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  • Urribarri, Báez y Aguilera se encuentran en la cárcel de Gualeguaychú – El Miércoles Digital

    Urribarri, Báez y Aguilera se encuentran en la cárcel de Gualeguaychú – El Miércoles Digital

    Urribarri, Báez y Aguilera se encuentran en la cárcel de Gualeguaychú – El Miércoles Digital

    El ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, junto al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del propio Urribarri, fueron trasladados  desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná hasta la Unidad Penal El Potrero, de Gualeguaychú, donde continuarán cumpliendo las condenas que les fueron impuestas en el marco del Megajuicio por corrupción.
    El movimiento se concretó en las primeras horas de la jornada, con custodia del Servicio Penitenciario provincial, y marca un nuevo capítulo en el cumplimiento efectivo de las penas tras casi dos años y medio de instancias de apelación. Salieron a las 4.30 de la madrugada e ingresaron a las 8.16 a la cárcel del sur entrerriano.
    El traslado se produce después de que los tres condenados fueran detenidos hace algunos días, tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al recurso extraordinario presentado por la defensa de Urribarri, lo que dejó firme la sentencia dictada en 2022. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el planteo, lo que habilitó al Ministerio Público Fiscal a solicitar la inmediata detención de los tres condenados y su alojamiento en la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial, paso previo al traslado definitivo concretado esta madrugada.
    El fallo y las condenas del Megajuicio
    La condena original data del 7 de abril de 2022, cuando el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná halló a Urribarri culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, y le impuso una pena de ocho años de prisión junto con la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. En el mismo proceso fueron condenados Pedro Báez, a seis años y seis meses de prisión, y Juan Pablo Aguilera, con una pena equivalente.
    Según la investigación, que se desarrolló entre el 27 de septiembre de 2021 y el 7 de abril de 2022 y reunió a 13 imputados, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial con fines particulares, en maniobras que beneficiaron a Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública. La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva formal, el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL, y la denominada megacausa del «Sueño Entrerriano». El expediente completo, según se reconstruyó en su momento, se nutrió en gran medida de la abultada información hallada en un disco extraíble encontrado de modo fortuito durante uno de los allanamientos practicados en la causa, que terminó de sostener buena parte de la acusación del Ministerio Público Fiscal.
    Un proceso judicial que llevó más de dos años entre apelaciones
    Como reconstruyó oportunamente ANÁLISIS, tras la condena de 2022 el proceso se sostuvo en distintas instancias de apelación durante más de dos años. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal de Paraná el 31 de mayo de 2024, que en agosto de ese año rechazó además una impugnación extraordinaria presentada por las defensas, lo que llevó el caso en queja hasta la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En esa instancia, respecto de Báez, el propio tribunal dejó asentado que su defensa «no interpuso recurso alguno contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación», por lo que su condena a seis años y seis meses quedó firme incluso antes que la de Urribarri y Aguilera. En octubre de 2024, la Sala Penal del STJ habilitó a Urribarri a recurrir ante la Corte Suprema de la Nación, instancia que finalmente confirmó la condena esta semana y dejó allanado el camino para las detenciones y el traslado concretado hoy.
    Urribarri se convirtió así en el primer gobernador de la historia argentina en ingresar efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción. Gobernó Entre Ríos durante dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2015, período en el que construyó una estrecha relación política con el kirchnerismo a nivel nacional y llegó a ser precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabezó Daniel Scioli en 2015.
    Los antecedentes del traslado a Paraná
    Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, Urribarri había sido detenido en su domicilio de Concordia y trasladado durante la madrugada a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde permaneció detenido antes de este nuevo traslado a Gualeguaychú. Su defensa había solicitado en su momento que el exgobernador cumpliera la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pedido que no prosperó ante la confirmación definitiva de la condena.

     
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  • Tenía domiciliaria, pulsera electrónica, pero lideraba una banda narco desde su casa en Merlo: le encuentran drogas y armas de grueso calibre

    Tenía domiciliaria, pulsera electrónica, pero lideraba una banda narco desde su casa en Merlo: le encuentran drogas y armas de grueso calibre

    Tenía domiciliaria, pulsera electrónica, pero lideraba una banda narco desde su casa en Merlo: le encuentran drogas y armas de grueso calibre

    Una mujer que cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica fue detenida por la Policía tras denuncias vecinales que alertaron sobre “movimientos extraños” en la vivienda donde cumplía su condena.

    El hecho se registró en la localidad de Merlo, en el oeste del Conurbano bonaerense. Rosa Chávez, identificada como líder de una banda narco, fue arrestada junto a cuatro cómplices. Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad incautaron marihuana, cocaína, dinero en efectivo y un arsenal de armas de grueso calibre.
    La investigación comenzó a raíz de una denuncia realizada por vecinos que señalaban la constante circulación de personas en la casa donde Chávez cumplía su arresto domiciliario, ubicada en calle Peña al 4000. Ante estas sospechas, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de drogas y armamento.
    Según informó la Policía Federal, se decomisaron 10 kilos de marihuana, más de medio kilo de cocaína y diversas armas de alto poder de fuego, según consignó el sitio Primer Plano. El operativo principal se llevó a cabo en el barrio Cambacita, en Pontevedra, donde detuvieron a cinco integrantes de la banda —dos mujeres y tres hombres— vinculados con el acopio, venta y distribución a gran escala de estupefacientes.
    En total se realizaron siete allanamientos simultáneos, centrados en domicilios cercanos a la vivienda principal. Al momento de su detención, Chávez todavía llevaba puesta la tobillera electrónica y cumplía una condena por venta ilegal de drogas.
    Los cinco arrestados permanecen detenidos e incomunicados a disposición de la Justicia y serán indagados próximamente por el fiscal Santiago Marquevich, titular de la Fiscalía de Hurlingham.
    Vecinos consultados por medios locales afirmaron que en “la casa de Rosa” se comercializaba y distribuía droga, calificándola como “la proveedora del barrio”. Además de la vivienda principal, se allanaron domicilios en calles Nahuel Huapi, Montiel y París, todos ubicados en las proximidades.
    Intervinieron en el procedimiento agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón y de la Secretaría de Seguridad de Merlo.
    Un vecino relató que “durante todo el día llegaba gente de cualquier edad en motos, autos y a pie en busca de su envoltorio. Era mucho el movimiento y a cualquier hora”.
    Dado que no se trataba de narcomenudeo, el caso quedó bajo la órbita de la justicia federal de Morón. El juez Juan Manuel Culotta autorizó los allanamientos pedidos por el fiscal Marquevich, supervisados por la Secretaría N° 11.
    Entre lo secuestrado figuraron 1.000 dosis de cocaína, 10 kilos de marihuana compactada en ladrillos, dinero en efectivo, balanzas de precisión y varias armas —revólveres, pistolas semiautomáticas, escopetas— junto con municiones.
    También se incautó un Volkswagen Fox con pedido de captura por robo ocurrido el mes anterior en San Antonio de Padua, vehículo que era utilizado por la organización delictiva.
    Los detenidos fueron imputados por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento.