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  • ¿El primer super RIGI? Un empresario de origen iraní presentó a Caputo un plan millonario para levantar una central nuclear

    ¿El primer super RIGI? Un empresario de origen iraní presentó a Caputo un plan millonario para levantar una central nuclear

    ¿El primer super RIGI? Un empresario de origen iraní presentó a Caputo un plan millonario para levantar una central nuclear

    El “súper” Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno de Javier Milei y actualmente en discusión en el Congreso, registró su primera inversión millonaria: un proyecto por 1.200 millones de dólares para la construcción de un reactor nuclear modular. La patente de esta tecnología pertenece a la empresa rionegrina Invap, que forma parte de Meitner Energy, la compañía encargada de financiar la iniciativa. El principal accionista de Meitner Energy es el Ansari Group, del magnate Hamid Ansari, de origen iraní y residenciado desde su infancia en Estados Unidos.

    El anuncio se realizó este jueves en el Palacio de Hacienda, con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. Representando a Meitner Energy asistió su CEO, el argentino Teófilo Lacroze, empresario con amplia experiencia en el sector petrolero, habiendo trabajado en compañías como Raízen y Shell.
    La construcción de estos reactores nucleares forma parte del Plan Nuclear presentado en diciembre de 2024 por el presidente Javier Milei y el asesor presidencial Demian Reidel, quien tuvo un breve paso por Nucleoeléctrica Argentina antes de renunciar en medio de denuncias.
    En la presentación estuvieron también Luis Caputo, Teófilo Lacroze y Federico Ramos Napoli, joven secretario de Asuntos Nucleares vinculado al asesor con despacho en Casa Rosada, Santiago Caputo.
    El reactor modular se construirá en el complejo de Atucha, en Lima, localidad bonaerense de Zárate. La iniciativa será financiada íntegramente con capital privado, sin requerir aportes estatales, según confirmaron desde el Gobierno. Desde la Secretaría de Asuntos Nucleares enfatizaron que detrás de la inversión está el Grupo Ansari, un inversor internacional que eligió a Argentina como plataforma para producir y eventualmente exportar esta tecnología al mundo.
    Hamid Ansari es un empresario e inversor tecnológico radicado en Estados Unidos desde hace décadas, con una trayectoria en los sectores de telecomunicaciones, tecnología e innovación.
    Meitner Energy buscará aplicar esta inversión al régimen Súper RIGI para acceder a beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros que se están debatiendo en el Congreso. La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y permanece a la espera del aval del Senado.
    De concretarse, el proyecto daría lugar a la cuarta central nuclear del país y al primer reactor de este tipo construido en el mundo: un ACR-300 de tecnología argentina y manufactura nacional.
    La noticia surge en un contexto sensible para el sector nuclear, ya que esta semana la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) despidió a 61 trabajadores en un operativo que incluyó la intervención de Gendarmería.
    El Gobierno busca impulsar una mayor participación del sector privado. Por ejemplo, Nucleoeléctrica Argentina está en proceso de incorporar capital privado, que no podrá superar el 44% de las acciones de la compañía operadora de las tres centrales nucleares en funcionamiento.
    Un comunicado oficial de la Secretaría de Asuntos Nucleares, al que tuvo acceso este medio, confirma este “cambio de paradigma”. En el texto se subraya que el proyecto representa “la materialización de una idea de país” y señala que durante décadas el desarrollo nuclear argentino dependió de fondos públicos, financiamiento externo y decisiones condicionadas por el clima político de cada gestión. En contraste, el nuevo esquema pretende que sea “el capital privado el que arriesgue, invierta y empuje, mientras el Estado se repliega a su función esencial de garantizar reglas estables y previsibilidad”.

  • Condenaron a perpetua a tres acusados por el asesinato del empresario Gabriel Izzo en Padua

    Condenaron a perpetua a tres acusados por el asesinato del empresario Gabriel Izzo en Padua

    Condenaron a perpetua a tres acusados por el asesinato del empresario Gabriel Izzo en Padua

    Tres años después del asalto en San Antonio de Padua que terminó con la vida del empresario Gabriel Izzo y dejó gravemente herida a su esposa, Silvana Petinari, la Justicia dictó prisión perpetua para tres integrantes de la banda criminal por el delito de homicidio criminis causa.

    Este martes, los jueces del Tribunal en lo Criminal número 6 de Morón, Andrea Bearzi, Alejandro Rodríguez Rey y Cristian Toto, condenaron a la máxima pena a Víctor Ricardo Martín Fernández Galarza, Jonathan Ricardo González (alias «Monarca») y Brígido Achucarro González (alias «El Paraguayo»).
    El trío fue declarado culpable como coautor de robo agravado por el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y homicidio criminis causa.
    Por otro lado, Walter Rodríguez Sierra, conocido como «El Uruguayo» y primer detenido por ser titular del automóvil Volkswagen Gol gris utilizado en la fuga, fue absuelto tras demostrarse que no participó en el hecho.
    El crimen ocurrió el 9 de junio de 2023, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda de la familia durante la madrugada. Gabriel Izzo intentó repeler el ataque con sus armas, pero recibió cuatro disparos y heridas de arma blanca que le provocaron la muerte en el lugar.
    Su esposa también sufrió el ataque: fue apuñalada, golpeada y recibió disparos que le produjeron la pérdida de un ojo, pero sobrevivió.
    La detención de los responsables se desarrolló de forma escalonada durante la investigación de los fiscales Patricio Pagani y Claudio Oviedo. Brígido Achucarro González y Jonathan Ricardo González fueron apresados a mediados de noviembre de 2023; Achucarro fue señalado como el presunto autor material de los disparos fatales.
    Fernández Galarza fue el último en ser capturado, permaneciendo prófugo durante buena parte del proceso inicial. En tanto, Diego Eduardo Correa, arrestado en diciembre de 2023 tras una persecución en San Martín, será juzgado en un proceso separado debido a un problema de salud de su defensa que impidió su participación en las audiencias actuales.
    Además, Gustavo Mac Dougall, señalado como chofer de la banda, falleció en 2025 mientras cumplía prisión preventiva por neumonía y fue sobreseído post mortem.
    Gabriel Izzo era un empresario reconocido en San Antonio de Padua y otras zonas de la provincia de Buenos Aires, dedicado al rubro maderero con una carpintería especializada en la venta de maderas de pino. Estaba vinculado a una familia industrial destacada, ya que era yerno del fallecido Pedro Petinari, importante empresario del sector de fabricación de acoplados.
    Izzo llevaba 32 años de casado con Silvana Petinari y residían en una vivienda en la calle Italia al 1000, cerca de la estación de trenes de Padua. Además, era usuario legítimo de armas, poseyendo una pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38, que utilizó para defender su hogar y familia durante el ataque.

  • El caso del empresario descuartizado en una valija: un jurado popular decide si tres acusados por el crimen son culpables o inocentes

    El caso del empresario descuartizado en una valija: un jurado popular decide si tres acusados por el crimen son culpables o inocentes

    El caso del empresario descuartizado en una valija: un jurado popular decide si tres acusados por el crimen son culpables o inocentes

    Desde temprano, los convocados acudieron a los Tribunales de Lomas de Zamora para responder preguntas durante la audiencia de selección del jurado, conocida como *voir dire*. En lugar de sus nombres, se identificaban únicamente por el número colgado en su cuello. Finalmente, cerca de las 16, se conformó un jurado compuesto por 12 titulares y seis suplentes que, durante nueve días, decidirá el destino de Maximiliano Pilepich (47), Nahuel Sebastián Vargas (46) y Matías Gil (31).

    Los tres están imputados por el homicidio de Fernando Pérez Algaba (41), apodado «Lechuga». Empresario y trader dedicado a la venta de automóviles en distintos momentos, Pérez Algaba era conocido en la zona oeste del Gran Buenos Aires y también había incursionado en el mercado de criptomonedas. Su hermano, Rodolfo Pérez Algaba (62), forma parte de la acusación y esperó durante tres años para que la causa llegara a juicio.
    Una mujer de 62 años acompañó a su hija durante toda la jornada en los tribunales. Aunque esperó todo el día fuera de la sala, su hija nunca salió porque no fue cuestionada por ninguna de las partes; fue seleccionada por sorteo para integrar el jurado popular que deberá deliberar sobre la causa. Al comunicarle que quedaría en el jurado, a través de la seguridad del tribunal, la mujer solo pidió que su hija regresara sola en un remis al finalizar la primera jornada.
    En la previa al debate, Vargas vistió una campera gris, mascó chicle y mostró nerviosismo, agitando la pierna mientras esperaba serio el comienzo del juicio. Pilepich, por su parte, lucía un tatuaje de eslabones de cadena asomando por la patilla y también mascó chicle mientras escuchaba atentamente al juez Juan Manuel Rial. Gil fue el único de los tres que contó con la presencia de sus padres como acompañamiento durante la primera jornada.
    La acusación está a cargo de la fiscal Marcela Dimundo, mientras que los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro representan al particular damnificado, Rodolfo Pérez Algaba.
    “Hace tres años que espero este momento. Lo único que pido es justicia”, aseguró a Clarín Rodolfo Pérez Algaba, quien además fue el primer testigo en el juicio. Durante toda la jornada esperó junto a su pareja la conformación del jurado. “Están mejor de salud que yo”, ironizó al referirse a los acusados, señalando que desde el homicidio de su hermano perdió 20 kilos, fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y sufrió la pérdida de varios dientes.
    Los acusados llegan al juicio detenidos, enfrentando cargos por homicidio triplemente agravado por alevosía, por codicia, por concurso premeditado de dos o más personas y por uso de arma de fuego. El debate, que se extenderá hasta el 8 de julio, está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 de Lomas de Zamora y es presidido por Juan Manuel Rial, quien además determinará las penas correspondientes.
    Además de Pilepich, Vargas y Gil, otros cuatro imputados —Luis Alberto Contreras (40), Horacio Mariano Córdoba (50), Fernando Gastón Martín Carrizo (36) y Flavia Lorena Bomrad (41)— serán juzgados en un juicio técnico aún sin fecha asignada. Blanca Gladys Cristaldo (61) está imputada por encubrimiento agravado.
    Durante la instrucción, Vargas y Pilepich se acusaron mutuamente, por lo que no está del todo claro quién fue el autor material del disparo mortal contra Pérez Algaba. Sin embargo, los tres están imputados por la misma figura delictiva, que prevé pena de prisión perpetua.
    Gil, empleado de la constructora de Pilepich, fue quien retiró documentos de reconocimiento de deuda firmados por este último. Las antenas de telefonía celular ubican a Gil, Pilepich y la víctima juntos el día del crimen.
    Pilepich es defendido por Enrique Tronceda, la defensa de Nahuel Vargas está a cargo de Celeste Schenfeld y la de Matías Gil, por Yamil Castro Bianchi.
    Según la acusación, entre las 18 horas del 18 de julio y las 3 horas del 19 de julio de 2023, Pérez Algaba se dirigió al predio «Renacer», un emprendimiento inmobiliario en General Rodríguez, en una camioneta Range Rover blanca. «Lechuga» planeaba instalarse en España y había viajado exclusivamente a Buenos Aires para cobrar una deuda de 20.000 dólares que Pilepich tenía con él por la venta de terrenos del predio donde se proyectaba construir un barrio privado. Este pago formaba parte de un acuerdo mayor avalado por un documento firmado en una escribanía de Castelar.
    La fiscalía sostiene que Pérez Algaba recibió dos disparos en la parte posterior del torso mientras cambiaba una lámpara en una oficina del predio. Los proyectiles ingresaron por la espalda a una distancia superior a los 50 centímetros, causando lesiones en pulmones e hígado que provocaron una hemorragia aguda y su fallecimiento, según las pericias.
    La justicia considera que el móvil del homicidio fue la codicia, ya que los acusados buscaban eludir el pago de la deuda y la entrega de 17 de los lotes del barrio privado.
    Tras el asesinato, los imputados planificaron el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo. Los restos fueron colocados en bolsas de nylon negras, distribuidos dentro de una valija roja, una mochila