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  • Denuncian a una institución educativa de Concepción del Uruguay por un presunto caso de bullying – Arriba Noticias

    Denuncian a una institución educativa de Concepción del Uruguay por un presunto caso de bullying – Arriba Noticias

    Denuncian a una institución educativa de Concepción del Uruguay por un presunto caso de bullying – Arriba Noticias

    La presentación fue realizada este lunes ante la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar. Los padres manifestaron que decidieron recurrir a las autoridades luego de mantener distintas reuniones con integrantes del establecimiento sin encontrar, según su versión, una respuesta que permitiera poner fin a las situaciones que afectaban al menor.

    Cambios de conducta y temor al ingresar

    De acuerdo con lo expresado por la familia en la denuncia, el niño comenzó a presentar importantes cambios de conducta. Su madre relató que el pequeño ingresaba al establecimiento con temor y que en algunas ocasiones necesitaba ser acompañado de la mano.

    Ante esta situación, los padres decidieron realizar una consulta psicológica. Según señalaron, el profesional habría determinado que el menor atravesaba una situación vinculada con episodios de hostigamiento protagonizados presuntamente por dos compañeros.

    La familia sostiene que las agresiones incluían golpes, empujones, caídas al piso, burlas e insultos, y que algunos de estos episodios se habrían producido cuando los niños seguían al menor hasta el sector de los baños.

    Reclamos y conflicto con adultos

    Los progenitores aseguraron que informaron reiteradamente lo ocurrido a la docente a cargo del grado y a integrantes del equipo directivo, solicitando que se adoptaran medidas para proteger al niño.

    Siempre según el relato incorporado a la denuncia, desde la institución se habría minimizado la gravedad de los episodios y no se habrían implementado las medidas que la familia consideraba necesarias para evitar nuevas situaciones de violencia.

    El conflicto posteriormente se trasladó al ámbito de los adultos. Según los denunciantes, la docente habría realizado una presentación contra la madre del menor luego de uno de los reclamos efectuados por la situación, derivando en una medida de restricción perimetral.

    La familia cuestionó que el eje del conflicto terminara centrado en el enfrentamiento entre adultos mientras, según su planteo, continuaba sin resolverse la problemática que afectaba al niño.

    Solicitan que se investigue lo ocurrido

    En la presentación policial, los padres solicitaron que se adopten medidas para resguardar al menor y que se determinen las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder por los hechos denunciados.

    La situación quedó ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán analizar lo ocurrido, evaluar los elementos aportados por la familia y determinar si existieron responsabilidades por parte de quienes fueron señalados en la denuncia.

    Al tratarse de una investigación en curso, las acusaciones formuladas por los padres deberán ser corroboradas por las autoridades correspondientes.

  • Textiles denuncian «competencia fraudulenta”: importaciones abastecen el 70% del mercado – Arriba Noticias

    Textiles denuncian «competencia fraudulenta”: importaciones abastecen el 70% del mercado – Arriba Noticias

    Textiles denuncian «competencia fraudulenta”: importaciones abastecen el 70% del mercado – Arriba Noticias

    El mercado textil argentino se abastece en un 70% de importaciones y el sector denuncia “competencia fraudulenta”, exigiendo condiciones de comercio justas, en medio de la caída en la actividad y el bajo uso de la capacidad instalada.
    Los cambios en la política comercial que impulsó la administración de Javier Milei favoreciendo el mayor ingreso de productos del exterior no están siendo compensados por mejoras en las condiciones económicas de la industria local.
    Al respecto, la Fundación Pro Tejer manifestó que “el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina”.
    En este marco, recordó que “históricamente el mercado interno se abastecía en partes iguales por producción nacional e importaciones”, pero advirtió que “en la actualidad, las importaciones ya explican cerca del 70% del mercado”.

    En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 177.356 toneladas y US$911 millones, cayendo 20% interanual en cantidades y 5% en valores, pero “esta caída no es pareja”.
    La contracción concentra en los primeros eslabones de la cadena: materias primas (-33%), hilados (-43%), tejidos planos (-52%) y tejidos de punto (- 34%), lo que es “reflejo de la menor actividad y el exceso de oferta en el mercado local”, según Pro Tejer.
    En sentido contrario, las importaciones de productos finales continúan en niveles récord histórico: indumentaria creció 62% en toneladas y 36% en dólares, mientras que confecciones para el hogar (sábanas, toallas, etc.) aumentó 26% en toneladas y 7% en dólares.
    Ante este contexto, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) advirtió sobre la «competencia fraudulenta» señalando que las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones.
    En contraste, remarcaron que “la producción nacional sigue enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo, al tiempo que compite con plataformas como Shein y Temu, que comercializan productos sin pagar aranceles”.
    Respecto al comercio exterior, FITA subrayó que el sector textil argentino siempre ha competido, destacando la firma reciente de una declaración conjunta con entidades del Mercosur y Europa para el acuerdo birregional, así como gestiones para avanzar en la apertura comercial con Estados Unidos.
    Sin embargo, aclararon que la problemática actual no radica en la apertura, sino en la subfacturación de importaciones, donde más del 70% de los productos ingresa a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal.
    Ante esta situación, desde FITA reclamaron el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa para recuperar el desarrollo industrial.
    Las distorsiones generadas impactan de lleno en el sector formal, registrándose una caída de la producción textil en el primer semestre del 24,4% respecto a 2025 y 34% respecto a 2023, sumando a que el uso de la capacidad instalada fue de 39%. Esto implica que 6 de cada 10 máquinas están paradas en las fábricas textiles.
     
    Con Elonce

  • Denuncian que abrieron cajones y se llevaron comida de la Sala de Acreditados en Casa Rosada: en el Gobierno dicen que están «averiguando qué pasó»

    Denuncian que abrieron cajones y se llevaron comida de la Sala de Acreditados en Casa Rosada: en el Gobierno dicen que están «averiguando qué pasó»

    El periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada, denunció este lunes a través de su cuenta en X un presunto robo a periodistas en la Casa Rosada. Acompañó su denuncia con fotos y un video publicados en la red social. Ante la consulta de Clarín, una fuente oficial del Gobierno nacional aseguró que están «averiguando qué pasó». La seguridad en ese espacio está a cargo de la Casa Militar, que depende de Karina Milei.

    Waldman explicó: «Llegamos a la Sala y estaban abiertos los cajones. Dejaron nuestras pertenencias tiradas. Antes de LLA, los acreditados teníamos la llave, abríamos y cerrábamos. Hoy la seguridad está peor que antes». En junio, el mismo periodista había registrado, también con videos, cómo el Gobierno trasladaba la Biblioteca del edificio, evidenciando cierto descuido con los libros durante el proceso.
    Otras fuentes señalaron que «abrieron todos los cajones debajo de las mesas, se llevaron cosas de las heladeras y de los cajones: paquetes de yerba, leche y algunos artículos más». Llamó la atención que todo quedara revuelto y a la vista. Dado que hay cámaras en la zona, se espera que la investigación avance rápidamente.
    La relación entre el oficialismo y los medios, especialmente con algunos periodistas, atraviesa posiblemente su peor momento desde la asunción del presidente Javier Milei, en gran parte debido a los reiterados insultos del mandatario.
    Respecto al funcionamiento de la Sala de Acreditados, esta también está en el centro de la polémica. Tras la filmación realizada por un cronista en el interior de la Casa Rosada, presuntamente sin autorización, Milei ordenó cerrar la sala. Sin embargo, tras la presión de las asociaciones de periodistas por la censura hacia los trabajadores acreditados, se decidió reabrirla, aunque con restricciones.
    Esta situación se mantiene vigente, pese a que algunos funcionarios sugirieron al Presidente regresar al esquema anterior, que permitía mayor flexibilidad a los acreditados dentro de la sala. Milei se mostró inflexible y rechazó dicha propuesta.
    En medio de este conflicto, se produjeron cambios en las autoridades responsables de la comunicación oficial, con la salida de Manuel Adorni y Javier Lanari, y la asunción de Adrián Ravier y Fabián Fernández.

  • Denuncian que avanza el desguace del PAMI y hay agencias que se quedan sin personal – El Miércoles Digital

    Denuncian que avanza el desguace del PAMI y hay agencias que se quedan sin personal – El Miércoles Digital
    Mientras tanto la atención de los jubilados se deteriora a niveles nunca vistos, como ocurrió la semana pasada con un paro de clínicas de cuatro provincias. Ahora el conflicto explotó en el interior bonaerense. ATE denunció una fuerte reducción en oficinas claves de Mar del Plata, que se quedarán con menos de diez empleados, dejándolas con el 30% del personal. El desguace se extiende a otras ciudades. «Una de las agencias más grandes de Tandil, quedará con cinco empleados», revelaron en ATE.
    En ATE aseguran que el gobierno no sólo elimina puestos administrativos, también médicos. Y ya no hay trabajadores sociales en Madariaga, Pinamar, Tandil y la Agencia Puerto de Mar del Plata.
    «Por la falta de administrativos hay demora de más de seis meses en vacantes para residencia geriátricas, centros de día que renuncian por bajos de aranceles, subsidios con demora de un año para ser autorizados y monto desactualizados», agregó uno de los sindicalistas consultados.
    En el caso del Hospital Bernardo Houssay, centro de alto nivel ubicado en Mar del Plata, alertaron que 25 camas de internación se encuentran cerradas por falta de personal y que no hay cirugías cardiovasculares, ni ninguna de alta complejidad por falta de insumos.
    En el Hospital Bernardo Houssay de Mar del Plata alertaron que 25 camas de internación se encuentran cerradas por falta de personal y que no hay cirugías cardiovasculares, ni ninguna de alta complejidad por falta de insumos.
    Además, el equipamiento médico no cuenta con las necesarias reparaciones por falta de fondos, por lo que las endoscopias se redujeron al mínimo.
    Mientras que los médicos denuncian aranceles bajos y sobrecarga de trabajo por demanda. Por todo esto, ATE declaró «alerta sanitaria en la tercera edad en Mar del Plata y la región»
    La crisis alcanza a los prestadores, que llevan adelante un paro de 48 horas que se extenderá hasta este viernes y que implica que más de 100 clínicas, sanatorios y hospitales privados suspendan la atención a los afiliados del Pami, por lo que solo atienden emergencias.
    El reclamo es por una actualización de los aranceles y el pago de deudas del Pami que el Gobierno no resolvió y que ya produjo la salida del viceministro Guido Giana y de los actuales directores del Pami, Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo -el verdadero hombre fuerte de la obra social-, que fue rechazada por Karina Milei.
    Esta semana el Sanatorio Belgrano en Mar del Plata dejó de prestar servicios a 8.000 afiliados que tenían ahí su cápita y entre ellos internados.

  • Acompañantes terapéuticos denuncian irregularidades en los pagos y crisis institucional en su Colegio profesional – El Miércoles Digital

    Acompañantes terapéuticos denuncian irregularidades en los pagos y crisis institucional en su Colegio profesional – El Miércoles Digital

    Acompañantes terapéuticos denuncian irregularidades en los pagos y crisis institucional en su Colegio profesional – El Miércoles Digital

    Profesionales de la provincia advirtieron sobre retrasos en los aranceles de obras sociales como OSER y Camioneros, al tiempo que denuncian una parálisis institucional en la entidad que debe representarlos.
     
    Acompañantes terapéuticos de la provincia iniciaron una serie de asambleas y reuniones colectivas con el fin de organizarse frente a lo que describen como una situación de desamparo laboral e institucional.

    Según manifestaron integrantes del sector, la combinación de importantes demoras en el cobro de sus haberes por parte de las obras sociales y una severa crisis interna en el Colegio de Acompañantes Terapéuticos ha dejado a los profesionales sin un respaldo efectivo ante sus reclamos.

    La principal preocupación económica radica en el incumplimiento de los tiempos de pago y en la falta de respeto al monto mínimo ético del valor honorario que regula la actividad. Entre las prestatarias señaladas por los trabajadores debido a los retrasos en las liquidaciones se encuentran la Obra Social del Personal de Camioneros y la Obra Social de Empleados de Comercio (OSER).

    A este escenario de vulnerabilidad financiera se le suma un profundo conflicto en la conducción de la entidad deontológica. Miembros del colectivo advierten sobre disputas individuales entre las autoridades del colegio, lo que ha derivado en una parálisis administrativa y en una falta de claridad respecto a las normativas legales que rigen la profesión. Quienes ejercen la actividad señalan que la institución funciona actualmente de manera «fantasma», perdiendo su rol de intermediación y defensa ante las obras sociales.

    Ante la falta de respuestas oficiales por parte de la comisión directiva del Colegio, los acompañantes terapéuticos manifestaron que la única vía para visibilizar la problemática es la organización independiente. En las últimas reuniones sectoriales se acordó profundizar las medidas de agrupación interna para evitar que la precarización de sus condiciones de trabajo continúe pasando inadvertida para las autoridades correspondientes.
    Fuente: APF

     
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  • Denuncian extorsión con maldiciones tras contratar a tarotista en Mar del Plata

    Denuncian extorsión con maldiciones tras contratar a tarotista en Mar del Plata

    Denuncian extorsión con maldiciones tras contratar a tarotista en Mar del Plata

    Una mujer de Mar del Plata denunció haber sido víctima de una extorsión tras contratar a una tarotista para que realizara un “gualicho” con el fin de separar a su hijo de su pareja. La presunta estafadora la amenazó con “lanzarle una maldición” a ella y a toda su familia, obligándola a entregarle 15 millones de pesos, 26 mil dólares, electrodomésticos y joyas.
    La investigación, a cargo de la DDI de Mar del Plata y la UFI N° 12, concluyó con un allanamiento en un departamento ubicado en avenida Colón al 2900. Allí, una mujer de 62 años fue notificada sobre la formación de la causa, trasladada a la comisaría y liberada pocas horas después. Además, se notificó a otra mujer de 61 años que se encontraba en el lugar junto a la acusada.
    Según la denuncia, la tarotista comenzó a exigir sumas millonarias para completar el supuesto trabajo, advirtiendo que, en caso de no recibir los pagos, enviaría “arcángeles” para tomar represalias y aplicaría una “maldición”. Bajo esta presión, la víctima también entregó electrodomésticos, joyas y otros objetos de valor.
    Durante el operativo, los investigadores incautaron un teléfono celular, un televisor de 65 pulgadas, un lavarropas, más de 1.240.000 pesos en efectivo, 300 dólares y diplomas de tarot. También se hallaron un sello, un talonario médico, cuadernos con anotaciones, pagarés, velas, estatuillas, cintas y otros objetos asociados a rituales.
    Por disposición del fiscal Luis Ferreyra, ambas mujeres fueron notificadas de la causa por extorsión, aunque no quedaron detenidas. La Justicia continúa con la investigación para determinar el alcance de las maniobras y si existen otras posibles víctimas.

  • Docentes de las Fuerzas Armadas denuncian que ganan 500 mil pesos

    Docentes de las Fuerzas Armadas denuncian que ganan 500 mil pesos

    Docentes de las Fuerzas Armadas denuncian que ganan 500 mil pesos

    Los docentes de las Fuerzas Armadas denunciaron una crítica situación salarial, con ingresos que rondan los 570 mil pesos para una maestra de grado, y cifras algo inferiores para un preceptor de nivel medio. Estos montos representan aproximadamente la mitad de lo que perciben los docentes con cargos similares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.

    Esta problemática se hizo visible desde el año pasado a través de acciones públicas, como el “abrazo” de la comunidad educativa del Colegio Dámaso Centeno, ubicado en el barrio de Caballito, institución que forma parte del sistema educativo dependiente de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la crisis afecta a todas las instituciones cuyos salarios son abonados por el Ministerio de Defensa.
    La denuncia fue formulada de manera conjunta por docentes del Instituto Dámaso Centeno, del Colegio Militar de la Nación, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, la Facultad de Ingeniería del Ejército y la Escuela Superior de Guerra. Por temor a posibles represalias internas, pidieron mantener el anonimato.
    El sistema educativo de las Fuerzas Armadas abarca a más de 4 mil docentes que enfrentan una situación de “salarios de pobreza, discriminación salarial interna y una creciente pérdida de profesionales”, según explicaron. A las instituciones mencionadas se suman otros seis Liceos Militares distribuidos en el país, todos bajo la órbita de la Dirección General de Educación del Ejército (DGE).
    Este sistema, dependiente del Gobierno nacional, constituye una excepción dentro del marco educativo, dado que, tras la transferencia de la educación a las provincias, las 24 jurisdicciones (las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) son las principales responsables de financiar, gestionar y administrar la educación obligatoria (jardín, primaria y secundaria).
    Según los datos aportados por los docentes, el atraso salarial ha provocado que actualmente un preceptor de Nivel Superior perciba alrededor de 400.000 pesos netos, un preceptor de Nivel Medio aproximadamente 550.000 pesos y una maestra de grado apenas alcance los 570.000 pesos. Por otro lado, el valor de la hora cátedra se sitúa en torno a los 28.000 pesos para nivel medio y cerca de 26.000 pesos para nivel superior.
    “La situación se agravó aún más con la implementación del bono de 150.000 pesos, otorgado únicamente a parte del personal docente de Nivel Medio. Este adicional originó una profunda distorsión dentro del propio sistema educativo de las Fuerzas Armadas”, indicaron los docentes de los institutos castrenses.
    Explicaron que el bono se paga solamente hasta un cargo o hasta 24 horas cátedra. Por esta razón, quienes cuentan con un segundo cargo dejan de percibirlo en esa función. Asimismo, los docentes que superan las 24 horas no cobran el bono desde la hora número 25. Además, quedan directamente excluidos todos los docentes de Nivel Superior y universitario.
    “El resultado es insólito: docentes con mayor carga horaria, mayor formación o mayores responsabilidades terminan proporcionalmente más perjudicados que otros trabajadores del mismo sistema. Esto demuestra un desconocimiento total por parte de quienes deciden la política salarial docente en el Ministerio de Defensa”, señalaron.
    Según sus estimaciones, más del 60% de los docentes quedó excluido de este adicional. Además, advierten que esta ruptura de toda lógica de proporcionalidad salarial entre niveles y funciones vulnera principios jurídicos y el Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas. La notable diferencia con los salarios en jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires genera una fuga de profesionales y deteriora la educación en los institutos militares.
    En comparación, una maestra de grado del sistema educativo de las Fuerzas Armadas recibe alrededor de 570.000 pesos, mientras que cargos equivalentes en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires superan los 1.100.000 pesos mensuales.
    En la Ciudad de Buenos Aires, la hora cátedra oscila entre 46.770 y 69.930 pesos, según antigüedad y categoría. En la Provincia de Buenos Aires, el módulo de Nivel Medio supera los 31.000 pesos de base y puede superar los 52.000 pesos, mientras que en Nivel Superior supera los 44.000 pesos sin contar bonos ni bonificaciones.
    Los docentes civiles de institutos militares sostienen que “la brecha salarial ya resulta imposible de justificar, más aún cuando el propio Consejo Federal de Educación fijó como salario docente mínimo nacional 650.000 pesos para abril de 2026 y 700.000 pesos para mayo de 2026. Es decir, dentro del sistema educativo de las Fuerzas Armadas existen trabajadores que ni siquiera alcanzan el piso salarial mínimo consensuado a nivel federal”.
    Aunque este deterioro comenzó a evidenciarse a fines de 2024, se agudizó en 2025 y para 2026 la situación es considerada extrema, con renuncias permanentes, dificultades para cubrir cargos, migración hacia sistemas provinciales y pérdida sostenida de profesionales en áreas estratégicas.

  • Inseguridad en el Barrio La Escondida: Vecinos denuncian robos diarios y falta de respuestas

    Inseguridad en el Barrio La Escondida: Vecinos denuncian robos diarios y falta de respuestas

    Inseguridad en el Barrio La Escondida: Vecinos denuncian robos diarios y falta de respuestas

    Bajo el irónico lema de que el barrio está «tan escondido que roban siempre», los residentes de la zona conocida como Casona de Riccio (al norte del barrio 134 Viviendas) manifestaron su hartazgo ante una ola de delitos que no da tregua. Reclaman que a pesar de contar con registros fílmicos, los delincuentes continúan en libertad.

    Un ensañamiento alarmante
    Uno de los casos más graves reportados recientemente afecta a un vecino a quien, en apenas 10 días, le ingresaron a robar en cuatro oportunidades. En el último episodio, los malvivientes vaciaron un quincho y se llevaron:

    Cables e iluminación.
    Una motocicleta.
    Autopartes, incluyendo una tapa de cilindro y el block de un motor.

    El reclamo por infraestructura y seguridad
    Los damnificados señalan que los autores de estos hechos están identificados en las cámaras de seguridad, pero lamentablemente aún no se han dispuesto detenciones por parte de la justicia. Además, advierten sobre dos factores que agravan la situación:

    Falta de iluminación: Los vecinos denuncian que la oscuridad en el alumbrado público favorece el accionar de los delincuentes.
    Peligrosidad: Aseguran que los ladrones circulan armados con cuchillos y actúan en diferentes horarios sin distinción.

    “Tienen plata para poner infinidad de luminarias en el acceso, pero nuestra zona está casi a oscuras. Sería mejor que repartan un poco y piensen en todos”, dijo una de las víctimas
    El mercado ilegal de metales
    La preocupación vecinal también apunta a quienes sostienen este mercado delictivo mediante la compra de lo robado. El robo de metales como cobre y aluminio (proveniente de cables y partes de motores) tiene como destino final centros de compra y venta de materiales, circuitos que los vecinos consideran que no deberían ser difíciles de investigar en Concepción del Uruguay para cortar la cadena delictiva.
    Van armados con cuchillos
    La preocupación se incrementa por las características de estos sujetos a los que se los habría visto armados. “Sabemos que llevan armas blancas (cuchillos) y tememos de lo que puedan llegar a hacer. Si nos topamos con ellos como nos debemos defender?. Estas lacras viven llevándose lo que tanto nos cuesta adquirir trabajando. Necesitamos que se tomen medidas urgente” dijo uno de los damnificados a 03442.
    Por razones de seguridad, las víctimas han preferido mantener su identidad en reserva, mientras esperan que se tomen medidas preventivas y judiciales concretas antes de que la situación pase a mayores.
     

  • Gases, corridas y protesta violenta en una escuela de Chubut: denuncian que un alumno abusó sexualmente de otros

    Gases, corridas y protesta violenta en una escuela de Chubut: denuncian que un alumno abusó sexualmente de otros

    Gases, corridas y protesta violenta en una escuela de Chubut: denuncian que un alumno abusó sexualmente de otros

    La escuela 21 de la ciudad de Trelew, en Chubut, fue escenario de una confusa escena que terminó con corridas y gases por parte de la policía a un grupo de madres y padres que se manifestó este martes para denunciar presuntos casos de abuso ocurridos en ese establecimiento. Las acusaciones recaen sobre un alumno de la misma institución.La protesta se llevó adelante al mediodía en el ingreso al edificio ubicado en Colombia y Rivadavia, en la ciudad patagónica, donde reclamaron la presencia de directivos y representantes del Ministerio de Educación provincial. La falta de respuesta por parte de las autoridades aumentó la tensión entre los manifestantes y demandó la presencia de efectivos policiales.Si bien la convocatoria se desarrolló de manera pacífica, según la prensa local, el panorama se enrareció cuando algunas personas comenzaron a arrojar piedras. La conflictiva situación derivó forcejeos entre los familiares de los estudiantes y los integrantes de la fuerza de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos.La manifestación tuvo como punto de partida la denuncia que hizo una mujer por el presunto abuso de su hijo. “Mi hijito no entiende nada, empezó a gritar que no quería venir a la escuela, lloraba y ahí me di cuenta de lo que estaba pasando”, relató la madre del niño, quien reclamó también por el desamparo por parte de las autoridades educativas.Entre lágrimas, aseguró que hasta este martes no se habían puesto en contacto con ella ni los abogados ni la Defensoría del Niño. “No me llamó nadie, ni un psicólogo pusieron para mi hijo, quiero que alguien se acerque y me de una solución o que me diga algo porque me dejaron en la nada», afirmó la mujer que radicó una denuncia por el caso.En el mismo sentido, la madre remarcó que “el daño que le hicieron” al nene “es irreparable” y deslizó que hay complicidad con el cuerpo docente. “Acá están metidas las maestras, los directores porque se cansó de hablar”, dijo.En tanto, la denunciante sostuvo que el escenario es aún más complejo debido a que los supuestos agresores estuvieron en un hogar de menores y luego fueron restituidos a su madre. “Mirá lo que terminaron haciendo, no tienen que estar con su mamá. Porque su mamá es una perra, más palabras no tengo para hablar de ella”, agregó.En medio de la bronca, la mujer insistió en que “esos nenes siempre fueron lo mismo”. “¿No vieron los maestros o los directores lo que el nene era? Y como este nene hay dos o tres más, son una cantidad de hermanitos. Yo quiero que se haga justicia por favor, que se pongan en mi lugar les pido”, indicó.Tras la protesta, un grupo de padres logró reunirse con el ministro de Educación chubutense, José Luis Punta. De acuerdo con el mismo medio de comunicación provincial, una de las madres que participó de la charla confirmó que se resolvió el reemplazo total del personal de la institución.“Se va a cambiar absolutamente todo. Directivos, maestros, porteros: todos fueron echados y no van a ir a otra escuela tampoco”, aseguró.Por otro lado, contó que se avanzará con acciones legales contra el personal y adelantó que el regreso a clases podría concretarse en una semana, aunque con “nuevos directivos, docentes capacitados y equipos de supervisión permanentes”. Además, anunciaron que brindarán contención psicológica tanto para los alumnos como para las familias involucradas.

  • Propofol, fentanilo y fiestas con «viajes controlados»: denuncian robos en otro hospital y habría más médicos involucrados

    Propofol, fentanilo y fiestas con «viajes controlados»: denuncian robos en otro hospital y habría más médicos involucrados

    El dolor de la familia de Alejandro Zalazar (29), el anestesiólogo residente que falleció el 20 de febrero en su departamento de Palermo, fue la punta del ovillo para empezar desentrañar qué son las «propofest» y el robo de anestésicos del Hospital Italiano. Es que cuando Zalazar fue hallado muerto y con una vía conectada a su pie derecho, presumiblemente por el consumo de propofol y fentanilo, se rompió un pacto de silencio que se cree llevaba demasiado tiempo.La muerte de Zalazar derivó en una causa que investiga el fiscal Eduardo Cubría, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, junto al Juzgado Nº60, interinamente a cargo del juez Santiago Bignone. Por estos días la apertura del teléfono del joven fallecido pone el foco en las circunstancias alrededor de la muerte. Pero hay una pieza que, todavía, falta.El anestesiólogo, residente de tercer año en el Hospital Rivadavia, hacía una rotación en el Hospital de Niños R. Gutiérrez. Si también podrían haber robado drogas de ese centro de salud es una pregunta que también se hace la Justicia y que está en plena investigación.El día del hallazgo de su cuerpo, Zalazar tenía que presentarse a trabajar en la Fundación Favaloro y, como no lo hizo, empezaron a buscarlo desesperadamente hasta encontrarlo en su departamento. Junto al cuerpo encontraron frascos que -presumiblemente- podrían ser de fentanilo y propofol, pero Zalazar murió de un edema pulmonar y todavía no están los resultados de los exámenes histopatológicos que confirmen que había consumido esas drogas. Tampoco el oficio que probaría la trazabilidad de los fármacos hallados que se sospechan podrían haber salido del Hospital Italiano.Entonces, sin este dato ¿Por qué el centro de salud realiza una denuncia tres días después del fallecimiento? ¿Qué conecta la muerte de Zalazar con la sustracción de sustancias en el hospital Italiano? Se trataría de una persona y es la clave para determinar si se trataba de situaciones de consumo problemático aislado o una realidad extendida entre distintos centros de salud. La causa derivó en una investigación en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, y del fiscal Lucio Herrera de la Fiscalía N°29.Fue el relato de compañeros de Zalazar y de Delfina Lanusse (29), otra residente de tercer año pero del Hospital Italiano, que fue indagada en la causa que investiga el hurto y la administración fraudulenta de anestésicos del centro de salud, lo que conecta ambos casos.Hernán Boveri (45) y Delfina Lanusse (29) fueron indagados por el caso. Según pudo saber Clarín, son tres las compañeras que acudieron al subjefe del servicio de anestesiología del Hospital Italiano, Juan De Domini, para alertar que Lanusse fue vista en estado de sedación dentro del centro de salud y que les había reconocido el consumo de propofol junto a un superior: Hernán Boveri (45).La información fue reportada ante las autoridades del Hospital y fue Gonzalo Domenech, jefe del servicio de anestesia y miembro también de la comisión directiva de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), quien acudió a la asociación, que también intervino ante la gravedad de las denuncias.Boveri y Lanusse fueron citados por la asociación para realizar su descargo. Y esa fue la información que denunciaron ante la justicia el 25 de febrero. Esa denuncia, firmada por Martín Meriño y presentada junto a al abogado Eduardo Gerome, recayó en la Fiscalía N°47, pero ya fue unificada con la que tramita en el juzgado de Sánchez Sarmiento.Las declaraciones de Domench y Domini habrían sido refrendadas en sede judicial y esos testimonios habrían sido volcados en actas que fueron secuestradas este miércoles durante los allanamientos. En el encuentro concretado en sede de la AAARBA, Lanusse habría indicado estar «tratando el tema con su psicólogo» y reconoció haber tenido un «vínculo personal» con Boveri y, en ese contexto, haber tenido «episodios de consumo de propofol fuera del ámbito hospitalario».Los elementos secuestrados en unos de los allanamientos por la muerte de Zalazar.Boveri también participó de una reunión en la institución en la que, en principio, intentó negar los hechos que luego terminó reconociendo. Dijo que conocía a Lanusse y que iba a su departamento, pero con el supuesto objetivo de «entregarle libros», algo que sus superiores calificaron como «impropio» del vínculo profesional y del rol jerárquico que Boveri tenía sobre Lanusse.Fue en esa reunión que el anestesiólogo también reconoció haber consumido propofol junto a la residente. «Boveri manifestó que la participación de la residente se habría dado en un marco de consentimiento pleno, pero ello debe ser juzgado teniendo en cuenta la asimetría jerárquica existente entre un médico anestesiólogo con mayor trayectoria profesional y una médica en formación, lo que implica un grado de subordinación», expresaron desde la AAARBA en su denuncia.Estas declaraciones deben ser replicadas en sede judicial para ser valoradas como prueba. Boveri y Lanusse declararon el 25 y el 18 de marzo en una audiencia virtual. Boveri negó los hechos y manifestó que presentaría un escrito con su versión de los hechos. La residente respondió algunas preguntas pero también decidió que declararía por esa vía.Las fiestasLa hermana de Zalazar fue quien, en medio del dolor por el fallecimiento de su hermano, se acercó a la AAARBA para contar lo que sabía. Y así la existencia de «fiestas» en las que se consumía propofol y donde, presuntamente, los residentes se administraban unos a otros estas drogas, fue denunciada formalmente.Según este relato, Zalazar habría empezado a consumir esta droga «hacía dos o tres meses» y que lo había hecho «instigado por alguien», algo que también está siendo investigado por la Justicia.La asociación amplió la denuncia con estas versiones que todavía están en plena investigación y que fueron incorporadas a través del un escrito presentado por AAARBA. La clave que uniría el robo de fármacos del Italiano con la muerte de Zalazar es -al momento- una joven identificada como Chantal Leclercq (27).Leclercq y Lanusse estudiaron juntas en la Universidad Austral, una hacía su residencia el Hospital Rivadavia y otra en el Italiano. Leclercq era compañera de Zalazar, ambos residentes de tercer año. El 9 de marzo se realizó una reunión en AAARBA, cuyas oficinas fueron allanadas este miércoles, en la que el jefe del servicio de anestesiología del Hospital Rivadavia se presentó junto a Chantal «Tati» Leclercq.En ese encuentro, la joven habría reconocido una situación de consumo problemático y manifestó haber consumido sustancias de uso habitual en el ámbito quirúrgico como «propofol, Ketamina, Fentanilo y Midazolam». En ese contexto también habría reconocido que obtuvo esos fármacos del Hospital Rivadavia, aunque las habría consumido fuera del ámbito hospitalario.Ese relato es el que derivó en una ampliación de la denuncia presentada por la asociación y que está en manos de la justicia. La investigación deberá determinar si el hurto de estos anestésicos se extendió a más centros de salud. Leclercq reconoció, además, haber consumido propofol en una oportunidad junto a Zalazar y también su amistad con Delfina Lanusse, aunque negó haber compartido reuniones de consumo junto a ella,.