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  • La Justicia Federal desmiente los dichos del presidente uruguayo y señaló que «Bajo ningún punto de vista la denuncia se cerró»

    La Justicia Federal desmiente los dichos del presidente uruguayo y señaló que «Bajo ningún punto de vista la denuncia se cerró»

    Tras conocerse los dichos del presidente uruguayo sobre el final de la causa penal en el marco de HIF Global, la fiscal federal Josefina Minatta, quien investiga en la denuncia, desmintió al mandatario del Uruguay, señalando que «Bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado».

    Luego de que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijera a medios de su país que Argentina había retirado la denuncia penal por la instalación de HIF Global, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, doctora Josefina Minatta, autora de la presentación, desmintió al mandatario del vecino país. “Ha dado una información que no es verídica. El presidente Orsi ha dado una información que no es verídica”, sostuvo.Orsi había dicho este viernes que el proyecto de instalar la planta en Paysandú continuaba. En este marco aseguró que Argentina “retiró la denuncia penal” por el lugar donde iba a estar instalada la planta.
    La denuncia por contaminación
    “Hasta que no tengamos algunas certezas, la causa va a continuar en trámite”, ratificó Minatta. Luego, advirtió que “no hay ninguna información cierta” sobre la relocalización y, en su caso, explicó que si un eventual nuevo emplazamiento es también sobre el río Uruguay “el riesgo de contaminación persiste”.
    Cabe recordar que la fiscal realizó la denuncia penal en febrero ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por presunto daño ambiental contra el proyecto que la empresa HIF pretendía instalar en la localidad de Paysandú, enfrente de la ciudad entrerriana de Colón.
    Por otro lado, los legisladores Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay dieron cuenta de las medidas que la Justicia Federal viene llevando a cabo en el marco de la acción preventiva de daño ambiental contra HIF Global y el Estado uruguayo, por la instalación de la planta de combustibles en lo que es una causa civil.
    En el caso penal se constituyeron como “amicus curiae”, junto a su abogado Dr. Valodia Nichajew. El “amicus curiae” (o «amigo de la corte») es una figura jurídica donde un tercero ajeno a un juicio —que puede ser un abogado, una ONG o un experto— se presenta de forma voluntaria para aportar una opinión legal, datos técnicos o argumentos para ayudar al juez a resolver un caso complejo o de interés público).

  • Pidieron juicio político para Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, por sus dichos racistas contra la Selección de Francia

    Pidieron juicio político para Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, por sus dichos racistas contra la Selección de Francia

    Pidieron juicio político para Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, por sus dichos racistas contra la Selección de Francia

    La carta enviada por el gobernador Alfredo Cornejo al embajador francés, Romain Nadal, no logró cerrar la polémica generada por los comentarios racistas de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, hacia la Selección de Francia. Este lunes, un sector del radicalismo mendocino presentó un escrito solicitando el juicio político contra Casado, quien acompaña a Cornejo en el gobierno provincial.

    La controversia se desató tras un polémico tuit de la vicegobernadora, en el que calificó al seleccionado francés como un «equipo africano flojo de modales», luego de que Francia eliminara a Paraguay del Mundial. A pesar de las críticas recibidas, Casado defendió sus dichos, argumentando que se trataba de «folklore futbolero».
    Las declaraciones de Casado motivaron el repudio del embajador francés en Argentina, quien afirmó que «el racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina» y declaró a la vicegobernadora como persona no grata, lo que implica que no puede ingresar a la sede diplomática ni participar en actividades oficiales con autoridades francesas a menos que se retracte.
    Aunque representantes de Cornejo entregaron una carta al embajador desligándose de las declaraciones de Casado, el conflicto persiste. Por eso, 15 dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza presentaron ante la Cámara de Diputados provincial un pedido formal de juicio político contra la vicegobernadora.
    El escrito, al que tuvo acceso Clarín, señala que Casado incurrió en causales constitucionales como “mal desempeño de sus funciones” y “conducta impropia”. Además, los firmantes subrayan que la situación se agravó cuando Casado, lejos de rectificarse, criticó al diplomático por “no reconocer el sarcasmo” en sus declaraciones.
    Para fundamentar la denuncia, el texto hace referencia a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y a la Ley Nacional 23.592, conocida como Ley Antidiscriminatoria de Argentina.
    Miguel Mathus Escorihuela, exsenador nacional y expresidente del Comité Provincial de la UCR, sostuvo en diálogo con este diario que «con toda razón la República Francesa lo tomó como un insulto por violar normas internacionales y la posición de nuestro país contra el racismo claramente delictivo». Asimismo, explicó que «el pedido de enjuiciamiento está a consideración de la Cámara legislativa conforme al artículo 109 de la Constitución de Mendoza», que establece las bases para el juicio político a funcionarios de alto rango.
    Por su parte, Juan Fernando Armagnague, exdiputado nacional por la UCR, criticó duramente a Casado: «Es una vergüenza. Estamos ante una cuestión institucional grave. Anda suelta y buscando su espacio». Además, diferenció al grupo de radicales firmantes del sector que responde a Cornejo y remarcó: «Nosotros somos los radicales auténticos. Ahora el gobernador tuvo que pedir disculpas, casi obligado. Este es el peligro de las alianzas políticas. Si sos vice, consultá con tu gobernador».
    Para que el proceso avance hacia un juicio político, primero se requiere la aprobación de dos tercios de los legisladores mendocinos para que el pedido sea tratado en comisión y, de prosperar, se realice el juicio correspondiente. Armagnague también propuso que, en caso de que se lleve adelante el juicio, un diplomático de la Embajada de Francia se presente para exponer la gravedad de las declaraciones de la funcionaria.
    Además de Mathus Escorihuela y Armagnague, firmaron la denuncia Carlos Caballero, Hugo Estrella Tampieri, José Jorge Chade, Laura Pérez, Mario Pescara, Miguel Valdivieso, Mauricio Medinilla, Miguel Figueroa, Eduardo Fabio Asís, Julio Orozco, Agustín César Vera Pages, Sonia Espinosa y Valeria Barrionuevo.
    Ahora, la Legislatura mendocina deberá evaluar si la presentación cumple con los requisitos formales para iniciar el proceso de juicio político.