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  • Detuvieron a un exfuncionario de Alberto Fernández y Javier Milei con drogas y más de dos millones de dólares

    Detuvieron a un exfuncionario de Alberto Fernández y Javier Milei con drogas y más de dos millones de dólares

    Detuvieron a un exfuncionario de Alberto Fernández y Javier Milei con drogas y más de dos millones de dólares

    Un operativo ordenado por la justicia federal de San Isidro, en el marco de una investigación por una denuncia del Gobierno nacional sobre el robo de equipos tecnológicos en Arsat, culminó el pasado miércoles con la detención de un funcionario de dicha repartición. En allanamientos realizados en sus domicilios se incautaron drogas sintéticas, cocaína, ketamina, más de dos millones de dólares en efectivo y monedas extranjeras.

    El centro de la pesquisa recayó en Facundo Leal, abogado mendocino de 42 años y ex presidente de Arsat, según informó este viernes el diario La Nación. Leal, casado y padre de dos niñas, fue arrestado y declarado en indagatoria por la justicia.
    Leal ejerció como presidente de Arsat durante tres años, en las presidencias de Alberto Fernández y Javier Milei. Posteriormente, continuó en el ámbito estatal como directivo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), cargo para el que fue considerado por su experiencia adquirida previamente en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), donde trabajó junto al ex gobernador peronista Rodolfo Gabrielli.
    El arresto de Leal se concretó en un allanamiento a su departamento en Palermo, donde se encontraron 650 mil dólares en efectivo, monedas de seis países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Según su declaración jurada, posee al menos otras siete propiedades en Mendoza; en una de ellas se hallaron 1,7 millones de dólares adicionales.
    Aunque Leal dejó sus cargos directivos, la investigación periodística reveló que figura aún en la nómina de empleados permanentes de Arsat.
    Al inicio del mandato de Javier Milei, y en su intención de ordenar las estructuras estatales, el Gobierno presentó una denuncia por el robo de equipamientos tecnológicos en Arsat. La causa se tramita entre el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domínguez.
    El avance de la investigación reveló indicios de posible corrupción en los contratos de la empresa, lo que motivó una docena de allanamientos en distintas ciudades, incluidos los domicilios de Leal.
    En el allanamiento realizado en el departamento de Palermo, los investigadores encontraron 300 gramos de ketamina, cristal de MDMA, más de 70 pastillas de MDMA, cocaína, 650 mil dólares en efectivo, 2 millones de pesos argentinos y monedas de Uruguay, México, Colombia, Brasil, Europa y hasta chelines tanzanos.
    Asimismo, secuestraron una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis. También confiscaron teléfonos celulares, notebooks, un iPad, pendrives y un smartwatch, que serán sometidos a peritajes para determinar su contenido.

  • Sueños Compartidos: Schoklender reveló que Aníbal Fernández le pagaba a un abogado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo para inventar denuncias contra el PRO

    Sueños Compartidos: Schoklender reveló que Aníbal Fernández le pagaba a un abogado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo para inventar denuncias contra el PRO

    Sueños Compartidos: Schoklender reveló que Aníbal Fernández le pagaba a un abogado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo para inventar denuncias contra el PRO

    El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, amplió este miércoles su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales.

    En ese contexto, reveló que Eduardo Barcesat, abogado defensor de derechos humanos, mantuvo conversaciones con Hebe Pastor de Bonafini para que transmitiera a Aníbal Fernández, quien en ese entonces concentraba el control del Ministerio del Interior y Justicia, el interés de este último en iniciar una serie de denuncias permanentes contra funcionarios del PRO, requiriendo para ello financiamiento.
    Schoklender señaló que Barcesat logró convencer a Bonafini, quien a su vez habló con Fernández, para crear un centro de investigación en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Este centro recibía un subsidio directo de Aníbal Fernández que iba a Barcesat, cuya única función era generar nuevas denuncias contra funcionarios del PRO.
    Según los registros, en 2008, cuando Aníbal Fernández ejercía como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Barcesat fue nombrado profesor titular de Derecho Constitucional en dicha universidad. Schoklender aclaró que ese subsidio era fijo. Estas declaraciones se enmarcaron dentro de una enumeración sobre las distintas formas de financiamiento de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
    Además, indicó que recibieron un aporte del Ministerio de Trabajo destinado a completar los sueldos de los trabajadores, aunque ese dinero no ingresaba a la fundación sino que se depositaba directamente en cuentas de los empleados. Schoklender admitió que los recursos eran limitados y que la organización “se mantenía a pulmón”. También mencionó aportes provenientes del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, señalando que “alguno se perdió en el camino”.
    Previamente, explicó que la fundación contaba con varias fuentes de ingresos, siendo la principal los excedentes del programa Sueños Compartidos, ya que “si uno hace las cosas bien y no paga coimas, sobra plata”. Otras fuentes incluían la fabricación de paneles, donaciones de grupos extranjeros, la venta de publicaciones, y aportes de artistas y celebridades a través de festivales.
    Respecto a subsidios estatales, precisó que fueron esporádicos, como en el caso de una radio de las Madres de Plaza de Mayo, que recibió propaganda de la empresa concesionaria de la Hidrovía.
    El juicio, que comenzó en febrero y se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, investiga una presunta administración fraudulenta que tuvo lugar entre marzo de 2008 y junio de 2011. Durante ese período, la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió 748 millones de pesos del gobierno de Cristina Kirchner para la construcción de viviendas sociales en todo el país mediante el programa Sueños Compartidos.
    La acusación sostiene que 206 millones de pesos de ese total fueron desviados y no se destinaron a la construcción de viviendas. El proceso cuenta además con un segundo tramo que indaga un presunto lavado de dinero a través de empresas vinculadas a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
    En cuanto a antecedentes, el abogado Eduardo Barcesat presentó numerosas denuncias penales y pedidos de juicio político contra periodistas independientes y funcionarios del PRO durante la presidencia de Mauricio Macri. Entre sus acciones más relevantes se destacan:
    – En 2019, promovió en España un juicio por lawfare contra periodistas que investigaron a Cristina Kirchner, incluidos Jorge Lanata, Nicolás Wiñazki, Luis Majul y Daniel Santoro. Ese mismo año se presentó como abogado del empresario kirchnerista Gerardo Ferreira.
    – Denunció a Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Germán Garavano, entre otros ministros, por el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) en 2016, en particular el que declaró la emergencia en seguridad y autorizó el derribo de aviones, acusándolos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
    – Acusó a Patricia Bullrich por presunta violación de secretos tras la difusión de datos sobre custodias y domicilios vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos.
    – Presentó denuncias contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich en relación con la desaparición de Santiago Maldonado, por presunta desaparición forzada, encubrimiento y abuso de autoridad.
    – Contra Mauricio Macri y el entonces ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, por asistir al acto inaugural de la Sociedad Rural Argentina mientras el Estado litigaba judicialmente por la venta del predio de Palermo.

  • Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    La Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires dictó la falta de mérito para Alberto Fernández en la causa por presuntos delitos de corrupción. Esto no implica que el ex presidente sea declarado inocente, sino que se debe continuar con la toma de testimonios y reevaluar su situación procesal.

    La falta de mérito se limitó exclusivamente a Alberto Fernández y no alcanzó al resto de los exfuncionarios y empresarios procesados en la causa. Esta decisión se adoptó tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló la confirmación del procesamiento contra Fernández, por lo que la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, resolvió que el ex mandatario debe seguir bajo investigación mientras se sustancian las medidas probatorias solicitadas por su defensa.
    Según la resolución unánime a la que accedió Clarín, el juez Boico manifestó que, aunque personalmente sostenía la confirmación del procesamiento, acataba el criterio de la Sala IV de la Casación Penal, por lo que votó en favor de la falta de mérito de Fernández. Además aclaró que la decisión afecta únicamente al ex presidente, rechazando la extensión de la anulación a otros imputados cuya situación procesal permanece vigente.
    Por su parte, el juez Irurzun señaló que corresponde revocar el procesamiento y que será la instancia anterior la que deba expedirse nuevamente sobre el mérito del caso. En esta nueva etapa, el expediente será subrogado por el juez Ariel Lijo. Irurzun también rechazó la petición de otras defensas para extender la falta de mérito, ya que el fallo de la Casación se circunscribe exclusivamente a Alberto Fernández.
    En disidencia, el juez Eduardo Farah coincidió con la falta de mérito para el ex presidente pero consideró que la medida debería aplicarse también a Héctor Martínez Sosa, supuestamente intermediario en las contrataciones investigadas. Farah argumentó que si no se puede sostener que las acciones de Fernández facilitaron los negocios de Martínez Sosa con el Estado, será necesario revisar la responsabilidad asignada hasta ahora a otros funcionarios y empresarios involucrados.
    Con esta resolución, el expediente regresará al juez de instrucción Ariel Lijo, quien deberá concretar las medidas probatorias solicitadas por la defensa de Fernández y avaladas por el fiscal general. Estas medidas incluyen testimonios para esclarecer cómo se designaron productores y asesores vía la intermediación de Martínez Sosa, presuntamente en incumplimiento del régimen de contrataciones públicas.
    El origen del caso radica en el decreto 823/21, firmado por Fernández cuando era presidente, que obligó a organismos estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros. Este decreto habilitó una intermediación irregular de brokers, que firmaron 45 contratos con 25 corredores involucrados. Según la acusación, las comisiones abonadas a intermediarios por esos contratos sumaron más de 3.364 millones de pesos, con irregularidades y direccionamientos.
    La imputación contra Fernández por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes públicos se basa en que Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada María Cantero, concentró el 59,6% de las comisiones derivadas de esos contratos. El aumento sustancial de los negocios de Martínez Sosa coincidió con la presidencia de Fernández, alcanzando una facturación superior a 2.250 millones de pesos.
    El proceso había avanzado con la confirmación del procesamiento por la Cámara de Apelaciones, pero la defensa cuestionó la ausencia de declaraciones testimoniales solicitadas, lo que motivó la anulación de dicha confirmación por parte de la Casación Penal. Pese a que el fiscal ante ese tribunal pidió mantener el procesamiento, el fiscal de la Cámara de Apelaciones apoyó el pedido de la defensa, facilitando la decisión de la Casación.
    Actualmente, las pruebas testimoniales vinculadas al decreto y los manejos en la contratación se están recabando; hace una semana declaró como testigo Vilma Ibarra, exsecretaria legal y técnica de la presidencia. La investigación también se basa en mensajes del celular de María Cantero, que sugieren la participación directa del ex presidente en la facilitación de algunas contrataciones irregulares.
    Cuando el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo procesaron a Fernández, concluyeron que favoreció contrataciones a su amigo Héctor Martínez Sosa. El caso, inicialmente tramitado en el juzgado federal 11 bajo la custodia del juez Julián Ercolini, está actualmente vacante y subrogada, por lo que corresponderá al juez Ariel Lijo decidir si confirma nuevamente la acusación o define otra medida procesal.
    La acusación sostiene que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, los imputados participaron en un esquema coordinado para recaudar y distribuir fondos públicos mediante el direccionamiento irregular en la intermediación de seguros para organismos estatales a través de Nación Seguros. Según la causa, los brokers actuaron con la complicidad de Alberto Fernández, facilitando la inclusión de empresas coaseguradoras y el reparto de comisiones.
    Un elemento clave de la investigación fue la influencia de Martínez Sosa sobre Fernández, evidenciada por las conversaciones obtenidas del celular de María Cantero. En una de ellas, Cantero le asegura a su esposo: “Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?