documento falso.

  • La Corte Suprema dejó firme la condena a 40 años de prisión de un profesor de artes marciales que abusó sexualmente de cinco víctimas

    La Corte Suprema dejó firme la condena a 40 años de prisión de un profesor de artes marciales que abusó sexualmente de cinco víctimas

    La Corte Suprema dejó firme la condena a 40 años de prisión de un profesor de artes marciales que abusó sexualmente de cinco víctimas

    En su resolución, declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa. El hombre había sido condenado en julio de 2021 por múltiples episodios de abuso sexual que se llevaron adelante durante años.

    La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso que presentó la defensa de un profesor de artes marciales condenado por abusar sexualmente de cinco adolescentes. De esa forma, quedó firme la sentencia a 40 años de prisión que había dictado en julio de 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1. En el caso, intervino la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°1, representada en ese momento por el fiscal general Guillermo Morosi y la auxiliar fiscal Jazmín Auat, y que actualmente se encuentra a cargo del fiscal general Horacio Azzolin.

    Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso de queja era inadmisible, por lo que desestimaron su presentación.
    Como parte de la condena, el tribunal había ordenado que, una vez que quedara firme la sentencia, se debía llevar adelante la extracción de su perfil genético para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879 que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
    El caso
    Según el fallo dictado por los jueces Adrián Perez Lance, Fernando Ramírez y Luis Salas, las situaciones por las que F.B. (no se menciona su nombre completo para proteger a los damnificados) fue condenado, involucraron abusos sexuales de los que fueron víctimas cinco jóvenes a lo largo de varios meses y, en algunos casos, años. Además de las agresiones sexuales con acceso carnal —algunos de ellos agravados por haberse aprovechado el hombre de la convivencia que tenía con las víctimas—, lo consideraron responsable por el delito de producción de material pornográfico de niños y por promoción de la corrupción agravada con respecto a dos de los jóvenes.
    Según sostuvieron, F.B. desplegó diversos ataques a la integridad sexual de los jóvenes especialmente en la casa donde vivía —en el barrio de Palermo—, aunque también se registraron abusos en otros domicilios. Sin bien no todos los adolescentes sufrieron el mismo tipo de agresiones, los hechos que los tuvieron como víctimas tuvieron varios factores en común, además de haber sido perpetrados por la misma persona.
    En el caso se indicó que el profesor de artes marciales abordó a dos de las víctimas (que son hermanos entre sí y a su vez hijos de una expareja de F.B.) cuando todavía eran niños. “Aunque las prácticas continuaron después de cumplir los trece años de edad, el causante fue intercalando la seducción y el dominio basado en una clara asimetría etaria y su rol de instructor de artes marciales mixtas, además de utilizar herramientas indirectas con mensajes insistentes o directamente atemorizantes, enviados a través de redes sociales por supuestos hijos suyos u otros ‘modelos’ que intentaban convencerlos de las ventajas económicas de aquella actividad”, se remarcó en la resolución que lo condenó.
    “Imponiendo su figura de profesor de artes marciales, presuntamente entrenado como comando militar, simultáneamente los comenzaba a seducir con la otra faceta del modelaje y la fotografía. Así lograba convencerlos primero e imponerles después sus prácticas sexuales, dejándoles nulo margen para reaccionar en contrario”, afirmó el tribunal que lo condenó en 2021.
    Además de profesor, el hombre decía tener un estudio de fotografía y parte de su estrategia para captar a las víctimas consistía en convencerlas para sacarles fotos a cambio de dinero y hacerlas participar de “talleres” que no eran más que encuentros donde abusaba sexualmente de ellos. Durante el debate se pudo corroborar que el hombre produjo fotos y filmaciones de algunos de los jóvenes que habían sido víctimas de los abusos.
    Esa situación donde se mezclaban tanto amenazas (desde cuentas en redes sociales inventadas por el propio F.B) como promesas se repitió con otras dos víctimas, que fueron abusadas a sus 15 años y entre los 14 y los 16, respectivamente. El quinto damnificado fue acosado también a sus 14 años pero logró ponerle un freno a la situación para escapar, según describió el tribunal, “de la telaraña que montaba” el acusado.
    “En ninguno de los cinco casos hubo una propuesta sexual explícita, sino que las maniobras comenzaron sutilmente con el argumento de las fotografías más la conveniencia de mejorar el material —y la supuesta paga— exhibiendo sus cuerpos con menos ropa o ya directamente desnudos”, se resaltó. F.B. se aprovechaba entonces de su supuesto rol de fotógrafo profesional: apagaba las luces, ponía música suave para “relajar” a las víctimas y comenzaba con los roces, los tocamientos hasta llegar a los abusos más graves. Todo esto ocurría dentro del departamento donde vivía con su pareja, madre de dos de las víctimas.
    “Imponiendo su figura de profesor de artes marciales, presuntamente entrenado como comando militar, simultáneamente los comenzaba a seducir con la otra faceta del modelaje y la fotografía. Así lograba convencerlos primero e imponerles después sus prácticas sexuales, dejándoles nulo margen para reaccionar en contrario”, afirmó el tribunal. Esa situación era acompañada con las amenazas y presiones que recibían los jóvenes a través de perfiles en redes donde los instaban a no abandonar los “talleres” con F.B.
    Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso donde cuestionó los argumentos y la calificación del caso. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó su planteo. Ante esto, los representantes del imputado llevaron la cuestión a la Corte Suprema, que el jueves pasado declaró inadmisible el recurso.

  • Crece la presión sobre Kicillof por la Corte bonaerense ante la versión de que una jueza clave se va

    Crece la presión sobre Kicillof por la Corte bonaerense ante la versión de que una jueza clave se va

    Crece la presión sobre Kicillof por la Corte bonaerense ante la versión de que una jueza clave se va

    Mucho antes de que Axel Kicillof asumiera la gobernación y Hilda Kogan llegara a la Suprema Corte de Justicia provincial, ambas familias ya se conocían. Hace más de cuatro décadas, los hijos de Kogan y Kicillof compartían la primaria en la Nueva Escuela Argentina 2000, un colegio de Belgrano fundado por Antonio Salonia. Las dos familias se turnaban para llevar a los niños desde Barrio Norte hasta la escuela, y en varias ocasiones Kogan conducía el auto, con Kicillof sentado en el asiento trasero.

    Kogan asumió su cargo en la Suprema Corte bonaerense en 2002, casi veinte años antes de la llegada de Kicillof a la gobernación. Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular entre dirigentes provinciales la versión de que la jueza, de 81 años, estaría próxima a jubilarse, posiblemente en agosto. Vale destacar que, a diferencia de la Constitución Nacional, la Constitución bonaerense no establece límite de edad para los magistrados.
    Fuentes cercanas a Kogan desmintieron categóricamente esta versión, afirmando que la jueza “no tiene ni preparados los papeles para jubilarse” y que “está muy vital”. Sin embargo, otros operadores judiciales de los Tribunales de La Plata señalaron que Kogan podría estar “hastiada” por la enorme carga de trabajo y la difícil situación que atraviesa la Suprema Corte, que hoy tiene cuatro vacantes. De sus siete integrantes, solo permanecen en funciones Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria. Un magistrado que no integra la Corte calificó la situación institucional como “muy estresante” para los tres miembros.
    Las salidas de los anteriores jueces también fueron sorpresivas: además del fallecimiento de Héctor Negri en enero de 2020, en 2021 renunciaron inesperadamente, con pocos meses de diferencia, Eduardo De Lázzari y Eduardo Pettigiani; y hace dos años se retiró Luis Genoud.
    Desde el comienzo de su gestión, Kicillof contó con una vacante en el máximo tribunal provincial sin proponer a ningún candidato para cubrirla. A esas se sumaron tres vacantes más y tampoco hubo avances al respecto, pese a los insistentes reclamos de las distintas facciones del peronismo bonaerense.
    Frente a la posibilidad de que los puestos vacantes lleguen a cinco, en caso de que Kogan se jubile —aunque algunos especulan que podría esperar a que se cubran las actuales vacantes antes de retirarse—, desde el peronismo aumentaron la presión sobre el gobernador para que avance en la designación de los magistrados. Dirigentes cercanos a Cristina Kirchner y La Cámpora cuestionan la “tozudez” de Kicillof por no querer integrar la Suprema Corte, más aún cuando la bancada Fuerza Patria, que representa al peronismo, cuenta con 24 de los 46 miembros del Senado provincial.
    Para designar a un ministro de la Suprema Corte se requiere mayoría absoluta en el Senado, y en teoría el peronismo la posee. Un dirigente kirchnerista clave señaló: “Hoy hay cuatro lugares en la Corte. Uno podría ser para el espacio de Kicillof, otro para Cristina, otro para Massa y el cuarto para algún sector de la oposición”. Un legislador del Frente Renovador también coincide con este reparto.
    Aunque el peronismo cuenta en el Senado con números suficientes para imponer a cuatro jueces sin necesidad de negociar con la oposición, los acuerdos que se negocian en paralelo con la Cámara de Diputados indican que se debería asignar un lugar a otra fuerza política. De esta manera, se abre una disputa entre el PRO, alineado con Cristian Ritondo; la UCR, cercana a Maximiliano Abad; y La Libertad Avanza, que en la provincia responde a Sebastián Pareja. El mileísmo impulsa al camarista de San Martín, Sergio Pilarche, para ocupar un puesto en el tribunal.
    El principal problema radica en la fragmentación interna del peronismo y en la falta de avance del gobernador para negociar las designaciones. Un legislador del Frente Renovador afirma: “El que tiene que poner en marcha todo es Axel. La decisión la tiene el gobernador”, mientras un referente de La Cámpora coincide en ese punto.
    El ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, afín a Cristina Kirchner, ocupa un rol secundario en esta negociación. En los hechos, el principal operador judicial de Kicillof es Santiago Pérez Teruel, asesor general de la Gobernación y parte del núcleo duro del mandatario. En conversaciones privadas, Pérez Teruel ha expresado a referentes peronistas que Kicillof “no quiere apresurarse” con las designaciones porque “es un tema que no entiende bien y no quiere equivocarse”.
    Sin embargo, en el peronismo no creen en ese argumento. Sospechan que Kicillof, cuyo sector Movimiento Derecho al Futuro impulsa su candidatura presidencial, solo tendría derecho a un lugar en la Suprema Corte, pero él necesitaría dos para evitar tensiones con sus aliados. En este contexto, el peronista Mariano Cascallares, exintendente de Almirante Brown y actual diputado provincial, también aspira a un puesto en el máximo tribunal bonaerense.
    Cascallares integra el sector de intendentes y jefes territoriales que respaldan la gestión de Kicillof, pero que al mismo tiempo le exigen al gobernador que avance con gestiones para habilitar las reelecciones indefinidas. Pese a estas presiones, Kicillof querría que su asesor Pérez Teruel sea quien ocupe uno de los cargos vacantes

  • Denunciaron a una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia por hacer un vuelo privado con Pablo Toviggino

    Denunciaron a una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia por hacer un vuelo privado con Pablo Toviggino

    Denunciaron a una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia por hacer un vuelo privado con Pablo Toviggino

    Una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue denunciada por haber realizado un vuelo privado desde Estados Unidos a Argentina junto al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

    Se trata de Elena Cristina Nolasco Highton, secretaria letrada del máximo tribunal e hija de la ex integrante de la Corte, Elena Highton de Nolasco. La denuncia fue presentada este jueves en la mesa de entradas del tribunal por Eduardo Enrique Davico, afiliado y dirigente de la seccional Necochea de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
    Davico solicitó que se inicie una investigación administrativa y disciplinaria contra Nolasco Highton por considerar que sus acciones son incompatibles con los deberes de imparcialidad, prudencia, transparencia e independencia funcional propios del cargo que ocupa.
    Según la denuncia, el 22 de julio de 2021 aterrizó en el aeropuerto de San Fernando la aeronave PRV-LVGTQ, proveniente de Estados Unidos, que transportaba a Toviggino, a Nolasco Highton y a su esposo, Jorge Gabriel Giani, propietario de la empresa de seguros Surco.
    El dirigente afirmó que Jorge Gabriel Giani está vinculado públicamente a Surco Seguros, una compañía relacionada con contratos en el ámbito del fútbol argentino y con negocios ligados a sectores sindicales, así como con estructuras vinculadas a la UATRE y a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), obra social de esa entidad sindical.
    La presentación se produce en un contexto judicial complicado para la AFA. Toviggino y el presidente del organismo, Claudio «Chiqui» Tapia, están procesados por retención indebida de tributos y tienen prohibición de salir del país. Además, se investigan fondos de la AFA en el exterior y la compra de una propiedad de 105 mil metros cuadrados en Pilar atribuida a Toviggino.
    La denuncia contra Nolasco Highton fue dirigida al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, instancia que tiene facultades para llevar adelante investigaciones disciplinarias contra sus funcionarios.
    Davico, dirigente de UATRE —un gremio bajo investigación judicial—, sostuvo que “los vuelos privados constituyen espacios de acceso restringido, financiamiento relevante y relaciones de proximidad económica y personal incompatibles con los deberes reforzados de prudencia que deben observar los integrantes de la estructura técnica del Máximo Tribunal”.
    Además, pidió investigar si hubo otros vuelos similares y recordó que este viaje de regreso desde Estados Unidos se produjo cuando Nolasco Highton aún era jueza de la Corte Suprema. La magistrada fue designada durante el gobierno de Néstor Kirchner en la renovación de la llamada “corte menemista” y dejó el cargo en noviembre de 2021.
    Finalmente, Davico señaló: “No se afirma aquí que la Dra. Nolasco haya intervenido indebidamente en expediente alguno ni que haya ejercido influencia concreta sobre decisiones jurisdiccionales. Pero tampoco puede ignorarse que el estándar institucional exigible a una funcionaria de la Corte Suprema obliga precisamente a evitar situaciones capaces de generar sospechas razonables acerca de posibles condicionamientos, accesos privilegiados o relaciones impropias”.

  • Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para que definiera su validez

    Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para que definiera su validez

    Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para que definiera su validez

    La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de per saltum presentado por el Gobierno Nacional, mediante el cual se solicitaba la intervención directa del máximo tribunal en la medida cautelar que suspendió cerca de 80 artículos de la ley de reforma laboral, y que posteriormente volvieron a estar vigentes.

    Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti determinaron que no se cumplen los requisitos para que la Corte actúe en esta instancia adelantada, por lo que la causa continuará su trámite en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, órgano que deberá intervenir antes de que pueda elevarse nuevamente al máximo tribunal.
    A mediados de abril, la Secretaría de Trabajo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, había presentado el per saltum para revertir la sentencia del juez laboral Raúl Ojeda, quien dictó una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sancionada por el Congreso.
    El recurso de per saltum permite saltar una instancia judicial para que la Corte Suprema intervenga de manera directa en un caso. El Gobierno de Javier Milei argumentó, entre otras razones, que el juez Ojeda no era competente para intervenir, razón por la cual solicitó la pronta intervención del máximo tribunal ante la suspensión de parte de la norma.
    Sin embargo, antes del fallo de este jueves, la Cámara de Trabajo ya había restablecido la vigencia de los artículos suspendidos. Los jueces Arturo Pesino y María González rechazaron el efecto suspensivo que el juez Ojeda le había otorgado a la apelación, lo que implicó que durante el análisis de la medida cautelar por parte de la Cámara, los artículos permanecieron suspendidos. Posteriormente, los camaristas decidieron aplicar el efecto devolutivo, lo que restituyó la vigencia de los artículos mientras continúa el análisis de la medida cautelar.
    En el fallo dado a conocer este jueves, la Corte Suprema señaló que, a su juicio, «no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia». Por ello, concluyó que «se declara inadmisible el recurso interpuesto» por el Gobierno el 16 de abril pasado.

  • Corte del servicio eléctrico para este miércoles

    Corte del servicio eléctrico para este miércoles

    Corte del servicio eléctrico para este miércoles

    Desde la empresa confirmaron que habrá cortes en Concepción del Uruguay y San Justo.

  • Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Santiago Busaniche, el operador judicial que está imputado de haber gestionado coimas y extorsiones para jueces federales de Rosario, pidió que la justicia llame a declarar como testigo Héctor Daniel Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia por haber sido mencionado en la declaración de un arrepentido.El pedido de la defensa de Busaniche en la causa “Bailaque Marcelo Martin y otros” incluyó la solicitud de interrogar también a la hermana de Marchi y a todas las personas que trabajaron desde 2019 con el ex contador en la Corte Suprema. Para ello, solicitó cursar a la oficina de persona de la Corte Suprema o, en su defecto al presidente Horacio Rosatti, para identificar a todos esos dependientes, “en especial secretarios, asistentes y asesores” que trabajaron con Marchi desde 2019 en adelante.La defensa también pidió que se oficie a la Unidad de Información Financiera para conocer las inversiones de Marchi y que se pida a las compañías telefónicas para conocer todas las líneas telefónicas asociadas al contador y el listado de las llamadas entrantes y salientes desde 2019.También quiere saber si uno de los arrepentidos, Fernando Whpei, tenía a Marchi agendado como “hermanito”.Héctor Daniel Marchi -un contador santafesino con aspiraciones políticas- fue nombrado en 2003 administrador general de la Corte y manejó la caja del máximo tribunal durante más de 15 años. Fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito por la entonces diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y él trató de enjuiciarla por las acusaciones en su contra. El 20 de abril de 2023, la Corte Suprema, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, desplazó a Marchi de la administración general, en el marco de un reacomodamiento interno del área. El contador fue entonces a declarar ante la comisión de juicio político contra la Corte Suprema que impulsó Cristina Kirchner y se presentó en la causa que tenía el juez federal Ariel Lijo por supuestas irregularidades en la obra social de la Nación (que el fiscal Carlos Stornelli promovió cerrar por inexistencia de delito).El nombre de Marchi apareció en la causa contra el juez destituido juez Bailaque a través de la declaración como arrepentido de Carlos Vaudagna, el ex jefe de la AFIP de Santa Fe que admitió haber sido cómplice de una maniobra que llevó adelante el ex juez y otros para extorsionar a empresarios con una causa armada. Busaniche fue uno de los intermediarios de esa maniobra, según los fiscales de Rosario. Y en el teléfono de Vaudagna se detectaron audios en los que hablan entre sí. Allí Vaudagna habla con Busaniche de «el colorado». Cuando le preguntaron quién era “el colorado”, Vaudagna respondió que el entonces administrador general de la Corte Suprema de la Nación, Héctor Daniel Marchi.En febrero pasado, el equipo de fiscales de Rosario presentó tres acusaciones contra el exjuez Bailaque por una serie de delitos vinculados a presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de la función judicial y estimó un pedido de pena de 10 años de prisión. También acusó a la esposa del ex juez y a Busaniche, por haber instigado a Bailaque y a Vaudagna a cometer los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. Para él se estimó una pena de 6 años de prisión.Esta no es la única causa que pesa sobre Busaniche. Como consecuencia de la investigación que lleva el nombre de Bailaque, el financista Fernando Whpei reconoció los detalles de la extorsión a Iglesias que también lo involucra. Y agregó que el operador judicial ofició de intermediario ante el juez de Rosario Gastón Salmain para que éste sacara un fallo que le permitiera acceder a dólares a cambio oficial en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a cambio de una coima de 200 mil dólares. Como finalmente la operación se hizo cuando llegó el gobierno de Javier Milei y la diferencia del dólar oficial se había desvanecido, la ganancia de Whpei se redujo a unos 19 mil dólares, pero Busaniche le advirtió que debía pagar los 200 mil dólares o el juez lo denunciaría. Whpei se negó a pagar y fue denunciado por el juez.Hace dos semanas, la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Salmain, junto a Busaniche y Whpei, por estas maniobras. La orden de detención no se cumplió porque Salmain aún es juez y la comisión de Acusación en el Consejo de la Magistratura analiza éstas y otras denuncias para decidir si promueve su destitución.