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Etiqueta: deuda

  • Detrás de los cambios en la zona fría de gas: una deuda de $ 100.000 millones y beneficios a las exportaciones

    Detrás de los cambios en la zona fría de gas: una deuda de $ 100.000 millones y beneficios a las exportaciones

    Detrás de los cambios en la zona fría de gas: una deuda de $ 100.000 millones y beneficios a las exportaciones

    El Gobierno mantiene una deuda por aproximadamente $100.000 millones en concepto de subsidios a las empresas de gas, debido a un atraso de entre tres y cuatro meses en los pagos correspondientes al régimen de zona fría. Este dinero corresponde a los consumos de gas de los últimos meses de 2025 y del primer trimestre de 2026, según confirmaron a Clarín diversas fuentes de distribuidoras y subdistribuidoras de gas natural, así como funcionarios oficiales.

    Esta deuda, conocida técnicamente como deuda «flotante», se origina cuando el servicio —en este caso, el consumo de gas— ya se realizó pero no ha sido pagado. Esta práctica permite al Ministerio de Economía mantener el superávit fiscal. Frente a ingresos insuficientes, el equipo económico liderado por Luis Caputo retrasa los pagos para equilibrar las cuentas públicas sin necesidad de emitir nueva deuda ni recurrir a emisión monetaria.
    El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se financia mediante un recargo del 7,5% sobre el precio mayorista del gas, aplicado a todos los hogares de zonas consideradas «no frías», así como a la industria, centrales termoeléctricas y otros grandes consumidores. Los recursos recaudados se destinan a reducir entre un 30% y un 50% las facturas de gas de los usuarios residenciales en zonas frías, como la Patagonia, Malargüe (Mendoza), la Puna y cientos de localidades del interior del país, incluidas tras la ampliación del régimen impulsada por Máximo Kirchner en 2021.
    Precisamente, la extensión del beneficio de los 900.000 usuarios originales a 3,4 millones derivó en un considerable aumento de los costos, que el sistema de recaudación del régimen de zona fría no logró cubrir. Así, un fondo fiduciarlo que inicialmente registraba superávit, debió incrementar progresivamente las alícuotas del recargo —de 4,46% a 5,44% en 2021 y hasta 7,5% a partir de abril de 2025— y finalmente enfrentó un déficit que el Estado cubrió mediante subsidios.
    Según datos de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el año pasado el Tesoro Nacional transfirió $40.560 millones para cubrir el desequilibrio financiero del fondo fiduciario. En 2025, los ingresos alcanzaron un total de aproximadamente $451.000 millones, con un promedio mensual cercano a los $37.600 millones. Debido a mayores consumos en invierno, estas cifras tienden a incrementarse en la temporada fría y disminuir en verano.
    Con la reducción del número de beneficiarios del régimen de zona fría —que perderán el subsidio quienes tengan ingresos familiares superiores a $4 millones— se espera una disminución del gasto del fondo fiduciario, generando un margen fiscal que permitirá al Gobierno saldar sus compromisos pendientes. Fuentes de la industria energética indicaron que la intención oficial es reducir progresivamente esta deuda hasta quedar al día.
    El atraso en los pagos a los proveedores estatales, entre ellos petroleras y generadoras eléctricas, forma parte de la estrategia aplicada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para mantener el equilibrio financiero. Tras la devaluación inicial impulsada por el presidente Javier Milei y frente al problema de tarifas congeladas heredado del gobierno anterior, el equipo de Luis Caputo optó por emitir un bono a 14 años para cancelar una deuda en subsidios equivalente en pesos a 750 millones de dólares.
    Los cambios en el régimen de zona fría también generan otros efectos en el sector energético. La medida garantiza que las exportaciones de gas natural a la región a través de gasoductos seguirán exentas del pago del recargo, y además incorpora como excepción a los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL). Por lo tanto, integrantes del consorcio Southern Energy (SESA), tales como Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, quedarán liberados del pago, lo que representa una ventaja competitiva para la venta de gas al exterior.
    Asimismo, quedarán exentos proyectos aún sin decisión de inversión, como el desarrollado por YPF con ENI y Adnoc, el de Camuzzi en Buenos Aires y el de la Compañía General de Combustibles (CGC) a través de Chile.
    La reducción de los beneficios del régimen de zona fría no solo otorgará un margen al Estado para saldar sus deudas, sino que también podría permitir, en el futuro, una reducción en la alícuota del 7,5%, cuando el fondo fiduciario vuelva a registrar superávit. Esta disminución impactaría en la reducción de costos energéticos para la industria y a mediano plazo bajaría el costo de la electricidad, disminuyendo así la necesidad de subsidios.

  • El Gobierno negocia una solución a la deuda millonaria con el PAMI y las clínicas

    El Gobierno negocia una solución a la deuda millonaria con el PAMI y las clínicas

    El Gobierno negocia una solución a la deuda millonaria con el PAMI y las clínicas

    El Gobierno avanzó en negociaciones internas para destrabar la crisis financiera que sacude al PAMI y la deuda que mantiene el organismo con las clínicas, sanatorios y hospitales privados que le brindan servicios a los afiliados. Las reuniones tuvieron lugar este miércoles en la sede del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (INSSJP) y en el Ministerio de Economía.La obra social más grande de América Latina con 5.405.216 de afiliados (incluyendo los veteranos de Malvinas) atraviesa un conflicto de envergadura producto de los fondos que le debe el Tesoro nacional al Ministerio de Salud y la demora en los pagos que empezaron a denunciar los prestadores privado,. Esto llevó a algunos de ellos a restringir los servicios o a exigir un aumento en los copagos a los pacientes.En medio de estas tensiones, el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, recibió este miércoles a las 15 a las cámaras que nuclean a las clínicas, sanatorios y hospitales privados (Adecra, Fecliba, Confeclisa, Salud Federal y Capres) y acordó aguardar novedades de cara a una próxima reunión que mantendrá el viernes el ministro de Economía Luis Caputo con su par de Salud, Mario Lugones. Durante el encuentro, que se extendió por dos horas, las autoridades del organismo no brindaron definiciones sobre el reclamo de actualización de los aranceles. Tampoco sobre los cambios en el sistema de prestaciones ambulatorias. «Nosotros planteamos nuestra problemática y ellos los problemas económicos que atraviesa el PAMI», dijo una fuente al tanto de las conversaciones.Luego, a las 17, el equipo de Luis Caputo recibió a los técnicos de Lugones en el Palacio de Hacienda, donde se analizó la crítica situación del PAMI, según pudo saber Clarín. «Se reunieron los equipos técnicos de ambos ministerios. Fue una reunión muy productiva en la cual se pusieron de acuerdo para avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda», dijeron en Economía.Según datos del PAMI, el instituto contó el año pasado con un presupuesto de $ 8,85 billones. De ese total, el 80% correspondió a recursos operativos y el 20% a los Aportes del Tesoro Nacional. Pero algunos programas tuvieron subejecuciones o directamente no se ejecutaron, como es el caso del desarrollo de prestadores sanitarios. Este rubro tenía un presupuesto de $ 1.500 millones y un crédito asignado de $ 500 millones, pero se ejecutó un 0%.Como consecuencia, los institutos de diagnóstico de la provincia de Buenos Aires no cobraron en marzo los contratos correspondientes por atender a los afiliados del PAMI debido a la falta de fondos del organismo. «Hay un desfinanciamiento del PAMI desde que desapareció el impuesto PAIS, la recaudación de ANSES ha disminuido también y Economía restringe los gastos», explicaron en otro agrupamiento empresario.En el sector privado, estiman que Caputo le debe al PAMI unos US$ 1.000 millones, el equivalente a $ 1,40 billones o casi el 14% del presupuesto del organismo para 2026 ($ 10,17 billones). Si bien el instituto se vio afectado por la caída de la recaudación nacional (además de los recursos propios se financia con aportes de jubilados y trabajadores activos), la lectura es que el principal motivo del desfinanciamiento es político.»Los quilombos internos del gobierno están teniendo repercusiones en el giro de fondos de Toto al ministerio de Salud y PAMI, hay una situación parecida con discapacidad: no están mandando partidas que ya estaban asignadas, no tiene que ver con lógica de recaudación, no lo mandan porque pisan los fondos, e incluso le deben guita desde el año pasado, es la interna política», señalaron desde una de las cámaras.El ministro de Salud fue fundador de la Fundación Sanatorio Güemes y es cercano a Santiago Caputo. Su hijo Rodrigo Lugones fue socio y jefe del asesor presidencial en la consultora MOVE. Pero Economía viene avanzando sobre la caja de PAMI, sobre la cual también tendría influencia Karina Milei. «En la gestión previa se rifaban todo en sobresueldos, el PAMI tiene que ordenar sus finanzas y una forma de hacerlo es retirándole transferencias, es una decisión política», señalaron en un despacho oficial.

  • En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    En medio de despidos y una deuda millonaria, el frigorífico que inventó las hamburguesas Paty inició el proceso de concurso preventivo de acreedores

    Los dueños de Frigorífico General Pico S.A., reconocida en la industria nacional por haber sido parte de la fundación de la icónica marca de hamburguesas Paty, confirmaron el inició del proceso de concurso preventivo de acreedores luego de que fracasaran las negociaciones para la venta o alquiler de la compañía.El frigorífico, situado en Trenel, La Pampa, tenía un plantel de 450 empleados, pero a mitad de febrero avanzó con el despido de cerca de 200 trabajadores. A esto se suma una delicada situación financiera, con deudas que ascienden a unos $24.000 millones, además de compromisos con proveedores. En ese marco, tiene 1152 cheques rechazados en los registros de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que asciende a $15.800 millones.A través de una nota firmada por el presidente Ernesto “Tito” Lowenstein y el vicepresidente Alan Lowenstein, la empresa comunicó que las tratativas con un grupo inversor europeo no lograron avanzar hacia un acuerdo que permitiera sostener la operación.En este sentido, los directivos apuntaron directamente a un grupo financiero que actúa como accionista y acreedor, al que acusaron de haber obstaculizado de manera reiterada distintas alternativas para garantizar la continuidad del frigorífico.Según explicaron, entre las opciones presentadas hubo propuestas de terceros con esquemas de explotación a largo plazo, incluida una alternativa cercana a los US$ 40 millones mediante un leasing a ocho años, además de ofertas de pago inmediato. Sin embargo, ninguna fue aceptada, y el grupo cuestionado tampoco acercó propuestas superadoras.“Esto fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial”, sostuvieron los empresarios, quienes remarcaron que dicho acreedor contaba con acceso pleno a la información financiera y participó del análisis de las distintas alternativas.Ante este escenario, indicaron que el concurso preventivo busca “ordenar las obligaciones de la empresa” y generar un marco institucional que permita evaluar nuevas opciones para reactivar la actividad.Desde la compañía destacaron además que se trata de una empresa familiar y que sus socios acompañaron el desarrollo con inversiones propias, particularmente en la planta de Trenel, considerada el principal activo productivo.Pese a la crisis, aseguraron que continuarán trabajando para reactivar la operación en el corto plazo, con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo y sostener el impacto económico y social que la actividad genera en la región.

  • Caputo colocó deuda por US$ 130 millones, el 65% del objetivo fijado con los bonos en dólares

    Caputo colocó deuda por US$ 130 millones, el 65% del objetivo fijado con los bonos en dólares

    El Gobierno consiguió US$ 130 millones en el mercado local tras emitir dos bonos que se pagan en moneda norteamericana, uno en 2027 y otro en 2028. Fueron US$ 97 millones en el primero caso y US$ 37 millones en el segundo, con una diferencia de tasa de interés muy marcada.De esa manera, el Ministerio de Economía colocó deuda en dólares por el 65% del objetivo previsto. La idea era que en las primeras rondas se levanten US$ 300 millones y en las segundas, como la de este lunes, se amplíen en US$ 200 millones entre los dos títulos.»La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de US$ 131 millones habiendo recibido ofertas por un total de US$ 131 millones», informó el organismo en un comunicado.Para los analistas, el resultado de este lunes muestra las dificultades para extender los plazos de los vencimientos de deuda en dólares más allá de las elecciones de octubre de 2027 y los límites para financiar en el mercado local los pagos con los bonistas.»A diferencia de lo sucedido con la deuda en pesos, donde el Tesoro pudo estirar plazos de deuda, los bonares reflejan que es complicado estirar la duration de la deuda en dólares en el mercado local», dijo Pedro Siaba Serrate, jefe de research de PPI. El Banco Central viene comprando reservas, pero no puede acumularlas por la caída de la cotización del oro y los pagos de deuda millones, por lo que las reservas netas siguen en terreno negativo. En ese marco, el Gobierno salió a aprovechar este año el apetito por instrumentos cortos con dólares locales para financiar parcialmente las necesidades de 2026. Esa demanda se reflejó en las colocaciones de deuda de las empresas a tasas de entre 5 y 7,5% anual en enero y febrero.Sin embargo, a la hora de mitigar riesgos de cara al 2027, el mercado viene advirtiendo la inevitabilidad de acceder al mercado internacional dado que los vencimientos en dólares totales del Tesoro y BCRA alcanzan US$ 33.000 millones el año próximo.»El contexto global actual apaga las posibilidades de reabrir esa ventana a corto plazo, lo cual enaltece estas colocaciones locales («una especie de puente»), pero no quita la necesidad de limpiar vencimientos en algún momento de este año», dijo Siaba Serrate.Debido a la diferencia de tasas entre el bono al 2027 y al 2028, el equipo económico interpretó el viernes que el mercado funciona con una expectativa distinta según se trata de un bono que vence durante el mandato de Javier Milei y otro que lo expira después de las próximas elecciones presidenciales.El ministro de Economía, Luis Caputo, inició en febrero la colocación de títulos en moneda dura destinados al mercado local. Primero lo hizo con emisiones hasta el 2027, para captar hasta US$ 2.000 millones. Y la semana pasada, estrenó el Bonar al 2028, con un objetivo similar. La otra vía para juntar dólares «sin depende de Wall Street» son las privatizaciones de empresas públicas y fuentes de financiamiento alternativo, que serán anunciadas entre mayo y junio.El Gobierno eligió ese rumbo tras dar de baja las negociaciones que había iniciado para volver a los mercados internacionales de deuda en 2026, tal como reveló Clarín. Así, en dos meses, logró levantar US$ 930 millones mediante pequeñas colocaciones «en cuotas». «La demanda de los bonos no es infinita a una tasa de interés, tarde o temprano los dólares no van a sobrar si colocas deuda en esa moneda todo el tiempo», agregó un economista.