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  • Preocupante: Confirmaron 270 despidos de Tres Arroyos

    Preocupante: Confirmaron 270 despidos de Tres Arroyos

    Hace pocos días se advertía sobre la reunión entre el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente de Granja Tres Arroyos, Joaquín De Grazia. Al comunicarla, el propio gobernador aseguró que seguirían “haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para resguardar las fuentes de trabajo”.

    Pero los telegramas llegaron. Y fue esa situación la que llevó al sindicato a solicitar la intervención de la autoridad laboral y dio lugar a la conciliación obligatoria.
    Es importante no perder de vista ese dato: la conciliación se dictó luego de que los despidos ya habían sido comunicados. La autoridad laboral provincial intervino cuando el conflicto ya estaba desatado.
    Ahora, finalizada la conciliación sin una solución, la empresa ratificó los 270 despidos.
    Pero la dimensión del problema es todavía mayor. El intendente José Eduardo Lauritto señaló que son alrededor de 930 los trabajadores afectados y que hoy ninguno está trabajando porque la planta permanece parada.
    Esto ya no es solamente un conflicto entre una empresa y sus trabajadores. Es una crisis social y económica de Concepción del Uruguay.
    Por eso resulta importante el planteo del intendente de generar una mesa de trabajo entre Nación, Provincia y Municipio. El Municipio tiene herramientas limitadas frente a una situación de esta naturaleza y necesita de esa instancia de articulación para buscar una salida que esté a la altura del problema.
    La magnitud de la crisis exige que Nación y Provincia asuman también sus responsabilidades y que exista una estrategia común para sostener la actividad, preservar el empleo y encontrar una alternativa para la planta.
    Y entonces la pregunta que planteábamos vuelve con más fuerza: ¿qué pasó entre aquella reunión y este resultado?
    Si el Gobierno provincial aseguró que haría todo lo que estuviera a su alcance para preservar las fuentes de trabajo, corresponde preguntar qué se hizo, qué no alcanzó y qué se hará ahora.
    Porque no alcanza con acompañar un conflicto. No alcanza con reunirse. Y mucho menos alcanza con una fotografía.
    Los 270 despidos ratificados son una nueva señal de alarma, pero el problema alcanza a unos 930 trabajadores y sus familias.
    Detrás de esos números hay empleo, salarios, producción y una parte importante de la economía de nuestra ciudad.
    Concepción del Uruguay necesita que la política esté a la altura de esta crisis. El camino no es la disputa entre gobiernos, sino una mesa en la que Nación, Provincia y Municipio trabajen juntos para encontrar una salida.
    Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué pasó entre aquella reunión, la foto y los 270 despidos?
    Juan Martín GarayAbogado y ConcejalC. del Uruguay

  • La provincia que duele: cierres de empresas, despidos y un consumo que no repunta en Entre Ríos – El Miércoles Digital

    La provincia que duele: cierres de empresas, despidos y un consumo que no repunta en Entre Ríos – El Miércoles Digital

    Detrás de cada aviso de «reestructuración industrial» o «adecuación de la estructura productiva» que emiten las empresas cuando anuncian el cierre de una planta, hay una cadena de consecuencias que rara vez entra en los comunicados corporativos: familias enteras sin ingresos, trabajadores de 45 y 50 años sin perspectivas ciertas de reinserción laboral, economías locales que dependían de una sola fábrica para sostener el empleo formal, y sindicatos que denuncian maniobras de vaciamiento mientras litigan contra el reloj. Ese es el cuadro que, con matices y particularidades en cada caso, se repite en Entre Ríos desde diciembre de 2023.
    El relevamiento de la consultora Politikon estimó en 1.074 el número de firmas que bajaron la persiana en la provincia entre diciembre de 2023 y el primer trimestre de 2026, de las cuales 437 lo hicieron solamente en los primeros tres meses de este año. La retracción del entramado empresarial entrerriano alcanzó el 6,3 por ciento en ese período, un deterioro que se profundizó especialmente al comienzo de 2026, cuando el ritmo de cierres se aceleró respecto de los dos años anteriores.
    A esa fotografía estructural se suma el Mapa Federal de Empresas en Crisis que publicó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a fines de diciembre de 2025, un relevamiento elaborado a partir de denuncias sindicales, comunicados oficiales, cámaras empresarias y coberturas de medios locales. En ese conteo, Entre Ríos aparece con 21 casos críticos -entre despidos, suspensiones, cierres definitivos, quiebras y retiros voluntarios-, distribuidos en rubros tan diversos como el avícola, la construcción, los medios de comunicación, el comercio, la hotelería, los frigoríficos, el agro y la electrónica. Entre las firmas mencionadas en ese informe figuran Unilever, Carrefour y la propia Tres Arroyos.
     
    Tres Arroyos, el más grave
    El conflicto más extenso y con mayor cantidad de puestos de trabajo en juego es el de Granja Tres Arroyos, que supo ser la mayor empresa avícola del país y que mantenía en Concepción del Uruguay su planta «La China». La crisis de la compañía no es reciente: ya en diciembre de 2024 había solicitado ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, el mecanismo legal que habilita a una empresa a negociar suspensiones o reducciones de personal antes de avanzar con despidos masivos.
    El cuadro se agravó con sucesivos brotes de gripe aviar. En agosto de 2025 un nuevo foco provocó el cierre del mercado europeo para la carne aviar fresca argentina, lo que golpeó de lleno a la planta entrerriana; a comienzos de 2026 se sumaron nuevos episodios en otras provincias, lo que mantuvo bloqueadas las exportaciones durante meses y agravó la situación financiera de la empresa en Concepción del Uruguay. Recién el 28 de julio de 2026 la Comisión Europea formalizó la reapertura del mercado a través del Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, que permitió a la Argentina retomar los envíos de carne aviar fresca desde el 17 de agosto, tras reconocer la recuperación del estatus sanitario del país como libre de Influenza Aviar Altamente Patógena.
    Pero la normalización comercial llegó después de un largo derrotero de ajustes en la planta entrerriana. El 27 de mayo de 2026 la empresa había anunciado el cierre por tiempo indeterminado de «La China», una decisión que sorprendió a los trabajadores de Concepción del Uruguay y dejó en vilo unos 950 puestos de trabajo, en un contexto de crisis financiera, recortes operativos y una caída drástica en la faena diaria, que pasó de 700.000 a apenas 200.000 pollos. Menos de tres meses después, el 11 de agosto de 2026, la compañía despidió a 250 trabajadores más de esa misma planta industrial, atribuyendo la medida al desempeño exportador, la sobreoferta en el mercado interno y los costos operativos.
    La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió públicamente la decisión y calificó el accionar de la empresa como «artero e insensible» frente a la situación económica de los trabajadores entrerrianos, denunciando que la compañía avanzaba con despidos masivos que «no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis». El gremio remarcó, además, que entre los despedidos había también delegados de personal, un dato que en el mundo sindical suele leerse como un intento de debilitar la representación gremial dentro de la planta en momentos de conflicto.
     
    Unionbat y el costo humano
    Si el caso de Tres Arroyos es el de mayor escala, el de Unionbat S.A., en Gualeguaychú, es el que con mayor nitidez retrató el costo humano del cierre de una planta industrial en el interior entrerriano. La empresa, una histórica fabricante de baterías que en 1981 había presentado la primera batería intercelda termosellada y de bajo mantenimiento producida en Sudamérica, y que en 2005 había sido la primera fábrica del país en producir baterías con aleación calcio-plata, decidió en junio de 2026 discontinuar su actividad productiva en la planta del Parque Industrial de Gualeguaychú para concentrar toda la producción en su establecimiento de San Martín, provincia de Buenos Aires.
     
    La compañía comunicó que la medida formaba parte de «una adecuación de su estructura industrial, orientada a una operación más concentrada y eficiente», y que en Gualeguaychú permanecería únicamente una dotación mínima afectada a tareas de seguridad, custodia y mantenimiento del establecimiento. El resultado concreto fue el despido de 101 operarios entrerrianos, según precisó posteriormente el sindicato del sector.
    El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas denunció que las cesantías se comunicaron de manera sorpresiva, durante el cambio de turno y, en algunos casos, mediante simples mensajes de WhatsApp. Los trabajadores despedidos montaron un acampe frente a la planta por tiempo indeterminado para impedir el retiro de maquinaria, que interpretaron como un intento de vaciamiento de las instalaciones, y reclamaron la intervención de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.
    Uno de los aspectos que más preocupación generó entre los propios trabajadores de Gualeguaychú fue el perfil de los afectados: el promedio de antigüedad rondaba los veinte años, con operarios de entre 45 y 50 años que además estaban próximos a acceder al régimen de jubilación anticipada previsto para actividades insalubres, debido a la exposición permanente al plomo durante el proceso de fabricación de baterías. «¿Dónde va a conseguir trabajo hoy toda esta gente?», planteó un dirigente sindical, al advertir sobre las escasas posibilidades de reinserción laboral de un grupo etario que, además, perdía de manera abrupta el beneficio previsional que estaba a punto de alcanzar.
    La empresamanifestó su intención de abonar el cien por ciento de las indemnizaciones previstas en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero el reclamo de los operarios gualeguaychuenses apuntaba a otro objetivo, según resumieron desde el gremio: «La gente no quiere la plata, quiere trabajar». Pese a las audiencias de conciliación convocadas por las autoridades laborales provinciales, la última de ellas terminó sin que la empresa ofreciera una propuesta concreta para sostener los puestos de trabajo en el Parque Industrial.
     
    Otros frentes
    El deterioro del empleo formal en la provincia no se limita a la industria manufacturera. En el transporte urbano de pasajeros de Paraná, la concesionaria Buses Paraná dejó de prestar servicio el 6 de diciembre pasado, y desde entonces 237 trabajadores mantienen un litigio para lograr su transferencia a la nueva prestataria, la empresa San José, en un proceso que combina incertidumbre laboral, desidia sindical y manejos empresarios poco claros, con el propio funcionamiento del transporte público de la capital entrerriana.
     
    El informe de CEPA también identificó un conflicto en la fábrica de baterías Fademi, en Larroque, departamento Gualeguaychú, donde trabajadores denunciaron el incumplimiento de compromisos previamente asumidos por la patronal, al punto de que uno de los operarios afectados llegó a señalar públicamente que «los amigos políticos» estarían intercediendo para sostener a la empresa por sobre los intereses de los trabajadores.
     
    La caída en ventas
    Los cierres de plantas y los despidos no son un fenómeno aislado del comportamiento del consumo popular en la provincia: son, en gran medida, su correlato. Los datos de ventas en supermercados de Entre Ríos, elaborados en base a la Encuesta de Supermercados del INDEC, muestran una caída sostenida y cada vez más profunda a lo largo de 2026.
    Según un informe de la consultora Politikon, en abril de 2026 las ventas en supermercados de la provincia registraron una caída real interanual del 7,1 por ciento. La facturación de ese mes alcanzó los 50.543 millones de pesos corrientes. En el acumulado de enero a abril, las ventas sumaron 200.471 millones de pesos corrientes, con una baja real interanual del 6,8 por ciento.
    En mayo la tendencia se mantuvo: las ventas en supermercados entrerrianos totalizaron 51.626 millones de pesos, con una caída real interanual del 3,7 por ciento. En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, Entre Ríos había facturado 252.098 millones de pesos, un retroceso real del 6,2 por ciento respecto de igual período de 2025.
    Dos informes sucesivos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), difundidos en mayo y julio, permiten dimensionar el fenómeno con una perspectiva de mayor plazo sobre la provincia. Según el primero, las ventas en supermercados entrerrianos durante el primer bimestre de 2026 quedaron un 26 por ciento por debajo de los niveles de 2023 y un 5,4 por ciento por debajo de 2025, incluso descontando la desaceleración inflacionaria de los últimos meses. El deterioro del consumo aparece directamente ligado a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores entrerrianos: entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 cada empleado privado registrado en la provincia perdió hasta 3,7 millones de pesos de capacidad de compra, medidos con una actualización inflacionaria basada en la canasta de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, mientras que la pérdida total acumulada en Entre Ríos superó los 500 mil millones de pesos. Las ventas en supermercados de la provincia acumularon, en ese mismo lapso, una retracción de 237.676 millones de pesos.
    El segundo informe de CEPA actualizó ese diagnóstico con datos hasta abril de 2026: las ventas entrerrianas acumuladas entre enero y abril de ese año mostraron una caída del 6 por ciento respecto de igual período de 2025, pero contra el mismo cuatrimestre de 2023 el retroceso llegó al 26,6 por ciento, y frente a 2022 la caída alcanzó el 16,6 por ciento. Traducida a pesos constantes de abril de 2026, la diferencia entre lo que facturaron los supermercados de la provincia en el primer cuatrimestre de este año y lo que facturaron en el mismo período de 2023 asciende a 75.754 millones de pesos menos, y la variación acumulada de las ventas entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, medida a precios de marzo de 2026, llega a una caída de 308.624 millones de pesos.
    La lectura conjunta de ambos informes no deja margen para matices: el consumo en los supermercados de Entre Ríos, luego de dos años y medio del actual esquema económico, todavía no logra recomponerse ni siquiera parcialmente. Se trata de una tendencia sostenida en el tiempo, y no de un fenómeno puntual de un mes o de una estacionalidad particular, que golpea de manera directa a las cadenas de supermercados y grandes superficies instaladas en la provincia, pero que también repercute en el comercio de cercanía y en la actividad económica general de Entre Ríos, en un círculo que retroalimenta los propios cierres de empresas y despidos relevados en esta nota: menos consumo presiona sobre la facturación de las firmas locales, que ajustan personal o directamente cierran, lo que a su vez retira poder adquisitivo de la economía provincial.

     
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  • Incertidumbre en Concepción del Uruguay por los despidos masivos en Granja Tres Arroyos: “No sabemos si pagarán las indemnizaciones”

    Incertidumbre en Concepción del Uruguay por los despidos masivos en Granja Tres Arroyos: “No sabemos si pagarán las indemnizaciones”

    Incertidumbre en Concepción del Uruguay por los despidos masivos en Granja Tres Arroyos: “No sabemos si pagarán las indemnizaciones”

    La crisis en la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay sumó un dramático capítulo tras la masiva llegada de telegramas de despido a sus trabajadores. Aunque la firma comunicó inicialmente 250 desvinculaciones sobre un total de 900 empleados, desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) aseguraron que las notificaciones ya superarían las 300 y podrían llegar a 400.

    En diálogo con Elonce, Julio Chamorro, integrante del gremio, expresó la enorme preocupación del sector ante la causal invocada por la avícola. La empresa argumentó una drástica caída de la actividad vinculada a la gripe aviar y la retracción de las exportaciones, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual contempla la reducción del 50% de la indemnización por razones de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.
    Desde la representación sindical rechazaron enérgicamente esta postura. «Esto no es fuerza mayor. El sector avícola no está en crisis, está en crisis Tres Arroyos», remarcó Chamorro, al tiempo que lamentó que esta decisión unilateral haya echado por tierra las negociaciones que se mantenían con la Provincia y el Municipio para intentar reactivar la producción.
    Tres meses sin actividad y haberes adeudados
    La fábrica uruguayense permanece paralizada desde hace tres meses y adeuda salarios desde el mes de abril, además del aguinaldo. Durante todo 2025 se implementó un procedimiento preventivo de crisis que incluyó reducciones salariales y la salida de más de 380 operarios mediante retiros voluntarios, medidas que no lograron evitar el colapso.
    «Sencillamente, endeudarse era para sobrevivir. Después cerraron las plantas y dejaron de pagar; entonces, ese problema laboral y económico se transformó en un problema humanitario», describió el dirigente, recordando que las familias han debido subsistir gracias a la entrega de módulos alimentarios y subsidios estatales.
    Además del drama social para las familias afectadas, el impacto comercial en Concepción del Uruguay es severo: según estimaciones del gremio, la paralización implica que unos 1.400 millones de pesos mensuales dejen de circular en la economía local, afectando en cadena a comercios, proveedores y servicios indirectos.
    Acciones judiciales y posibles cortes de ruta
    El gremio adelantó que denunciará la causa de los despidos ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos y habilitará la vía judicial para reclamar el cobro de salarios e indemnizaciones al 100%. No obstante, expresaron sus reservas ante la posibilidad de un concurso de acreedores que dilate las ejecuciones.
    Ante la gravedad del panorama, desde el STIA adelantaron que evalúan realizar medidas de fuerza y manifestaciones sobre la Ruta Nacional 14 entre el domingo y el lunes. «Lo duro recién empieza con todo este panorama», concluyó Chamorro. Fuente EL ONCE

  • La justicia laboral confirmó los despidos de 35 trabajadores de Fademi de Larroque – El Miércoles Digital

    La justicia laboral confirmó los despidos de 35 trabajadores de Fademi de Larroque – El Miércoles Digital

    La justicia laboral confirmó los despidos de 35 trabajadores de Fademi de Larroque – El Miércoles Digital

    El juez Julio Armando Grisolía revocó una sentencia previa que había ordenado la reincorporación del personal despedido en la planta de Larroque. El conflicto entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana comenzó en junio de 2024.
    El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55, dictó el 17 de julio una resolución que revoca un fallo de enero de 2025 que había ordenado a la empresa Fademi reincorporar a 35 trabajadores despedidos. Con esta decisión, quedaron firmes las cesantías.
    Fademi es una empresa familiar que fabrica baterías para vehículos que comercializa las marcas como Electroquímica Villa y Clorex y es una de las principales generadora de empleo.
    Origen del conflicto
    El conflicto comenzó en junio de 2024, cuando el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició un reclamo salarial y de seguridad.
    Según la empresa, el aumento pedido no era posible de afrontar, recordó R2820. De acuerdo con datos aportados por la compañía, entre abril de 2023 y abril de 2024 los empleados habían recibido un aumento del 400%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 290%. El sueldo inicial neto del sector era de $1,5 millones desde hacía siete meses, y el sueldo promedio mensual de bolsillo rondaba los $2 millones.
    El apoderado de Fademi, Emiliano Gietz, señaló que el sindicato realizó primero asambleas con retiros del lugar de trabajo de entre una y cinco horas. Luego se redujo la producción a un 10% —de 1.200 unidades diarias programadas se llegó a fabricar unas 100, o menos—. La empresa estimó en 30 mil las baterías no producidas como consecuencia de estas medidas.
    A comienzos de junio de 2024 se produjo un bloqueo que impidió el ingreso de un camión de carga al predio, y el sindicato retiró a los empleados de la línea de producción, lo que dejó 2 mil unidades sin terminar con exposición de productos químicos. La empresa señaló que ese lote pudo salvarse.
    Luego de aquellas acciones hubo marchas y protestas en ciudad hasta que se montó una carpa en la puerta de la fábrica, ubicada cerca del ingreso a Larroque.
    Denuncias cruzadas
    La empresa reportó pintadas en el frente de una vivienda de sus dueños, el lanzamiento de bombas de estruendo contra otro domicilio, y el ingreso de manifestantes con bombos durante una reunión familiar.
    El sindicato, por su parte, sostuvo que Fademi no cumplía con condiciones de seguridad en la planta afectando la salud de los empleados y que la empresa aplicó descuentos salariales sin justificación.
    La empresa despidió a 3 empleados, lo que derivó en una huelga que reclamaba su reincorporación. Posteriormente se concretaron 25 cesantías adicionales.
    El 20 de enero de 2025, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al reclamo sindical y ordenó la reincorporación de los despedidos por participar de la huelga. Sin embargo, no reingresaron a trabajar y mantuvieron un acampe en la puerta de la fábrica.
    Paquete con balas y causa penal
    En enero de 2025, en la casa de la dueña de la empresa apareció un paquete con dos balas y la leyenda «Familia Fademi». Tras la denuncia policial, intervino la Fiscalía de Gualeguay.
    Una cámara ubicada frente a la vivienda registró a dos personas dejando el paquete; la patente del vehículo utilizado permitió identificarlo como el mismo que uno de los empleados usa para ir a trabajar a la fábrica.
    Ambos permanecieron dos meses en prisión preventiva, luego fueron liberados con una morigeración de esa medida, y continúan imputados por coacciones agravadas. La primera audiencia del juicio oral está prevista para octubre.

     
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  • Una empresa logística echó a 60 trabajadores en Rosario y ya acumuló 200 despidos en distintas zonas del país – El Miércoles Digital

    Una empresa logística echó a 60 trabajadores en Rosario y ya acumuló 200 despidos en distintas zonas del país – El Miércoles Digital

    Una empresa logística echó a 60 trabajadores en Rosario y ya acumuló 200 despidos en distintas zonas del país – El Miércoles Digital

    Expreso Brío lleva 20 años en el mercado y tiene una flota de más de 200 vehículos, con alcance nacional. Los despedidos se manifestaron frente a la sede rosarina del ministerio de Trabajo.
     
    La empresa logística Expreso Brío despidió 60 trabajadores en su sede central en Rosario y ya acumuló la desvinculación de 200 empleados en todo el país, según informaron los propios despedidos que ayer se manifestaron frente al ministerio de Trabajo.
    Los trabajadores de denunciaron un esquema de despidos sin causa y una posible maniobra de vaciamiento luego de que la empresa cerrara el acceso a su planta y enviara telegramas de cesantía, según informó Rosario3.
    La magnitud del reclamo aparece en los números que difundieron los propios empleados: aseguran que hubo más de 200 cesantías en sucursales de todo el país, con recortes que ya habían alcanzado a oficinas de la empresa en Córdoba y Buenos Aires, a los que ahora se sumó la sede rosarina.
    Según informa en su página web, la empresa cuenta con un plantel de 400 trabajadores, una red de 20 sucursales y una flota de 200 camiones y utilitarios. Lleva más de 20 años ofreciendo un servicio integral de logística en Argentina, con cobertura en principales puntos comerciales y centros urbanos y conexión de polos industriales del país.
    La empresa indicó ofrece “un servicio integral de logística” que opera con una red de sucursales, oficinas y centros de reparto en los conglomerados más grandes, y que cuenta con una flota de camiones y utilitarios para tareas de logística y distribución.
    Matías Peluzzo, uno de los empleados de la firma de logística y cargas generales, relató a El Tres lo que ocurrió al inicio del quiebre: “El martes nos presentamos a trabajar y nos encontramos con el portón cerrado”. Según el trabajador, un vocero de la compañía se presentó en ese momento para indicar quiénes podían ingresar y quiénes no, sin ofrecer mayores explicaciones. Entre quienes quedaron afuera, dijo, había personal con 10, 15 y 20 años de antigüedad.
    Según explicó el trabajador, la secuencia no empezó esta semana, sino meses atrás, cuando la empresa comenzó a reducir su operación en distintas provincias. “En su momento tuvo sedes en Mar del Plata, San Juan, Mendoza, Santa Fe, Rafaela, por todas partes, pero fueron cerrando a medida de que se fue presentando esta crisis que manifiesta la empresa”, afirmó.
    El trabajador vinculó ese proceso con los recortes recientes en otras plazas de peso para la compañía. Señaló que, además de la casa central de Rosario, las sedes de Córdoba y Buenos Aires también sufrieron una poda de personal que estimó en el 50% del total.
    Los afectados también cuestionaron la forma en que se concretaron las cesantías. “Por ahora no, solamente el telegrama, se nos informó sin causa”, reclamaron al referirse a la ausencia de propuestas de indemnización por los años trabajados.
    Otro de los trabajadores despedidos agregó que el problema no se limita a las desvinculaciones. Según explicó, la empresa mantiene una deuda correspondiente a los salarios de mayo y junio, a la que se suman bonos y el aguinaldo.
    En ese marco, advirtió sobre la falta de certezas respecto del cobro de esos conceptos: “Todo eso todavía tenemos una promesa de pago, pero muy difícil que se cumpla”.
    Expreso Brío, una firma con presencia en distintos puntos del país, quedó así bajo una doble acusación de sus exempleados: la del recorte masivo de personal y la del atraso en obligaciones salariales ya vencidas.
    Peluzzo dijo que la ausencia de explicaciones de la conducción empresaria profundizó la desconfianza entre los trabajadores. “De la empresa nunca hubo una respuesta de hace ya meses que venimos con este problema de los pagos y nunca hubo una explicación clara”, sostuvo.
    Esa falta de diálogo derivó en una hipótesis más grave planteada por los empleados. “Supuestamente iba a incorporar una empresa nueva que iba a agarrar lo que era Expreso Brio, pero nunca nadie se presentó, básicamente como que fueron ganando tiempo para ir vaciando la empresa y llegar hasta a lo que llegamos ahora”, señaló el trabajador entrevistado por El Tres.
     
     

     
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  • En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    Los dueños de Frigorífico General Pico S.A., reconocida en la industria nacional por haber sido parte de la fundación de la icónica marca de hamburguesas Paty, confirmaron el inició del proceso de concurso preventivo de acreedores luego de que fracasaran las negociaciones para la venta o alquiler de la compañía.El frigorífico, situado en Trenel, La Pampa, tenía un plantel de 450 empleados, pero a mitad de febrero avanzó con el despido de cerca de 200 trabajadores. A esto se suma una delicada situación financiera, con deudas que ascienden a unos $24.000 millones, además de compromisos con proveedores. En ese marco, tiene 1152 cheques rechazados en los registros de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que asciende a $15.800 millones.A través de una nota firmada por el presidente Ernesto “Tito” Lowenstein y el vicepresidente Alan Lowenstein, la empresa comunicó que las tratativas con un grupo inversor europeo no lograron avanzar hacia un acuerdo que permitiera sostener la operación.En este sentido, los directivos apuntaron directamente a un grupo financiero que actúa como accionista y acreedor, al que acusaron de haber obstaculizado de manera reiterada distintas alternativas para garantizar la continuidad del frigorífico.Según explicaron, entre las opciones presentadas hubo propuestas de terceros con esquemas de explotación a largo plazo, incluida una alternativa cercana a los US$ 40 millones mediante un leasing a ocho años, además de ofertas de pago inmediato. Sin embargo, ninguna fue aceptada, y el grupo cuestionado tampoco acercó propuestas superadoras.“Esto fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial”, sostuvieron los empresarios, quienes remarcaron que dicho acreedor contaba con acceso pleno a la información financiera y participó del análisis de las distintas alternativas.Ante este escenario, indicaron que el concurso preventivo busca “ordenar las obligaciones de la empresa” y generar un marco institucional que permita evaluar nuevas opciones para reactivar la actividad.Desde la compañía destacaron además que se trata de una empresa familiar y que sus socios acompañaron el desarrollo con inversiones propias, particularmente en la planta de Trenel, considerada el principal activo productivo.Pese a la crisis, aseguraron que continuarán trabajando para reactivar la operación en el corto plazo, con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo y sostener el impacto económico y social que la actividad genera en la región.