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  • La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    La contundente respuesta de Benegas Lynch a una senadora K que quiso sacarlo del debate de la Ley de Tierras por tener una empresa que vende campos a extranjeros

    El senador Joaquín Benegas Lynch respondió este jueves al pedido de una legisladora del peronismo para que se le impidiera participar en la votación de la Ley de Tierras, debido a un supuesto conflicto de intereses vinculado a su empresa que gestiona la venta de campos argentinos a extranjeros.

    Durante una cuestión de privilegio antes del inicio del debate sobre el proyecto presentado por el Gobierno, Benegas Lynch calificó de “alejado de la realidad” el planteo formulado por Juliana Di Tullio. “Desde que estoy en esta banca, lo que votamos es oxigenar al sector privado, el único capaz de generar riqueza, arriesgar capital, invertir, producir y crear empleo”, afirmó.
    El senador de La Libertad Avanza replicó con ejemplos: “Si aplicamos este criterio, deberían abstenerse quienes tienen empleados al votar una ley de modernización laboral, o quienes exportan al tratar un acuerdo comercial. Si alguno de ustedes exporta aceitunas o cualquier otro producto, no podrían votar ni a favor ni en contra”. Hizo además alusión a médicos con clínicas privadas en debates de salud, cuestionando que eso los inhabilite para legislar.
    Benegas Lynch recordó que el artículo 55 de la Constitución Nacional exige que los senadores “disfruten de una renta anual”, porque los constituyentes de 1853 buscaron que no vivieran únicamente de la dieta parlamentaria. “Aquí hay personas sentadas en la banca hace casi 30 años, cobrando de todos los contribuyentes. La independencia que hoy se presenta como sospecha es un requisito constitucional”, enfatizó y añadió que, por esa lógica, tampoco debería haber votado nada, dada su representación del sector privado.
    El miércoles, Juliana Di Tullio presentó ante la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, un pedido para que Benegas Lynch se abstuviera e inhabilitara inmediatamente para intervenir, debatir, firmar dictámenes y votar sobre la propuesta impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El legislador reconoció ser fundador y socio mayoritario de Glocal Terra SRL, empresa dedicada al asesoramiento a inversores y administración de campos, con domicilio en la avenida Santa Fe 700, Ciudad de Buenos Aires, y operativa desde 2020.
    Sin embargo, el pedido de inhabilitación perdió efecto cuando el oficialismo retiró del proyecto el artículo que modificaba la Ley de Tierras. “El capítulo III no se votará hoy. La senadora hizo la presentación sabiendo que no se iba a votar. Pero esto es la vieja política. Me metí en esto, así que no me quejo; es parte del barro político y el cuero se me irá engrosando a medida que avancemos enfrentando a quienes destruyeron Argentina durante más de dos décadas”, manifestó Benegas Lynch.
    En defensa del ya eliminado capítulo III, que prohibía la venta de tierras a Estados extranjeros, el senador afirmó que la norma vigente producto del kirchnerismo “permitía que un Estado comprara con límites, y todavía lo permite”. Denunció además que “la expresidenta hoy condenada y presa (Cristina Kirchner) concesionó por 50 años una empresa con participación estatal extranjera en la Patagonia”.
    Subrayó que la reforma impulsada “cierra el grifo a los Estados extranjeros, empresas y fondos soberanos, y abre la puerta a la inversión privada, tanto nacional como extranjera”. Afirmó que el 95% de las tierras rurales están en manos argentinas, y recordó que desde la reglamentación de la ley en 2012 “el valor de los campos cayó un 50%. Hoy, familias o empresas deben vender a precio de descuento”.
    Al explicar quiénes han adquirido esos terrenos, señaló a “los Lázaro Báez de la vida, con 415 mil hectáreas en la Patagonia, y a sindicalistas que poseen campos en Buenos Aires que ni el empresario más pudiente puede comprar. Los miles de millones robados están en esas compras”.
    Finalmente, lamentó la eliminación del capítulo III del proyecto y criticó “el show mediático, la presión de la izquierda más radical y la ignorancia de los tibios del medio”, factores que, advirtió, “nos llevan lamentablemente a no poder votar esta norma, que beneficia a todos los argentinos”.

  • El senador Benegas Lynch, muy cercano a Milei, armó una sociedad para venderle tierras a extranjeros – El Miércoles Digital

    El senador Benegas Lynch, muy cercano a Milei, armó una sociedad para venderle tierras a extranjeros – El Miércoles Digital

    El senador Benegas Lynch, muy cercano a Milei, armó una sociedad para venderle tierras a extranjeros – El Miércoles Digital

    La firma del senador entrerriano se dedica a asesorar a extranjeros interesados en comprar tierras y gestionar las propiedades.
     
    El senador libertario Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie y guitarrista de la banda de Javier Milei, tiene una empresa dedicada a gestionar la venta de tierras argentinas a extranjeros, publicó LPO.
    Benegas Lynch es el fundador de Glocal Terra SRL, una firma que se presenta como dedicada al asesoramiento de inversores y administración de campos. La fundó en 2020 junto a su esposa Eloisa Perea Muñoz y tiene domicilio en la avenida Santa Fe al 700, en la Ciudad de Buenos Aires.
    La empresa del hijo del «prócer de la libertad» es tema de conversación por estas horas en el Senado, en medio de la tensión por el tratamiento de la ley de extranjerización de las tierras.
    Con un rechazo popular a ley que crece minuto a minuto, la idea de que un dirigente cercano a Milei tenga una empresa dedicada a vender tierras a extranjeros armó un escándalo entre senadores aliados al oficialismo.
    Este miércoles en el bloque radical circulaba información sobre la sociedad de Benegas Lynch y sirvió como argumento extra a los que no quieren votar la ley. La aparición de esta información agitó la idea de que detrás del cambio de la ley hay un interés muy fuerte por hacer negocios con las tierras.
    En su web, la empresa de Benegas Lynch dice que tiene experiencia de «más de 3 millones de hectáreas en transacciones» en Latinoamérica. «Nuestra cartera y servicios de búsqueda incluyen terrenos agrícolas exclusivos y fuera del mercado, tierras forestales, grandes extensiones de terrenos protegidos y fincas de lujo», detallan.
    La presentación -que está en inglés- indica Glocal Terra ofrece el servicio de gestionar las tierras de extranjeros, «actuando en nombre y bajo la dirección de los propietarios de las tierras».
    Y hasta tiene una página ideológica que parece estar escrita por Milei o Sturzenegger. «Es un hecho que las empresas rentables del sector privado, sobre todo cuando operan en un contexto de libre mercado y sistemas no regulados, generan beneficios sostenibles a largo plazo, directos e indirectos para la comunidad local y global», sostiene Glocal Terra. «Las políticas, regulaciones e intervenciones de los gobiernos locales en el sector privado tienen un impacto negativo en la economía, lo que se traduce en un aumento de la pobreza y, como consecuencia directa, en problemas de nutrición infantil», agrega.
    Antes de tener su propia empresa, Joaquín Benegas Lynch también condujo Pampa Partners, una firma del fallecido magnate estadounidense Douglas Tompkins dedicada a la compraventa de tierras. Bajo la bandera del ambientalismo, Tompkins y su fundación adquirieron enormes extensiones de tierra para su preservación.

     
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  • Buenos Aires: presentaron un proyecto para arancelar la universidad y la salud para extranjeros sin residencia – El Miércoles Digital

    Buenos Aires: presentaron un proyecto para arancelar la universidad y la salud para extranjeros sin residencia – El Miércoles Digital

    Buenos Aires: presentaron un proyecto para arancelar la universidad y la salud para extranjeros sin residencia – El Miércoles Digital

    No es una iniciativa que se prevea escalar a nivel nacional.
     
    La amplitud en redes que hubo sobre la final perdida en el Mundial generó la difusión en diferentes plataformas de posteos puntuales de personas extranjeras en el país que se burlaban de la Selección Argentina y de otros asuntos sensibles ajenos al fútbol.
    Eso, explican en el Gobierno, fue uno de los disparadores para que La Libertad Avanza presentara un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que propone que los extranjeros sin residencia permanente paguen el uso de hospitales públicos y universidades provinciales.
    La iniciativa fue anunciada ayer por el diputado provincial y jefe de bloque libertario en ese recinto, Agustín Romo, la cual recibió la adhesión de todas las filas del oficialismo: desde su sector, Las Fuerzas del Cielo; el karinismo y hasta el apoyo público de una de las dirigentes más importantes del oficialismo, Patricia Bullrich.
    “Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”, tuiteó el jefe de bloque libertario.
    No es una iniciativa que se prevea escalar a nivel nacional. En el plano sanitario implicaría modificar la Ley de Migraciones, afirman fuentes del Ministerio de Salud de la Nación. Por el lado de las Universidades Nacionales está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización para cobrar a estudiantes extranjeros y los rectores están legalmente autorizados desde finales de mayo del año pasado.
    “Desde el Gobierno ya lo hicimos (dentro de las restricciones que tenemos). Ahora les corresponde a las universidades cobrarles a los estudiantes que no sean residentes permanentes”, afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez en su cuenta de X. Esto no es algo que esté previsto por ninguna de las casas de estudio nacionales, según manifestaron oportunamente los rectores englobados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
    El proyecto provincial presentado por La Libertad Avanza indica que el cobro alcanzaría tanto la atención médica planificada como las carreras universitarias. “No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contribuir a su sostenimiento”, sostiene el documento.
    En diálogo con Infobae, Romo agregó: “Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros. Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad”.
    “Encima, nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó. El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó”, dijo el presidente del Bloque de Diputados de LLA.
    No hay cifras actualizadas que reflejen el nivel de consultas que hubo en los últimos meses. Pero cuando el Gobierno había querido instalar una discusión similar hace dos años, el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, informó que en todo Buenos Aires solo el 0.2% de las consultas y el 0.8% de las internaciones correspondían a extranjeros.
    El proyecto remarca que no se busca rechazar a nadie en casos graves. Ante una urgencia médica, los hospitales públicos no podrán demorar ni condicionar la atención por cuestiones de pago. Solo una vez que el paciente esté estabilizado, se iniciará el cobro de la prestación. Además, se exceptúa del cobro a víctimas de trata de personas y a quienes reciban atención relacionada a enfermedades transmisibles o vacunación, por cuestiones de salud pública.
    El régimen propuesto diferencia entre extranjeros con residencia temporaria, transitoria, precaria o sin ningún estatus migratorio regular. En todos esos casos, antes de recibir atención médica programada o habitual, deberán acreditar un seguro de salud, cobertura de un tercero obligado o abonar el arancel correspondiente. El dinero recuperado por este sistema irá directamente al Fondo Provincial de Salud.
    La iniciativa también establece que las universidades provinciales de gestión estatal deberán fijar una retribución para los estudios de grado que cursen ciudadanos extranjeros sin residencia permanente. Cada universidad definirá los montos y modalidades de pago, respetando el marco general de la ley.
    La medida no afecta a quienes ya tengan residencia permanente, por lo que los estudiantes internacionales y quienes permanezcan en el país de manera temporaria o transitoria serán quienes deban afrontar el arancel.
    “La idea es evitar lo que nosotros llamamos los estudiantes golondrinas. Que son quienes vienen a estudiar, se quedan y después al instante se van. Hay empresas que se encargan de eso. En Brasil y en Ecuador existen, por decir algunos casos”, dijo Álvarez en diálogo con Infobae.
    Esta iniciativa también se presentó en la Ciudad de Buenos Aires hacia finales del 2024 por parte del bloque libertario que hoy en día comanda la legisladora porteña Pilar Ramírez.
    Esta fue en el marco de la versión porteña de la Ley Bases, la cual tenía un total de 95 páginas y estaba dividida en varias áreas, desde una reorganización completa de Ministerios y Secretarías, hasta cuestiones de seguridad pública, pasando por la simplificación de trámites y una medida para que aquellas personas que no residan en el distrito empiecen a pagar por los servicios de salud pública, cuando no se trate de casos de urgencia.
    En una actualización legislativa, el bloque violeta propuso prioridad absoluta para los porteños en la atención médica. “Extranjeros sin residencia permanente deberán pagar por prestaciones programadas o contar con seguro médico”, tuiteó oportunamente Ramírez, quien también busca extender esa normativa para quienes no sean habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Aquello fue anunciado en los primeros días de marzo. Una semana y media después, la administración porteña, a través de su Ministerio de Salud, comunicó la implementación de sistema de cobro por los servicios de salud prestados a extranjeros. El procedimiento se expresa que la facturación alcanzará a aquellas personas extranjeras que no posean un DNI argentino y que necesiten acceder a procedimientos programados como tomografías computadas, resonancias magnéticas, internaciones, cirugías y otras prácticas médicas que no son catalogadas como “de urgencia”.

     
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