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  • Una jueza ordenó que la adolescente de 17 años acusada del crimen de su compañera de colegio se anote en otra escuela y haga terapia

    Una jueza ordenó que la adolescente de 17 años acusada del crimen de su compañera de colegio se anote en otra escuela y haga terapia

    La adolescente de 17 años imputada como coautora del asesinato de su compañera de colegio en la localidad correntina de Alvear se mudará a Santo Tomé, donde deberá retomar sus estudios en una semana y someterse a terapia psicológica. Esta medida generó la indignación de los padres de la víctima, Cecilia Emilce Lazcano (16), quienes esperaban que la joven permaneciera detenida en un instituto de menores.

    Lo llamativo del caso es que la Justicia no verificó si el lugar donde residirá la imputada reúne las condiciones adecuadas. Así quedó evidenciado durante la audiencia de coerción, cuando la jueza de Garantías Claudia Luco Montero comenzó a indagar sobre las características de la vivienda.
    El defensor oficial y los padres de la acusada acudieron al juzgado acompañados por una mujer que se presentó como madrina del padre de la menor, un policía que trabaja en Alvear. Esta mujer, a quien le costó recordar el nombre de su ahijado, expresó su conformidad para ceder una casa en el barrio Cerro de Santo Tomé por tiempo indeterminado, donde la imputada vivirá junto a su madre.
    Los padres de Cecilia siguieron la audiencia con profundo rechazo, ya que todas las partes parecían haber acordado previamente la postura presentada ante la magistrada. Tanto fue así que el día anterior, los familiares de la menor trasladaron a Santo Tomé muebles y ropa para su traslado.
    La jueza Luco Montero señaló que la privación de la libertad es una “medida excepcional”, aplicable únicamente en casos de posible fuga u obstrucción a la investigación. En su evaluación, la adolescente colaboró con la causa, residirá en Santo Tomé sin posibilidad de regresar a Alvear y se someterá a terapia psicológica.
    Además, la magistrada indicó que los padres de la menor deberán gestionar el cambio de escuela en un plazo de cinco días y que la joven solo podrá salir de Santo Tomé con autorización judicial, aunque no detalló cómo se garantizará el cumplimiento de estas medidas.
    El abogado querellante Juan Saucedo expresó su descontento porque durante la audiencia se escuchó a la imputada y su familia, pero no a los padres de la víctima. Corintia Vila, madre de Cecilia, manifestó su indignación: “Estoy indignada porque mi hija no puede defenderse ni hablar. Esta chica va a hacer su vida normalmente en Santo Tomé y yo ya no tengo a mi hija”. También cuestionó la falta de consideración de las pruebas existentes, entre ellas los mensajes intercambiados entre la imputada y su novio, presunto autor material del crimen.
    Según Vila, la imputada “seguirá estudiando, se recibirá y luego todo quedará en el olvido. Fin de la historia”.
    La jueza indicó que las explicaciones respecto a la acusación deberían ser brindadas por el fiscal Gustavo Cabral, quien aseguró a la familia “un juicio con todas las garantías” y explicó que solicitó la prisión preventiva del principal acusado debido a que este “no tenía contención, provenía de un ambiente familiar conflictivo, con un hermano preso por abuso sexual, una hermana víctima y una madre enferma”.
    El querellante adelantó que recurrirá la medida ante el Tribunal de Revisión y recusará al fiscal Cabral, al considerar que la ley se aplicó “con rigor por un lado y manifiesta benevolencia por otro”.
    Cecilia Emilce Lazcano fue atacada en la madrugada del 16 de julio en la antigua estación de trenes de Alvear. El agresor le provocó cortes en un brazo y una profunda herida en el cuello. Para simular un suicidio, envió desde el celular de la víctima dos mensajes de despedida a sus amigas.
    La adolescente logró pedir ayuda en una vivienda cercana, pero falleció horas después durante su traslado a la ciudad de Corrientes.
    La noche anterior, Cecilia había quedado a dormir en la casa de una amiga, aunque se retiró cerca de las 3 de la madrugada para encontrarse con un compañero de colegio. Cámaras de seguridad privadas registraron su camino hacia la vieja estación, donde se observa al joven cargando una pala y regresando horas después por otro camino, con ropa diferente.
    En el celular del acusado se hallaron mensajes con su novia que revelan que la imputada no solo estaba al tanto del plan, sino que incluso ofreció sugerencias para impedir que se encontrara el cuerpo de Cecilia.
    De esos mensajes también surge la existencia de una tercera persona a quien debían enviar fotos y videos del ataque. Hasta el momento, la Justicia no ha podido identificar a esta persona ni determinar su rol en el homicidio.
    Este lunes por la tarde se realizará en Alvear una marcha encabezada por Corintia Vila y Raúl Lazcano, padres de la víctima, para exigir un mayor compromiso judicial en el esclarecimiento del crimen.

  • Investigan la ruptura del matrimonio y la tenencia del hijo como ejes en el móvil del crimen de Lucila Pagani

    Investigan la ruptura del matrimonio y la tenencia del hijo como ejes en el móvil del crimen de Lucila Pagani

    Gerardo Luis Gasparutti, de 43 años, fue indagado por primera vez como presunto responsable del femicidio de su esposa, María Lucila Pagani, de 47 años. Sin embargo, su declaración fue escueta y decidió abstenerse de responder sobre aspectos específicos del caso. Actualmente, con nuevas medidas probatorias en curso, la fiscalía profundiza una hipótesis sobre el posible móvil del crimen: la ruptura del matrimonio, una presunta relación extramatrimonial y el deseo del acusado de mantener su lugar en la vida de su hijo de 10 años.

    Según fuentes cercanas a la causa consultadas por Clarín, la fiscalía analiza la posibilidad de que Gasparutti quisiera separarse de Lucila, pero conservar la convivencia con su hijo. En ese sentido, los investigadores consideran que el crimen pudo haber sido planificado y que la muerte de la madre habría sido, como hipótesis, el método para asegurar que el niño quedara bajo su cuidado.
    La existencia de una relación extramatrimonial ya había surgido durante la investigación. Según lo registrado en la causa, Gasparutti habría mantenido un vínculo con una mujer vinculada al ámbito universitario. No obstante, la defensa se distancia de esta línea de investigación.
    “En la indagatoria del jueves pasado, Gerardo declaró de manera escueta y se abstuvo de continuar respondiendo sobre temas puntuales por una cuestión de estrategia defensiva. La investigación sigue su curso y se están tomando nuevas medidas probatorias”, declaró a Clarín Lucas Zonzini, abogado de Gasparutti.
    Consultado específicamente sobre la existencia de una supuesta amante, Zonzini afirmó: “He decidido no indagar sobre ese rumor, ya que no le veo relación con el hecho investigado”.
    La indagatoria de Gasparutti se realizó tras un giro en la investigación, cuando la fiscalía descartó la versión inicial que hablaba de un accidente provocado por la explosión del celular de Pagani. Posteriormente, se levantó el secreto de sumario en el expediente, que está bajo la responsabilidad de la fiscal Liliana Copello.
    Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron a Clarín que las pericias realizadas por Bomberos constituyen un elemento clave en la acusación. “Está comprobado que el incendio no fue causado por ninguna explosión, sino por material carburante, en este caso nafta”, aseguraron. Este resultado es, según la fiscalía, el fundamento más sólido para la imputación contra Gasparutti.
    El acusado permanece detenido y, según su abogado, se encuentra alojado bajo medidas de protección para evitar inconvenientes dentro del penal.
    Otro aspecto central en la causa es la situación del hijo de la pareja. El niño, de 10 años, está bajo el cuidado de una vecina de Unquillo llamada Cecilia, quien fue una de las personas más cercanas a Lucila. Según explicó Zonzini, el hermano de Gasparutti se ofreció para hacerse cargo del niño de manera transitoria. Sin embargo, la Secretaría de Niñez intervino y determinó que el tío no podía asumir la tutela debido a que su hermano está imputado por homicidio calificado.
    La relación entre Cecilia y la familia se remonta a años atrás. Cecilia fue compañera de facultad de Lucila, con quien trabajó posteriormente, y habían construido una relación cercana que también unió a sus respectivas familias. Ambas terminaron viviendo en el mismo barrio. La cercanía de Cecilia con el niño explica que haya quedado a su cuidado tras la detención del padre. El menor continúa escolarizado en Córdoba, una dinámica que la familia sostenía porque sus padres trabajaban cerca.
    Mientras tanto, la fiscalía continúa reconstruyendo lo ocurrido dentro del matrimonio antes de la muerte de Pagani y analiza qué rol pudieron haber tenido la posible ruptura, la relación extramatrimonial y la situación del hijo en el desenlace. Por el momento, estas son hipótesis que forman parte de la investigación. Gasparutti está imputado por homicidio calificado por el vínculo con la víctima, y la causa sigue con nuevas medidas probatorias.

  • Prisión preventiva para Victoria Cantero por el crimen de su novio en Chaco: irá a una cárcel común

    Prisión preventiva para Victoria Cantero por el crimen de su novio en Chaco: irá a una cárcel común

    Momentos de tensión y angustia se viven en el entorno del caso por el crimen de Julián Álvarez Guardia (29). Mientras sus hermanas aguardan ansiosas el traslado, Victoria Cantero (25), única imputada por el homicidio de su novio, enfrenta la incertidumbre sobre su destino en prisión.

    Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que en las próximas horas Cantero será ingresada en la Unidad Penitenciaria 1 de Mujeres, ubicada en las afueras de Resistencia. En esa misma cárcel permanece detenida Marcela Acuña (53), integrante del clan Sena condenado por el crimen de Cecilia Strzyzowski.
    Este martes al mediodía, el Equipo Fiscal integrado por Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado dictó la prisión preventiva de Victoria Cantero por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, que prevé la pena de prisión perpetua. Según el fallo al que accedió Clarín, la decisión se fundamenta en «el grado de probabilidad en la participación de la imputada» y en la existencia de “riesgos procesales concretos” que descartan medidas menos gravosas.
    La resolución expresa que “la medida resulta idónea, necesaria y proporcional para asegurar los fines del proceso y la eventual aplicación de la ley penal sustantiva. La prisión preventiva se mantendrá hasta la finalización de la causa, ya sea con sentencia definitiva o su cese”. Tras ser notificada, Cantero fue trasladada esposada desde la sede judicial en un móvil de la Policía de Chaco, aguardando que el Servicio Penitenciario confirme el cupo en la unidad carcelaria.
    El crimen ocurrió en la madrugada del domingo 2 de agosto, en la vivienda de Álvarez Guardia, situada en la calle Donovan al 1400 del barrio Cien Viviendas de Resistencia. Cantero y su novio regresaron de bailar y mantuvieron una intensa discusión, habitual en sus dos años de relación, que esta vez concluyó con un ataque de ella hacia él.
    La autopsia reveló que Julián recibió al menos seis puñaladas —dos en el cuello, una de las cuales fue fatal—, además de heridas en el tórax, clavícula derecha y pulmón. El arma homicida fue un cuchillo Tramontina incautado en la escena del crimen. También se constató que Álvarez Guardia presentaba lesiones defensivas en sus brazos.
    Con la prisión preventiva dispuesta, Cantero queda a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para definir su lugar de alojamiento. Su defensa, a cargo de Celeste Segovia, remarcó a Clarín que “la investigación y producción de pruebas continúa” y que la medida tiene carácter coercitivo, no siendo una condena anticipada. Además, sostuvo que aún “existen muchas pruebas pendientes que fortalecerán nuestra teoría del caso, orientada a que actuó en legítima defensa propia”.
    Hasta el momento, la imputada no ha prestado declaración. Su abogada señaló que Cantero atravesaba una situación de violencia de género dentro de la relación con Álvarez Guardia. Por otro lado, una pericia del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco determinó que la joven no presenta alteraciones mentales y comprende la criminalidad de sus actos.
    Desde la familia de la víctima, su abogado Juan Arregin informó que se incorporaron nuevos informes y pericias a la causa, que buscan precisar la mecánica del ataque, descartando que haya ocurrido por la espalda o mientras Julián dormía, y corroborando que fue de frente, tal como indicó la autopsia.
    Mientras tanto, Noelia, hermana de Julián, expresó su alivio por la prisión preventiva: “Es un poco de paz en medio de tanto dolor. Sentimos a Julián desde el cielo, él nos está mostrando el camino para seguir adelante. Hay dos justicias: la terrenal, de la que nos ocupamos la familia, los amigos y los abogados, y la divina, que Dios todo lo ve”.

  • Crimen de Facundo Putallaz: Dictaron la prisión preventiva Rossi y prorrogaron la de su novia

    Crimen de Facundo Putallaz: Dictaron la prisión preventiva Rossi y prorrogaron la de su novia

    Crimen de Facundo Putallaz: Dictaron la prisión preventiva Rossi y prorrogaron la de su novia

    La Justicia de Concepción del Uruguay dispuso este viernes prorrogar la prisión preventiva de Milagros Samantha Armella (22), joven acusada de ser cómplice en el crimen de Facundo Putallaz (39) y dispuso la misma medida para su novio Germán Ezequiel Rossi, alias “Tara” (22), detenido en las últimas horas tras 5 meses de haber estado prófugo.

    En las últimas horas se confirmó la detención del criminal durante un allanamiento policial en el Barrio La Higuera, autor de los disparos contra Putallaz, en horas de la tarde del 20 de febrero del corriente, cuando con su pareja lo atacaron en inmediaciones de calles Doctor Lacava y Mitre, causándole lesiones gravísimas que lo dejaron cuadripléjico, muriendo días después en el hospital Urquiza.
    Fuga y detención de la novia
    Tras el trágico suceso, la fiscal interviniente, doctora María Becker pidió la prisión preventiva de Milagros Samantha Armella, lo que fue concedido por la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Herrero y se ordenó la captura de Germán Ezequiel Rossi, alias “Tara”.
    La fiscal solicitó infinidad de procedimientos para dar con el paradero de este escurridizo individuo, casi todos sin resultados, pero este jueves finalmente se logró la localización en una vivienda ubicada sobre calle Maipú al 1100, en el barrio La Higuera, donde además los uniformados incautaron dos réplicas de armas de fuego tipo pistola.
    Con el importante resultado, la doctora Becker dispuso la indagatoria y solicitó la audiencia de prisión preventiva del criminal, quien llegó a esta instancia representado por los doctores Félix Pérez y Leandro Monje.
    En primer lugar, este jueves la Fiscalía solicitó se prorrogue la prisión de la primera detenida, quien es representada por el doctor Pablo Sotelo.
    La solicitud fue otorgada por la magistrado, que ordenó la medida por otros 90 días y la continuidad de su detención en la Unidad Carcelaria de mujeres.
    En segundo lugar, se desarrolló la audiencia para la misma medida del segundo acusado Rossi, que como en el caso anterior, la jueza hizo lugar al pedido de la representante del ministerio Público Fiscal y ordenó 90 días y su inmediato traslado a una unidad penal.
    Audiencia en la OGA
    De esta manera por el hecho ya se encuentras detenidos los dos implicados y seguramente la causa va camino al juicio oral, lo que será presentado una vez completadas las diligencias pendientes y recabados todos los elementos que pudieran faltar para dar por finalizada la IPP.
     

  • Detuvieron a una persona que está imputada en un crimen – El Miércoles Digital

    Detuvieron a una persona que está imputada en un crimen – El Miércoles Digital

    Detuvieron a una persona que está imputada en un crimen – El Miércoles Digital

    En un operativo concretado a primera hora de este viernes 24 de julio, personal de la División Investigaciones y el Grupo Especial (GEPER) de la Jefatura Departamental Uruguay logró la localización y detención de una persona que se encontraba prófugo en el marco de una causa que investiga un Homicidio Agravado.
    El procedimiento tuvo lugar minutos antes de las 8de la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Maipú al 1100, en el barrio La Higuera, dando cumplimiento a una medida irruptiva emitida por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del Dr. Gustavo Ariel Díaz, con intervención de la fiscal Dra. María de los Ángeles Becker.

    Lograron hacer efectiva la detención del principal sospechoso de la causa Rossi Germán, alias “Tara”.
    Asimismo, las autoridades dispusieron el arresto de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y propietarios de la finca, imputados en forma directa por el delito de encubrimiento agravado.
    Como resultado de las requisas efectuadas en el lugar, la Policía Científica procedió al secuestro formal de dos teléfonos celulares y dos réplicas de armas de fuego tipo pistola, elementos que quedaron incorporados al legajo judicial.
    Los tres detenidos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Magistratura interviniente.
    Fuente: Policía de E.R.

     
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  • Dos primos detenidos, un par de tiros en la cabeza y un cuerpo enterrado en el campo: qué se sabe sobre el crimen de Gastón Montenegro en Santa Fe

    Dos primos detenidos, un par de tiros en la cabeza y un cuerpo enterrado en el campo: qué se sabe sobre el crimen de Gastón Montenegro en Santa Fe

    Dos primos detenidos, un par de tiros en la cabeza y un cuerpo enterrado en el campo: qué se sabe sobre el crimen de Gastón Montenegro en Santa Fe

    Gastón Montenegro, de 25 años, estuvo desaparecido durante casi dos semanas. La última vez que fue visto con vida fue la mañana del 27 de junio, cuando se dirigía a su casa en Capitán Bermúdez, alrededor de las 9:00. Su cuerpo fue hallado enterrado en un campo el sábado pasado. Dos jóvenes primos fueron detenidos e imputados en el marco de la investigación.

    Juan Manuel V., de 23 años, y Matías V., de 22, quedaron detenidos tras una serie de allanamientos. Juan Manuel está imputado con prisión preventiva por dos años, mientras que Matías enfrenta una prisión preventiva de seis meses.
    El principal sospechoso es Juan Manuel V., detenido la semana pasada. Según las pesquisas, él fue uno de los que interceptó a Montenegro cerca de las 9:45 del 27 de junio. Gastón estaba acompañado por otro hombre, sobre quien la familia también expresó sospechas.
    “Al no regresar a casa, se realizó la denuncia por averiguación de paradero. Después de casi 12 horas, un testigo se quebró y declaró que lo habían llevado caminando. Yo no conocía a ese amigo”, relató Carina, madre de Gastón. Añadió que, gracias a las cámaras de seguridad, confirmaron que su hijo fue subido a un Volkswagen Gol Trend en la intersección de Güemes y Paraguay. “Se lo llevan armado, lo secuestran”, afirmó.
    Aunque una de las hipótesis señala un ajuste de cuentas por una deuda vinculada al narcomenudeo, Carina lo negó rotundamente: “Mi hijo ya fue investigado. Gastón no vendía. Sí pudo haber tenido un tema de consumo, pero no era problemático. No debía ni vendía”, dijo en diálogo con el medio eltres.
    Tras el hallazgo del cuerpo, el director de Investigación Criminal de Santa Fe manifestó que “todo parece indicar que hay un conflicto relacionado con la venta de estupefacientes”. Sin embargo, la madre sostiene la versión de un ataque por error: “No sabemos por qué se lo llevaron. Nos deja la duda. Se equivocaron, se llevaron a otro chico. Gastón no conocía a esa persona”, apuntó, refiriéndose al acompañante que estaba con él al momento de la interceptación.
    Una vez confirmado que ingresaron en el auto con su hijo, la investigación pasó de averiguación de paradero a secuestro. Sin embargo, debieron transcurrir diez días hasta encontrar el cuerpo. “Lo buscamos durante dos semanas hasta llegar a este desenlace”, agregó la mujer.
    Montenegro estaba desempleado y realizaba trabajos ocasionales como árbitro de fútbol. Ese sábado planeaba regresar temprano porque debía dirigir un partido. Al no regresar, su madre sospechó que podría estar en la casa de algún amigo de “la chica con la que salía”. “Recorrimos varios lugares, sin saber que lo había interceptado un auto”, dijo Carina.
    Según la reconstrucción policial, los dos ocupantes del vehículo —entre ellos Juan Manuel V., quien ya está detenido, y otro conductor que continúa prófugo— bajaron del auto y amenazaron con un arma de fuego a Montenegro y su acompañante. A Gastón lo subieron al vehículo y escaparon rumbo al sur.
    En circunstancias que la investigación aún busca determinar, Gastón fue ejecutado con dos disparos en la cabeza. Las pesquisas apuntan a una banda dedicada al narcomenudeo que dejó cabos sueltos. Además de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se investigan mensajes de WhatsApp con acusaciones cruzadas y pedidos para ocultar pruebas, informó el sitio local SL24.
    El viernes pasado, Juan Manuel V. fue imputado por “privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor”, “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de partícipe necesario” y “amenaza calificada por uso de arma de fuego en calidad de coautor”.
    El cuerpo de Montenegro fue encontrado enterrado en un campo rural ubicado a pocos metros de la Ruta 10, entre las localidades de Andino y Serodino, durante un rastrillaje el sábado 4 de julio.
    Por su parte, el principal sospechoso negó haber usado armas y ocultó el Gol Trend en un predio perteneciente a la familia de su primo, Matías V., quien fue detenido por encubrimiento agravado.

  • La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento del crimen del Alberto Nisman

    La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento del crimen del Alberto Nisman

    La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento del crimen del Alberto Nisman

    La Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado en la causa que investiga la muerte del ex fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, ocurrida en enero de 2015.

    Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron la decisión del juez Julián Ercolini, basada en la acusación formulada por el fiscal Eduardo Taiano. En el fallo, Irurzun señaló que Fein, quien estuvo a cargo del caso entre 2015 y 2016, “comprometió la reconstrucción jurisdiccional del suceso”.
    El magistrado destacó que las numerosas falencias detectadas —como la gran cantidad de personas que ingresaron al departamento, incluso cuando el cuerpo aún permanecía en el lugar, y antes del arribo de las autoridades competentes—, sumadas a la informalidad en el levantamiento de rastros en los distintos ambientes de la vivienda, constituyen indicios que avalan el reproche penal.
    Irurzun añadió que, por ejemplo, mientras la madre de Nisman manipulaba sin resguardo objetos del interior de la caja de seguridad, la médica forense inspeccionaba los cajones del baño con los mismos guantes usados para manipular el cuerpo del ex fiscal, lo que evidencia una falta de protocolo y resguardo de la evidencia.
    Por su parte, Farah remarcó que Fein permitió la presencia simultánea en la escena del hecho de testigos, expertos y observadores, lo que generó una situación descontrolada. Mientras se secuestraba documentación en el living con testigos presentes y personal técnico utilizando mesas para apoyar distintos elementos, en el baño se encontraban el cuerpo de Nisman junto a miembros de la unidad forense, fotógrafos, camarógrafos y personas que observaban sin autorización.
    Además, en el dormitorio, paso obligado hacia la escena principal, transitaron numerosas personas, incluso se utilizó la cama, que ya no conservaba su apariencia original, para apoyar objetos y contar dinero. La cama también sirvió como asiento para familiares de Nisman y para un perito que manipuló un arma sobre la mesa de luz. Todo esto tuvo lugar incluso antes de que comenzara la revisión de los cajones, iniciada a las 7:45 horas del 19 de enero, situación similar a la ocurrida con el tacho de basura.
    Farah también cuestionó la afirmación de Fein, realizada pocos minutos después del inicio de las tareas, sobre la lesión en la cabeza de Nisman indicando que “se pegó con la mano derecha”, lo que evidenció una anticipada elección arbitraria de la hipótesis de suicidio, descartando cualquier otra posibilidad y condicionando el tratamiento de la escena a esa versión.
    Las irregularidades atribuidas a Fein incluyen: limitar la investigación a la escena interior del departamento; demorarse casi una hora y media en arribar al lugar; no adoptar medidas para controlar la situación desordenada ni dejar constancia de ello; permitir el ingreso a la escena de personas sin la vestimenta adecuada para trabajos forenses; manipular o permitir la manipulación y alteración de elementos probatorios sin autorización ni resguardo; y no recoger ni advertir la existencia de pruebas esenciales para la investigación.
    Según el juez, estas deficiencias provocaron un grave perjuicio en el curso del proceso investigativo, ocasionando pérdida o alteración de evidencias y dificultando la recolección de elementos probatorios fundamentales en una posible escena de crimen.
    Esta causa se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió, que solicitó investigar a distintos funcionarios del gobierno nacional por presuntas acciones que habrían facilitado el homicidio de Nisman y promovido la impunidad de sus responsables directos.
    En el marco de la investigación, se ordenaron ampliaciones de declaraciones testimoniales y se analizaron los cruces de llamadas telefónicas relacionadas con diversas autoridades y funcionarios, entre ellos César Santos del Corazón de Jesús Milani, ex jefe del Ejército Argentino; Aníbal Domingo Fernández, ex jefe de Gabinete; Cecilia Rodríguez, ex ministra de Seguridad; Sergio Berni, ex secretario de Seguridad; Ramón Argentino Di Santo, ex jefe de la Policía Federal; y otros funcionarios vinculados a la seguridad y custodia.
    En mayo pasado, el juez Ercolini había procesado a Fein por la contaminación constatada en el departamento donde fue hallado sin vida Nisman, imputándole el delito de encubrimiento agravado. Tras ser indagada, se consideró penalmente responsable de no preservar adecuadamente la escena del crimen.
    Finalmente, la justicia federal determinó que Alberto Nisman, cuyo cuerpo fue encontrado en el baño de su departamento en Puerto Madero, fue víctima de un homicidio.

  • El caso del empresario descuartizado en una valija: un jurado popular decide si tres acusados por el crimen son culpables o inocentes

    El caso del empresario descuartizado en una valija: un jurado popular decide si tres acusados por el crimen son culpables o inocentes

    El caso del empresario descuartizado en una valija: un jurado popular decide si tres acusados por el crimen son culpables o inocentes

    Desde temprano, los convocados acudieron a los Tribunales de Lomas de Zamora para responder preguntas durante la audiencia de selección del jurado, conocida como *voir dire*. En lugar de sus nombres, se identificaban únicamente por el número colgado en su cuello. Finalmente, cerca de las 16, se conformó un jurado compuesto por 12 titulares y seis suplentes que, durante nueve días, decidirá el destino de Maximiliano Pilepich (47), Nahuel Sebastián Vargas (46) y Matías Gil (31).

    Los tres están imputados por el homicidio de Fernando Pérez Algaba (41), apodado «Lechuga». Empresario y trader dedicado a la venta de automóviles en distintos momentos, Pérez Algaba era conocido en la zona oeste del Gran Buenos Aires y también había incursionado en el mercado de criptomonedas. Su hermano, Rodolfo Pérez Algaba (62), forma parte de la acusación y esperó durante tres años para que la causa llegara a juicio.
    Una mujer de 62 años acompañó a su hija durante toda la jornada en los tribunales. Aunque esperó todo el día fuera de la sala, su hija nunca salió porque no fue cuestionada por ninguna de las partes; fue seleccionada por sorteo para integrar el jurado popular que deberá deliberar sobre la causa. Al comunicarle que quedaría en el jurado, a través de la seguridad del tribunal, la mujer solo pidió que su hija regresara sola en un remis al finalizar la primera jornada.
    En la previa al debate, Vargas vistió una campera gris, mascó chicle y mostró nerviosismo, agitando la pierna mientras esperaba serio el comienzo del juicio. Pilepich, por su parte, lucía un tatuaje de eslabones de cadena asomando por la patilla y también mascó chicle mientras escuchaba atentamente al juez Juan Manuel Rial. Gil fue el único de los tres que contó con la presencia de sus padres como acompañamiento durante la primera jornada.
    La acusación está a cargo de la fiscal Marcela Dimundo, mientras que los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro representan al particular damnificado, Rodolfo Pérez Algaba.
    “Hace tres años que espero este momento. Lo único que pido es justicia”, aseguró a Clarín Rodolfo Pérez Algaba, quien además fue el primer testigo en el juicio. Durante toda la jornada esperó junto a su pareja la conformación del jurado. “Están mejor de salud que yo”, ironizó al referirse a los acusados, señalando que desde el homicidio de su hermano perdió 20 kilos, fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y sufrió la pérdida de varios dientes.
    Los acusados llegan al juicio detenidos, enfrentando cargos por homicidio triplemente agravado por alevosía, por codicia, por concurso premeditado de dos o más personas y por uso de arma de fuego. El debate, que se extenderá hasta el 8 de julio, está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 de Lomas de Zamora y es presidido por Juan Manuel Rial, quien además determinará las penas correspondientes.
    Además de Pilepich, Vargas y Gil, otros cuatro imputados —Luis Alberto Contreras (40), Horacio Mariano Córdoba (50), Fernando Gastón Martín Carrizo (36) y Flavia Lorena Bomrad (41)— serán juzgados en un juicio técnico aún sin fecha asignada. Blanca Gladys Cristaldo (61) está imputada por encubrimiento agravado.
    Durante la instrucción, Vargas y Pilepich se acusaron mutuamente, por lo que no está del todo claro quién fue el autor material del disparo mortal contra Pérez Algaba. Sin embargo, los tres están imputados por la misma figura delictiva, que prevé pena de prisión perpetua.
    Gil, empleado de la constructora de Pilepich, fue quien retiró documentos de reconocimiento de deuda firmados por este último. Las antenas de telefonía celular ubican a Gil, Pilepich y la víctima juntos el día del crimen.
    Pilepich es defendido por Enrique Tronceda, la defensa de Nahuel Vargas está a cargo de Celeste Schenfeld y la de Matías Gil, por Yamil Castro Bianchi.
    Según la acusación, entre las 18 horas del 18 de julio y las 3 horas del 19 de julio de 2023, Pérez Algaba se dirigió al predio «Renacer», un emprendimiento inmobiliario en General Rodríguez, en una camioneta Range Rover blanca. «Lechuga» planeaba instalarse en España y había viajado exclusivamente a Buenos Aires para cobrar una deuda de 20.000 dólares que Pilepich tenía con él por la venta de terrenos del predio donde se proyectaba construir un barrio privado. Este pago formaba parte de un acuerdo mayor avalado por un documento firmado en una escribanía de Castelar.
    La fiscalía sostiene que Pérez Algaba recibió dos disparos en la parte posterior del torso mientras cambiaba una lámpara en una oficina del predio. Los proyectiles ingresaron por la espalda a una distancia superior a los 50 centímetros, causando lesiones en pulmones e hígado que provocaron una hemorragia aguda y su fallecimiento, según las pericias.
    La justicia considera que el móvil del homicidio fue la codicia, ya que los acusados buscaban eludir el pago de la deuda y la entrega de 17 de los lotes del barrio privado.
    Tras el asesinato, los imputados planificaron el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo. Los restos fueron colocados en bolsas de nylon negras, distribuidos dentro de una valija roja, una mochila

  • Cayó uno de los prófugos más peligrosos de Santa Fe: lo buscaban por el crimen de «Pillín» Bracamonte y ofrecían 30 millones de pesos

    Cayó uno de los prófugos más peligrosos de Santa Fe: lo buscaban por el crimen de «Pillín» Bracamonte y ofrecían 30 millones de pesos

    Cayó uno de los prófugos más peligrosos de Santa Fe: lo buscaban por el crimen de «Pillín» Bracamonte y ofrecían 30 millones de pesos

    Fernando Sebastián Vázquez (45), conocido como «Narigón», fue detenido tras estar prófugo y con una recompensa de 30 millones de pesos por su captura. Vázquez es un sicario buscado por el crimen de Andrés «Pillín» Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central, quien sobrevivió a 29 intentos de asesinato y fue asesinado a tiros en noviembre de 2024.

    La detención de Vázquez se registró en Villa Gobernador Gálvez, al sur de Rosario. Sobre él pesaba un pedido de captura por homicidio y se lo vincula como uno de los sicarios del Lisandro «Limón» Contreras, líder de la llamada Banda de los Menores, detenido en diciembre de 2024, poco después del asesinato de Bracamonte.
    Vázquez integraba la lista de los siete prófugos más buscados de Santa Fe, encabezada por Matías Gazzani, capo narco de Los Menores, por quien ofrecen 70 millones de pesos.
    Esta captura representa la tercera detención de destacados delincuentes en los últimos ocho días en la región. En la última semana también fueron arrestados Andrés Raúl «Plin» Acosta, exjefe de la barra de Central aliado a Los Menores, sorprendido en un boliche de San Telmo, y Samuel Elías Reyes, detenido en Córdoba, acusado de un ataque en el que falleció Zamir Torres, un niño de 4 años.
    Por otra parte, Alejandro Vázquez, hermano de Fernando, fue detenido poco después del crimen de Bracamonte. Estaba bajo investigación por narcotráfico y señalado como uno de los ejecutores del homicidio.
    El asesinato de Andrés «Pillín» Bracamonte (53) y de su acompañante Raúl «Rana» Attardo (55) ocurrió la noche del 9 de noviembre, a pocas cuadras del estadio de Rosario Central. Ambos se desplazaban en una camioneta Chevrolet S10 tras un partido contra San Lorenzo cuando fueron emboscados en Boulevard Avellaneda Bis. Recibieron cinco disparos cada uno a corta distancia y fallecieron poco después en el Hospital Centenario.
    Según la investigación fiscal, el ataque fue perpetrado por al menos dos personas a pie, que dispararon al interior del vehículo aprovechando la poca iluminación por falta de alumbrado público. Testigos indicaron la ausencia policial en la zona y relataron que uno de los atacantes introdujo el brazo por la ventanilla para disparar.
    Desde el inicio, la fiscalía analiza el doble crimen como parte de una escalada de violencia vinculada al control de la barra y disputas territoriales, relacionándola con el asesinato previo de Samuel «Gordo Samu» Medina, vinculado a la banda criminal Los Monos.

  • Triple crimen de Florencio Varela: dictan la prisión preventiva de «Pequeño J» y suman dos nuevas hipótesis

    Triple crimen de Florencio Varela: dictan la prisión preventiva de «Pequeño J» y suman dos nuevas hipótesis

    Triple crimen de Florencio Varela: dictan la prisión preventiva de «Pequeño J» y suman dos nuevas hipótesis

    Tony Janzen Valverde Victoriano (20), conocido como “Pequeño J”, fue procesado este viernes con prisión preventiva por el triple crimen de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido en septiembre de 2025 en Florencio Varela. Además, la justicia incorporó dos nuevas hipótesis que vinculan el caso con delitos de trata y explotación sexual, así como lavado de activos.

    El juez federal N° 2 de Morón, Jorge Rodríguez, consideró que “Pequeño J” realizó “aportes esenciales en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.
    Las jóvenes fueron encontradas asesinadas el 19 de septiembre del año pasado en una vivienda del barrio Villa Vatteone, Florencio Varela. Por el triple femicidio hay once personas detenidas, imputadas como coautoras del delito de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediación de violencia de género.
    Según la Justicia, los crímenes estarían vinculados a una “venganza por la supuesta sustracción de estupefacientes”. Sin embargo, el magistrado amplió la investigación incorporando las hipótesis de trata de personas, explotación sexual y lavado de activos, actividades a las que también se dedicaría la banda y que podrían estar relacionadas con los asesinatos.
    “El sospechoso habría integrado una estructura delictiva más amplia, en la que el crimen de las tres víctimas estaría relacionado con disputas internas y represalias dentro de una red narco-criminal”, afirmó el juez Rodríguez, quien firmó el fallo de 27 páginas junto a su secretario Ignacio Calvi.
    En defensa de Valverde Victoriano, Lucas Contreras Alderete anunció a Clarín que apelará el procesamiento del joven peruano. “Estamos frente a una sentencia arbitraria que formaliza una imputación vaga y precaria, cuestión que desde la defensa venimos señalando desde la solicitud de excarcelación y que incluso el fiscal del caso, Eduardo Craviotto, recomienda reformular en su dictamen”, expresó el abogado.
    El defensor sostuvo que “la resolución reemplaza prueba por conjeturas e hipótesis, lo cual no se condice con la gravedad del hecho imputado, vulnerando garantías básicas del debido proceso y derecho de defensa”.
    Además de “Pequeño J”, están detenidas otras diez personas imputadas: Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42). Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias “Señor J”, fue investigado pero beneficiado con falta de mérito.
    Valverde Victoriano fue extraditado el 4 de mayo desde Perú, donde estuvo detenido siete meses tras fugarse de Argentina. Actualmente permanece alojado en el Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N° 24, en Marcos Paz.
    Durante su primera indagatoria se negó a declarar, pero en una segunda audiencia relató su versión de los hechos. Según declaró, conoció a Lara y Morena el 6 de septiembre de 2025, cuando Villanueva Silva le pidió acompañar a un conocido apodado “Gordo” hasta Flores, donde se encontraron con las adolescentes y mantuvieron relaciones sexuales en un hotel.
    Posteriormente, los cuatro concurrieron a un boliche en Flores, donde intercambió palabras con Lara, quien hablaba de una fiesta con “Gordo”. Respecto a la vivienda de la calle Chañar 702, donde fueron hallados los cuerpos, “Pequeño J” dijo que llegó el 18 de septiembre acompañado por “Gordo” y otras personas. En la casa ya estaban Villanueva Silva y González Guerrero, dueña del inmueble.
    Sobre “Gordo”, afirmó desconocer su nombre real, que no era de la villa y que Villanueva Silva le aseguró que se trataba de una persona de confianza. Según su relato, “Gordo” le indicó las habitaciones del lugar y éste le pidió: “Encargate de lo mío”, a lo que “Gordo” respondió: “Tú quédate tranquilo”.
    El día del crimen, el 19 de septiembre, dijo que Villanueva Silva le pidió que lo acompañara a “Gordo” a comprar un auto. Allí se encontraron con Sotacuro Lázaro. Luego, relató que se quedó dormido y fue despertado a las 6 de la mañana por Ozorio, quien estaba acompañado por un hombre apodado “El Negro”.
    “Pequeño J” fue detenido el 30 de septiembre cuando viajaba en un camión hacia Lima, Perú, su país de origen, adonde ingresó ilegalmente desde Bolivia tras fugarse de Argentina.