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  • Súper RIGI: el Senado negocia modificaciones y el texto deberá volver a Diputados para su ratificación

    Súper RIGI: el Senado negocia modificaciones y el texto deberá volver a Diputados para su ratificación

    Los aliados del oficialismo imponen condiciones para avanzar con el Súper RIGI en el Senado, lo que obliga a negociar modificaciones al proyecto. Este proceso retrasará su aprobación, ya que el texto deberá volver a la Cámara de Diputados para su ratificación, luego de haber sido votado allí en junio.

    A diferencia del proyecto sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que avanzó rápidamente en comisiones pero perdió contenidos clave antes de llegar al recinto, el bloque de La Libertad Avanza se niega a firmar el dictamen de comisión hasta garantizar que todos los acuerdos estén cerrados y los votos, asegurados.
    Tras cuatro reuniones informativas, el oficialismo reconoció la necesidad de introducir cambios en el texto para lograr su avance. Sin el respaldo conjunto de la UCR, el PRO y las bancadas provinciales, La Libertad Avanza no cuenta con los votos suficientes. Estos grupos, junto con representantes del sector industrial, como la Unión Industrial Argentina (UIA), han solicitado ajustes durante las audiencias en comisión.
    Uno de los aspectos que seguramente se modificará es la cláusula de “Compre Argentino”, incorporada inicialmente por la Cámara de Diputados para alcanzar mayor apoyo. En el Senado, se busca perfeccionarla mediante una especificación que diferencie los bienes transables —aquellos susceptibles de importación y exportación—, dado que la experiencia previa con el RIGI demuestra que solo se consideraron proveedores locales en servicios o mano de obra.
    Por ejemplo, en el proyecto minero «Vicuña» de San Juan, que ingresó al RIGI con una inversión de 18.000 millones de dólares, las primeras unidades habitacionales serán construidas con materiales provenientes de China.
    Tanto el PRO como la UCR remarcan la necesidad de establecer controles y sanciones en caso de incumplimiento de esta cláusula.
    La UIA planteó en comisión: “Solicitamos que el 20% se destine exclusivamente a bienes producidos en el país. La industria compite globalmente y apoyamos una economía abierta, pero de manera inteligente. Proponemos reformular el artículo 17 para que el plan de proveedores privilegie bienes de producción nacional”, explicó Diego Leal, presidente del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la UIA.
    En consonancia, Pablo Cattoni, director institucional de SIDERSA, afirmó: “Creemos firmemente en esta herramienta y aportamos nuestra experiencia para perfeccionarla. Estamos convencidos de que las inversiones pueden realizarse apostando por empresas nacionales como proveedoras”. SIDERSA ingresó al RIGI para construir una planta en San Nicolás de los Arroyos con una inversión de 300 millones de dólares. “Todos nuestros proveedores son argentinos, salvo la maquinaria importada”, manifestó.
    Algunos sectores más exigentes proponen elevar el mínimo del “Compre Argentino” del 20% al 30%.
    Asimismo, legisladores han planteado reservas sobre el consumo energético de ciertos proyectos específicos, como los data centers, y solicitan que estas inversiones garanticen su autoabastecimiento energético como condición para acceder al régimen.
    Otros diputados proponen ampliar el régimen para que no solo sea aplicable a nuevas industrias, sino que también puedan adherir proyectos industriales que generen valor agregado.
    Por otra parte, representantes de gobernadores buscan una mayor participación de las provincias en los estudios previos para la autorización de los proyectos.
    El Súper RIGI tiene como objetivo atraer inversiones por al menos 1.000 millones de dólares en sectores poco desarrollados o en etapas experimentales en el país, incluyendo actividades vinculadas con la inteligencia artificial, la producción de baterías de litio y la fabricación de vehículos eléctricos, entre otros.
    Para incentivar estos proyectos, el régimen ofrece beneficios fiscales como reducciones en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, menor carga tributaria sobre dividendos, exenciones en derechos de importación y exportación, y reducciones en las contribuciones patronales.

  • Agencia deberá pagar millones por viaje de egresados cancelado en Tandil

    Agencia deberá pagar $3 millones por viaje de egresados cancelado en Tandil

    Agencia deberá pagar $3 millones por viaje de egresados cancelado en Tandil

    Un grupo de estudiantes de un colegio de Tandil tenía previsto realizar su viaje de egresados a Brasil, pero la pandemia de COVID-19 obligó a suspenderlo. El conflicto surgió cuando las familias reclamaron la devolución del dinero y, según consta en la causa, la agencia de turismo aplicó retenciones y, en algunos casos, no restituyó los importes comprometidos.

    Ante esta situación, los padres iniciaron una demanda contra la empresa. Tras un fallo de primera instancia y las apelaciones de ambas partes, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul aumentó las indemnizaciones y confirmó la responsabilidad de la agencia por incumplimiento.
    El tribunal estableció una indemnización de 3 millones de pesos por daño moral para cada egresado y un millón para cada padre afectado. A estos montos se suman el daño punitivo y la restitución del valor del paquete turístico.
    El conflicto comenzó en 2019, cuando los padres contrataron con la agencia el tradicional viaje de egresados a Brasil. Tras diversas acciones promocionales y reuniones informativas, las familias pagaron la totalidad del servicio. Sin embargo, la llegada de la pandemia impidió concretar el viaje, que fue reprogramado en varias ocasiones.
    Ante la imposibilidad de viajar en las nuevas fechas, las familias solicitaron la devolución del dinero. Según la causa, la agencia aplicó retenciones y, en algunos casos, no devolvió los montos prometidos. Debido a esta situación, el caso escaló a la Justicia, donde la empresa no se presentó ni contestó la demanda en el plazo correspondiente, por lo que fue declarada en rebeldía.
    En agosto de 2025, el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Azul reconoció la relación contractual y estableció que la agencia incumplió sus obligaciones. La sentencia ordenó la restitución del valor del viaje, una indemnización por daño moral y otra por daño punitivo, aunque ambas partes impugnaron los montos fijados.
    El expediente llegó a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, que rechazó la defensa de la empresa basada en la pandemia al considerar que no fue presentada en tiempo y forma. Además, los jueces valoraron la situación particular de los adolescentes y la conducta de la agencia frente a los reclamos, especialmente por la falta de información y los problemas para devolver el dinero.
    Por ello, la Cámara resolvió aumentar las indemnizaciones, fijando:
    – 3.000.000 de pesos por daño moral para cada egresado.
    – 1.000.000 de pesos por daño moral para cada padre afectado.
    – Un daño punitivo equivalente a cuatro Canastas Básicas Totales (CBT) por cada grupo familiar, calculado en 6.443.089,92 pesos según el valor tomado en la resolución.
    A estos montos se suma la restitución del valor del viaje frustrado. La sentencia también ordenó publicar la parte resolutiva del fallo en un diario local y estableció que las costas del proceso quedarían a cargo de la empresa demandada.
    Uno de los aspectos centrales del fallo fue el impacto que la frustración del viaje tuvo sobre los estudiantes. El tribunal señaló que un viaje de egresados constituye una experiencia significativa para los adolescentes y consideró su condición al determinar la reparación.
    Los jueces subrayaron que la situación de consumidores vulnerables de los jóvenes no podía ser considerada un dato menor, sino una circunstancia relevante para evaluar la magnitud del daño sufrido. Según la sentencia: “La calificación de consumidores en situación vulnerable y de desventaja que caracterizó a los co-actores egresados involucrados no constituye un dato neutro dentro de la relación de consumo examinada, sino una circunstancia que intensifica la entidad del menoscabo espiritual padecido”.
    De este modo, la Cámara confirmó la responsabilidad de la agencia de turismo y elevó los montos fijados en primera instancia para reparar los perjuicios ocasionados a los estudiantes y sus familias.

  • Un concejal de San Isidro fue filmado acosando a una empleada y deberá pagar un resarcimiento de millones

    Un concejal de San Isidro fue filmado acosando a una empleada y deberá pagar un resarcimiento de $12 millones

    Un concejal de San Isidro fue filmado acosando a una empleada y deberá pagar un resarcimiento de $12 millones

    Un concejal de San Isidro, representante de La Libertad Avanza, fue filmado en 2023 acosando a una compañera de trabajo al propinarle una fuerte palmada en la cola. Tras llegar a un acuerdo económico por 12 millones de pesos, ahora enfrenta una causa penal que avanza hacia un juicio oral.

    Se trata de Alberto Montes, quien asumió su banca en el Concejo Deliberante de San Isidro en diciembre de 2023, en simultáneo con la asunción de Javier Milei como presidente.
    El video, aportado como prueba en la denuncia presentada por la víctima, fue registrado por una cámara de seguridad en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en la dirección de Tránsito de Boulogne, antes de que Montes se convirtiera en edil. En las imágenes difundidas recientemente y publicadas por el canal TN, se observa cómo Montes ingresa a la oficina y realiza el contacto físico sin consentimiento. La reacción de la mujer fue un golpe en la cara y un empujón.
    El caso derivó en dos causas judiciales, una civil y otra penal. En la primera, Montes acordó un resarcimiento económico de 12 millones de pesos a favor de la víctima, pagadero en ocho cuotas: la primera de 3 millones, dos de 2 millones y cinco cuotas finales de 1 millón cada una. El acuerdo salió a la luz luego de que el juzgado intimara a Montes por retrasos en los pagos.
    En la causa penal, el pedido de sobreseimiento de Montes fue rechazado y el proceso avanza hacia un juicio oral. La causa 6673, caratulada como «Abuso sexual», se tramita en el Juzgado Correccional Número 5 y luego pasó a la Sala 2 tras la apelación interpuesta por Montes. Fuentes judiciales informaron que el 14 de mayo se firmó el acuerdo económico entre las partes y que el juicio oral está programado para octubre.
    Desde la oposición en el Concejo Deliberante sospechan que Montes recibe apoyo financiero del oficialismo local y exigen su destitución, aunque carecen de los votos necesarios para lograrlo. “Para tratarlo rápido sobre tablas no nos dan los números; el oficialismo de Ramón Lanús y sus aliados tienen 14 de los 24 concejales”, señaló Estefanía Rivadulla, concejal de Fuerza Patria.
    Por su parte, Montes minimizó lo ocurrido y en declaraciones a TN calificó el hecho como un “intento de chiste”. Afirmó que la denuncia fue “promovida y difundida por la política” debido a su candidatura en ese momento. “Entre la denunciante y yo hubo un pedido de disculpas y de acuerdo. El hecho, que lo que intentó ser un chiste, derivó en una denuncia promovida y difundida por la política porque yo era candidato a concejal. El acuerdo arribado entre las partes y con fiscalía y defensoría, aceptando el mismo, fue cumplido y se está a la espera de que la justicia lo homologue”, concluyó.