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  • El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este miércoles una serie de nuevas medidas para determinar si la versión de Manuel Adorni sobre la tenencia de bitcoins, como principal explicación del incremento patrimonial declarado, se corresponde con los registros financieros oficiales. En ese marco, solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la elaboración de un informe histórico sobre el mercado de activos virtuales en Argentina desde 2012 hasta la actualidad.

    Una de las principales dudas surgidas a partir de la declaración jurada del período fiscal 2025, y la documentación adjunta, es si la tenencia de bitcoins constituye una coartada para justificar un patrimonio declarado de 944 millones de pesos.
    En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la fiscalía concentró las nuevas medidas en la investigación de los criptoactivos. Inicialmente, Adorni había declarado para el período fiscal 2024 un patrimonio, en el país y en el exterior, equivalente a unos 24.000 dólares según el tipo de cambio oficial de esa fecha. Sin embargo, presentó posteriormente una rectificación formal ante el fisco en la que admitió poseer 513.000 dólares.
    Para justificar el origen de esa suma, Adorni explicó que 300.000 dólares correspondían a ganancias netas obtenidas por inversiones en bitcoins y otras criptomonedas entre 2013 y 2018, respaldadas por sus 25 años de trayectoria en el sector privado. Estas supuestas operaciones, realizadas hace varios años, habrían tenido lugar en plataformas y billeteras virtuales que en ese momento no reportaban información ni eran supervisadas conforme a las normativas fiscales vigentes en Argentina.
    Por este motivo, Pollicita solicitó a la CNV que, en un plazo de 72 horas, informe sobre:– El listado detallado, año por año, de personas jurídicas, sociedades, plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y servicios de compraventa de activos virtuales que hayan operado en el país o dirigido sus servicios al mercado argentino desde 2012 hasta la actualidad. Este listado debe incluir la razón social, denominación comercial, estado actual de cada entidad y la fuente de información utilizada (antecedentes regulatorios, informes internos, bases públicas, entre otros).– El marco normativo vigente y los antecedentes regulatorios aplicables al sector en ese período.– Si existió un registro formal de prestadores durante todo el período o si la información histórica debe reconstruirse a partir de fuentes institucionales o públicas alternativas.
    El objetivo, según fuentes judiciales citadas por Clarín, es contar con el contexto técnico y regulatorio necesario para analizar las operaciones con criptoactivos atribuidas a los investigados.
    En las declaraciones juradas de Adorni, hay dos cifras que fueron eliminadas pese a haber sido declaradas: en 2023, su patrimonio era de 61.018.251 pesos y en 2024, de 107.894.811 pesos. Ninguno de estos montos figura actualmente en los documentos registrados ante la Oficina Anticorrupción.
    Tras la rectificación, la base declarada al inicio del período fiscal más reciente es de 622.646.892 pesos aproximadamente, y el patrimonio final declarado para el período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2025 asciende a 944.575.052 pesos.
    Según Adorni, esta cifra se explica principalmente por las inversiones en bitcoins realizadas junto a su esposa, Bettina Angeletti, entre 2014 y 2018, antes de ocupar cargos públicos. Sin embargo, la justicia tiene tres interrogantes puntuales al respecto.
    Primero, el origen de los 200.000 dólares que habría invertido en criptomonedas no está claro ni documentado. Hasta el momento, no se registra ningún movimiento o evidencia que justifique la obtención de esas divisas. Una fuente judicial señaló a Clarín que no basta con declarar la cifra en la declaración jurada, sino que debe sustentarse su origen lícito.
    En segundo lugar, la cifra de 513.000 dólares declarada como resultado de la “venta de activos” —es decir, la venta de bitcoins— carece de documentación que acredite que Adorni fue el titular real de esas criptomonedas. Hasta ahora no existen respaldos que lo comprueben, añadieron fuentes cercanas al caso.
    Este aspecto podría aclararse si en la declaración reservada aporta la información complementaria requerida, ya que hasta el momento no hay documentación que respalde la titularidad ni detalles precisos sobre los bitcoins involucrados.
    Por último, la tercera duda se relaciona con la cantidad exacta de bitcoins y cómo se traduce ese monto en dólares. De acuerdo con cálculos realizados en Comodoro Py, la cantidad de criptomonedas declaradas equivaldría a un valor muy superior a 513.000 dólares, alcanzando cifras en millones de dólares, lo que genera discrepancias significativas con lo declarado, según indicaron fuentes judiciales a Clarín.

  • La Justicia sospecha que las criptomonedas que declaró Manuel Adorni para intentar justificar su incremento patrimonial no eran suyas

    La Justicia sospecha que las criptomonedas que declaró Manuel Adorni para intentar justificar su incremento patrimonial no eran suyas

    La Justicia sospecha que las criptomonedas que declaró Manuel Adorni para intentar justificar su incremento patrimonial no eran suyas

    Manuel Adorni intenta justificar el incremento de su patrimonio declarando 513.000 dólares, atribuidos a la venta de activos, vinculados a bitcoins que anunció primero en medios y luego mediante declaraciones juradas rectificadas. Sin embargo, fuentes judiciales consideran esta cifra “insuficiente” y advierten que “nada indica que fuese el titular de esas criptomonedas, además no presentó documentación respaldatoria”. La justicia federal cuestiona tanto el origen de los dólares invertidos en activos virtuales como la titularidad real del monto declarado por el funcionario.

    El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó el viernes un oficio con múltiples medidas tras la entrevista difundida en LN+ y la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), compuesta por 22 informes que buscan esclarecer el patrimonio del funcionario de La Libertad Avanza. Este funcionario omitió durante años la tenencia de dólares, incluso en el período fiscal 2024, y ahora, tras la adquisición de una propiedad, muestra una fortuna más coherente con los movimientos declarados.
    Manuel Adorni eliminó de su declaración jurada dos cifras que había consignado inicialmente: un patrimonio de 61.018.251 pesos en 2023 y de 107.894.811 pesos en 2024, que ya no figuran en los registros ante la OA. En su última rectificación, la base inicial declarada asciende a 622.646.891,98 pesos, y para el cierre del período fiscal 2025 declaró un patrimonio de 944.575.052 pesos.
    Este aumento se explica, según Adorni, por la inversión en bitcoins realizada junto a su esposa, Bettina Angelletti, entre 2014 y 2018. No obstante, la justicia plantea tres dudas concretas. Primero, el origen de los 200.000 dólares invertidos en criptomonedas carece de explicación y no figura ningún registro que lo respalde: “No basta con declarar una cifra en la declaración jurada, debe sustentar su origen lícito”, señaló a Clarín una fuente judicial.
    La segunda inquietud se relaciona con la cifra de 513.000 dólares declarada como resultado de la venta de esos activos. Hasta ahora, “nada asegura que haya sido el titular real de las criptomonedas porque no hay documentación que lo respalde”, indicó otro vocero cercano al caso. Otro consultado agregó que no está claro con qué criptomoneda operó ni cómo obtuvo esa ganancia, y que el monto declarado implica un valor mucho mayor —por encima de 20 millones de dólares— al valor declarado.
    Estas dudas surgieron tras la presentación de los nuevos números. En Comodoro Py estiman que podría subsanarse si la información confidencial que aún no fue entregada se incorpora a la investigación, ya que hasta ahora “no hay datos contundentes que confirmen la titularidad ni la procedencia de esos bitcoins”.
    La tercera cuestionamiento refiere a que los montos declarados no especifican la cantidad de bitcoins ni si representan su valor en dólares, lo que genera inconsistencias. Según cálculos realizados en la sede judicial, el valor real de las criptomonedas declaradas supera ampliamente los 513.000 dólares, llegando a varios millones.
    A diferencia de esos valores, en su declaración del período fiscal 2024 Adorni sí detalló tres criptomonedas específicas, consignando nombre, cantidad y valor en pesos. Se trata de Cripto Binance (11.019,85 unidades por 8.875.937,02 pesos), Cripto Lemon (2.605,83 unidades por 2.098.865,77 pesos) y Cripto BTC (1.069,69 unidades por 861.584,01 pesos), sumando un total de 11.836.386,8 pesos según el tipo de cambio oficial vigente.
    La ganancia de 513.000 dólares atribuida a la venta de bitcoins es ahora una incógnita que la justicia intentará esclarecer mediante un requerimiento formal que firmará el fiscal Pollicita, según confiaron fuentes judiciales a Clarín.
    La justicia federal analiza tanto la declaración patrimonial de 2025 como las rectificaciones previas. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dependiente de la Procuración General, estudia con detalle los ingresos y egresos de Adorni y su esposa para identificar posibles inconsistencias. La DAFI ya solicitó a la fiscalía la incorporación de la nueva documentación presentada, que se sumará a un informe en desarrollo.
    Fuentes judiciales admiten que Adorni ha ganado tiempo, pero advierten que “deberá dar explicaciones sobre numerosos números que aún resultan inconsistentes”.
    Además, la justicia indaga si los fondos invertidos proceden del trabajo privado que el jefe de Gabinete y su esposa aseguran haber tenido durante años. Para ello, el fiscal solicitó a la ANSES, ARCA y otros organismos los registros laborales del matrimonio con el fin de comprobar si sus ingresos oficiales corresponden con las declaraciones.
    La Justicia también evalúa la existencia de un delito precedente que permita avanzar, por ahora, con una investigación por posible lavado de activos. Sobre la figura penal de evasión tributaria en la que se ampara Adorni, se señala que el período prescripto para esa falta “no está claro si incluye la evasión de bienes personales”, por lo cual continúa el análisis.
    Fuentes del fuero admiten que, lejos de aclarar las dudas, las recientes modificaciones en la declaración patrimonial “han generado más interrogantes”, las cuales solo el propio Adorni podrá explicar.