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  • Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Los pronósticos se confirmaron: actualmente, más de la mitad de los cargos en el Ministerio Público Fiscal se encuentran vacantes. Según datos oficiales, hay 189 vacantes sobre un total de 366 cargos de fiscales nacionales y federales. Mientras tanto, el Gobierno retiene 54 ternas correspondientes a integrantes de la Procuración General de la Nación, y en el Senado solo se aprobaron dos pliegos para cubrir esta importante cantidad de vacantes. Hace una semana, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió 12 pliegos de fiscales, aunque desde su entorno reconocen una “marcada preocupación” por las vacancias récord.

    Desde la gestión de Mauricio Macri, Argentina está atravesando un cambio de paradigma jurídico, con la implementación progresiva del sistema procesal acusatorio, que reemplaza al sistema inquisitivo tradicional regulado por el Código Procesal de 1991. Este nuevo modelo, basado en la oralidad, busca agilizar los procesos penales y revertir la baja tasa de avance y resolución de causas que se acumulaban durante décadas. Una de las modificaciones más significativas es el nuevo rol de los fiscales, quienes ahora son responsables de la investigación desde el inicio hasta la instancia del juicio.
    En aquellas jurisdicciones donde el sistema acusatorio aún no está vigente, los jueces deciden si delegan la investigación al Ministerio Público. Bajo el nuevo Código Procesal, esta facultad será indiscutiblemente del fiscal, y los jueces continuarán actuando como garantes del proceso.
    Las estadísticas son contundentes: el nuevo sistema requiere más fiscales. Sin embargo, esta necesidad, impulsada también por el gobierno actual, contrasta con las decisiones institucionales tomadas, dado que el Poder Ejecutivo priorizó el envío al Senado de pliegos correspondientes a jueces y no a fiscales.
    Recientemente, el presidente Milei firmó el decreto de designación de 46 pliegos aprobados por el Senado; de ellos, solo dos corresponden al Ministerio Público Fiscal. Fuentes judiciales consultadas por Clarín señalaron que el Gobierno aún retiene 54 ternas remitidas por la Procuración General para cubrir cargos vacantes en diversas fiscalías, un número que contrasta con el 51,63% de despachos sin fiscales titulares, lo que genera una sobrecarga en las fiscalías que cubren múltiples causas simultáneamente y afecta la administración eficiente del sistema de justicia.
    Hace diez días, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica los requisitos para la designación de jueces, fiscales, ministros de la Corte y al propio Procurador General. En el texto se reconoce que “la Nación atraviesa una crisis institucional derivada del elevado porcentaje de vacantes en cargos de magistrados en la justicia nacional y federal y la demora en su cobertura”, y se destacan las cifras inéditas de vacancias, con el 37,5% de sillones judiciales vacíos y, de manera aún más grave, más de la mitad de los cargos del Ministerio Público sin cubrir.
    Desde el Ministerio de Justicia indicaron a Clarín que la semana pasada se enviaron 12 pliegos de fiscales a la Cámara Alta, aunque reconocieron que la Procuración “viene muy lento con los concursos y el envío de ternas al Gobierno”. La Procuración General es la encargada de convocar los concursos para cubrir las vacantes, y tras la evaluación de candidatos confecciona las ternas que remite al Ejecutivo, quien selecciona a los candidatos para que sus pliegos sean enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado y luego sometidos a votación en el recinto.
    Desde la Casa Rosada aseguran que este proceso enfrenta retrasos principalmente dentro de la Procuración. En diálogo con Clarín, la conducción del Ministerio Público Fiscal informó que, en lo que va del año, solo se ha sumado una terna y que hay cuatro más en trámite con diferentes niveles de avance, pero aún no enviadas al Ejecutivo.
    “La mayor preocupación es que la implementación del sistema acusatorio requiere la mayor cantidad posible de fiscales, y eso no está ocurriendo”, señalaron fuentes oficiales a Clarín. En respuesta, el ministro Mahiques solicitó a las autoridades de la Procuración acelerar el proceso de concursos.
    Además, fuentes judiciales agregan que la crisis no se limita a la escasez de fiscales, sino que también incluye un continuo recorte presupuestario por parte del Gobierno nacional. Para este año, el Ministerio Público Fiscal solicitó un presupuesto de 815.000 millones de pesos, pero el Ejecutivo aprobó apenas 539.546 millones, lo que representa una reducción del 26,6%.
    Esta brecha afecta directamente aspectos esenciales como infraestructura e inversiones necesarias para el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. El año pasado, la Procuración proyectó una necesidad presupuestaria de 614.000 millones para 2025, pero el Gobierno autorizó sólo 454.807 millones. Dado que la cobertura salarial exige más de 400.000 millones anuales, queda muy poco margen para inversiones.
    Por un lado, el Gobierno exige mayor celeridad en los concursos; por otro, el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, ha solicitado en reiteradas ocasiones al Poder Ejecutivo que envíe al Senado las ternas que se encuentran pendientes desde hace dos años, además de mejorar el financiamiento para la institución, en línea con la progresiva implementación del sistema acusatorio.

  • El crimen de Nora Dalmasso: en un giro histórico destituyen a los tres fiscales que investigaron el caso

    El crimen de Nora Dalmasso: en un giro histórico destituyen a los tres fiscales que investigaron el caso

    El crimen de Nora Dalmasso: en un giro histórico destituyen a los tres fiscales que investigaron el caso

    El crimen de Nora Dalmasso: destituyen a los tres fiscales que investigaron el caso tras casi dos décadas de impunidad

    El 25 de noviembre de 2006, Nora Dalmasso, de 51 años, fue violada y asesinada en su domicilio de Río Cuarto, Córdoba. A lo largo de estos años, diferentes hipótesis buscaron explicar el crimen: desde un albañil con habilidades para escalar andamios hasta su hijo Facundo, de entonces 19 años, pasando por su esposo Marcelo Macarrón, quien supuestamente viajó en avión privado desde Punta del Este, donde participaba en un torneo de golf, o bien habría contratado sicarios colombianos para ocultar manejos financieros oscuros.
    Estas teorías, que hoy pueden parecer descabelladas, dominaron la investigación durante casi dos décadas, sustentadas sucesivamente por los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Este martes, los tres fueron destituidos tras un jury iniciado el 21 de abril que contó con cerca de 40 testigos. La principal crítica hacia ellos fue su persistente enfoque en apuntar a la familia de la víctima, mientras pasaban por alto al verdadero principal sospechoso: el parquetista Roberto Barzola, a quien recién en 2024 se le extrajo sangre para cotejos de ADN.
    El resultado de las pruebas llegó a fines de 2025 y fue sorprendente. Se encontró ADN de Barzola en diez puntos de la bata de baño con la que se estranguló a Dalmasso, además de un vello púbico en los genitales de la víctima. Barzola, señalado por la familia desde 2007, fue indagado, pero el tiempo transcurrido lo llevó a solicitar la prescripción de la acusación, petición que hasta ahora ha prosperado ante un juez y la Cámara local. Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina aún esperan que la Corte local revierta esas resoluciones, aunque no será una tarea sencilla.
    A pesar de un informe del FBI que recomendaba la toma de ADN de Barzola, los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro decidieron ignorar esta línea de investigación. Esto se debió a que la fiscalía ya había sufrido un desgaste por la demora en analizar al albañil Gastón Zárate, lo que motivó la movilización conocida como «la marcha del perejilazo». La toma de pruebas la efectuó finalmente el fiscal Pablo José Jávega, quien recibió el caso ya prescripto y que luego declaró como testigo en el jury.
    Javier Di Santo estuvo a cargo de la causa entre 2006 y 2015; Daniel Miralles, entre 2016 y 2017; y Luis Pizarro, entre 2017 y 2019. A pesar de los crecientes cuestionamientos a su gestión, los tres continuaron como fiscales.
    Durante los alegatos del jury, la fiscal general adjunta Betina Croppi solicitó la destitución inmediata de los tres, al considerar que incurrieron en negligencia grave que causó un perjuicio sustancial en la resolución del caso, que lleva 19 años sin esclarecimiento. Croppi destacó que esta es la primera vez en la provincia que un jury de enjuiciamiento involucra a tres funcionarios del Poder Judicial simultáneamente.
    La fiscal general adjunta subrayó la revictimización sufrida por Nora Dalmasso, quien fue tratada sin perspectiva de género y vio vulnerado su derecho a la intimidad, debido a la difusión de rumores surgidos desde la propia fiscalía. Señaló, además, que desde el inicio se cometieron errores en el relevamiento de pruebas y se desestimaron elementos clave que posteriormente resultaron fundamentales.
    Los fiscales enjuiciados rechazaron las acusaciones y pidieron su absolución; sin embargo, tras una extensa audiencia de casi 14 horas, el tribunal acogió el pedido de destitución. En un fallo unánime dado a conocer por la noche, el jurado acreditó que los tres cometieron “negligencia grave” y “mal desempeño” en sus funciones, además de inhabilitarlos en forma absoluta para ejercer cargos en el Poder Judicial provincial.
    En la sala estuvieron presentes el viudo de Nora y sus hijos, quienes se fundieron en un abrazo al escuchar el fallo. Según la normativa vigente, la sentencia del jury es inapelable, aunque las defensas pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La separación de los cargos es inmediata, por lo que los funcionarios destituidos cesaron en sus labores desde ese momento, sin perjuicio de eventuales recursos judiciales.
    El jury estuvo compuesto por dos legisladores oficialistas, dos opositores y un miembro del Tribunal Superior de Justicia, y fue presidido por Julieta Rinaldi, primera mujer en ocupar ese cargo. Su fallo constituye un paso para cerrar una herida profunda que marcó a una familia para siempre.
    Un crimen no esclarecido
    Nora Dalmasso fue asesinada en su casa de Villa del Golf, Río Cuarto. La víctima fue violada y estrangulada con el cinturón de su bata de baño. Inicialmente se acusó al albañil Gastón Zárate, apodado “El perejil”; luego se señaló a Facundo Macarrón, y finalmente a Marcelo Macarrón, quien fue absuelto en un juicio oral en 2022.
    Sin embargo, la verdad permaneció oculta. A fines de 2024, una prueba genética reveló que el ADN encontrado en el cinturón de la bata y en un pelo recogido del pubis de Nora correspondía a Roberto Barzola, quien trabajaba como parquetista en