Informe sobre el consumo y costo de la energía en Entre Ríos
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos elaboró un informe sobre la evolución del consumo y las tarifas de energía eléctrica en Entre Ríos y la Región Centro, con datos correspondientes al primer semestre de 2026.
En materia de consumo, Entre Ríos registró una demanda de 328.406 MWh, ubicándose por debajo de Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, el consumo por habitante fue similar al de Córdoba, con aproximadamente 23 MWh por habitante, frente a 24 MWh en esa provincia y 30 MWh en Santa Fe. Por tipo de usuario, en Entre Ríos, se destacó el crecimiento interanual del consumo industrial en un 8% interanual, mientras que el consumo comercial cayó un 5% y el residencial aumentó un 1%.
En cuanto a las tarifas, el informe muestra que Entre Ríos registra los menores valores de la Región Centro para los usuarios residenciales con y sin subsidio nacional, comerciales e industriales.
En el caso de los usuarios que reciben subsidios nacionales y provinciales, las tarifas de Entre Ríos también resultaron ser las más bajas en comparación a los de Córdoba, y Santa Fe, lo que destaca la intervención de las provincias en las tarifas de sectores socioeconómicamente más vulnerables.
El informe pone de relieve las diferencias en el costo de la energía entre las provincias de la Región Centro y la incidencia de la estructura tarifaria, los subsidios y las políticas de asistencia provincial, así como de la carga impositiva, en la conformación del valor final que pagan hogares, comercios e industrias.
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Informe sobre el consumo y costo de la energía en Entre Ríos
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Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital
Súper RIGI y “Ley de Tierras”: alertan por el paquete que impacta en la soberanía territorial, agua y energía – El Miércoles Digital
Un amplio bloque transversal de organizaciones de la sociedad civil presentó un documento ante el Senado de la Nación advirtiendo sobre la gravedad de los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el «Súper RIGI».
Las entidades denuncian que no se trata de iniciativas independientes, sino de «dos llaves de la misma cerradura» que operan de forma complementaria para desarticular la soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país.
Las ONG denuncian que este esquema configura un «traje a medida» para crear enclaves, apuntando especialmente a la Patagonia por sus reservas de agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío, elementos clave para la infraestructura de los gigantes tecnológicos e inteligencia artificial que el Súper RIGI busca atraer.
A su vez, advierten a los legisladores sobre el enorme costo político y federal de aprobar este paquete, ya que implica una renuncia estructural de las provincias a sus ingresos impositivos (Ingresos Brutos y Sellos) y desfinancia el sistema previsional, sin generar compensaciones ni fuentes de trabajo masivas.
En este sentido, Micaela Sánchez Malcolm de la organización Géneras, declaró que “la imagen es precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una arquitectura diseñada para el saqueo».
Por su parte, Luciana Ghiotto (Transnational Institute) sostuvo que «el senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación inconstitucional. Las Provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI”.
En tanto, Lucas Micheloud (AAdeAA) consideró que la “la reforma a la ley de tierras forma parte de un programa de remate de la Argentina, junto al Súper RIGI, la modificación a la Ley de Sociedades y el resto de las iniciativas de desregulación diseñadas para remover los límites que protegen nuestros territorios y allanar el camino a los nuevos poderes globales: grandes fondos de inversión, corporaciones extractivas y magnates tecnológicos como Peter Thiel o Elon Musk. En plena crisis climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI”.
Ernesto Alonso Secretario de DDHH del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata manifestó: «Existe una contradicción insalvable, no podemos defender la soberanía de los territorios usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio continental. Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos mirando con la ñata contra el vidrio como se desintegra el territorio nacional. La justicia nos dio la razón, es inconstitucional. La soberanía es un bien tutelable».
Florencia Gomez, del CEPPAS, dijo: “La derogación de la Ley de Tierras es una pieza vital del engranaje normativo que impulsa el gobierno, basado en quita de derechos y pérdida de soberanía. Derogarla además, implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre activos estratégicos y favorecer la opacidad de las operaciones financieras sobre la tierra. Reniegan de cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia”.
Las organizaciones convocaron a la ciudadanía a sumarse a la movilización nacional frente al Congreso el próximo 6 de agosto, día en que se tratará el proyecto, y exigen a los senadores el rechazo de plano y en todos sus términos tanto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como del Súper RIGI. «Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos», concluye el documento.
De cara al tratamiento en el recinto previsto para el próximo 6 de agosto, las organizaciones revelan que el paquete impulsado por el Gobierno funciona con una mecánica secuencial de tres pasos para facilitar la apropiación de territorios:
1. La Inviolabilidad saca el techo: Al vaciar de contenido la actual Ley de Tierras Rurales, el proyecto elimina el tope del 15% a la extranjerización, los límites de hectáreas y la prohibición fundamental de adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua permanentes (como lagos y ríos).
2. La Ley de Sociedades borra el rastro: En paralelo, la reforma societaria permite que los territorios se adquieran a través de corporaciones opacas o extranjeras sin requerir información contable, ocultando quién es el titular real detrás de las compras.
3. El Súper RIGI blinda y neutraliza: Finalmente, este régimen protege dichas inversiones otorgando 30 años de estabilidad fiscal y aduanera, impidiendo el control estatal y habilitando a las empresas a litigar contra el país en tribunales de arbitraje internacional.
Entre las organizaciones firmantes figuran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), la Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, el Centro de Estudios para la Ciudad, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Greenpeace Argentina, el Equipo Transiciones, Encuentro Verde por Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Civil Géneras, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Iciudad, Jóvenes por el Clima, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), PACHAS – Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir, Salus Terrae, el Taller Ecologista, La Iniciativa Common y el Transnational Institute (TNI).
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Pampa Energía cerró una planta en Santa Fe y 130 trabajadores en vilo por su continuidad – El Miércoles Digital
Pampa Energía cerró una planta en Santa Fe y 130 trabajadores en vilo por su continuidad – El Miércoles Digital
La empresa Pampa Energía anunció el cierre definitivo de su planta de producción de caucho sintético (la histórica ex PASA Petroquímica) y hay incertidumbre por el futuro de 130 empleos vinculados a esa línea.
Con el cierre de esa línea (no del todo el complejo petroquímico que la firma tiene en la localidad y en que seguirá produciendo otros insumos químicos), Argentina deja de tener fabricación nacional de este insumo estratégico para la industria del neumático y el automotor. Y es que, precisamente, la decisión de no seguir produciendo fue tomada por la fuerte caída de la demanda de los fabricantes de neumáticos, afectados por el aumento de la importación y el bajón de ventas. Fate -que cerró el año pasado- era su principal cliente. También cayó la demanda para zapatillas y cintas transportadoras fabriles, que ahora se traen importadas. Por esa caída de las ventas la fábrica había bajado 90% la producción.
En las primeras horas de este martes se confirmaron los despidos del personal fuera de convenio, mientras que para los trabajadores encuadrados gremialmente reina la incertidumbre. La empresa está ofreciendo indemnizaciones por encima de la ley o traslados a la planta de fabricación de urea en Bahía Blanca, que el grupo se dispone a levantar con una millonaria inversión y que demandará 300 puestos, publicó Ahora.
La compañía dejó trascender la intención de articular un plan de reestructuración para reubicar a parte del personal en otras áreas del complejo y la apertura de esquemas de retiros voluntarios. Es que dentro del complejo de Puerto San Martín, hay otras unidades que siguen funcionando, como una planta de etileno, de estireno, de etilbenceno, de gases, de aromáticos y de solventes, que siguen funcionando normalmente.
En busca de precisiones, el jueves se realizará una audiencia entre las partes en la Secretaría de Trabajo de Santa Fe. Por lo pronto, el gremio de Sindicato Obreros Empleados Petroquímicos Unidos se proclamó en estado de alerta y anunció de que habrá medidas de fuerza, como paros, si despiden a trabajadores bajo convenio, que son unos 130.
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