El jueves 24 se acreditan los fondos de las Tarjetas Sociales
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informó que los saldos de las Tarjetas Sociales se acreditarán este jueves 24 de septiembre a partir de las 8.
La Dirección de Políticas Alimentarias dio a conocer que se habilitarán los fondos del mes correspondientes a la tarjeta de Riesgo Social, con sus complementos y programa provincial para personas con celiaquía.
“Sirenazo” en el país por fondos adeudados por el gobierno nacional a Bomberos voluntarios
Los Bomberos Voluntarios de Entre Ríos se sumarán este jueves 10 de septiembre al “sirenazo” nacional convocado por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios para reclamar la transferencia de fondos destinados al funcionamiento de los cuarteles.
La medida se realizará a las 10, de manera simultánea en distintos puntos del país, y busca visibilizar el reclamo por recursos que, según denuncian las federaciones, permanecen sin ser distribuidos.
El presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, explicó que la decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios ante las demoras en la distribución de los fondos.
Según señaló, el atraso se arrastra desde el año pasado. «El atraso que viene desde el Gobierno no es de ahora sino que ya viene desde el año pasado», sostuvo Molina, quien indicó que todavía más del 40% de las asociaciones del país no recibió los recursos que le corresponden.
Reclamo por fondos pendientes
El dirigente entrerriano afirmó que el reclamo contempla tanto los recursos correspondientes al período actual como un remanente que quedó pendiente de distribución durante 2025.
«Queda un remanente de más de 59 mil millones de pesos que se tendría que haber distribuido en el año 2025 y que tampoco se distribuyó en los cuarteles», aseguró.
Molina advirtió que la falta de recursos repercute directamente en las condiciones en las que trabajan los bomberos voluntarios. Entre otras consecuencias, mencionó dificultades para sostener las capacitaciones, adquirir equipamiento y mantener los vehículos.
«Eso significa menos capacitación, significa menos equipamiento, significa que hay cuarteles que hoy están endeudados para poder seguir dando el servicio», afirmó en una entrevista al programa Amanece… que no es poco de Radio Plaza.
En ese sentido, remarcó que el carácter voluntario del sistema no implica que los cuarteles puedan funcionar sin financiamiento. Según explicó, la actividad requiere un presupuesto permanente para sostener la capacitación, los equipos, los vehículos y su mantenimiento.
Fondos establecidos por ley
El presidente de la Federación Entrerriana explicó que los recursos reclamados están contemplados en la Ley 25.054 y provienen de un porcentaje de las primas de seguros. «Los recursos llegan del cinco por mil de las aseguradoras de vehículos, de casas, un pequeño porcentaje que va para el sistema de bomberos», detalló.
Molina sostuvo que la recaudación se mantiene porque los seguros continúan abonándose y planteó que esos recursos deberían distribuirse entre las asociaciones de bomberos. «La recaudación está porque los seguros se pagan trimestralmente y eso se tendría que ir repartiendo, distribuyendo, entre los más de 1.250 cuarteles que hay en todo el país», señaló.
El “sirenazo” fue convocado por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina junto con las 29 federaciones provinciales y tendrá como objetivo reclamar la distribución de los fondos destinados al sistema. (APFDigital)
Malvinas: dos nuevos decretos de Milei aumentan fondos para la presencia militar en el Atlántico Sur
Tras el anuncio de Javier Milei, el Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) destinados a aumentar la presencia militar argentina en el Atlántico Sur, marcando un giro de 180 grados respecto a la política de diálogo iniciada con Gran Bretaña al comienzo de la actual administración.
El nuevo plan estratégico para Malvinas contempla una reasignación presupuestaria que incluye **218.000 millones de pesos para Defensa, 30.519 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y 119.290 millones para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)**. Además, Cancillería recibirá un procedimiento acelerado para sancionar a empresas involucradas en la explotación petrolera no autorizada en la plataforma continental argentina.
En un mensaje transmitido en cadena nacional, Milei detalló estas medidas en el contexto de recientes presiones de Donald Trump hacia el Reino Unido y sus declaraciones que sugerían un posible abandono de la postura diplomática neutral respecto al conflicto de soberanía en Malvinas, favoreciendo así a Argentina.
El presidente decidió avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y aumentar las capacidades de telecomunicaciones, un proyecto iniciado en 2022 que ha generado tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. Desde la asunción de Milei, altos mandos militares, legisladores y funcionarios estadounidenses han visitado los terrenos destinados para la base.
El fortalecimiento del área diplomática se materializa en el decreto 868/2026, que faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores a aplicar la Ley 26.659 y a acelerar el procedimiento para sancionar a empresas que exploten o colaboren con explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. También establece nuevas condiciones para las empresas que deseen ingresar al Régimen de Incentivos para la Gestión de Inversiones (RIGI).
El mayor incremento presupuestario se concentra en Defensa, con partidas que suman aproximadamente **217.954 millones de pesos distribuidos entre el Ejército (60.429,5 millones), la Fuerza Aérea (34.156,9 millones), la Armada (8.115,6 millones) y el Estado Mayor Conjunto (519,4 millones)**.
Aunque la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego está contemplada en el DNU 867/2026, no aparece explícitamente desglosada en la planilla principal, sino incorporada dentro del refuerzo global asignado a Defensa.
Es importante no confundir este anuncio con los proyectos argentinos de larga data en la Antártida, que incluyen un Polo Logístico Antártico adyacente a la base en Ushuaia para apoyo militar. Tradicionalmente, se ha planteado un binomio conformado por la base naval integrada y la base antártica conjunta Petrel, cuyo desarrollo también se ha reimpulsado bajo la administración de Milei.
Estos decretos fortalecen, por un lado, las capacidades estatales militares y, por otro, las herramientas diplomáticas y regulatorias para la protección y sanción en materia de explotación de recursos naturales. Jurídicamente, el DNU 867 es de índole presupuestario y el DNU 868, regulatorio y sancionatorio.
Cabe señalar que, a pesar de estos refuerzos puntuales, el Presupuesto 2026 refleja recortes significativos para Defensa y las Fuerzas Armadas, y se anticipan ajustes similares en el Presupuesto 2027, situación que genera incertidumbre dentro del Gobierno.
Por otro lado, el ministro Federico Sturzenegger ha promovido la venta de numerosos terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, con la promesa de reinvertir parte de esos fondos en las mismas, aunque esta iniciativa ha sido recibida con escepticismo. Precisamente, las fuerzas lograron detener temporalmente la venta de terrenos estratégicos en Ushuaia, cerca de la zona donde se planea la construcción de la base naval integrada.
Asimismo, los uniformados enfrentan bajos salarios, que se prevé aumenten de forma escalonada y moderada entre septiembre y diciembre. A esta situación se suma la persistente crisis que afecta a la obra social de los militares, la OSFA.
Universidades: sin cumplir la ley de Fondos, el Gobierno convocó este martes a una nueva discusión paritaria
La prolongada pugna de las universidades nacionales por el cumplimiento de la Ley de Fondos, sancionada hace más de un año, tendrá un nuevo episodio este martes, cuando el Ministerio de Capital Humano convoque a una nueva negociación paritaria.
La reunión está programada para las 11 horas en el Palacio Pizzurno y contará con la participación de representantes de las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu, Conadu Histórica, así como del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de más de 60 universidades de todo el país.
Al momento de este encuentro, se cumplirán 315 días sin que el Gobierno haya cumplido con la ley de financiamiento, según los conteos que muestran las páginas web de la UBA y otras casas de estudio. “De acuerdo con la ley, falta recomponer un 30% de los salarios y creemos que ya no hay margen para que el Gobierno no cumpla la medida cautelar judicial de actualización salarial y de becas estudiantiles”, expresó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y representante de Fedun, en declaraciones a Clarín.
Cagnacci agregó que tienen “predisposición al diálogo”, pero advirtió que, además de la recomposición que establece la ley conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, docentes y no docentes deberían recibir un retroactivo desde la fecha de promulgación de la norma.
Por su parte, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, calificó como “muy contundente” el último paro nacional de 48 horas convocado por su federación la semana pasada y se mostró escéptica respecto a los resultados que pueda arrojar la reunión paritaria del martes. “Si para el 1º de septiembre el Gobierno no salda la deuda con la universidad y sus trabajadores, el conflicto se profundizará”, advirtió.
La Ley de Financiamiento, cuya ejecución fue judicializada ante el incumplimiento gubernamental, ya completó todo el trámite judicial. La cautelar en favor de las universidades fue confirmada luego del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado, que rechazó el último recurso extraordinario del Ejecutivo, en un hecho inédito donde los abogados del Estado litigaron en contra de las universidades públicas.
El 21 de agosto se realizó una audiencia convocada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, interpretada como una mediación. Tras el fallo de la Corte, el CIN solicitó al magistrado, quien otorgó la cautelar y fue avalado por la Cámara de Apelaciones, la imposición de multas a los funcionarios responsables, desde el subsecretario Alejandro Alvarez hasta el presidente Javier Milei, e intimó por el delito de desobediencia.
En esa audiencia, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, alertó sobre la “grave situación presupuestaria” que atraviesan los hospitales universitarios y solicitó la asignación de créditos previstos en la Ley de Presupuesto 2026.
Las universidades informaron que el Gobierno se comprometió a cumplir, pero se negó a dejar por escrito y firmado ese compromiso en el acta, proponiendo postergar la firma para una audiencia futura dentro de 30 días, lo que los dirigentes interpretan como una maniobra para ganar tiempo y evitar acatar la ley.
El abogado constitucionalista Pablo Manili, quien lleva la demanda contra el Gobierno en representación de los rectores agrupados en el CIN, indicó a la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Quilmes que esperan un pronunciamiento del juez Cormick respecto a los pedidos de multas diarias y de una causa penal por desobediencia.
Consultado sobre la lentitud judicial tras el fallo de la Corte, Manili señaló que “es difícil para un juez dictar una orden contra el presidente de la Nación y hacer que se cumpla. Por eso, los jueces intentan manejar la causa para que el Gobierno termine cumpliendo sin llegar a un conflicto mayor. Hay que entender la posición de un juez de primera instancia que no es la Corte Suprema”.
En esa misma audiencia, el Gobierno volvió a pedir el levantamiento de la cautelar argumentando que “están pagando” la ley, basándose en el acuerdo paritario de mayo pasado que otorgó un 21% de aumento y otro 3% para octubre. “Ese argumento es absurdo; es como pedir que levanten un embargo porque abonaste un pago parcial. Afortunadamente, el juez Martín Cormick lo rechazó”, afirmó el abogado del CIN.
El incumplimiento de la Ley de Fondos afecta el funcionamiento de las universidades, impactando en salarios, becas y la situación de los hospitales universitarios, todos financiados por el presupuesto nacional. Están involucrados casi 2 millones de estudiantes, más de 266 mil docentes y 65 mil trabajadores no docentes. La ley fue sancionada, vetada por Milei y, en un hecho sin precedentes en décadas, ratificada mediante mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
Con este contexto, se llega a la paritaria de este martes, con los salarios de agosto ya depositados, pero sin el incremento del 30% que corresponde. Circulan versiones encontradas sobre la posible postura del Gobierno: algunas indican que podría ofrecer saldar la deuda en cuotas durante los próximos meses, mientras que otras señalan que mantendrá su postura actual. Queda por ver si la Justicia tomará nuevas medidas para que su fallo sea acatado.
Los fondos fiduciarios bajo la lupa: la oposición dice que Economía acumuló más de US$ 3 mil millones para uso discrecional
En los últimos días, el fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial), financiado por un impuesto a los combustibles líquidos, captó la atención pública. El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, fue denunciado ante la Justicia por presuntamente no destinar esos fondos al arreglo de rutas, su objetivo original, sino para financiar al Tesoro. Este fondo es uno de los aproximadamente 27 fideicomisos que, según Javier Milei, quien afirmó en 2024 que eliminaría estas “cajas de la política”, continúan vigentes y que la oposición afirma son utilizados de forma discrecional por el Ministerio de Economía.
Los fondos fiduciarios son mecanismos estatales con recursos asignados a un propósito específico —como la reparación de rutas o el subsidio a tarifas de gas— y son administrados mediante fideicomisos gestionados por organismos del Gobierno. Actualmente, todos están supervisados por el Palacio de Hacienda.
Según el decreto N° 215/2024, la cartera económica fue designada como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos que integren total o parcialmente bienes o fondos estatales, ejerciendo la dirección de dichos fideicomisos. Entre estos se encuentra el fondo fueguino FAMP, que hasta fines de junio estaba bajo la tutela de una delegada de Santiago Caputo, Noelia Ruiz.
Aunque en su momento el FAMP manejó un presupuesto cercano a 150 millones de dólares, el Ejecutivo ahora busca vaciarlo: a principios de este año redujo a cero el aporte de las ensambladoras de la isla que lo financian desde su creación en 2021. Sin embargo, permanecen activos proyectos aprobados por el anterior directorio, como la construcción de un puerto en Río Grande y hoteles. La mesa directiva a cargo del FAMP renunció hace poco más de un mes, ya que “Economía no renovó sus cargos”, según una fuente consultada.
No obstante, el fondo fueguino no figura en el listado de 20 fideicomisos «en disolución» del último informe de la Secretaría de Hacienda, a diferencia de otros, como el destinado a la “Asistencia Directa a Víctimas de Trata” o el FISU, creado para urbanizar villas de emergencia y que en un comienzo fue administrado por Sebastián Pareja, delegado de Karina Milei en la provincia.
Entre los fondos fiduciarios que continúan operativos están el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el destinado a la Infraestructura Hídrica y el de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Desde la oposición advierten que la mayoría se concentran bajo la supervisión directa del Palacio de Hacienda, cuando anteriormente estaban distribuidos entre diferentes ministerios.
De acuerdo con registros del Instituto Consenso Federal, dirigido por el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, el Gobierno acumularía más de 3.000 millones de dólares en estos fondos hasta 2025, con una proyección de alcanzar 4.000 millones para fines de 2026. Rodríguez aportó una estimación para todo 2026, unos 956 millones de dólares, basada en datos oficiales que indican que el resultado financiero acumulado de los fideicomisos en el primer trimestre del año fue de 239 millones de dólares, calculados al valor dólar promedio.
El uso discrecional de los fondos fiduciarios cobró mayor relevancia tras un informe de La Nación, que reveló que el SisVial no destinaba la mayor parte de su patrimonio al arreglo de rutas. Según la denuncia de la diputada Victoria Tolosa Paz, al 31 de mayo de 2026 el SisVial mantenía más de $1,001 billones colocados en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos, y otros $37.761 millones inmovilizados en la cuenta corriente. En total, más de $1,038 billones permanecían sin aplicarse en obras viales.
La denuncia, presentada ante la justicia federal, señala que durante los dos años y medio analizados la recaudación asignada al SisVial alcanzó $1,503 billones, pero solo se aplicaron $394.406 millones a su destino específico, lo que implica una subejecución del 73,8%. Además, alerta que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente a la cuenta fiduciaria, por lo que solicita a la Justicia investigar el circuito y destino de esos recursos.
Escala el conflicto universitario: los rectores piden a la Justicia que intime al Gobierno y aplique multas si no cumple la Ley de Fondos
Las universidades nacionales solicitaron hoy a la Justicia que intime al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de iniciar una causa penal por el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal) y de aplicar multas al Estado por el incumplimiento.
Según pudo saber Clarín, la presentación se realizó este jueves ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 11, a cargo del magistrado Martín Cormick, responsable de la causa por incumplimiento de la ley. En diciembre pasado, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó cumplir dos artículos: la recomposición salarial para docentes y no docentes, y el aumento de becas estudiantiles.
Los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que, tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado —que rechazó el recurso extraordinario del Gobierno— ya no existen excusas para no ejecutar la sentencia vinculada a la cautelar.
A ello se sumó, como informó Clarín el martes, el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo – Sala III, que consideró “abstracto” pronunciarse sobre la apelación presentada por las universidades contra la suspensión de la ejecución de la cautelar. La medida cautelar dictada en diciembre por el juez Cormick había sido suspendida por el propio magistrado a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema.
La representación legal de las universidades, encabezada por el abogado constitucionalista Pablo Manili, sostiene que ya puede ordenarse la ejecución de la cautelar. En caso de incumplimiento, los funcionarios podrían enfrentar causas penales por desobediencia y sanciones económicas, lo que solicitan a la Justicia.
Según cálculos de las universidades y gremios del sector, la liquidación de haberes para docentes y no docentes debería efectuarse con un aumento del 28,5%. Esto se suma al 21% otorgado desde la liquidación de julio, correspondiente al acuerdo paritario firmado a finales de mayo, convenio con el que el Gobierno intentó resolver la situación. Sin embargo, el rechazo inesperado de la Corte Suprema al recurso extraordinario del Ejecutivo reactivó el cumplimiento de la medida cautelar dictada en diciembre y ratificada por la Cámara en marzo.
En este contexto, los gremios del sector preparan medidas de fuerza para la próxima semana. Los sindicatos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron a un paro para el 12 de agosto. La mayoría de las universidades del país iniciará entonces el segundo semestre, involucrando a casi dos millones de estudiantes, más de 266 mil docentes y 65 mil trabajadores no docentes.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano se pronunció este jueves con críticas hacia el paro convocado para el 12 de agosto, calificándolo de “prematuro”. En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello recordó el acuerdo salarial paritario firmado en mayo y afirmó que “no existe incumplimiento alguno” al respecto. No obstante, evitó referirse a la Ley de Financiamiento Universitario ni a la medida cautelar que ordena la recomposición salarial y el aumento de becas estudiantiles.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, uno de los convocantes al paro, no descartó nuevas demandas judiciales por parte de los gremios, en línea con la presentación realizada por el CIN. “Es necesario para la democracia que el Gobierno cumpla con la medida dictada por la Corte Suprema respecto a la cautelar. No se puede hacer la vista gorda”, advirtió.
Reactivaron las transferencias de Nación: Entre Ríos y otras provincias recibieron ATN y fondos para las Cajas – El Miércoles Digital
La búsqueda de consensos en la que parece estar dispuesta a avanzar la Casa Rosada con los gobernadores no solo se refleja con la designación de Diego Santilli como nexo. También hay una apertura de la billetera por parte del ministro de Economía, Luis Caputo. Es un movimiento relativo, es verdad, pero claramente hay premios para los aliados, y se pusieron en marcha mecanismos para evitar problemas financieros de los distritos comandados por “amigos”.
En función del estrés financiero que vienen atravesando las provincias, con la pérdida de $2 billones entre transferencias directas e indirectas en el primer semestre. La caída de la recaudación nacional impactó, incluso, en las cuentas libertarias que, aunque cerraron la primera parte del año, en junio registraron un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones (incluyendo $328.049 millones en pagos de intereses).
Cuando la Rosada tomó la decisión de avanzar a pleno con el proyecto para la reelección del presidente Javier Milei, Santilli planteó en la mesa política que las conversaciones con los gobernadores requerían de acompañamiento de fondos.
A mediados de abril Caputo autorizó por primera vez adelantos financieros para 12 provincias. Se trata de préstamos “a demanda” de los gobernadores por hasta $400.000 millones a una tasa del 15% real anual a cancelar dentro del año fiscal. Las cuotas se pagan con la coparticipación. En el actual contexto, funcionan como un “salvavidas” importante para las provincias.
Las primeras beneficiadas fueron Entre Ríos (en diciembre de 2025), Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán en abril. El mes pasado hubo para Santa Fe, Jujuy y, nuevamente, Entre Ríos y en el actual, para Córdoba, recordó La Nación en un informe publicado este martes.
Estos adelantos actúan como reemplazo de los de coparticipación que, por ejemplo Chaco venía usando intensamente. Una diferencia importante es que son de largo plazo, mientras que los de coparticipación son intrames, se deben cancelar al siguiente de recibirlos.
La salida de Manuel Adorni del gobierno marcó una nueva etapa en todas las negociaciones de la Casa Rosada. Durante varios meses, ya con Santilli como ministro del Interior, la situación del exjefe de Gabinete se colaba en todas las conversaciones y desde el propio oficialismo admitían que era “muy complejo” salir de ese laberinto.
En ese clima salió, para complicarlo todavía más, la decisión administrativa 20/2026 que recortó programas que impactan directamente sobre las finanzas subnacionales. Solo en “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior la contracción fue de $320.711 millones. Su principal ítem es “Asistencia financiera y ATN”, es decir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, que está previsto en la ley de coparticipación.
Líneas activadas
Este mes regresaron los ATN después de dos sin que se entregaran. Hasta ahora, hay seis provincias que recibieron $5.000 millones cada una; son Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Misiones y Santa Fe. Entre enero y julio Nación se repartieron $151.000 millones de ATN, casi 50% más que en el mismo período del año pasado. El misionero Hugo Passalaqua, con $20.000 millones, lidera el listado de los que más recibieron.
Otros giros que se multiplicaron prácticamente por diez respecto de enero-julio del año pasado, son las transferencias a cajas previsionales provinciales no transferidas. Nación sumó más acuerdos con gobernadores y hoy reciben recursos Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Santa Fe, Chaco, Chubut y Neuquén.
El año pasado solo cuatro distritos tenían acuerdos cerrados. Para las finanzas provinciales, aun cuando lo que reciben es mucho menos de lo que deberían porque no están terminados los cálculos de déficit, es dinero que actúa como desahogo.
También se activaron en esta etapa los giros por el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo instrumentado por la Casa Rosada para compensar y cancelar deudas cruzadas entre el Estado Nacional y las provincias.
Por vía de transferencias no automáticas, según datos de Politikon Chaco, Misiones recibió este año $12.000 millones y Tucumán $2.838 millones. En cambio, a través de giros automáticos, Nación desembolsó $115.663 millones para Salta ($46.000 millones), Catamarca ($20.000 millones), Tucumán ($31.162 millones), Misiones ($3.501 millones) y Córdoba ($15.000 millones).
Pese a la intención libertaria de lograr un pacto de gobernabilidad con una buena cantidad de gobernadores, hay muchos programas presupuestarios que afectan a las provincias que continúan pisados. En ese contexto, los giros presupuestarios son los que bajan y, en cambio, prima la distribución arbitraria de recursos.
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Con fondos provinciales, se licitarán 18 nuevas viviendas en Herrera
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), licitará la ejecución de 18 nuevas viviendas en la localidad de Herrera, departamento Uruguay. Las unidades habitacionales serán financiadas mediante el programa provincial Ahora Tu Hogar.
Las obras cuentan con un presupuesto oficial superior a los 1.241 millones de pesos. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 14 de julio, a las 10, en la sede del organismo provincial.
Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, señaló que «desde el gobierno de Rogelio Frigerio estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los entrerrianos, haciendo realidad uno de sus mayores anhelos: el acceso a la vivienda propia, base fundamental para el desarrollo de las familias».
Asimismo, indicó que «la construcción de nuevas soluciones habitacionales tiene el potencial de convertirse en un importante motor de crecimiento económico, favoreciendo la inclusión social, fortaleciendo el hogar como núcleo familiar y promoviendo la expansión de la industria de la construcción, una actividad intensiva en la generación de empleo».
Herrera: 18 viviendas
El proyecto contempla la construcción de seis viviendas de un dormitorio y 12 viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Las unidades habitacionales tendrán un plazo de ejecución de 15 meses.
Alerta en los cuarteles: Bomberos Voluntarios de Entre Ríos reclaman fondos urgentes a Nación
La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV) emitió un fuerte comunicado manifestando su profunda preocupación por el desfinanciamiento del sector. El reclamo apunta directamente a la falta de transferencia de los recursos establecidos por ley, los cuales son vitales para el funcionamiento operativo de los cuarteles en toda la provincia.
Un sistema en riesgoDesde la Federación explicaron que la demora en el envío de los fondos por parte del Gobierno nacional pone en jaque la capacidad de respuesta ante emergencias. Estos recursos no solo se destinan al mantenimiento de las unidades y la compra de combustible, sino también a la renovación de equipamiento de protección personal, esencial para la seguridad de los brigadistas.
El pedido de regularizaciónLa FEABV solicitó la regularización urgente de estas partidas, recordando que el sistema de bomberos voluntarios se sostiene mediante una estructura de financiamiento específica que no debería sufrir interrupciones, especialmente en contextos de alta demanda por incendios o siniestros viales.
«La falta de transferencia de recursos destinados al sistema de bomberos voluntarios afecta directamente la operatividad de nuestras asociaciones», señalaron desde la institución.
Impacto localCabe destacar que esta situación afecta a decenas de cuarteles en el territorio entrerriano, muchos de los cuales —especialmente aquellos en etapa de formación o con menores recursos— dependen críticamente de estos aportes para garantizar el servicio gratuito y voluntario que prestan a la comunidad las 24 horas del día.