wp

Etiqueta: debe

  • Quebró una algodonera vinculada a Vicentin: debe más de USD 260 millones y peligran 350 empleos – El Miércoles Digital

    Quebró una algodonera vinculada a Vicentin: debe más de USD 260 millones y peligran 350 empleos – El Miércoles Digital

    Quebró una algodonera vinculada a Vicentin: debe más de USD 260 millones y peligran 350 empleos – El Miércoles Digital

    La Justicia santafesina decretó la bancarrota de la firma tras fracasar las negociaciones con sus acreedores y el proceso de salvataje.
     
    La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda, una importante empresa textil vinculada a la familia Vicentin, que acumula una deuda superior a los USD 260 millones con el Banco Nación y emplea a alrededor de 350 trabajadores. La decisión llegó después de que fracasaran las negociaciones para reestructurar sus obligaciones y de que ningún interesado se presentara en el proceso de salvataje abierto para intentar evitar la liquidación de la compañía.
    La resolución judicial abrió una nueva etapa para la firma, cuya principal planta industrial se encuentra en Reconquista, Santa Fe, y que también cuenta con dos establecimientos dedicados al desmote de algodón en Chaco y Santiago del Estero. Pese a la declaración de quiebra, la Justicia no dispuso el cierre inmediato de las instalaciones y analiza la posibilidad de que continúen funcionando de manera transitoria, mientras se busca una alternativa para vender la empresa o sus unidades productivas.
    La medida fue adoptada por el juez Fabián Lorenzini, luego de que la compañía agotara las instancias previstas para alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Algodonera Avellaneda se encontraba en concurso preventivo desde 2024 y, durante ese período, intentó obtener las mayorías necesarias para aprobar una propuesta de reestructuración de sus deudas.
    Sin embargo, el Banco Nación, que concentra más del 80% del pasivo verificado de la compañía, rechazó las propuestas de pago por considerarlas insuficientes. La entidad financiera reclama créditos por USD 260.791.600,40 y $1.585.782.428,89, según los montos consignados en el expediente judicial.
    Una parte central de esos compromisos se originó en garantías que Algodonera Avellaneda otorgó a Vicentin, la agroexportadora vinculada a integrantes de la misma familia.
    Por qué quebró Algodonera Avellaneda
    El proceso judicial atravesó distintas etapas antes de llegar a la declaración de quiebra. Durante el concurso preventivo, la empresa buscó negociar con sus acreedores para obtener las conformidades necesarias que permitieran homologar un acuerdo y evitar la liquidación de sus activos.
    El juez Lorenzini concedió sucesivas oportunidades para que la compañía avanzara en esas negociaciones. En diciembre de 2025 otorgó una extensión del período de exclusividad y, en febrero de 2026, volvió a ampliar los plazos, aunque por un período menor al solicitado por la firma.
    En julio se habilitó otra instancia extraordinaria para intentar reunir las mayorías exigidas por la legislación concursal. No obstante, las negociaciones tampoco permitieron alcanzar un acuerdo.
    Uno de los principales puntos de conflicto fue la participación del banco estatal en la votación. Algodonera Avellaneda solicitó que la entidad financiera fuera excluida del cómputo de las mayorías, bajo el argumento de que actuaba como un acreedor hostil. Pero el tribunal rechazó ese planteo el 14 de septiembre, por considerar improcedente la exclusión. De esa manera, la compañía quedó sin posibilidades de avanzar con su propuesta original de reestructuración.
    La última alternativa fue la apertura del procedimiento de salvataje, conocido como cramdown, que permite que terceros interesados, acreedores o cooperativas de trabajadores se presenten para adquirir las acciones de una sociedad y formular una nueva propuesta de acuerdo.
    El registro de interesados permaneció abierto entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre. Ninguna empresa, acreedor ni cooperativa se inscribió para intentar el rescate de Algodonera Avellaneda. Ante la ausencia de oferentes y la imposibilidad de alcanzar las mayorías legales, Lorenzini resolvió declarar la quiebra indirecta de la sociedad.
    El magistrado consideró agotadas las alternativas previstas para evitar esa decisión y advirtió que extender nuevamente el procedimiento concursal podía agravar la situación patrimonial de la empresa.
    Una deuda millonaria y obligaciones que siguieron creciendo
    Además de los compromisos financieros con el Banco Nación, Algodonera Avellaneda enfrenta un importante volumen de obligaciones generadas durante el propio proceso concursal.
    De acuerdo con la información incorporada al expediente, la sindicatura registró un pasivo posconcursal de $6.818.717.040,87, correspondiente a obligaciones acumuladas durante 2025 y 2026. Ese monto incluye deudas por servicios de energía eléctrica, obligaciones impositivas y compromisos laborales, entre otros conceptos vinculados con el funcionamiento de la compañía.
    La acumulación de esas obligaciones se produjo mientras la firma intentaba sostener sus operaciones y negociar una salida con los acreedores. Las dificultades financieras limitaron su capacidad para afrontar los gastos corrientes y mantener el funcionamiento habitual de los establecimientos.
    Qué pasará con los trabajadores y las plantas industriales
    Uno de los principales interrogantes que abrió la quiebra es el futuro de los aproximadamente 350 a 360 empleados de Algodonera Avellaneda, que atravesaron meses de dificultades para cobrar sus salarios.
    La empresa cuenta con una planta de hilandería en Reconquista, considerada su principal activo industrial, y dos desmotadoras de algodón ubicadas en General Pinedo, Chaco, y Banderas, Santiago del Estero.
    La planta de Reconquista funciona aproximadamente al 60% de su capacidad, mediante trabajos a fasón. Bajo esa modalidad, la compañía realiza tareas industriales para terceros, lo que le permite generar ingresos destinados, entre otras obligaciones, al pago de los salarios.
    La declaración de quiebra no implica, por el momento, el cierre automático de los establecimientos. El juez instruyó a la sindicatura para que evalúe la conveniencia de mantener transitoriamente la explotación de la empresa.
    El objetivo de esa alternativa es conservar el valor de los activos industriales y facilitar una eventual venta de la compañía en funcionamiento, en lugar de avanzar directamente con la comercialización individual de sus bienes.
    La continuidad de las operaciones también podría contribuir a preservar una parte de los puestos de trabajo durante el proceso de liquidación, aunque esa posibilidad está sujeta a la evaluación económica y a las condiciones legales correspondientes.
    Para avanzar en esa dirección, los síndicos deberán presentar un plan operativo que detalle los ingresos y gastos previstos, la cantidad de trabajadores indispensables para sostener la actividad y los mecanismos de control de los fondos generados.
    La Justicia deberá determinar si mantener las instalaciones en funcionamiento representa una alternativa conveniente frente a la venta individual de los activos.
    Entre las opciones contempladas figura la venta de Algodonera Avellaneda como empresa en marcha, así como la transferencia de unidades de negocios que puedan continuar operando de manera independiente.
    La eventual continuidad productiva tendría carácter transitorio y estaría vinculada con el desarrollo del proceso de liquidación judicial.
    Las medidas judiciales y la próxima audiencia
    La sentencia también dispuso una serie de medidas sobre los bienes de Algodonera Avellaneda y sus autoridades.
    Con la declaración de quiebra, la sociedad quedó desapoderada de la administración de su patrimonio, que pasó a estar bajo control de la sindicatura designada en el expediente.
    El tribunal ordenó la incautación de los bienes, instalaciones, establecimientos industriales y documentación de la compañía, para que los síndicos puedan tomar posesión y avanzar con las tareas correspondientes a la nueva etapa judicial.
    La resolución también estableció la inhabilitación de la sociedad y de los integrantes de su directorio, quienes quedaron alcanzados por las restricciones previstas para ejercer funciones de administración en otras compañías durante el proceso.
    Además, los administradores no podrán salir del país sin autorización judicial, una medida destinada a garantizar su disponibilidad ante los requerimientos que puedan surgir durante la liquidación.
    En paralelo, el juez convocó a una audiencia para el próximo 22 de octubre, en la que participarán acreedores, trabajadores, prestadores de servicios a fasón y otros interesados vinculados con la actividad de la empresa.
    Durante ese encuentro se abordarán cuestiones relacionadas con la posible continuidad de la producción, las condiciones para sostener el funcionamiento de las instalaciones y las alternativas disponibles para avanzar con la venta de los activos.
    Fuente: Infobae.
     

     
    Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores
    Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.

    [fbcomments]

  • l STJ precisó que el Estado Provincial debe garantizar la alimentación saludable en comedores escolares – Arriba Noticias

    l STJ precisó que el Estado Provincial debe garantizar la alimentación saludable en comedores escolares – Arriba Noticias

    l STJ precisó que el Estado Provincial debe garantizar la alimentación saludable en comedores escolares – Arriba Noticias

    Precisó que la obligación estatal comprende tanto la exclusión de productos alcanzados por sellos de advertencia como el cumplimiento de los estándares de alimentación saludable establecidos por la normativa provincial.
    El Tribunal integrado por las vocales Susana Medina, Claudia Mizawak y el vocal Leonardo Portela precisó el alcance de la condena establecida en primera instancia y señaló que la obligación del Estado provincial no se agota en la exclusión de productos alcanzados por el artículo 12 de la Ley Nacional Nº 27.642, sino que comprende también el deber de ajustar la prestación alimentaria escolar a los estándares de alimentación saludable previstos por la Ley Provincial Nº 10.594.
    La sentencia destacó que el cumplimiento de ese estándar no implica que el Poder Judicial sustituya al Poder Ejecutivo en la determinación de los medios técnicos u organizativos necesarios para alcanzarlo.

  • La Nación le debe a Entre Ríos por hospitales, cárceles, obras y litigio previsional más de $154 mil millones – El Miércoles Digital

    La Nación le debe a Entre Ríos por hospitales, cárceles, obras y litigio previsional más de $154 mil millones – El Miércoles Digital

    Un cruce de las respuestas oficiales que el gobierno nacional y el gobierno de Entre Ríos entregaron en los últimos meses a los pedidos de acceso a la información pública presentados por ANÁLISIS permite reconstruir -organismo por organismo-, cuánto le debe el Estado nacional a la provincia y a las empresas entrerrianas.
    La Nación reconoce 4.836,9 millones de pesos. La Provincia contabiliza 15.424,5 millones en deudas y aportes no girados, más dos reclamos judiciales sin sentencia: 154.606 millones por la Caja de Jubilaciones y 724 millones de dólares por Salto Grande.
    Los números que siguen no provienen de estimaciones políticas ni de declaraciones de campaña. Surgen de documentos oficiales: las respuestas que distintos organismos del gobierno de Javier Milei entregaron en el marco de la Ley Nacional N° 27.275 y las que Ministerios y reparticiones del gobierno de Rogelio Frigerio remitieron bajo la Ley Provincial N° 11.191, todas a partir de pedidos de acceso a la información pública presentados por ANÁLISIS entre mayo y agosto de 2026.
    Puestas una al lado de la otra, esas respuestas dibujan un mapa de deudas del Estado nacional con Entre Ríos que ninguno de los dos gobiernos había presentado en forma consolidada.
    El cuadro tiene dos caras. La primera es lo que la propia Nación admite deber: hospitales públicos provinciales sin cobrar prestaciones al PAMI y contratistas de obras de agua y cloacas con certificados impagos. La segunda es lo que informan los organismos entrerrianos: internos federales alojados en cárceles provinciales que Nación paga con más de un año de atraso, cápitas del programa SUMAR+ sin girar, aportes de Obras Públicas presupuestados durante tres años y recaudados en cero, y dos juicios ante la Corte Suprema que, según la propia Fiscalía de Estado, todavía no tienen sentencia ni monto reconocido.
    Lo que reconoce la Nación
    De los más de veinte organismos federales consultados, solo dos informaron deudas con montos precisos. El primero es el PAMI. En respuesta a un pedido de ANÁLISIS, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados reconoció una deuda de 1.704.123.743 pesos con 57 efectores públicos de salud de Entre Ríos, actualizada al 25 de junio de 2026. La cifra alcanza a prácticamente toda la red hospitalaria provincial, desde el Hospital Fidanza de Paraná hasta el pequeño hospital de Maciá, pasando por los dos hospitales de salud mental, los geriátricos públicos y la sociedad del Estado Salud Entre Ríos S.E. La propia Gerencia Económico Financiera del PAMI admitió que los desembolsos dependen de las partidas que transfiere el Ministerio de Economía y que los plazos de pago quedan atados a las fluctuaciones de la recaudación nacional. Cerca de 1.900 expedientes de facturación continúan abiertos en 2026.
    El segundo es el Ministerio de Economía de la Nación, que absorbió las funciones del disuelto ENOHSA. Mediante nota el ministerio informó el estado de las dos grandes obras de saneamiento con financiamiento nacional en la provincia. En el sistema de agua potable de Concordia, con un contrato de 14.852.130.485 pesos y un avance físico del 88,03 por ciento, la deuda con la contratista asciende a 3.003.882.462 pesos. En la ampliación de los desagües cloacales de Villaguay, con un contrato de 21.912.964.594 pesos y apenas el 22,46 por ciento ejecutado, la deuda reconocida es de 128.898.269 pesos. Entre ambas obras, 3.132.780.731 pesos de certificados impagos a empresas que trabajan en territorio entrerriano.
    Sumadas, las deudas que el Estado nacional admite por escrito con hospitales y contratistas de Entre Ríos alcanzan los 4.836.904.474 pesos. Los demás organismos federales que respondieron -la Auditoría General de la Nación, el ENACOM, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Ministerio de Defensa y las tres fuerzas armadas, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Cultura, el ENRE, el Instituto de Ayuda Financiera, Belgrano Cargas, la CARU y la Cancillería- no informaron deudas con la provincia. Y los que podrían aportar las cifras más pesadas todavía no contestaron: la Dirección Nacional de Vialidad, la Secretaría de Energía por la deuda cruzada entre CAMMESA y ENERSA, y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
    Lo que informa la provincia
    Del lado entrerriano, la deuda nacional aparece repartida en tres Ministerios y una repartición, cada uno con su propia contabilidad. El Servicio Penitenciario de Entre Ríos, en el informe firmado por la Dirección General en julio de 2026, consignó que la Nación pagó con más de un año de atraso 183 millones de pesos por el alojamiento de internos federales en cárceles provinciales durante 2023 y 2024, y que ya adeuda otros 271 millones por 2025 y el primer semestre de 2026. Es una deuda que se acumula mientras las unidades penales provinciales alojan 440 internos por encima de su capacidad de diseño, con una sobrepoblación del 16 por ciento.
    El Ministerio de Salud de la provincia informó que el programa nacional SUMAR+, que cubre a 522.796 entrerrianos sin obra social a través de 251 convenios con efectores, arrastra una deuda de 1.510 millones de pesos en cápitas mensuales no giradas entre enero de 2025 y junio de 2026, más 408,5 millones de una cápita semestral adicional: 1.918,5 millones de pesos que la Nación le debe a la red sanitaria provincial. El mismo informe describe el retiro silencioso del financiamiento federal en otros programas que la Provincia terminó sosteniendo con recursos propios: los botiquines del programa REMEDIAR cayeron un 83,5 por ciento respecto de 2024; el programa Incluir Salud y las prestaciones de diálisis se financiaron en un 98 por ciento con fondos provinciales durante 2023 y 2024; y el Tesoro provincial transfirió 1.635,5 millones de pesos entre 2023 y 2026 para comprar drogas inmunosupresoras para pacientes trasplantados, porque los envíos del INCUCAI resultaban insuficientes.
    El dato más voluminoso lo aportó el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. En la nota del 18 de agosto de 2026, el anexo de recursos afectados extraído del Sistema Integrado de Administración Financiera muestra que la Secretaría de Obras Públicas de la Nación tuvo aportes comprometidos en el presupuesto provincial por 13.235 millones de pesos entre 2023 y 2025, con una recaudación efectiva de cero pesos en cada uno de los tres ejercicios. El mismo patrón se repite en partidas menores para Villa Paranacito, la cuenca Ezpeleta-Victoria, obras hidráulicas y refacciones de escuelas técnicas. Solo el SISTAU para el transporte y el ENOHSA siguieron girando fondos con normalidad.
    Entre el Servicio Penitenciario, Salud y Planeamiento, las deudas y los aportes nacionales no girados que la Provincia tiene documentados suman 15.424,5 millones de pesos: es más de tres veces lo que la Nación reconoce en sus propias respuestas.
     
     Uno de los juicios a gran escala que está pendiente en la Corte Suprema es por Salto Grande. El otro es por la Caja de Jubilaciones.
     
    Los dos juicios ante la Corte
    Por encima de esas cifras hay dos reclamos de otra escala, informados por el Ministerio de Economía de la provincia y la Fiscalía de Estado en el expediente 3.439.186. El primero es el litigio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones contra la ANSES por el déficit previsional no compensado, cuyo reclamo ante la Corte Suprema asciende a 154.606 millones de pesos. La Nación giró 74.000 millones mediante dos convenios de anticipos: uno de 26.000 millones y otro de 48.000 millones, este último pactado en ocho cuotas entre noviembre de 2025 y junio de 2026, con la última acreditada recién el 14 de agosto, dos meses después del plazo. Pero el informe de Fiscalía de Estado, del 19 de agosto de 2026, es explícito: esos anticipos no cierran el litigio de fondo, no existe sentencia y no hay monto judicialmente reconocido. La Caja de Jubilaciones, en cambio, presenta los convenios como un logro de gestión.
    El segundo es Salto Grande. La Provincia demandó al Estado Nacional ante la Corte Suprema, en el expediente 2400/2024, por la modificación unilateral del régimen de remuneración de la energía generada en el complejo binacional mediante la Resolución 603/2024 de la Secretaría de Energía. El reclamo se estima en 724.174.000 dólares. La medida cautelar innovativa, que pediría suspender la resolución y recomponer preventivamente el 70 por ciento del monto -506.921.800 dólares-, estaba redactada al 19 de agosto de 2026, pero todavía no había sido presentada ante el tribunal.
    Hay al menos un punto en el que la respuesta provincial quedó incompleta. El pedido al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Entre Ríos requería el detalle de los fondos que el Estado nacional debe transferir a la provincia por su adhesión al régimen de desfederalización del narcomenudeo, con montos comprometidos, percibidos y adeudados, además de los convenios con fuerzas federales vinculados al Plan Paraná y al Consejo de Seguridad Interior. La respuesta no consignó cifra alguna sobre esa deuda, que el propio ministro Néstor Roncaglia había reconocido públicamente.
    El balance, con los datos disponibles, es contundente. La Nación admite deber 4.836,9 millones de pesos a hospitales públicos y contratistas de Entre Ríos. La Provincia documenta 15.424,5 millones de pesos en deudas y aportes comprometidos que nunca llegaron, más 154.606 millones de pesos en discusión judicial por la Caja de Jubilaciones y 724 millones de dólares por Salto Grande. Todo ello mientras el gobernador Frigerio celebra en foros nacionales el acuerdo con la ANSES y anuncia junto a Córdoba y Santa Fe medidas de alivio para las industrias frente a la suba de la energía fijada por la propia Nación. Los expedientes, esta vez, hablan por sí mismos.

     
    Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores
    Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.

    [fbcomments]

  • América Latina debe prepararse antes del próximo brote de dengue, advierten expertos reunidos en Cartagena

    América Latina debe prepararse antes del próximo brote de dengue, advierten expertos reunidos en Cartagena

    El dengue no debe medirse solo por los picos epidémicos. Los periodos de aparente calma son, precisamente, la ventana de oportunidad para fortalecer la prevención. Esta fue una de las principales conclusiones del Latam Dengue Forum, organizado por la biofarmacéutica Takeda, un espacio que reunió en Cartagena a científicos, especialistas, profesionales de la salud y líderes de opinión de distintos países de la región, quienes discutieron y analizaron estrategias para fortalecer la respuesta frente a esta enfermedad.

    El intercambio se produjo en un contexto en el que el dengue sigue representando un desafío relevante para las comunidades y los sistemas de salud de América Latina. En Argentina, la temporada 2023-2024 alcanzó una magnitud sin precedentes desde el inicio de los registros epidemiológicos modernos y se convirtió en un punto crítico para la respuesta sanitaria. Durante ese período se notificaron más de 580.000 casos confirmados y 419 fallecimientos asociados a la enfermedad.1  Mientras que en la región se registraron más de 13 millones de casos y 8.400 muertes.  Los expertos coincidieron en que, sin bien las cifras han descendido en el año 2025, más que el fin del riesgo, este momento representa una oportunidad para que los países se preparen antes del siguiente brote.
    En este sentido, las discusiones del foro dejaron cinco conclusiones que trazan una hoja de ruta para anticiparse y mitigar el riesgo del dengue en la región:
    1.    La ausencia de brotes no significa ausencia de riesgo. El comportamiento cíclico del dengue puede generar una falsa sensación de seguridad cuando disminuyen los casos. Hay que tener en cuenta que otros factores continúan creando condiciones favorables para la transmisión: la urbanización acelerada, la movilidad de las personas, las condiciones de vivienda, las dificultades en el abastecimiento de agua y los fenómenos climáticos como el de El Niño.
    2.    El perfil de las personas afectadas está cambiando. Aunque en distintos países el dengue continúa afectando de manera importante a niños y adolescentes, a medida que aumenta la proporción de adultos y personas mayores, la enfermedad puede generar una carga creciente en poblaciones con condiciones de salud preexistentes y riesgos clínicos particulares. Este cambio exige adaptar la vigilancia, fortalecer el diagnóstico diferencial y preparar los servicios de salud para atender a una población más diversa.
    3.    Ninguna medida aislada es suficiente.  El control del dengue exige una estrategia integral que conecte distintas herramientas y responda a las características epidemiológicas, sociales y territoriales de cada país. Esta debe incluir vigilancia epidemiológica, uso de información climática para anticipar escenarios de riesgo, control del mosquito y eliminación de criaderos, diagnóstico oportuno, reconocimiento temprano de los signos de alarma, atención clínica adecuada, educación y participación de las comunidades, así como la vacunación como medida complementaria.
    4.    La innovación puede acelerar el progreso. La Inteligencia Artificial ofrece oportunidades para analizar grandes volúmenes de información epidemiológica, climática, entomológica y territorial; identificar patrones; detectar cambios en el comportamiento de la enfermedad, y apoyar la anticipación de riesgos. Los líderes digitales también pueden desempeñar un papel relevante al traducir la evidencia científica en contenidos claros y cercanos, identificar inquietudes de la población y ayudar a combatir la desinformación. Para aprovechar este potencial se requiere una relación más estrecha entre científicos, autoridades sanitarias, profesionales de la salud, comunicadores y creadores de contenido.
    5.    La colaboración multisectorial es esencial. El dengue supera las capacidades de una sola institución. Su prevención y control requieren la participación coordinada de gobiernos, sistemas de salud, academia, comunidades, organismos internacionales, líderes digitales y sector privado. Cuando la vigilancia, el control vectorial, la atención clínica, la planificación territorial y la comunicación funcionan por separado, la respuesta pierde efectividad.
    “La respuesta frente al dengue requiere anticipación: comienza antes de que se registre un brote, mediante la preparación, la prevención y el trabajo conjunto. Es fundamental articular el conocimiento científico, la evidencia generada en la región y la colaboración entre distintos sectores para implementar estrategias integrales, que incluyan el control del vector, la comunicación y la vacunación cuando esté indicada, con el objetivo de reducir el impacto de la enfermedad y proteger a las comunidades de la Argentina y de toda América Latina”, afirmó la Dra. Vanesa Castellano, directora médica del Departamento Científico de la Fundación Vacunar y médica del Servicio de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires.
    Acerca de Takeda Pharmaceutical Company LimitedTakeda es una compañía biofarmacéutica líder global, que se centra en crear una mejor salud para las personas y un futuro más brillante para el haber mundo. Su objetivo es descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida en sus principales áreas terapéuticas: gastrointestinal y enfermedades inflamatorias, enfermedades raras, terapias derivadas del plasma, oncología y trasplante, neurociencias y vacunas.
    Es una compañía fuertemente basada en valores que la han definido durante más de dos siglos e impulsada por la I+D con sede en Japón. Se enfoca en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a marcar la diferencia en la vida de las personas, extendiendo las fronteras de la ciencia mediante el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas con un pipeline robusto y diversificado. Guiada por el compromiso con los pacientes, la gente y el planeta, con empleados en aproximadamente 80 países y diferentes regiones.
    Para más información, visite el sitio https://www.takeda.com.

  • Dal Molín: “Casaretto quiere gobernar Entre Ríos, pero antes debe explicar cómo condujo ATER”

    Dal Molín: “Casaretto quiere gobernar Entre Ríos, pero antes debe explicar cómo condujo ATER”

    El senador provincial Rubén Dal Molín cuestionó las declaraciones periodísticas en las que Marcelo Casaretto manifestó su intención de competir por la Gobernación de Entre Ríos y sostuvo que “antes de pedirles a los entrerrianos que le confíen la provincia, debe explicar qué ocurrió durante su conducción de ATER”.

    “Casaretto dice en los medios que quiere ser gobernador y que no le interesa ocupar ningún otro cargo. Está en todo su derecho de expresar una aspiración política, pero quien pretende administrar Entre Ríos también debe estar dispuesto a responder por las decisiones y los mecanismos de control que funcionaron durante el período en que estuvo al frente de ATER”, afirmó Dal Molín.
    Casaretto condujo la Administradora Tributaria de Entre Ríos entre 2011 y 2015, período que comprende parte de las compensaciones tributarias fraudulentas investigadas por la Justicia.
    La nueva denuncia fue presentada por María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER, quien reconoció mediante un juicio abreviado su participación en las maniobras. En su presentación, sostiene que el nivel de las operaciones realizadas excedía las posibilidades de los empleados administrativos y requería intervención de los niveles superiores del organismo.
    “Estamos hablando de expedientes, resoluciones, modificaciones de cuentas tributarias y accesos informáticos. Casaretto debe explicar qué mecanismos de supervisión existían durante su gestión, qué nivel de intervención tenía la conducción sobre esas operaciones y qué información llegaba a las autoridades del organismo”, planteó el senador.
    Dal Molín también cuestionó que el exdirector de ATER invoque la denuncia que presentó en 2014 como una prueba definitiva de inocencia.
    “Haber presentado aquella denuncia es un antecedente que deberá valorar la Justicia, pero no alcanza por sí solo para cerrar cualquier otra línea de investigación. La nueva presentación sostiene precisamente que aquella denuncia pudo haber sido utilizada para apartar las sospechas de la conducción. Corresponde que la Justicia determine si lo denunciado tiene sustento y, en ese caso, cuáles fueron las responsabilidades”, remarcó.
    Finalmente, el senador sostuvo: “Si Casaretto aspira a gobernar Entre Ríos, tiene que estar dispuesto también a explicar su gestión anterior y a que la Justicia determine si existieron fallas de control y responsabilidades en el funcionamiento de ATER”.

  • La Corte ordenó a Misiones parar de cobrarle a una empresa adelantos de Ingresos Brutos por el equivalente de 307 años de lo que debe pagar de ese impuesto

    La Corte ordenó a Misiones parar de cobrarle a una empresa adelantos de Ingresos Brutos por el equivalente de 307 años de lo que debe pagar de ese impuesto

    En una decisión fundamental para el futuro del sistema tributario argentino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió restablecer una medida cautelar en el marco de un reclamo contra la Provincia de Misiones. La controversia se centra en la retención, percepción y pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos por un monto equivalente al 30.718 % de la obligación definitiva, es decir, el adelanto de impuesto correspondiente a 307 años.

    El Establecimiento Las Marías presentó una demanda contra la Agencia Tributaria de Misiones, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones generales N° 3/1993, 35/2002, 56/2007 y 1/2010, al considerarlas contrarias a varios artículos de la Constitución Nacional (17, 19, 28, 31, 75, incisos 13 y 18, 122 y 126).
    La empresa explicó que esos regímenes impositivos generan pagos mensuales a cuenta a favor de la provincia por un total de 597.643.467 pesos, que proyectados anualmente alcanzan los 7.171.721.605 pesos. Esta cifra contrasta con una estimación anual definitiva del impuesto sobre los ingresos brutos de apenas 23.347.296 pesos. En otras palabras, el monto retenido representa 307 veces la obligación definitiva anual, lo que equivale a 307 años de impuestos adelantados, superando incluso la duración social prevista para la firma, fijada en 99 años.
    Las Marías ha contado con certificados sucesivos de exclusión de retención o percepción hasta el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, a partir de esa fecha, a pesar de haber realizado oportunamente las gestiones para su renovación y solicitado vistas y despachos, no obtuvo respuesta por parte del organismo recaudador provincial, generando saldos a favor que resultan imposibles de recuperar.
    El 17 de diciembre de 2021, la empresa solicitó su inclusión en el régimen de “Promoción de Inversiones en Emprendimientos Yerbateros” de la Provincia de Corrientes. No obstante, denunció que el irregular régimen de recaudación implementado por Misiones le impide cumplir con las inversiones previstas, por lo que consideró que Corrientes tiene interés legítimo en el juicio y debe ser citada como tercero.
    Además, requirió la intervención del Estado Nacional, argumentando que las resoluciones impugnadas afectan el régimen de ingreso y liquidación de divisas establecido por las comunicaciones “A” 6770 y “A” 8137 del Banco Central, configurando una indebida intromisión de la Provincia de Misiones en facultades exclusivas del poder nacional.
    Ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres, Las Marías solicitó una medida cautelar para que la Agencia Tributaria de Misiones se abstenga de aplicar las normas cuestionadas o exigir a terceros que actúen como agentes de retención o percepción hasta que se dicte sentencia definitiva. El juez a cargo hizo lugar a esta petición y ordenó suspender la aplicación de las resoluciones impugnadas, además de impedir que se obstaculice el ingreso a la provincia de bienes remitidos por la empresa debido a la falta de pago de los anticipos.
    Posteriormente, el juez de esa jurisdicción determinó que la causa debía tramitarse en instancia originaria ante la Corte Suprema. Ante este tribunal, la empresa demandó directamente a la Provincia de Misiones como parte principal y señaló que el 3 de julio de 2025 el Superior Tribunal de Justicia de Misiones suspendió la medida cautelar dictada por el Juzgado de Paso de los Libres hasta que la Corte Suprema se pronunciara.
    Por su parte, la Provincia de Corrientes se presentó ante la Corte como tercero interesado y manifestó su adhesión al reclamo de Las Marías.
    El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, recordó que su competencia originaria procede únicamente cuando la acción se funda directamente en normas constitucionales nacionales, leyes del Congreso o tratados internacionales, y cuando la cuestión federal es predominante, condiciones que se verifican en este caso.
    La Corte sostuvo que la demanda plantea si la pretensión fiscal basada en las resoluciones impugnadas constituye una extralimitación territorial de la potestad fiscal de la provincia, al imponer anticipos que afectarían ingresos derivados de actividades exportadoras realizadas en otras jurisdicciones, y si vulnera la libre circulación de mercaderías, la regulación del comercio interprovincial y la prohibición de aduanas interiores.
    En consecuencia, la Corte declaró su competencia originaria, corrió traslado de la demanda a la Provincia de Misiones por 60 días, desestimó la incorporación de Corrientes como tercero y confirmó la vigencia de la medida cautelar dictada el 4 de junio de 2025. Asimismo, ordenó que la Provincia de Misiones o su Agencia Tributaria comuniquen a entidades financieras y agentes de retención y percepción la medida adoptada, a fin de asegurar su cumplimiento efectivo.

  • Steren, secretario de transporte de Entre Rios: “El transporte en la provincia debe ser moderno, eficiente e integrado»

    Steren, secretario de transporte de Entre Rios: “El transporte en la provincia debe ser moderno, eficiente e integrado»

    Steren, secretario de transporte de Entre Rios: “El transporte en la provincia debe ser moderno, eficiente e integrado»

    El Ing. Anibal Steren, secretario de transporte de Entre Rios, destaca los dos eventos en la semana que sintetizan el espíritu de su gestión.El primero, fue la reunión con intendentes del área metropolitana de Paraná, en donde propuso la conformación de una mesa de trabajo permanente para elaborar estrategias en conjunto considerando recorridos, paradas y necesidades de cada localidad, atributos para avanzar en un llamado a licitación del transporte público.

    Del encuentro participaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; el intendente de San Benito, Ariel Voeffray; la intendenta de Sauce Montrull, María Soledad Daneri; el secretario de Gobierno de Oro Verde, Milton Dume; y el coordinador de Transporte de Entre Ríos, Maximiliano Villa.
    La escucha atenta, el intercambio de ideas y la sinergia de los grupos de trabajo técnico tanto provinciales como municipales, es la forma de gestionar pensando en los usuarios.
    El segundo evento que destaca el secretario de transporte provincial es la invitación que le cursó la CAFTTUR (Cámara Federal de Transporte de Turismo) como invitado especial al 1° Congreso Argentino de Transporte Turístico que se desarrolló el 13 y 14 de junio en Santa Fe.
    La cita reunió a más de 150 transportistas del país, autoridades nacionales, provinciales, representantes gremiales y referentes del sector y la agenda del congreso abordaba los ejes fundamentales de la actividad: marco regulatorio, normativas vigentes, seguridad vial y perspectivas económicas del sector.
    En su exposición, el Ing. Steren, brindó un diagnóstico y los desafíos del transporte turístico en Entre Rios.
    Bajo un cambio de paradigma en la administración pública entrerriana, el secretario de transporte trazo los lineamientos de una gestión integral:
    Trabajo coordinado con municipios en la provincia, y con actores del sector en busca de un ecosistema regulatorio moderno, digitalizando trámites, incorporando herramientas tecnológicas y mejorando los sistemas de información.
    Es fundamental, para el secretario de transporte provincial, diseñar el transporte en general y el turístico en particular en Entre Rios, como un hub estratégico donde al transporte terrestre se le sume el servicio ferroviario, potenciando la variada oferta turística que va desde los corredores Paraná – Uruguay, pasando por turismo termal, histórico -cultural y también el de carnavales y fiestas populares.
    Cabe destacar, que el turismo es una actividad clave para el desarrollo de Entre Rios; con sus 1200 kms de costas, sus 3 pasos internacionales a Uruguay, su integración directa a Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Buenos Aires, especialmente el AMBA que es el mayor emisor turístico del país; por todo eso, el secretario de transporte provincial promueve el trabajo en equipo, buscando consensos pero también el salto de calidad tecnológica que permita modernización, trazabilidad y eficiencia de recursos.
    Para el secretario de transporte de Entre Rios, éstas dos situaciones en la semana resumen perfectamente el espíritu de su gestión, con acciones en mesas de trabajo técnicas en el ámbito local pero también aprendiendo de experiencias exitosas que puedan nutrir la planificación de su área.
    El concepto del transporte en Entre Rios para Steren, radica en hacerlo moderno, eficiente e integrado para facilitarle la vida a los entrerrianos y contribuir en el desarrollo del turismo en la provincia.

  • ¿Ja o je?: cómo debe escribirse la risa, según la Real Academia Española

    ¿Ja o je?: cómo debe escribirse la risa, según la Real Academia Española

    ¿Ja o je?: cómo debe escribirse la risa, según la Real Academia Española

    En la era de las redes sociales, los mensajes instantáneos y los chats permanentes, escribir una risa se ha convertido en una práctica cotidiana. Sin embargo, pocos conocen que la Real Academia Española (RAE) establece una forma correcta para representar la risa por escrito.

    Aunque expresiones como «jajaja», «jeje» o incluso «haha» son habituales en internet, la institución encargada de velar por las normas del español precisa una serie de reglas sobre cómo debe escribirse la risa.
    La RAE señala que la forma adecuada de representar la risa es: «ja, ja, ja». Es decir, siempre empleando la expresión «ja» y separando cada interjección con comas. Esta recomendación responde a la pronunciación, ya que cada «ja» posee su propio acento prosódico, y las comas ayudan a reflejar mejor el ritmo natural de la risa. Escribir todo junto como «jajaja» modificaría la pronunciación teórica y no reproduciría con exactitud el sonido de una carcajada real.
    Una duda común surge por la influencia del inglés, donde es habitual el uso de «haha». La RAE recuerda que en español la letra «h» es muda y no tiene valor fonético en este tipo de expresiones, por lo que la risa debe representarse con la letra «j», cuyo sonido sí imita la exhalación característica de la risa.
    Aunque «ja, ja, ja» es la forma recomendada, el español admite otras variantes para expresar la risa en texto o chat, siempre que respeten la lógica fonética del idioma. Por ejemplo:
    – «Je, je, je» puede transmitir ironía o picardía.– «Ji, ji, ji» suele asociarse a una risa más contenida o traviesa.– «Jo, jo, jo» está vinculado popularmente a la risa de Papá Noel.– «Ju, ju, ju» puede expresar una risa misteriosa o burlona.
    Respecto al clásico «jajaja», pese a la recomendación formal de la RAE, la escritura continua de la risa es una costumbre ampliamente aceptada en el lenguaje digital. En conversaciones informales y redes sociales, expresiones como «jajaja», «jejeje» o «jijiji» son frecuentes y generalmente no generan problemas de comprensión.
    Por ello, aunque la RAE propone una forma más precisa desde el punto de vista lingüístico, reconoce que estas variantes forman parte de los usos cotidianos de los hablantes.

  • Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    La Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires dictó la falta de mérito para Alberto Fernández en la causa por presuntos delitos de corrupción. Esto no implica que el ex presidente sea declarado inocente, sino que se debe continuar con la toma de testimonios y reevaluar su situación procesal.

    La falta de mérito se limitó exclusivamente a Alberto Fernández y no alcanzó al resto de los exfuncionarios y empresarios procesados en la causa. Esta decisión se adoptó tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló la confirmación del procesamiento contra Fernández, por lo que la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, resolvió que el ex mandatario debe seguir bajo investigación mientras se sustancian las medidas probatorias solicitadas por su defensa.
    Según la resolución unánime a la que accedió Clarín, el juez Boico manifestó que, aunque personalmente sostenía la confirmación del procesamiento, acataba el criterio de la Sala IV de la Casación Penal, por lo que votó en favor de la falta de mérito de Fernández. Además aclaró que la decisión afecta únicamente al ex presidente, rechazando la extensión de la anulación a otros imputados cuya situación procesal permanece vigente.
    Por su parte, el juez Irurzun señaló que corresponde revocar el procesamiento y que será la instancia anterior la que deba expedirse nuevamente sobre el mérito del caso. En esta nueva etapa, el expediente será subrogado por el juez Ariel Lijo. Irurzun también rechazó la petición de otras defensas para extender la falta de mérito, ya que el fallo de la Casación se circunscribe exclusivamente a Alberto Fernández.
    En disidencia, el juez Eduardo Farah coincidió con la falta de mérito para el ex presidente pero consideró que la medida debería aplicarse también a Héctor Martínez Sosa, supuestamente intermediario en las contrataciones investigadas. Farah argumentó que si no se puede sostener que las acciones de Fernández facilitaron los negocios de Martínez Sosa con el Estado, será necesario revisar la responsabilidad asignada hasta ahora a otros funcionarios y empresarios involucrados.
    Con esta resolución, el expediente regresará al juez de instrucción Ariel Lijo, quien deberá concretar las medidas probatorias solicitadas por la defensa de Fernández y avaladas por el fiscal general. Estas medidas incluyen testimonios para esclarecer cómo se designaron productores y asesores vía la intermediación de Martínez Sosa, presuntamente en incumplimiento del régimen de contrataciones públicas.
    El origen del caso radica en el decreto 823/21, firmado por Fernández cuando era presidente, que obligó a organismos estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros. Este decreto habilitó una intermediación irregular de brokers, que firmaron 45 contratos con 25 corredores involucrados. Según la acusación, las comisiones abonadas a intermediarios por esos contratos sumaron más de 3.364 millones de pesos, con irregularidades y direccionamientos.
    La imputación contra Fernández por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes públicos se basa en que Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada María Cantero, concentró el 59,6% de las comisiones derivadas de esos contratos. El aumento sustancial de los negocios de Martínez Sosa coincidió con la presidencia de Fernández, alcanzando una facturación superior a 2.250 millones de pesos.
    El proceso había avanzado con la confirmación del procesamiento por la Cámara de Apelaciones, pero la defensa cuestionó la ausencia de declaraciones testimoniales solicitadas, lo que motivó la anulación de dicha confirmación por parte de la Casación Penal. Pese a que el fiscal ante ese tribunal pidió mantener el procesamiento, el fiscal de la Cámara de Apelaciones apoyó el pedido de la defensa, facilitando la decisión de la Casación.
    Actualmente, las pruebas testimoniales vinculadas al decreto y los manejos en la contratación se están recabando; hace una semana declaró como testigo Vilma Ibarra, exsecretaria legal y técnica de la presidencia. La investigación también se basa en mensajes del celular de María Cantero, que sugieren la participación directa del ex presidente en la facilitación de algunas contrataciones irregulares.
    Cuando el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo procesaron a Fernández, concluyeron que favoreció contrataciones a su amigo Héctor Martínez Sosa. El caso, inicialmente tramitado en el juzgado federal 11 bajo la custodia del juez Julián Ercolini, está actualmente vacante y subrogada, por lo que corresponderá al juez Ariel Lijo decidir si confirma nuevamente la acusación o define otra medida procesal.
    La acusación sostiene que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, los imputados participaron en un esquema coordinado para recaudar y distribuir fondos públicos mediante el direccionamiento irregular en la intermediación de seguros para organismos estatales a través de Nación Seguros. Según la causa, los brokers actuaron con la complicidad de Alberto Fernández, facilitando la inclusión de empresas coaseguradoras y el reparto de comisiones.
    Un elemento clave de la investigación fue la influencia de Martínez Sosa sobre Fernández, evidenciada por las conversaciones obtenidas del celular de María Cantero. En una de ellas, Cantero le asegura a su esposo: “Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?