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  • Mansión de Pilar: la Fiscalía apelará a la Corte Suprema que se transforma en un tribunal clave para la AFA

    Mansión de Pilar: la Fiscalía apelará a la Corte Suprema que se transforma en un tribunal clave para la AFA

    El fiscal general Mario Villar apelará en los próximos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo que ordenó que la causa que investiga la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se tramite en la justicia federal de Campana.

    Fuentes judiciales informaron a Clarín que Villar objetará la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de que el máximo tribunal revoque dicho fallo. El fiscal tiene plazo hasta fin de mes para presentar el recurso.
    De esta manera, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti serán determinantes para el futuro judicial de la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, no solo en esta causa sino también en otras dos en trámite.
    La Corte Suprema ya debe resolver otro planteo sobre la jurisdicción para investigar a la empresa TourProdEnter LLC, vinculada con el manejo de fondos en el exterior de la AFA, y también espera recibir la causa relacionada con la mudanza de la sede de la entidad a Pilar.
    Estas tres decisiones serán definitivas para la AFA, ya que no admiten más apelaciones. Además, los jueces del máximo tribunal son conscientes de que sus resoluciones tendrán tanto alcance jurídico como implicancias políticas.
    ### Las causas en juego
    Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña —quien fue presidente hasta diciembre pasado del tribunal de Ética de la AFA— y Mariano Borinsky resolvieron la semana pasada que la causa por la mansión debe tramitar en Campana, dado que esa es la jurisdicción que comprende Pilar, lugar donde se encuentra la propiedad.
    Esta decisión fue requerida por los acusados, Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quienes no poseen capacidad económica declarada para adquirir ese inmueble de 105 mil metros cuadrados, valuado en 20 millones de dólares. Se sospecha que son testaferros de Toviggino, ya que en la mansión se encontraron objetos pertenecientes al tesorero y Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA para abonar el telepase de vehículos manejados por familiares de Toviggino.
    El caso investiga un presunto lavado de dinero, y la Cámara afirmó que se trata de un delito bajo la competencia de la justicia federal y no del fuero Penal Económico, donde inicialmente tramita la causa. Todos los fiscales que intervinieron manifestaron que no corresponde que intervenga el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
    Villar mantuvo esta postura durante el proceso y ahora presentará un recurso extraordinario para que la Corte Suprema intervenga. Insistirá en que el fuero Penal Económico puede investigar el caso, y en caso de corresponder la justicia federal, esta debe ser la de la ciudad de Buenos Aires, ya que la maniobra delictiva es más amplia y no se restringe a la casa de Pilar: se sospecha que para su adquisición se desviaron fondos de la AFA mediante sociedades con sede en la capital.
    La Cámara de Casación debe decidir si acepta la apelación para que el expediente llegue a la Corte. En caso de rechazo, Villar presentará un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal. Fuentes judiciales indican que la Corte no suele intervenir en este tipo de conflictos y, si mantiene esa postura, la causa permanecerá en Campana.
    El máximo tribunal también enfrenta otra disputa judicial sobre la jurisdicción para investigar diversas causas vinculadas a la AFA, en una de las cuales Claudio Tapia y Pablo Toviggino están procesados por retención indebida de impuestos. Ese expediente fue iniciado por el empresario Guillermo Tofoni en la justicia nacional de instrucción, por presunta administración fraudulenta en el manejo de TourProdEnter LLC, empresa propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, relacionada con los fondos de la AFA en el exterior.
    El juez federal de Campana solicitó esa causa para unificarla con una similar en trámite, por lo que la magistrada nacional Paula Petazzi se la remitió. Sin embargo, la Cámara del Crimen rechazó ese pedido y, ante la disputa entre un juzgado federal y otro nacional, envió el expediente a la Corte Suprema para que defina la competencia.
    El tercer expediente que estará bajo la lupa de la Corte, aún no ingresó pero se prevé que lo haga en breve. Se trata de un punto fundamental para la estrategia de la AFA: la ubicación legal de su sede.
    Claudio “Chiqui” Tapia busca trasladar la sede de su histórica sede en la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, a Pilar, donde también se encuentra la mansión vinculada a Toviggino. Este cambio implicaría que la entidad quede bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, en lugar de la órbita nacional. Este traslado genera una disputa con el gobierno de Javier Milei.
    La Cámara Civil aprobó el traslado a Pilar, pero el gobierno, a través de la Inspección General de Justicia, apeló ese fallo para que intervenga la Corte Suprema. La Cámara tiene pendiente la resolución de dicha apelación, y si no la acepta, el gobierno podría recurrir al máximo tribunal por otra vía.

  • La Fiscalía de Estado confirmó que apelará el fallo que declaró inconstitucionales los aumentos en el Ejecutivo y el Senado

    La Fiscalía de Estado confirmó que apelará el fallo que declaró inconstitucionales los aumentos en el Ejecutivo y el Senado
    La Fiscalía de Estado de Entre Ríos confirmó que recurrirá las sentencias de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Paraná -que se conocieron este viernes-, las cuales declararon la inconstitucionalidad de los decretos que otorgaron aumentos salariales bajo la modalidad de sumas «no remunerativas». Martín Rettore, Fiscal de Estado Adjunto, adelantó que la semana próxima presentarán el recurso de apelación para que se revise lo resuelto en primera instancia.La controversia se originó cuando el tribunal analizó los decretos N° 537/26 GOB y N° 017/26 HCS, mediante los cuales el Poder Ejecutivo y el Senado provincial otorgaron incrementos sin realizar aportes a la seguridad social. Según la Cámara, estas medidas violaron el artículo 82, inciso d) de la Constitución de Entre Ríos, que exige aportes para todo incremento salarial. El tribunal sostuvo que la naturaleza de un pago no depende de su denominación, sino de su carácter retributivo por la prestación de servicios.
    En declaraciones al programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7), Martín Rettore explicó la posición de la Provincia frente a estos reclamos iniciados por un grupo de jubilados. Rettore defendió la legalidad del Decreto 537, señalando que «cumple con todas las formalidades de un acto administrativo y por ende goza de las características de ejecutoriedad».
    Desde la Fiscalía de Estado se argumentan tres puntos clave para sostener la constitucionalidad de la medida. Enprimero lugar, Rettore diferenció estas sumas de los aumentos salariales ordinarios, afirmando que se trata de «sumas no remunerativas, no bonificables y extraordinarias», cuya distinción principal radica en la falta de «habitualidad en la percepción».
    En según término, subrayó que la medida se fundamenta en un «criterio de austeridad económica» y en la «responsabilidad fiscal que le compete al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de cuidar sus recursos».
    En tercer lugar, señaló que un punto central de la defensa es que el decreto cuestionado fue «discutido en un ámbito paritario donde estuvieron sentados los gremios», lográndose un acuerdo para establecer estas sumas bajo tales condiciones.
    Finalmente, Rettore señaló que la apelación busca que el organismo de alzada analice estos fundamentos, reiterando que los accionantes no habían agotado la vía administrativa de impugnación previa antes de recurrir a la justicia.
    Resolución de la Cámara
    La Cámara en lo Contencioso Administrativa ordenó a la administración provincial proyectar y transferir a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en el plazo de treinta días hábiles, los importes correspondientes a los aportes y contribuciones generados por la aplicación del Decreto N° 537/26 y el Decreto N°017/26 y dispuso que la Caja de Jubilaciones y Pensiones traslade a los actores el faltante para alcanzar el 82% y/o 75% -según se trate de jubilados o pensionados- del incremento percibido por el personal en actividad.
    Los tres fallos, fueron en los caratulados: “Suárez Rodolfo Rafael y otros c/ Estado Provincial s/ acción de inconstitucionalidad”, Expte. N° 3201; “Uzin María Veronica, Leone Silvia Teresita, Gaillard Eva Beatriz, Benitez Nélida Ester y Otros c/ Estado Provincial por actos emanados de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia s/ acción de inconstitucionalidad”, Expte. N°3142 y “Mierez Horacio Marcos y Otros c/ Estado Provincial s/ acción de inconstitucionalidad (con medida cautelar), Expte. N°3150.

  • Paso Vera: El doctor Gerardo Robín realizó un expediente y lo presentó ante la Fiscalía Administrativa

    Paso Vera: El doctor Gerardo Robín realizó un expediente y lo presentó ante la Fiscalía Administrativa

    Paso Vera: El doctor Gerardo Robín realizó un expediente y lo presentó ante la Fiscalía Administrativa

    Si hay un tema sensible en esto momentos para la comunidad de Concepción del Uruguay, en el caso de Paso Vera y la destrucción de la vegetación autóctona y las playas.

    Por esta razón, 03442 dialogó con el doctor Gerardo Robín, letrado del municipio, quien explicó los pasos seguidos a partir de descubrirse esta irrupción a los terrenos.
    “A raíz de la denuncia, fueron al lugar estamentos municipales y constataron con coordenadas, actas y ambientalistas, lo que se estaba haciendo en la zona. A partir de allí me elevaron a mí una nota con todo lo actuado, con lo cual formo un expediente y dictamino, elevando este al Fiscal Administrativo, entendiendo que había que dictar una medida precautoria en base al poder de Policía del Municipio, ordenándose inmediatamente el cese de cualquier tipo de trabajos en el lugar”, explicó el letrado.
    Según señaló Robín, en el lugar se observaba el ensanchamiento de camino, remoción de arena y vegetación como especiar arbóreas, en el terreno que es propiedad del municipio, más precisamente Paso Vera Norte.
    “Estos trabajo provenían de la propiedad que da al oeste de estos terrenos, por lo que a partir de ahí, con mi dictamen y la documentación que le envié al Fiscal Administrativo y este dicta la medida solicitada, con lo que nosotros notificamos al propietario por correo electrónico y otros medios y concurrimos al lugar con la Policía, donde pusimos vallas con las leyendas, por lo que si el propietario de ese campo incumple, se complicaría y se iniciará una causa penal. Personalmente yo radiqué la denuncia de los hechos y ahora estoy armando todo con más documentación solicitada por la Fiscalía Penal. Por el momento no hubo más movimientos en la zona”, dijo el doctor Robín.
    Según pudimos averiguar, estos terrenos fueron oportunamente propiedad de la familia Minetto y adquirido por Fernando María Gonzalez, domiciliado en Buenos Aires y al parecer quienes realizaban estas tareas con la maquinaria, serían capataces de esta persona, que habrían incurrido en un grave error por basarse en una mensura vieja, lo que los habría llevado a invadir los terrenos municipales.
    Al oeste de esta zona, esta gente tiene animales vacunos y el camino pudo haber sido programado para que estos animales lleguen al río, pero además habría unas cabañas para turistas y se estimaría que el camino se pudo hacer con el fin de que los visitantes tangan acceso a la costa, lo que actualmente materia de investigación.

  • «Todo se pagaba pero nada se cumplía»: la Fiscalía comenzó su alegato en el juicio a los hermanos Schoklender y De Vido por el programa «Sueños Compartidos»

    «Todo se pagaba pero nada se cumplía»: la Fiscalía comenzó su alegato en el juicio a los hermanos Schoklender y De Vido por el programa «Sueños Compartidos»

    «Todo se pagaba pero nada se cumplía»: la Fiscalía comenzó su alegato en el juicio a los hermanos Schoklender y De Vido por el programa «Sueños Compartidos»

    El fiscal federal Diego Velasco afirmó este miércoles que existió un “esquema criminal” entre el gobierno nacional de Cristina Kirchner y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, mediante el cual se desviaron fondos destinados a la construcción de viviendas sociales en todo el país. Muchas de estas viviendas no se terminaron y se ejecutaron con “concesiones escandalosas e ilegales”.

    Velasco dio inicio a los alegatos en el juicio oral que juzga el programa “Sueños Compartidos” de las Madres y anunció que solicitará condenas para todos los acusados, entre ellos los hermanos Sergio y Pablo Schoklender —apoderados del programa—, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.
    El fiscal explicó que “se ha demostrado cómo, a través de un esquema criminal pergeñado y organizado desde el Estado nacional en connivencia con los responsables del proyecto ‘Misión Sueños Compartidos’ de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tanto Sergio como Pablo Schoklender, en su calidad de apoderados, se adjudicaron mediante contrataciones directas obras públicas para la construcción de viviendas sociales y hospitales en diversas provincias afines al gobierno nacional de aquella época”, al comenzar su exposición ante el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py.
    Velasco señaló que los Schoklender “convirtieron de la noche a la mañana a la fundación en una de las empresas de construcción más importantes del país” y a ellos en empresarios del ramo. “Esto sucedió enmascarando sus fines bajo un supuesto propósito noble: la pretendida inversión en una política de vivienda”, agregó.
    El fiscal detalló que, entre 2008 y 2011, las Madres de Plaza de Mayo recibieron 900 millones de pesos para la construcción, de los cuales 200 millones fueron desviados debido a obras inconclusas y, en los casos en que finalizaron, “se otorgaron concesiones escandalosas e ilegales, extensiones de plazo, modificaciones en las obras y falta de controles”.
    “Nada era gratis, todo se pagaba, todos obtenían grandes ganancias. Pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, sostuvo Velasco, quien destacó que el gobierno nacional de entonces obtenía como beneficio “el apoyo de una organización prestigiosa” en la defensa de los derechos humanos, como era Madres de Plaza de Mayo.
    El alegato, que se extenderá durante toda la jornada, describirá el circuito de contrataciones, el desvío de fondos y las responsabilidades de cada uno de los acusados. Muy cerca escuchaban los hermanos Schoklender, presentes en la sala de audiencias, mientras que De Vido y López siguieron la exposición por videoconferencia desde sus lugares de detención: el ex ministro cumplía arresto domiciliario y el ex secretario estaba en la cárcel de Ezeiza. Ambos cumplen condenas por otros casos de corrupción.
    Velasco adelantó que pedirá sentencia condenatoria para todos los imputados: los hermanos Schoklender, De Vido, López; el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; el ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero, Daniel Nasif; la ex funcionaria de la Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero, Silvia Nasif; y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.
    **El caso**
    El caso se inició hace 15 años y se juzga una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional ocurrida entre marzo de 2008 y junio de 2011. Durante ese periodo, las Madres de Plaza de Mayo recibieron cerca de 900 millones de pesos del gobierno de Cristina Kirchner para la construcción de viviendas sociales en todo el país.
    El programa Sueños Compartidos construyó viviendas en la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y en los municipios de Almirante Brown, Tigre, Ezeiza, Bariloche y Rosario. En la causa fueron indagados ex gobernadores e intendentes de esas localidades, quienes fueron sobreseídos al determinarse que desde el gobierno nacional les ordenaban realizar las obras con las Madres de Plaza de Mayo.
    La acusación, ratificada por la Fiscalía este miércoles, sostiene que se desviaron 206 millones de pesos. Además, el caso tiene una segunda etapa por un presunto lavado de dinero a través de empresas vinculadas a los Schoklender, que se resolverá en un juicio posterior.
    El programa Sueños Compartidos generó controversia desde su inicio por la participación de los hermanos Schoklender, condenados en 1981 a prisión perpetua por el parricidio de sus padres. Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, defendió su intervención. Bonafini, referente emblemático en la lucha por los derechos humanos durante la última dictadura militar, fue procesada y enviada a juicio oral en esta causa y falleció en noviembre de 2022.
    **El juicio oral**
    En marzo pasado, el Tribunal Oral inició el juicio con la presión del riesgo de prescripción previsto para septiembre. Durante el proceso declararon numerosos dirigentes políticos, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Economía Sergio Massa, quienes estuvieron al frente de la ciudad de Buenos Aires y el municipio de Tigre, respectivamente, donde las Madres de Plaza de Mayo ejecutaron construcciones.
    Con los alegatos de la Fiscalía, el juicio entra en su etapa final. En próximas audiencias presentarán sus alegatos la Unidad de Información Financiera, querellante en la causa, y luego las defensas. El veredicto estará a cargo de los jueces Adriana Palliotti

  • Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    Vialidad: para la fiscalía, un cálculo extraoficial sube el monto del decomiso a Cristina y los condenados a 897.851.557.131 pesos

    ¿Cuánto dinero deben devolver los condenados en el caso Vialidad? La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia confirmó un monto de 685.000 millones de pesos, pero un cálculo extraoficial realizado por el fiscal Diego Luciani eleva esa cifra a 897.851.557.131 pesos. Este aumento responde a una consideración clave: para el Ministerio Público Fiscal, el primer valor se estableció hace un año y debe actualizarse. Por eso, como informó Clarín, se solicitará la actualización del monto fijado como decomiso que Cristina Kirchner y los demás condenados deben afrontar con su patrimonio.

    En junio del año pasado, cuando se confirmó la sentencia del caso Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, solicitó al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal que estableciera el valor actual del dinero implicado en la maniobra defraudatoria. El monto original reclamado por la acusación al concluir el juicio en 2022 era de 85.000 millones de pesos.
    Así, se determinó que el decomiso correspondiente al fraude cometido entre 2003 y 2015, mediante 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez a través de mecanismos irregulares como direccionamiento de contratos, concursos simulados y sobreprecios promedio del 65%, ascendía a 684.990.350.139,86 pesos.
    Las defensas impugnaron el mecanismo técnico utilizado para establecer esa cifra, y fue la Corte Suprema la que resolvió el debate hace pocos días: al rechazar las apelaciones, ratificó el monto del decomiso.
    Sin embargo, la fiscalía de Luciani volvió a analizar los valores. Según fuentes judiciales a las que tuvo acceso Clarín, existe un nuevo cálculo extraoficial. Desde la última actualización, realizada en julio de 2023 y fijada en 685.000 millones de pesos, a la fecha se registra una pérdida real de 212.861.206.992 pesos, lo que representa un incremento del 31,08%, es decir, un aumento promedio mensual del 1,49% (34,34% anualizado).
    Este cálculo se efectuó con la misma metodología aplicada por los peritos de la Corte Suprema y que fue avalada recientemente. Por lo tanto, para el Ministerio Público Fiscal ahora correspondería reclamar 897.851.557.131 pesos. “Dado que el monto ya está desactualizado, al menos desde julio del año pasado, se evalúa solicitar su actualización. Cuantas más dilaciones interpongan para no devolver a la sociedad lo que desapoderaron del Estado, mayor será el monto del decomiso”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
    Será responsabilidad del TOF 2 ordenar, si lo considera pertinente, la actualización una vez que el fiscal Luciani formule el pedido formal.
    El decomiso es la herramienta que tiene el Poder Judicial para recuperar el producto del delito, es decir, para que los condenados restituya lo que se robaron y que pertenecía a las arcas del Estado.
    En presentaciones anteriores, el fiscal Luciani exigió una pronta ejecución patrimonial, ya que Cristina Kirchner y los demás acusados nunca depositaron voluntariamente el monto fijado por el TOF 2. Además, “han recurrido a todo tipo de maniobras procesales, declaradas inadmisibles en reiteradas ocasiones por el tribunal responsable de la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores”.
    Como consecuencia de esos recursos, Luciani sostiene que se “viene postergando la recuperación de activos que ordenó la sentencia judicial firme. Esta resistencia evidencia la total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
    A juicio del representante del Ministerio Público, “muchos de los condenados cuentan con fortunas de una opulencia irrazonable y desproporcionada como para, por lo menos, iniciar el complicado proceso de recuperación de los activos provenientes de los actos de corrupción cometidos durante doce años”.
    El primer pedido de decomiso, confirmado por la Cámara de Casación, incluye 111 bienes muebles e inmuebles: 20 pertenecientes a la familia Kirchner, 84 a Lázaro Báez y el resto repartido entre empresas y demás acusados. Será la Corte Suprema la que defina si la orden de ejecución de bienes emitida en noviembre pasado por el TOF 2 es válida, al resolver la queja presentada por la ex presidenta y los otros condenados.
    Si el máximo tribunal rechaza esos reclamos, asumirá la titularidad de los bienes decomisados en su calidad de cabeza del Poder Judicial. Los ministros de la Corte deberán determinar el destino de las propiedades y vehículos incluidos en este primer conjunto solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Aquellos bienes que no sean funcionales a la tarea judicial podrán ser cedidos a organismos públicos o rematados.
    ### Tres etapas de decomisos
    El TOF 2, presidido este año por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, trabaja en una segunda etapa de bienes a decomisar, presentada en febrero de 2024 por el fiscal Luciani.
    Esta segunda tanda consta de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculadas a Lázaro Báez— y 46 automotores.
    Junto a un exhaustivo inventario de propiedades, el Ministerio Público también reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una cuenta de ahorro en el Banco Galicia y 53.280,24 pesos.
    La medida que solicitan los fiscales

  • Juicio por el ARA San Juan: la Fiscalía pidió hasta cinco años de prisión para los cuatro imputados de la Armada

    Juicio por el ARA San Juan: la Fiscalía pidió hasta cinco años de prisión para los cuatro imputados de la Armada

    Juicio por el ARA San Juan: la Fiscalía pidió hasta cinco años de prisión para los cuatro imputados de la Armada

    La causa judicial que investiga las responsabilidades por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó este lunes en una etapa clave. Durante la audiencia de inicio de los alegatos, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas de prisión para los cuatro exoficiales imputados por la tragedia, que causó la muerte de 44 tripulantes.

    Tras varias horas de exposición, la Fiscalía pidió cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, entonces titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada. Además, requirió cinco años de prisión efectiva para Claudio Villamide, ex capitán de navío, comandante y máximo responsable de la Fuerza de Submarinos.
    Asimismo, solicitó cuatro años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor y oficial evaluador del alistamiento, y tres años de prisión para el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quien desempeñaba funciones vinculadas a operaciones y comunicaciones dentro del Comando de la Fuerza de Submarinos.
    Los cuatro están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.
    Estos pedidos surgen tras meses de debate oral, decenas de audiencias y más de noventa testigos que comparecieron ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Río Gallegos. En una jornada de diez horas, los fiscales presentaron su teoría acusatoria, con la que intentan demostrar que el submarino navegó en condiciones técnico-operativas deficientes y que los responsables de conducción, control y supervisión incumplieron deberes esenciales que pudieron evitar la tragedia.
    La audiencia fue presidida por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini. La Fiscalía estuvo representada por Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia Orueta, quienes dividieron la exposición para abordar distintos aspectos del caso. También participaron los querellantes Luis Tagliapietra, Lorena Arias y Valeria Carreras, junto a los cuatro imputados y sus defensores.
    El fiscal Pruzan inició la exposición repasando la acusación elevada a juicio y reconstruyendo la cadena de mando en la Armada Argentina en el momento de la última misión del ARA San Juan. Subrayó los roles de López Mazzeo y Villamide para contextualizar las órdenes operativas emitidas, que culminaron con la misión encomendada al submarino.
    Según la Fiscalía, cuando el ARA San Juan zarpó desde Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, lo hizo en “condiciones técnico-operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas”.
    Con base en documentación incorporada al expediente, los fiscales destacaron que, tras la reparación de media vida finalizada en 2015, la nave acumuló una serie de desperfectos técnicos que, aunque en algunos casos fueron corregidos, mantuvieron problemas relevantes para la seguridad operacional. Uno de los puntos centrales fue el mantenimiento: el submarino superó en 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco y realizar tareas esenciales contempladas por el fabricante.
    “La falta de realización de las tareas de mantenimiento en dique seco se había traducido en la imposición de limitaciones operativas a la unidad, que redundaban en un aumento del riesgo ínsito que conlleva la actividad submarina”, recordó Pruzan al leer parte del requerimiento de elevación a juicio, según informó La Opinión Austral.
    La acusación también reconstruyó los hechos ocurridos durante la navegación final. Según la Fiscalía, el 14 de noviembre de 2017 se produjo el ingreso de agua de mar al tanque de baterías número tres a través del sistema de ventilación, situación que provocó un cortocircuito y un principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Este episodio afectó críticamente la seguridad del submarino y derivó en la pérdida de control horas después.
    El fiscal Julio Zárate presentó una extensa exposición técnica, apoyada en documentación y material gráfico, en la que repasó las reparaciones pendientes, limitaciones operativas y trabajos de mantenimiento que, según la acusación, nunca fueron completados. Lucas Colla se centró en las responsabilidades funcionales de cada acusado, recordando que Villamide era la máxima autoridad operativa de la Fuerza de Submarinos; López Mazzeo, el responsable del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Hugo Correa, encargado de operaciones y comunicaciones dentro de la Fuerza de Submarinos; y Héctor Alonso, jefe del Estado Mayor y oficial evaluador del alistamiento.
    Uno de los momentos más contundentes fue la intervención de María Garmendia, quien se enfocó en la situación de Claudio Villamide. Repasó su trayectoria en la Armada y destacó que durante el juicio se acreditó la existencia de numerosas novedades técnicas pendientes y limitaciones operativas conocidas por la cadena de mando.
    Destacó que el comandante Pedro Martín Fernández había solicitado formalmente el ingreso del submarino a dique seco meses antes del hundimiento. “Hizo el pedido formal, de la manera habilitada; queda en manos de los superiores qué es lo que tenían que hacer”, señaló.
    También remarcó la postergación de una inspección de seguridad que, según la acusación, debía realizarse antes de la tragedia. “Con un testigo pudimos saber que se priorizó la realización de operaciones por sobre una inspección de seguridad. Se pospuso la inspección para diciembre de 2017”, explicó. “El