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  • Cristina Kirchner se alejó de las redes: lleva un mes sin publicar, estudia chino e inglés, y espera que avance su reclamo ante la ONU

    Cristina Kirchner se alejó de las redes: lleva un mes sin publicar, estudia chino e inglés, y espera que avance su reclamo ante la ONU

    Cristina Kirchner lleva un mes sin publicar en redes sociales y dedica sus días al estudio de chino e inglés, mientras aguarda un fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre su reclamo formal. La expresidenta mantiene una rutina estricta que incluye caminatas diarias en la cinta, cuidado alimenticio, lectura constante de noticias políticas y formación en inteligencia artificial, campo que ha despertado su interés recientemente.

    Su último mensaje en la plataforma X data del 29 de julio: un video de una hora con la presentación completa que realizaron sus abogados ante la ONU, acumulando hasta hoy más de 62 mil reproducciones. Ese mismo día compartió un enlace a su página web personal donde figura una carta abierta dirigida al organismo internacional. En este escrito denuncia vulneraciones a garantías procesales durante la causa Vialidad, como la falta de imparcialidad judicial, igualdad ante la ley y la afectación de sus derechos políticos. Asimismo, su defensa solicitó medidas provisionales para suspender la inhabilitación perpetua que le impide ejercer cargos públicos, revisar las condiciones de su prisión domiciliaria y completar la integración de la Corte Suprema.
    Cristina Kirchner espera ahora un pronunciamiento que confirme dichas violaciones, con la intención de usarlo para impulsar la revisión de su condena en Argentina. Durante 2026, su actividad en redes sociales disminuyó considerablemente: solo publicó 11 mensajes en X y tres en Instagram, limitándose en ocasiones a expresar condolencias por fallecimientos destacados, como los de Taty Almeyda, el Indio Solari y Sandra Mendoza. A diferencia de años anteriores, ha evitado manifestarse públicamente sobre temas coyunturales y no otorgó entrevistas a medios.
    Este silencio sorprende a su entorno, que interpreta la decisión como una consecuencia de su encierro y situación personal. A pesar de ello, la exmandataria mantiene contacto telefónico con dirigentes del peronismo y continúa activa políticamente dentro de las restricciones que le impone la Justicia, las cuales limitan sus visitas a seis por semana, por un total de cuatro horas. En este contexto, ha dialogado con figuras como Juan Manuel Olmos, Sergio Massa y Ricardo Quintela. Sus allegados destacan que su objetivo es “unir las partes”, rememorando los encuentros clave del peronismo en 2017 y 2019, y consideran prematuro definir candidaturas presidenciales, priorizando la victoria electoral sobre la proyección de nombres propios.
    Cristina sigue de cerca la situación económica nacional y analiza junto a economistas amigos la evolución del país. Desde diciembre de 2023 sostiene que al presidente Javier Milei le irá mal en ese ámbito, manifestando preocupación por el cierre creciente de comercios y el endeudamiento de la población para cubrir sus gastos. Sin embargo, reconoce que Milei conserva un apoyo popular sólido. También monitorea el avance electoral de la izquierda, particularmente el crecimiento de Myriam Bregman, a quien recuerda con cierta cautela tras la visita que la líder de ese sector le realizó al iniciar su prisión domiciliaria. Aunque Bregman mantiene diálogo parlamentario con Máximo Kirchner y otros peronistas, desde el entorno de Cristina consideran un error limitar su candidatura solo a la imagen pública.
    Fuentes próximas aseguran que, a pesar de su ausencia mediática, la expresidenta influyó en la eliminación del capítulo referido a la “Ley de Tierras” en la agenda legislativa. “Que no tenga escena pública no significa que no esté trabajando para que las cosas salgan”, afirmaron.
    En paralelo, esta semana se conoció que María Soledad Calle, dirigente de la UOM vinculada a La Cámpora, quedó bajo investigación judicial por la compra de un departamento de 252 metros cuadrados ubicado en el piso inferior al de Cristina Kirchner. La propiedad fue escriturada a nombre de Calle el 20 de agosto de 2025 por un monto de 189.000 dólares, cifra que despertó sospechas por ser inferior al valor de mercado en esa zona. La Justicia investiga el origen de los fondos y su posible relación con maniobras vinculadas a USEM SA, empresa relacionada con el manejo de aportes de afiliados del gremio. Calle negó haber adquirido el inmueble y atribuyó las acusaciones a una interna sindical.
    Desde el entorno de la expresidenta aseguraron que no existe vínculo entre ambas más allá de algún encuentro ocasional y negaron que Calle haya visitado su domicilio o informado sobre su mudanza al piso contiguo. Por las condiciones de su prisión domiciliaria, Cristina no puede acercarse al ascensor ubicado a un metro y medio de la entrada, ya que eso activaría la alarma de su tobillera electrónica. Incluso, para acceder a la terraza común del edificio durante el verano tendría que avisar previamente y utilizar un dispositivo que evite alterar el monitoreo constante de su detención.

  • El gesto de Axel Kicillof con Cristina Kirchner: «Continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune»

    El gesto de Axel Kicillof con Cristina Kirchner: «Continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune»

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    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó que a cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Kirchner la investigación judicial no haya avanzado en identificar a los autores intelectuales del ataque.

    «Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo», afirmó Kicillof a través de su cuenta en X.
    En 2025, la justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los jóvenes responsables del atentado ocurrido en septiembre de 2022 contra la exvicepresidenta. Sin embargo, el gobernador destacó la gravedad de que aún no se hayan esclarecido los impulsores intelectuales del hecho.
    La declaración de Kicillof se produce en medio de una interna con fuertes tensiones dentro del peronismo, de cara a la organización electoral para las elecciones presidenciales de 2027.
    El mandatario cerró su mensaje con un pedido de justicia para Cristina Kirchner y exigió que se profundice la investigación para identificar a los responsables detrás del ataque.
    Por su parte, el exministro Agustín Rossi también se pronunció sobre el intento de asesinato, señalándolo como un símbolo de la violencia política. «Lo que vino después no fue el repudio unánime, sino la continuidad del intento de eliminación política por otras vías: del gatillo en la calle a la proscripción en los tribunales. No es solo el ataque a una persona; es la erosión sistemática del pacto democrático», afirmó Rossi en X.

  • La justicia oficializó el embargo del departamento en el que está presa Cristina Kirchner

    La justicia oficializó el embargo del departamento en el que está presa Cristina Kirchner

    El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) notificó al Registro de la Propiedad Inmueble que el departamento ubicado en San José 1111, donde se encuentra alojada Cristina Kirchner, fue embargado por orden judicial.

    Esta medida se dispuso tras un segundo pedido de decomiso formulado por el Ministerio Público Fiscal. El Tribunal encargado de ejecutar la pena en el caso Vialidad ordenó el 12 de agosto nuevos embargos preventivos y cautelares sobre diversos bienes inmuebles y activos societarios vinculados a este expediente, en el que los condenados deben responder solidariamente por el decomiso judicial.
    El objetivo es cubrir los 685.000 millones de pesos que representan el monto del fraude detectado a través de 51 licitaciones supuestamente direccionadas, con irregularidades, sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
    Por pedido del fiscal Diego Luciani, el TOF 2 elaboró listas de inmuebles a embargar, en la segunda de las cuales figura el departamento de San José 1111. Allí, la ex presidenta cumple arresto domiciliario por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
    El inmueble está a nombre de Los Sauces S.A., la inmobiliaria familiar Kirchner que también está siendo investigada por lavado de activos. De esa misma sociedad proceden los departamentos de Puerto Madero que alquilaba Cristóbal López y que ya fueron embargados por el tribunal.
    Con la firma del tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, este jueves se remitieron las órdenes a los Registros de la Propiedad Inmueble correspondientes para inscribir estos bienes bajo la condición de embargados.
    Cabe aclarar que estos embargos no implican la subasta inmediata ni afectan la titularidad registral de los inmuebles por el momento, sino que garantizan su indisponibilidad jurídica mientras se completa el trámite del decomiso definitivo, con la participación de las partes involucradas.
    El presidente del TOF 2, Rodríguez Giménez Uriburu, busca proteger el patrimonio de los condenados en el caso Vialidad para garantizar la recuperación de los 685.000 millones de pesos, por lo que dispuso medidas cautelares sobre varias propiedades.
    En su segundo listado de bienes a decomisar, el fiscal Luciani identificó 141 inmuebles, entre los cuales se incluyen trece propiedades de Cristina Kirchner y 128 pertenecientes a sociedades vinculadas a Lázaro Báez, junto con 46 automotores.
    Además, el Ministerio Público solicita como parte del decomiso 4.664.000 dólares provenientes de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una caja de ahorro en el Banco Galicia, y 53.280,24 pesos.
    El TOF 2 aún espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto al primer grupo de inmuebles sobre los cuales se ordenó la ejecución patrimonial, previo a avanzar con esta segunda tanda.
    El primer pedido de decomiso
    El primer conjunto de 111 propiedades solicitado por el fiscal Luciani y aprobado por el TOF se encuentra en manos de la Corte Suprema. En noviembre pasado el tribunal ordenó el decomiso de 20 propiedades de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis inmuebles de otros acusados.
    En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el criterio del TOF 2 respecto a los bienes a decomisar solicitados por el Ministerio Público y ordenó su ejecución. Sin embargo, dado que la ex presidenta y uno de sus ex socios apelaron esa decisión, el máximo tribunal debe emitir el veredicto final.
    Propiedades de los hijos de Cristina Kirchner
    El avance sobre bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner se basa en que la sentencia condenatoria estableció que la maniobra defraudadora en obra pública “generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner”.
    Durante el período investigado, existió una conexión económica y comercial comprobada entre las partes. La sentencia indica que las empresas de Báez alquilaron, explotaron turísticamente y desarrollaron emprendimientos en los hoteles y propiedades de la familia Kirchner, personalmente y a través de las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
    Por lo tanto, el tribunal determinó que el dinero obtenido ilícitamente “circuló y se asentó en los activos de esas sociedades”. Según el TOF 2, todos los bienes que los nueve condenados adquirieron entre 2003 y 2015 pueden ser embargados.
    La resolución subraya la necesidad de cautelar estos bienes en esta segunda etapa de decomiso. El artículo 23 de la ley permite alcanzar personas jurídicas o sociedades beneficiarias del producto del delito, y también activos o participaciones transferidas gratuitamente a terceros.
    En relación con los paquetes accionarios, las acciones de Los Sauces y Hotesur están embargadas desde 2017, cuando la justicia analizó la sucesión de Néstor Kirchner y determinó que las cuotas o acciones correspondientes a Cristina Kirchner, como heredera y cónyuge, habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos Máximo y Florencia. Esa cesión no la exime de la ejecución patrimonial derivada de la condena.
    Otros bienes embargados
    Además del departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, el TOF 2 ordenó embargar un dúplex y cinco cocheras en el Complejo Madero Center, así como otro departamento, dos cocheras y una baulera en el mismo complejo, propiedades que siempre fueron alquiladas por Cristó

  • Quién es María Soledad Calle, la sindicalista de la UOM y referente de La Cámpora que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner

    Quién es María Soledad Calle, la sindicalista de la UOM y referente de La Cámpora que compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner

    La sindicalista María Soledad Calle, también referente de La Cámpora, compró el departamento del primer piso en San José 1111, en el barrio de Constitución, justo debajo del lugar donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

    La adquisición se concretó en agosto de 2025, dos meses después de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que la sentenció a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, según publicó el diario La Nación.
    María Soledad Calle es dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), gremio que fue intervenido por diversas irregularidades, y referente de La Cámpora en Campana. En sus redes sociales, abundan fotografías junto a Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
    El diario La Nación difundió documentos que acreditan la compra del departamento en Constitución por 189.000 dólares, fechada el 20 de agosto. Pocos días antes, el 8 de ese mes, Calle adquirió el 50% de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en 70.000 dólares.
    La joven dirigente inició su carrera política en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y luego pasó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. En 2015 ingresó al Concejo Deliberante de Campana, donde presidió durante cuatro años el bloque de La Cámpora.
    A lo largo de su trayectoria, Calle ha compartido su militancia peronista en redes sociales con fotografías junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Kirchner y con numerosas referencias a Néstor Kirchner. También ha manifestado su apoyo a figuras como Sergio Massa y el concejal Alejo Sarna.
    En diciembre de 2022, junto con un socio, Adalberto Raúl Braconi, fundó la empresa USEM S.A., que posteriormente asumió la administración de parte de los fondos de la UOM, según reveló Clarín. El acuerdo, vigente desde 2023 hasta 2033, le otorga a USEM la administración del 80% de los aportes de los 200.000 afiliados del gremio, a cambio del 0,5% del total de los fondos de los trabajadores.
    De acuerdo con la investigación de La Nación, Calle figuraba como empleada de la UOM y, a la vez, representaba al sindicato ante organismos internacionales, lo que motivó varios viajes al exterior. Sin embargo, en diálogo con el diario, la sindicalista negó ser empleada del gremio.
    Por el contrato entre USEM y la UOM, Calle y Abel Furlán, titular del gremio, fueron denunciados por presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
    Tras este acuerdo, Calle incrementó considerablemente su patrimonio, adquiriendo en agosto de 2025 un departamento en Constitución y el 50% de un vehículo BMW. El automóvil está registrado en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que su domicilio oficial figura en Campana. Previamente ya contaba con un Peugeot 3008 del año 2023.
    El departamento comprado el 20 de agosto, ubicado en el primer piso de San José 1111, tiene una superficie de 252 metros cuadrados y permanecía en venta desde hacía tiempo. Según un documento del Registro de la Propiedad al que accedió La Nación, la operación se cerró por 189.000 dólares, es decir, alrededor de 750 dólares por metro cuadrado, un valor inferior al precio de mercado.
    Consultada por La Nación, Calle negó la compra y descalificó la información como parte de una lucha sindical y de poder. “No compré nada. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, afirmó en una llamada telefónica.
    Fuentes indicaron que el departamento sería utilizado para el descanso de las empleadas y custodios que trabajan en la casa de Cristina Kirchner. Además, no se descarta que la expresidenta haya utilizado ese inmueble, ya que la tobillera electrónica que le fue colocada no emite alerta cuando permanece dentro del edificio.

  • Procesaron por asociación ilícita a un policía retirado y dos hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Procesaron por asociación ilícita a un policía retirado y dos hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó este viernes el procesamiento del agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Ariel Zanchetta, del hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y del joven Tomás Hválica, creador del sitio web Dark PFA. Los tres están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a espiar a ministros de la Corte Suprema y a miembros de la justicia federal.

    Zanchetta, además, mantenía comunicación con Rodolfo Tailhade, ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado cercano a Cristina Kirchner, durante el intento de juicio político contra la Corte Suprema en 2022 y 2023. Tailhade informaba a un grupo de periodistas afines sobre las filtraciones de datos que se publicaban en Dark PFA.
    El fallo destacó que la labor coordinada de Zanchetta en la recopilación masiva y sistemática de datos personales, patrimoniales y migratorios de altas autoridades judiciales no se trató de averiguaciones aisladas, sino de una actividad funcional destinada a proveer información sensible a la estructura criminal. Además, se comprobó la prolongada y conjunta actuación del grupo entre febrero de 2022 y mayo de 2023, meses antes de la condena a la expresidenta en la causa Vialidad.
    La reiteración de las intrusiones, la mantención de la plataforma Dark PFA con créditos ilimitados y la constante acumulación de información confidencial evidencian el carácter estable y permanente de esta organización criminal.
    La investigación dirigida por Martínez De Giorgi abarca varios ejes, entre ellos la creación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros. También indaga el hackeo a través de la maniobra conocida como «sim swapping» —que implica la suplantación de la tarjeta SIM para tomar control del teléfono— sufrido por los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, así como por los magistrados que llevaron adelante el juicio Vialidad contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
    Por este motivo, Nuñes Pinheiro fue detenido en primera instancia. En su declaración admitió que en agosto de 2022 fue contactado por un usuario identificado como “ElJuanxd” a través de Telegram, quien le asignó tareas dirigidas a hackear celulares de jueces y funcionarios. Tras recibir el pago, dicho usuario desapareció.
    Asimismo, fue detenido y procesado Ariel Zanchetta, ex policía federal, quien el mismo día del hackeo a Borinsky realizó búsquedas de datos del magistrado en la base SudamericaData. Solo en 2022, Zanchetta efectuó más de dos mil búsquedas sobre magistrados, políticos y artistas, varios de los cuales luego fueron víctimas de intrusiones. Aunque Zanchetta se excusó como periodista, sus diálogos evidenciaron que actuaba como agente inorgánico de la SIDE, según la fiscalía.
    El análisis de los dispositivos de Zanchetta también permitió imputar y ordenar el allanamiento del ex funcionario de AFIP y militante de La Cámpora, Fabián “Conu” Rodríguez, quien coordinaba operaciones y asignaba objetivos de espionaje, entre ellos la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, enfrentada con La Cámpora. Rodríguez mantenía además contacto con el diputado Tailhade. Al momento del allanamiento, Rodríguez no fue encontrado en sus oficinas y se presentó ante la justicia cinco días después, entregando sus dispositivos.
    En los últimos meses, Martínez De Giorgi citó a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, administrador del sitio Dark PFA, y amplió las declaraciones indagatorias de Nuñes Pinheiro y Zanchetta.
    El magistrado describió que la maniobra delictiva se desarrollaba en tres etapas: primero, la obtención ilegítima de información personal de las víctimas mediante accesos no autorizados a bases de datos; segundo, el control de las líneas telefónicas mediante el “sim swapping”, que consiste en obtener una tarjeta SIM asociada a la línea telefónica de la víctima suplantándola ante la operadora; y tercero, el acceso ilegal a aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Telegram o Facebook.
    El fallo estableció que Nuñes Pinheiro materializó estas maniobras, logrando modificar datos originales de las líneas telefónicas, controlar las cuentas y acceder a las plataformas de mensajería de los cuatro jueces afectados. Por su parte, Hválica, bajo el usuario de Telegram @pr1sox, facilitó a Nuñes Pinheiro acceso ilimitado a la plataforma Dark PFA para consultas de datos personales como números de trámite de DNI.
    Hasta el momento se desconoce quiénes solicitaron y financiaron estos hackeos.
    Se acreditó que Zanchetta solicitó informes a la empresa SudamericaData Group SRL sobre jueces de Casación, ministros de la Corte Suprema, jueces de la Cámara Federal y otros funcionarios. Entre los objetivos figuraban Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi, Silvio Federico Robles, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak.
    Zanchetta recopiló datos personales, patrimoniales y migratorios de estos funcionarios, entre ellos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, del Tribunal Oral Federal y de la Corte Suprema, así como de otros magistrados.
    En el caso del juez Giménez Uriburu, tras el control ilegal de su línea telefónica, se realizaron pedidos indebidos de dinero a sus contactos registrados en

  • En el PJ advierten que no habilitarán una candidatura de Cristina Kirchner en 2027

    En el PJ advierten que no habilitarán una candidatura de Cristina Kirchner en 2027

    En el PJ advierten que no habilitarán una candidatura de Cristina Kirchner en 2027

    Pese a que Cristina Kirchner se encuentra con prisión domiciliaria e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos, en las últimas semanas comenzó a tomar forma el plan para que sea candidata a presidenta en 2027.

    Sin embargo, surgió un obstáculo inesperado para sus intenciones: fuentes del Partido Justicialista (PJ) informaron a Clarín que no habilitarán una eventual postulación de la exmandataria. “No es posible. Si se la habilitara, el partido sería intervenido por la Justicia”, explicaron desde el PJ.
    Cristina Kirchner fue titular del partido hasta junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Con la sentencia firme, fue dada de baja del padrón electoral y quedó legalmente impedida de seguir al frente del PJ Nacional.
    Desde entonces, el vicepresidente primero del partido, el senador por Formosa José Mayans, está formalmente al frente del PJ. El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, realizó averiguaciones para determinar quién tiene la firma en las decisiones del partido, lo que indica que la Justicia sigue de cerca la situación partidaria.
    La jueza María Servini, a cargo de ese tribunal, ya intervino el PJ Nacional en 2018 tras un amparo presentado por dirigentes gremiales que denunciaron el “estado de acefalía” del partido. Asimismo, en 2005 ordenó su normalización bajo argumentos similares. Estos antecedentes y el seguimiento judicial refuerzan el temor dentro del peronismo sobre una posible intervención si se permitiera la postulación de Cristina Kirchner en 2027.
    Según fuentes consultadas por Clarín, la ex presidenta ya fue informada de que su candidatura no contaría con habilitación partidaria. Desde el PJ aclararon que esta decisión no responde a diferencias internas ni a un apoyo explícito a Axel Kicillof en la pelea interna, sino que “obedece solo al peligro de que nos intervengan”.
    En ese contexto, surgió la inquietud sobre un posible uso político de esta inhabilitación: “¿Qué pasaría si Cristina presenta su candidatura e inmediatamente el sector de Axel la impugna por estar inhabilitada?”, se preguntaron en el partido. La confrontación podría escalar hasta un nivel tal que el kirchnerismo y el kicillofismo utilicen esta cuestión como argumento político.
    El plan de lanzar la candidatura de Cristina contemplaba dos aspectos. Por un lado, esperar a que la Justicia Electoral dictaminara que no puede ser candidata por la condena y denunciar inmediatamente una proscripción. En ese escenario, el candidato a vicepresidente, posiblemente el senador de La Cámpora Mariano Recalde, excompañero de colegio de Kicillof, quedaría como postulante principal.
    Por otro lado, esa eventual postulación tenía el propósito de condicionar a Kicillof en la disputa interna: si el gobernador no llegaba a un acuerdo con Cristina, Máximo Kirchner y ella, la ex mandataria amenazaría con competir para demostrar su poder electoral.
    Ya existen dirigentes peronistas que advierten públicamente que la ex presidenta no puede postularse. El ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, cercano a Kicillof, afirmó en un streaming: “¿Qué vas a ganar pidiendo a Cristina presidenta? Cristina no puede ser candidata, desgraciadamente. ¿Por qué no intenta ayudar a aquellos que sí pueden serlo?”.
    Por su parte, José Mayans, jefe de la bancada peronista en el Senado, reclamó públicamente “que se dejen de romper las pelotas y arreglen el tema”, dirigiéndose tanto a los Kirchner como a Kicillof. La senadora Juliana Di Tullio también manifestó su cansancio: “La discusión me tiene podrida”.
    En el peronismo aseguran que desde diversos sectores trabajan para bajar la tensión interna. Sin embargo, Kicillof ya dejó en claro que no visitará a Cristina Kirchner en San José 1111, argumentando que una visita suya sería utilizada para mostrarlo subordinado al cristinismo.

  • Por orden judicial, el Gobierno pagará la pensión de 15,6 millones de pesos a Cristina Kirchner, pero le quita la zona austral y aplica un descuento

    Por orden judicial, el Gobierno pagará la pensión de 15,6 millones de pesos a Cristina Kirchner, pero le quita la zona austral y aplica un descuento

    Por orden judicial, el Gobierno pagará la pensión de 15,6 millones de pesos a Cristina Kirchner, pero le quita la zona austral y aplica un descuento

    La abogada de la ANSES informó al juzgado que, a partir del 1 de agosto, se reanudará el pago de la pensión asignada a Cristina Kirchner como ex Jefa de Estado, condenada por corrupción. Según el documento, al que accedió Clarín, el haber mensual bruto ascenderá a 15.683.154,06 pesos, de los cuales se descontarán las cargas legales correspondientes, como obra social e impuesto a las ganancias, cuando aplique. No obstante, el Gobierno aplicará dos descuentos adicionales.

    Cristina Kirchner cumple la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat. Además, enfrenta un pedido de decomiso por 685.000 millones de pesos en el marco del caso Vialidad.
    Tras judicializar la decisión del Gobierno de Javier Milei de suspenderle la pensión por su condición de condenada por corrupción, Cristina Kirchner obtuvo una medida cautelar favorable que obligó a la ANSES a restituirle su pensión de más de 15,6 millones de pesos. Para referencia, en julio de este año, la jubilación mínima pagada por el organismo es de 411.898 pesos.
    Desde la Casa Rosada sostienen que a la ex presidenta “no le corresponde la percepción de la pensión de privilegio” al estar condenada por corrupción, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema. Sin embargo, ante la orden judicial, la ANSES aclaró que “está a derecho” y cumplirá con activar el beneficio para que Cristina Kirchner vuelva a cobrar a partir del 1 de agosto.
    En la nota enviada al juzgado, el organismo previsional precisó que, pese a presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, dará cumplimiento a la medida cautelar y en agosto de 2026 restablecerá el beneficio que había sido dado de baja a finales de 2024, tras la confirmación de la condena por la Cámara de Casación.
    El restablecimiento de la pensión incluirá un descuento del 20% sobre el haber mensual, destinado a recuperar los fondos percibidos indebidamente durante la suspensión del beneficio. Además, el Gobierno decidió dos medidas adicionales: primero, la exclusión del pago del adicional por zona austral, dado que Cristina Kirchner cumple la condena en su domicilio porteño y no en dicha región. Segundo, se aplicará un descuento mensual de 3.136.630,81 pesos hasta alcanzar un total de 660.052.338,87 pesos correspondientes a montos pagados de forma indebida durante años.
    Según Clarín, desde finales de 2024, cuando ANSES retiró la pensión de privilegio tras la confirmación judicial de la condena, Cristina Kirchner podría haber accedido a la jubilación mínima, aunque nunca la solicitó.
    **A la espera de la Corte**
    El Ministerio de Capital Humano, encargado de la ANSES, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema el 6 de mayo pasado, manifestando que agotará todas las instancias judiciales para impedir que la ex presidenta perciba estos beneficios, dado que está condenada por delitos contra la Administración Pública.
    Desde ANSES consideran que existen múltiples fundamentos legales para que la Corte confirme que Cristina Kirchner no debe ser beneficiada con un régimen especial de privilegio. Insisten en que resulta inaceptable que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio mientras reclama también una jubilación honorífica excepcional.
    La controversia se remonta a noviembre de 2024, cuando el gobierno de Milei suspendió la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner luego de que la justicia ratificara su condena por corrupción. El monto que dejó de percibir en ese momento superaba los 21 millones de pesos mensuales.
    Esta situación desencadenó una batalla legal entre la ex presidenta y la ANSES por la recuperación del beneficio que, según la ley 24.018, se otorga de manera excepcional como reconocimiento al honor, mérito y buen desempeño durante el ejercicio del cargo.

  • Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    ¿Cuánto dinero deben devolver los condenados en el caso Vialidad? La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia confirmó un monto de 685.000 millones de pesos, pero un cálculo extraoficial realizado por el fiscal Diego Luciani eleva esa cifra a 897.851.557.131 pesos. Este aumento responde a una consideración clave: para el Ministerio Público Fiscal, el primer valor se estableció hace un año y debe actualizarse. Por eso, como informó Clarín, se solicitará la actualización del monto fijado como decomiso que Cristina Kirchner y los demás condenados deben afrontar con su patrimonio.

    En junio del año pasado, cuando se confirmó la sentencia del caso Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, solicitó al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal que estableciera el valor actual del dinero implicado en la maniobra defraudatoria. El monto original reclamado por la acusación al concluir el juicio en 2022 era de 85.000 millones de pesos.
    Así, se determinó que el decomiso correspondiente al fraude cometido entre 2003 y 2015, mediante 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez a través de mecanismos irregulares como direccionamiento de contratos, concursos simulados y sobreprecios promedio del 65%, ascendía a 684.990.350.139,86 pesos.
    Las defensas impugnaron el mecanismo técnico utilizado para establecer esa cifra, y fue la Corte Suprema la que resolvió el debate hace pocos días: al rechazar las apelaciones, ratificó el monto del decomiso.
    Sin embargo, la fiscalía de Luciani volvió a analizar los valores. Según fuentes judiciales a las que tuvo acceso Clarín, existe un nuevo cálculo extraoficial. Desde la última actualización, realizada en julio de 2023 y fijada en 685.000 millones de pesos, a la fecha se registra una pérdida real de 212.861.206.992 pesos, lo que representa un incremento del 31,08%, es decir, un aumento promedio mensual del 1,49% (34,34% anualizado).
    Este cálculo se efectuó con la misma metodología aplicada por los peritos de la Corte Suprema y que fue avalada recientemente. Por lo tanto, para el Ministerio Público Fiscal ahora correspondería reclamar 897.851.557.131 pesos. “Dado que el monto ya está desactualizado, al menos desde julio del año pasado, se evalúa solicitar su actualización. Cuantas más dilaciones interpongan para no devolver a la sociedad lo que desapoderaron del Estado, mayor será el monto del decomiso”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
    Será responsabilidad del TOF 2 ordenar, si lo considera pertinente, la actualización una vez que el fiscal Luciani formule el pedido formal.
    El decomiso es la herramienta que tiene el Poder Judicial para recuperar el producto del delito, es decir, para que los condenados restituya lo que se robaron y que pertenecía a las arcas del Estado.
    En presentaciones anteriores, el fiscal Luciani exigió una pronta ejecución patrimonial, ya que Cristina Kirchner y los demás acusados nunca depositaron voluntariamente el monto fijado por el TOF 2. Además, “han recurrido a todo tipo de maniobras procesales, declaradas inadmisibles en reiteradas ocasiones por el tribunal responsable de la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores”.
    Como consecuencia de esos recursos, Luciani sostiene que se “viene postergando la recuperación de activos que ordenó la sentencia judicial firme. Esta resistencia evidencia la total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
    A juicio del representante del Ministerio Público, “muchos de los condenados cuentan con fortunas de una opulencia irrazonable y desproporcionada como para, por lo menos, iniciar el complicado proceso de recuperación de los activos provenientes de los actos de corrupción cometidos durante doce años”.
    El primer pedido de decomiso, confirmado por la Cámara de Casación, incluye 111 bienes muebles e inmuebles: 20 pertenecientes a la familia Kirchner, 84 a Lázaro Báez y el resto repartido entre empresas y demás acusados. Será la Corte Suprema la que defina si la orden de ejecución de bienes emitida en noviembre pasado por el TOF 2 es válida, al resolver la queja presentada por la ex presidenta y los otros condenados.
    Si el máximo tribunal rechaza esos reclamos, asumirá la titularidad de los bienes decomisados en su calidad de cabeza del Poder Judicial. Los ministros de la Corte deberán determinar el destino de las propiedades y vehículos incluidos en este primer conjunto solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Aquellos bienes que no sean funcionales a la tarea judicial podrán ser cedidos a organismos públicos o rematados.
    ### Tres etapas de decomisos
    El TOF 2, presidido este año por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, trabaja en una segunda etapa de bienes a decomisar, presentada en febrero de 2024 por el fiscal Luciani.
    Esta segunda tanda consta de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculadas a Lázaro Báez— y 46 automotores.
    Junto a un exhaustivo inventario de propiedades, el Ministerio Público también reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una cuenta de ahorro en el Banco Galicia y 53.280,24 pesos.
    La medida que solicitan los fiscales

  • Vecina de Cristina Kirchner pone a la venta su dúplex en Recoleta por US0.000

    Vecina de Cristina Kirchner pone a la venta su dúplex en Recoleta por US$930.000

    Vecina de Cristina Kirchner pone a la venta su dúplex en Recoleta por US$930.000

    El mercado inmobiliario de Buenos Aires incorpora una propiedad que destaca no solo por su extensión y ubicación, sino también por su relevancia histórica. Se trata de un dúplex ubicado en el último piso del edificio situado en Juncal 1300, en la esquina de Uruguay, Recoleta, que se ofrece en venta por US$930.000. Esta unidad se encuentra justo encima del departamento donde residió durante años la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que convierte al edificio en uno de los más reconocidos del país.

    La esquina de Recoleta ganó notoriedad en los últimos años debido a las constantes concentraciones de militantes frente al domicilio de la exmandataria y, especialmente, por el intento de atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022, acontecimiento que marcó la memoria política reciente de Argentina.
    La propiedad pertenece a Ximena de Tezanos Pinto, quien ocupó durante años el departamento ubicado sobre el de Cristina Kirchner. Su nombre trascendió en diversas ocasiones por los carteles y banderas con mensajes políticos que exhibió desde su balcón, convirtiendo también a este inmueble en un foco mediático.
    Más allá de su historia, el dúplex se distingue por su amplia superficie y distribución, poco comunes en una zona donde predominan departamentos tradicionales de una sola planta. Cuenta con 280,57 m² cubiertos distribuidos en ocho ambientes. La planta principal incluye un amplio hall de recepción que conecta con el living, comedor y un escritorio independiente. Allí se encuentran cuatro dormitorios en suite, entre ellos la habitación principal con vestidor, además de una doble circulación que aporta funcionalidad. La cocina dispone de espacio para comedor diario y una kitchenette auxiliar vinculada a tres de las suites. También cuenta con toilette de recepción, baño y dependencias de servicio, manteniendo los pisos originales de parquet que resaltan el estilo clásico del edificio.
    Iuri Izrastzoff, de Izrastzoff Inmobiliaria encargada de la comercialización, destacó que “la propiedad reúne una distribución muy funcional y un tamaño difícil de encontrar hoy en Recoleta. El precio responde a las características del inmueble y a los valores que registra actualmente el mercado para este tipo de unidades”.
    En el segundo nivel del dúplex se encuentra un departamento independiente de aproximadamente 30 m² con cocina y baño propios, ideal para vivienda auxiliar, estudio profesional o espacio para invitados. Además, cuenta con un lavadero y una terraza exclusiva de 120 m² que incluye parrilla y pileta, servicios poco habituales en edificios tradicionales de Recoleta. La unidad posee doble acceso a la planta superior y a la terraza, ampliando las posibilidades de uso y brindando mayor privacidad.
    La actual propietaria adquirió el dúplex hace más de treinta años, cuando se encontraba en estado de deterioro. Tras una remodelación integral, la vivienda recuperó su valor arquitectónico y se adaptó a las necesidades familiares, aprovechando una distribución difícil de encontrar en edificios de esta categoría. La combinación de amplios ambientes, cuatro suites, espacios de servicio, un departamento independiente y una terraza con pileta la distingue dentro del segmento premium porteño.
    El lanzamiento de esta propiedad coincide con un escenario de creciente actividad en la compraventa de inmuebles usados, impulsado por la recuperación del crédito hipotecario y una demanda centrada en departamentos bien ubicados y listos para habitar. En ese contexto, las unidades de gran tamaño con espacios exteriores exclusivos son escasas en Recoleta.
    Izrastzoff señaló: “No aparecen todos los días propiedades de estas características. Además de la superficie y la calidad constructiva, existe un componente histórico que convierte a esta unidad en una pieza singular dentro del mercado porteño”.
    El edificio, proyectado por el estudio Sánchez, Lagos y de la Torre —responsable también del emblemático edificio Kavanagh—, conserva varios rasgos originales que subrayan su valor arquitectónico, como la calidad de los materiales, la distribución interior y detalles característicos. Frente al inmueble se encuentran construcciones de valor patrimonial y, a pocos metros, la plaza Vicente López, uno de los espacios verdes más tradicionales de Recoleta.
    La ubicación suma otro atractivo, ofreciendo a sus residentes acceso a una amplia oferta gastronómica, comercios, servicios y excelentes conexiones con el resto de la ciudad.
    “Más allá del valor inmobiliario, esta propiedad ofrece el atractivo de formar parte de un edificio emblemático desde el punto de vista arquitectónico y urbano. Es una oportunidad para quien busca una vivienda única en uno de los barrios más tradicionales de la ciudad”, concluyó Izrastzoff.

  • Macri juega si gana, la trampa de los candidatos «naturales» y los límites de Axel y Cristina

    Macri juega si gana, la trampa de los candidatos «naturales» y los límites de Axel y Cristina

    Macri juega si gana, la trampa de los candidatos «naturales» y los límites de Axel y Cristina

    La tensión preelectoral anima las negociaciones internas y distribuye roles entre los principales actores políticos. El futuro del Gobierno permanece condicionado por el apoyo del PRO y el macrismo, un factor volátil para Javier Milei, quien insiste en confrontar con el voto moderado. Mauricio Macri se posiciona como el candidato “clave” —ni “natural” ni “por default”—, el único que merece esa categoría dentro de la dinámica política actual.

    La decisión de Macri respecto a su postulación reorganizará el escenario electoral. Debe evitar que un colapso de Milei perjudique tanto a él como a su partido, pero tampoco parece dispuesto a competir en igualdad de condiciones con el presidente, por ejemplo, en una PASO. No participará si no está seguro de ganar, ya que no es un candidato dispuesto a perder.
    Con este panorama, Macri interrumpirá esta semana sus responsabilidades en la FIFA en Estados Unidos y regresará para estar presente el viernes en Mar del Plata. Resultará relevante el recuento de adherentes de su fuerza, y es probable que asistan a ese acto Cristian Ritondo y María Soledad Martínez, autoridades del partido en la provincia de Buenos Aires.
    No se espera la presencia de Diego Santilli, quien actúa como un cripto-macrista desde el Ministerio del Interior. Aunque ayuda a distancia y responde a las demandas del partido, en apariencia se alinea con Milei. Santilli fue candidato del PRO en coalición con La Libertad Avanza el año pasado, y aunque ganó las elecciones, fue por un margen muy ajustado.
    En cuanto a Cristina Fernández de Kirchner, recibe la misma calificación que su hijo atribuyó a Axel Kicillof como candidato “por default” durante el acto en el Parque Lezama. Si Kicillof es considerado así, lo mismo ocurre con Cristina, a quien su hijo impulsó en la carrera presidencial. Estos términos extremos encierran prejuicios que contaminan el análisis político.
    Argentina es un país con múltiples “candidatos naturales” que nunca llegaron a consolidarse. Son postulantes ubicados en las encuestas y en la publicidad como aspirantes seguros a la candidatura, pero que finalmente no lograron éxito. Ejemplos históricos incluyen a Antonio Cafiero, quien en 1989 sufrió una división interna que frustró su presidencia; y la PASO bonaerense del 2015, donde la competencia entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez para la gobernación terminó en un fracaso para el peronismo.
    Las primarias han provocado el derrumbe de dos proyectos significativos en la última década. En 2015, la derrota del peronismo ante Juntos por el Cambio derivó de internas divisorias; en 2023, la PASO fue letal para Cambiemos, al enfrentar a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, eligiendo a la candidata menos competitiva, que ni siquiera llegó al balotaje pese a contar con ventajas desde 2021.
    Otros “candidatos naturales” que quedaron fuera incluyen a Eduardo Duhalde, quien debía suceder a Carlos Menem en 1999, pero fue derrotado por la Alianza; Julio Cobos, quien perdió la oportunidad de 2001 pese a liderar las encuestas; y Rodríguez Larreta, socio de Macri y jefe de gobierno porteño, que quedó excluido en las PASO de 2023.
    La relevancia de estos “candidatos naturales” refleja una limitación cognitiva de analistas y encuestadores que se enfocan en las negociaciones internas y la puja en las cúpulas partidarias, ignorando la dimensión fundamental: la identificación del electorado con esa dirigencia.
    Los electorados argentinos han demostrado una notable estabilidad durante los últimos 43 años. Más del 70% del voto se concentra en dos grandes familias políticas: el peronismo —en sus diversas formas, como el PJ, Frente para la Victoria o Unión por la Patria— y la alianza surgida en 2015 bajo nombres como Juntos por el Cambio o Cambiemos.
    Esta representación mayoritaria se cristalizó en las elecciones recientes, con el 41% del no peronismo, hoy cautivo de Milei, y el 34% del peronismo. Los candidatos “naturales” intentan captar votos en estos sectores consolidados, pero hasta ahora han fracasado en representación efectiva. En 2023, quedaron fuera de juego figuras como Sergio Massa y Patricia Bullrich, dos dirigentes metropolitanos vinculados a los siete grandes distritos decisivos —Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, CABA, Mendoza, Tucumán y Entre Ríos—.
    En esas elecciones, los candidatos de las grandes coaliciones perdieron terreno. Javier Milei aprovechó la caída y se impuso con el 55,65% del apoyo, con respaldo del ala macrista que le brindó infraestructura, fiscalización, fondos, funcionarios y programas. Su mandato fue evitar el triunfo peronista, que en primera vuelta quedó a 2,5 puntos. Sin embargo, su gestión ha resultado un festival de conformismo, con decisiones que mantienen la continuidad de la administración de la Hidrovía y de los aeropuertos bajo concesionarios historicistas.
    Estos dos grandes negocios estatales permanecen asegurados para décadas, lo que refleja una continuidad que contrasta con las expectativas de cambio y revolución con las que Milei llegó al poder.
    Los candidatos “por default” del oficialismo y el peronismo son, respectivamente, Milei, y Kicillof y Cristina. Sin embargo, el espacio mileísta carece de conducción unificada y muestra creciente fragilidad ante un electorado que hasta ahora lo había sostenido.
    Cristina, impulsada por su hijo, enfrenta problemas de