El caso del empresario descuartizado en una valija: un jurado popular decide si tres acusados por el crimen son culpables o inocentes
Desde temprano, los convocados acudieron a los Tribunales de Lomas de Zamora para responder preguntas durante la audiencia de selección del jurado, conocida como *voir dire*. En lugar de sus nombres, se identificaban únicamente por el número colgado en su cuello. Finalmente, cerca de las 16, se conformó un jurado compuesto por 12 titulares y seis suplentes que, durante nueve días, decidirá el destino de Maximiliano Pilepich (47), Nahuel Sebastián Vargas (46) y Matías Gil (31).
Los tres están imputados por el homicidio de Fernando Pérez Algaba (41), apodado «Lechuga». Empresario y trader dedicado a la venta de automóviles en distintos momentos, Pérez Algaba era conocido en la zona oeste del Gran Buenos Aires y también había incursionado en el mercado de criptomonedas. Su hermano, Rodolfo Pérez Algaba (62), forma parte de la acusación y esperó durante tres años para que la causa llegara a juicio.
Una mujer de 62 años acompañó a su hija durante toda la jornada en los tribunales. Aunque esperó todo el día fuera de la sala, su hija nunca salió porque no fue cuestionada por ninguna de las partes; fue seleccionada por sorteo para integrar el jurado popular que deberá deliberar sobre la causa. Al comunicarle que quedaría en el jurado, a través de la seguridad del tribunal, la mujer solo pidió que su hija regresara sola en un remis al finalizar la primera jornada.
En la previa al debate, Vargas vistió una campera gris, mascó chicle y mostró nerviosismo, agitando la pierna mientras esperaba serio el comienzo del juicio. Pilepich, por su parte, lucía un tatuaje de eslabones de cadena asomando por la patilla y también mascó chicle mientras escuchaba atentamente al juez Juan Manuel Rial. Gil fue el único de los tres que contó con la presencia de sus padres como acompañamiento durante la primera jornada.
La acusación está a cargo de la fiscal Marcela Dimundo, mientras que los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro representan al particular damnificado, Rodolfo Pérez Algaba.
“Hace tres años que espero este momento. Lo único que pido es justicia”, aseguró a Clarín Rodolfo Pérez Algaba, quien además fue el primer testigo en el juicio. Durante toda la jornada esperó junto a su pareja la conformación del jurado. “Están mejor de salud que yo”, ironizó al referirse a los acusados, señalando que desde el homicidio de su hermano perdió 20 kilos, fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y sufrió la pérdida de varios dientes.
Los acusados llegan al juicio detenidos, enfrentando cargos por homicidio triplemente agravado por alevosía, por codicia, por concurso premeditado de dos o más personas y por uso de arma de fuego. El debate, que se extenderá hasta el 8 de julio, está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 de Lomas de Zamora y es presidido por Juan Manuel Rial, quien además determinará las penas correspondientes.
Además de Pilepich, Vargas y Gil, otros cuatro imputados —Luis Alberto Contreras (40), Horacio Mariano Córdoba (50), Fernando Gastón Martín Carrizo (36) y Flavia Lorena Bomrad (41)— serán juzgados en un juicio técnico aún sin fecha asignada. Blanca Gladys Cristaldo (61) está imputada por encubrimiento agravado.
Durante la instrucción, Vargas y Pilepich se acusaron mutuamente, por lo que no está del todo claro quién fue el autor material del disparo mortal contra Pérez Algaba. Sin embargo, los tres están imputados por la misma figura delictiva, que prevé pena de prisión perpetua.
Gil, empleado de la constructora de Pilepich, fue quien retiró documentos de reconocimiento de deuda firmados por este último. Las antenas de telefonía celular ubican a Gil, Pilepich y la víctima juntos el día del crimen.
Pilepich es defendido por Enrique Tronceda, la defensa de Nahuel Vargas está a cargo de Celeste Schenfeld y la de Matías Gil, por Yamil Castro Bianchi.
Según la acusación, entre las 18 horas del 18 de julio y las 3 horas del 19 de julio de 2023, Pérez Algaba se dirigió al predio «Renacer», un emprendimiento inmobiliario en General Rodríguez, en una camioneta Range Rover blanca. «Lechuga» planeaba instalarse en España y había viajado exclusivamente a Buenos Aires para cobrar una deuda de 20.000 dólares que Pilepich tenía con él por la venta de terrenos del predio donde se proyectaba construir un barrio privado. Este pago formaba parte de un acuerdo mayor avalado por un documento firmado en una escribanía de Castelar.
La fiscalía sostiene que Pérez Algaba recibió dos disparos en la parte posterior del torso mientras cambiaba una lámpara en una oficina del predio. Los proyectiles ingresaron por la espalda a una distancia superior a los 50 centímetros, causando lesiones en pulmones e hígado que provocaron una hemorragia aguda y su fallecimiento, según las pericias.
La justicia considera que el móvil del homicidio fue la codicia, ya que los acusados buscaban eludir el pago de la deuda y la entrega de 17 de los lotes del barrio privado.
Tras el asesinato, los imputados planificaron el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo. Los restos fueron colocados en bolsas de nylon negras, distribuidos dentro de una valija roja, una mochila
