“La discusión sobre biocombustibles definirá si Argentina prioriza la salud, el ambiente y el empleo”
La discusión sobre biocombustibles en Argentina sigue condicionada por una política energética centrada en el petróleo y por los intereses divergentes dentro de la agroindustria, mientras países como Estados Unidos, Brasil y Paraguay avanzan en esquemas que no solo benefician al medio ambiente y a la salud, sino que también generan ventajas socioeconómicas.
Para profundizar en este desafío, entrevistamos a Claudio Molina, contador y principal impulsor de los biocombustibles en Argentina en este siglo, quien ofrece una visión clara y con perspectiva de estadista sobre este tema clave.
—¿En qué estado se encuentra la discusión sobre los biocombustibles en Argentina, 15 años después de la entrada en vigencia de la primera ley?
—Actualmente rige la Ley 27.640, sancionada en 2021 luego de la expiración de la Ley 26.093, que había sido prorrogada mediante decretos. En teoría, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil es del 7,5%, aunque en la práctica apenas supera el 6%, e incluso en algunos momentos de 2023 cayó por debajo del 4%. En cuanto al bioetanol, el porcentaje obligatorio es del 12%, distribuido en partes iguales entre etanol de caña de azúcar y de maíz, con compensaciones cuando una de las dos industrias no puede cubrir la totalidad de la demanda.
El desarrollo de los biocombustibles ha estado permanentemente condicionado por los intereses de la refinación petrolera. Por ejemplo, en 2021 el corte obligatorio de biodiésel fue reducido del 10% al 5%, y solo un año más tarde, ante una grave crisis de abastecimiento de gasoil que afectó la cosecha, el Gobierno debió elevarlo nuevamente al 7,5% y autorizar cortes transitorios que llegaron hasta el 12,5%.
—¿Por qué resulta tan difícil consolidar una política de Estado en torno a los biocombustibles?
—Aunque existen fundamentos sólidos para su desarrollo, la influencia de los sectores vinculados a los hidrocarburos, especialmente las petroleras, es muy fuerte. Las leyes de biocombustibles se justifican por motivos ambientales, sanitarios y de diversificación energética, pero en Argentina ocurre un fenómeno conocido como “captura del regulador”, donde el regulado condiciona al organismo encargado de controlarlo.
YPF, con su dominio en la refinación de gasoil y naftas, ejerce una influencia notable sobre la política energética, lo que ha marcado gran parte de la evolución del sector en las últimas décadas. Argentina tuvo experiencias tempranas, como el Plan Alconafta en los años ochenta, pero luego hubo un largo periodo sin políticas activas hasta la Ley 26.093 de 2006, que estableció la mezcla obligatoria desde 2010. Desde entonces, aunque se avanzó especialmente en bioetanol, el desarrollo quedó lejos del potencial real del país.
—Daniel González, responsable de Energía en el Ministerio de Economía, afirmó que una mayor participación de biocombustibles sería viable económicamente solo en contextos de precios internacionales elevados del petróleo. ¿Coincide?
—No comparto esa visión. González proviene del sector petrolero y analiza desde esa perspectiva. Evaluar los biocombustibles solo con criterios contables tradicionales omite variables fundamentales. Estos generan externalidades positivas en salud pública, reducción de emisiones y desarrollo regional, mientras que los combustibles fósiles implican costos ambientales y sanitarios que rara vez se incorporan en la ecuación económica. Por eso sostengo que se trata de una cuenta incompleta; si se consideraran adecuadamente esos factores, la competitividad de los biocombustibles sería mucho mayor.
—Hoy hay varios proyectos de ley en discusión. ¿Cómo evalúa la representación política en este tema?
—Existen cinco proyectos con estado parlamentario. Uno, impulsado por Patricia Bullrich y otros senadores, replica íntegramente el texto de la Secretaría de Energía. Otro, apoyado por Alejandra Vigo, Camau Espínola y Carolina Moisés, fue elaborado junto a la Liga Bioenergética de Provincias. También están las iniciativas de Beatriz Ávila y Flavia Royón, y una versión previa de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. La agenda energética nacional sigue influenciada por intereses hidrocarburíferos. A menudo, el debate se centra en costos y abastecimiento, relegando a un segundo plano aspectos vinculados a salud pública, calidad del aire y medio ambiente.
—¿Cuál considera el proyecto más adecuado para pensar en una política de largo plazo?
—Desde mi perspectiva, el proyecto promovido por Vigo, Espínola y Moisés es el más equilibrado. Cuenta con amplio consenso en la industria y busca incrementar gradualmente el uso de biocombustibles, respetando criterios ambientales, sanitarios y productivos. Además, contempla mecanismos para la coexistencia de distintos tipos de empresas en la cadena, evitando procesos bruscos de concentración económica.
—¿Cuál es el nivel de consenso entre los diferentes sectores?
—En bioetanol hay un alto nivel de acuerdo. Las industrias de maíz y caña de azúcar han logrado consensos importantes con los refinadores y buena parte del Gobierno. El principal conflicto está en torno al biodiésel, lo cual es preocupante, porque la falta de acuerdo en este segmento también frena el crecimiento del bioetanol. Mientras esa discusión esté trabada, será difícil avanzar hacia esquemas más ambiciosos de energías renovables.
—¿Dónde radica el núcleo de la discusión sobre biodiésel?
—La Ley 27.640 excluyó a los grandes complejos aceiteros integrados de
